Sergio Andres Gonzalez Andrade

Expediente 354/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 40 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
354/2018
Año
2018
Actuaciones
40
Última actuación
03/10/2019

Partes del expediente

  • Sergio Andres Gonzalez Andrade

Actuaciones

Las 4 más recientes de 40.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que la parte quejosa no realizó alguna manifestación respecto al acuerdo de seis de septiembre del año en curso, mediante el cual se declaró que la sentencia de amparo quedó cumplida; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Pues bien, en atención a la certificación secretarial de cuenta y acorde a la fracción IV del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, pues mediante resolución de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo y, por otra, se concedió la protección constitucional al quejoso. En ese contexto, deberán conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, el cual deberá resguardarlos, y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes. De acuerdo a lo anterior, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Por otro lado, del análisis de este asunto se advierte que obran diversos documentos originales por haberlos exhibido la parte quejosa, que no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, pues ingresó en este juzgado federal el tres de julio de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente ni la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. Entonces, una vez transcurrido el plazo de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar donde se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este juzgado. Por último, prevéngase a la parte quejosa a fin de que comparezca ante este juzgado federal a solicitar la devolución de los documentos originales que acompañó a la demanda de amparo; en la inteligencia de que cuenta con un plazo de noventa días para ello, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo; con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, los citados documentos serán destruidos junto con el expediente.

