Sergio Delgado Marín

Expediente 191/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 45 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
191/2020
Año
2020
Actuaciones
45
Última actuación
21/07/2021

Partes del expediente

  • Sergio Delgado Marín
  • Titular del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Tacámbaro, Michoacán
  • Roselia Juárez Rios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 45.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídanse a su costa las copias en los términos que solicita, previo recibo que se deje en autos. Asimismo, dígasele que para la entrega de las referidas copias deberá realizarlo de acuerdo al esquema de citas, lo cual está definido en el Capítulo II, Artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte tercera interesada Roselia Juárez Ríos por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el proveído y/o resolución de 22 de junio de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con cincuenta minutos del veintidós de junio de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 191/2020, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales allegadas por la parte quejosa y por la autoridad responsable Ejido Pedernales, Michoacán. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas, aportadas por el quejoso y por la referida autoridad responsable. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria da nueva cuenta con los formulados por la tercera interesada (foja 158) y hace constar que las demás partes no los formularon. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a Roselia Juárez Ríos formulando los alegatos de su parte y se declara precluido el derecho de las demás partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, RESULTANDO Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil veinte (fojas 2-13) en la Oficina de Correspondencia Partes Común a los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, por Sergio Delgado Marín, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Encargada de la Dirección de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tacámbaro, Michoacán y de otra autoridad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo expediente 191/2020 y previa prevención formulada el veinticuatro de febrero del año pasado (foja 14), en proveído de veintiocho de los siguientes (foja 18), se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se reservó proveer respecto de a quién le correspondía el carácter de tercero interesado y se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En auto de dieciséis de abril de dos mil veintiuno (foja 123), se determinó que le asistía el carácter de tercera interesada a Roselia Juárez Ríos y se ordenó su emplazamiento. Finalmente, en proveído de cuatro de mayo del año en curso (foja 130) se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado tiene ejecución en un lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, el acto reclamado por la parte quejosa al Encargada de la Dirección de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tacámbaro, Michoacán, así como al Ejido de Pedernales, Michoacán, consiste en: La expedición de licencia y/o permiso de construcción a favor de la tercera interesada Roselia Juárez Ríos, para que levante bardas en el inmueble del cual se ostenta propietario el quejoso, consistente en un terreno con casa habitación ubicado en la avenida José María Morelos Poniente 129, colonia Centro, de la Tenencia de Pedernales, municipio de Tacámbaro, Michoacán. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto que se atribuye a las autoridades responsables Encargada de la Dirección de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tacámbaro, Michoacán, así como al Ejido de Pedernales, Michoacán, dado que al rendir sus informes justificados ambas autoridades lo negaron (fojas 24-118). En efecto, por lo que hace a la Encargada de la Dirección de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tacámbaro, Michoacán, refirió que ante la dirección a su cargo no se ha presentado solicitud alguna para el otorgamiento de permiso o autorización a favor de la tercera interesada y que, por ende, no ha emitido ninguna especie de permiso de construcción. Mientras que, el Comité Ejidal del Ejido de Pedernales, Michoacán, sólo se limitó a manifestar que en vida, Elvira Marín Barriga, madre del quejoso y en su calidad de "dueña" del inmueble, trasladó parte de ese inmueble a favor de Roberto Mora Luna y de Julieta Cambambia Maldonado y que al hacerlo, ésta se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales, por encontrarse sola y necesitada, ya que no contaba con ningún familiar cercano que la proveyera económicamente. Razón por la que se vio en la necesidad de vender parte de su casa, ya que su único hijo, el aquí quejoso, ha radicado hace más de veinte años en los Estados Unidos de Norteamérica y que incluso, la madre del quejoso murió sola; que por ello, las autoridades ejidales sólo reconocían como propietario al quejoso, de la parte de la casa que su madre no vendió. Conforme al anterior panorama, el acto atribuido al Comité Ejidal del Ejido de Pedernales, Michoacán, debe considerarse inexistente, no por las manifestaciones que realizó el comité del mismo en torno al traslado de dominio que se efectuó respecto de "una parte de la casa", que el quejoso, dice es suya, sino porque legalmente, el ejido carece de facultades para expedir licencia, autorización o permiso de la naturaleza alegada por el quejoso, tal y como lo evidencía de los artículos 32 y 33 de la Ley Agraria, que dicen: "Artículo 32.- El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente. Artículo 33.- Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido." Realizada esa precisión, debe señalarse que con dichos comunicados se les dio vista a las partes para que se impusieran de su contenido; pese a ello, el promovente del amparo no aportó probanza alguna tendente a desvirtuar la negativa y las manifestaciones de las autoridades responsables de referencia, aun cuando se le dio la vista respectiva con los informes justificados rendidos por éstas, a pesar que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, era su obligación. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Por consiguiente, ante la inexistencia del acto reclamado a las autoridades señaladas en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, única y exclusivamente por lo que respecta a las autoridades mencionadas en el presente considerando. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Sin que la anterior determinación implique prejuzgar respecto de la existencia de la "construcción de las bardas" que el quejoso dice, se están levantando alrededor de la propiedad que defiende, ya que lo que en esta instancia de amparo se señaló como acto reclamado a las autoridades responsables, lo fue precisamente la expedición de licencia y/o permiso de construcción a favor de la tercera interesada Roselia Juárez Ríos, para ese efecto. Incluso, se considera que, aun cuando el quejoso hubiera acreditado el levantamiento de las bardas por parte de la referida tercera interesada, se estaría en todo caso en presencia de un conflicto posesorio de parcelas, suscitado entre particulares, en el cual no tienen intervención las autoridades a las que les confirió el carácter de responsables y que, por ende, corresponde dilucidar ante las autoridades jurisdiccionales competentes. Cuarta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103 fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 73, 74, 