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta suscrito por el Director Jurídico del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, mediante el cual informa que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el quejoso Sergio Andrés González Andrade recibió el cheque número 25009, de la cuenta 0623187322 de dieciocho de julio del año en curso, y remite la constancia certificada que lo acredita; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Visto el escrito de cuenta signado por la licenciada Jenny Elizabeth Medina Guzmán, en su carácter de autorizada legal de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la vista ordenada el veintiséis de agosto del año en curso, y realiza diversas manifestaciones en el sentido de encontrarse inconforme con el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes. De acuerdo a lo anterior, téngase por desahogada la vista ordenada a la parte quejosa y por realizadas las manifestaciones relativas al oficio y documentales remitidos por la autoridad responsable Director Jurídico del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo y, por tanto, procédase a analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la sentencia constitucional con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable. En ese contexto, se precisa que en sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, por una parte, se sobreseyó en este juicio de amparo respecto de ciertos actos reclamados a diversas autoridades señaladas como responsables y, por otra, se concedió la protección constitucional al estimarse inconstitucional el artículo décimo cuarto transitorio de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, en lo relativo al último párrafo, para los efectos siguientes: Que la responsable Director General del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, por lo que hace al quejoso, se abstuviera de aplicar la porción normativa declarada inconstitucional en el presente y en el futuro. Que dejara insubsistente la resolución de pensión por fallecimiento del pensionado, emitida el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, por el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, para el efecto de que se otorgara al quejoso un trato igualitario con el trabajador en activo, esto es, se calculara con base en la tabla de porcentajes sobre la pensión regulatoria en concordancia con el salario regulador, acorde al primer párrafo del artículo décimo cuarto y no conforme al último párrafo que prevé el salario mínimo. Resolución que causó ejecutoria el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, al no haber sido impugnada por las partes dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo. Cabe mencionar que la Directora Jurídica del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, interpuso recurso de revisión contra la sentencia constitucional dictada en este juicio de amparo, el cual se desechó de plano al ser notoriamente improcedente, mediante acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa; determinación que adquirió firmeza el veintitrés de mayo del año en curso, al no haberse recurrido por la citada autoridad responsable. En ese sentido, mediante autos de treinta y uno de mayo y veinte de junio de dos mil diecinueve, se requirió a las autoridades responsables a fin de que otorgaran cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por oficio de veintiuno de junio del presente año, el Director Jurídico del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, informó que se dejó insubsistente la resolución de diecisiete de enero de dos mil dieciocho; asimismo, afirmó que se realizó la modificación del importe de la pensión reclamada a partir del doce de junio de dos mil diecinueve -al ser ésta la fecha en que se le notificó la ejecutoria de amparo-, por la cantidad de $17,141.98 (diecisiete mil ciento cuarenta y un pesos 98/100 moneda nacional) mensuales. De igual manera, aclaró que de acuerdo al resultado del cálculo proporcional, del uno al once de junio de dos mil diecinueve, sumaban once días de la pensión anterior, de lo que se obtuvo la cantidad de $923.58 (novecientos veintitrés pesos 58/100 moneda nacional); y respecto a la modificación realizada, de los diecinueve días del doce al treinta de junio del aludido año, resulta la cantidad de $10,856.59 (diez mil ochocientos cincuenta y seis pesos 59/100 moneda nacional); por ende, al sumar ambas cantidades, se obtuvo un monto de $11,780.17 (once mil setecientos ochenta pesos 17/100 moneda nacional), la cual, mencionó, se encontraba a disposición del quejoso en las instalaciones del Instituto responsable mediante cheque número 0024516. Con lo anterior, se dio vista al quejoso en acuerdo de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, quien al desahogarla manifestó que no se le había notificado alguna nueva resolución de pensión por viudez; de igual forma, que a fin de restituirlo en el goce de los derechos violados, se debía realizar el pago de la pensión de manera retroactiva para restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la aplicación del artículo tildado de inconstitucional; por tanto, que la autoridad responsable no había dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tal motivo, el nueve de julio de dos mil diecinueve, se requirió de nueva cuenta a la responsable, para lo cual se precisó que debía notificar al quejoso la nueva resolución de pensión por viudez (modificación) y calcular el pago de la pensión de manera retroactiva, esto es, a partir de la fecha en que se aplicó en su perjuicio el precepto legal declarado inconstitucional, y no desde la fecha en que se notificó a la responsable la ejecutoria emitida en este juicio de amparo (doce de junio de dos mil diecinueve), como incorrectamente lo realizó. Mediante oficio IPES/DJ/186/2019 presentado el dieciocho de julio de dos mil diecinueve, el Director Jurídico del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, realizó lo siguiente: Informó que el dieciséis de julio del año en cita, dejó insubsistente la resolución de diecisiete de enero de dos mil dieciocho. Allegó copia del diverso oficio IPES/DJ/184/2019 dirigido al quejoso Sergio Andrés González Andrade a través del cual le comunicó que en la misma fecha -dieciséis de julio de dos mil diecinueve-, se emitió una nueva resolución en la que se concedió la pensión por fallecimiento de Lidia Carmina Agraz Serrano, al citado quejoso en su carácter de cónyuge supérstite, acorde al primer párrafo del artículo Décimo Cuarto y no conforme al último párrafo que prevé el salario mínimo; en el entendido de que se ordenó realizar el cálculo retroactivo a partir de la fecha en que falleció la pensionada; por último, que se ordenó el pago inmediato que resultara de dicho cálculo, y se puso a disposición mediante cheque en las oficinas del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán. Con lo anterior, se dio vista al quejoso en acuerdo de veintidós de julio de dos mil diecinueve, quien al desahogarla manifestó que de las constancias remitidas por la responsable no se advertía que se hubiera emitido alguna resolución, así como tampoco que se hubiera expedido algún cheque con el pago retroactivo; de ahí que, el ocho de agosto del año en cita, se requirió por una diversa ocasión a la responsable a fin de que remitiera copia certificada de la resolución de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, y del cheque relativo al pago retroactivo de la pensión reclamada. Mediante oficio presentado el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, la autoridad responsable allegó copia certificada del acta de sesión del Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, celebrada el dieciséis de julio del año en curso, en la cual se dejó insubsistente la diversa acta de sesión de diecisiete de enero de dos mil dieciocho; asimismo, se modificó y se concedió la pensión por fallecimiento de la pensionada Lidia Carmina Agraz Serrano a su beneficiario (quejoso) Sergio Andrés González Andrade, en su carácter de cónyuge supérstite por la cantidad de $17,141.98 (diecisiete mil ciento cuarenta y un pesos 98/100 moneda nacional), la cual se otorgaría con efecto retroactivo a partir del cuatro de octubre de dos mil diecisiete. Además, la autoridad responsable remitió copia certificada del cheque número 002509 de la cuenta 00623187322 a cargo de BANORTE, librado el dieciocho de julio de dos mil diecinueve, a nombre del citado amparista Sergio Andrés González Andrade por la cantidad de $335,668.83 (trescientos treinta y cinco mil seiscientos sesenta y ocho pesos 83/100), relativo al pago de la pensión reclamada retroactiva al cuatro de octubre de dos mil diecisiete, al mes de julio de dos mil diecinueve, en el entendido de que, precisó, dicho título de crédito se encontraría a disposición del quejoso en las instalaciones del Instituto responsable para su entrega e indicó los requisitos administrativos para tal efecto. De igual manera, la responsable puntualizó que el diverso cheque número 0024516 por la cantidad de $11,780.17 (once mil setecientos ochenta pesos 17/100 moneda nacional), el cual había informado que se encontraba a disposición del quejoso, fue cancelado y se emitió el cheque descrito en el párrafo anterior; con lo cual se dio vista a la parte quejosa mediante acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. En consecuencia, si la concesión del amparo se hizo para el efecto de que la autoridad responsable Director General del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, por lo que hace al quejoso, se abstuviera de aplicar la porción normativa declarada inconstitucional en el presente y en el futuro, y que dejara insubsistente la resolución de pensión por fallecimiento del pensionado, emitida el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, por el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, para que se otorgara al quejoso un trato igualitario con el trabajador en activo, esto es, se calculara con base en la tabla de porcentajes sobre la pensión regulatoria en concordancia con el salario regulador, acorde al primer párrafo del artículo décimo cuarto y no conforme al último párrafo que prevé el salario mínimo, lo cual ya aconteció; es claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, restituyéndose al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos. Ahora bien, no se inadvierte que la parte quejosa al desahogar la vista respecto al cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable, haya manifestado su inconformidad en el sentido de que, de las constancias se aprecia que a la fecha la responsable no ha emitido alguna nueva resolución de pensión por viudez, así como tampoco ha entregado algún cheque al quejoso; sin embargo, no le asiste razón, pues como se precisó, la autoridad responsable allegó copia certificada del acta de sesión del Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa celebrada el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, en la cual se dejó insubsistente la diversa de diecisiete de enero de dos mil dieciocho (resolución de pensión); asimismo, se modificó la pensión anterior por la cantidad de $2,401.20 (dos mil cuatrocientos un pesos 20/100 moneda nacional), y finalmente, se concedió la pensión por fallecimiento de la pensionada Lidia Carmina Agraz Serrano a su beneficiario (quejoso) Sergio Andrés González Andrade, en su carácter de cónyuge supérstite por la cantidad de $17,141.98 (diecisiete mil ciento cuarenta y un pesos 98/100 moneda nacional). Por último, se destaca que la responsable comunicó que el cheque respectivo se encuentra a disposición del quejoso en las instalaciones del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán; de ahí que, es el quejoso quien debe acudir a dicho instituto y gestionar la entrega del citado documento, previo el cumplimiento de los requisitos indicados por la responsable para tal efecto; en la inteligencia de que el referido cheque tiene una vigencia de noventa días para su cobro, como se desprende de las constancias que obran en autos.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta suscrito por el Director Jurídico del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, mediante el cual informa el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo; agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, en razón de que el veintiséis de agosto del año en curso, el oficio de referencia se glosó al presente juicio de amparo y se acordó lo conducente, al haberse recibido a través del correo electrónico institucional.

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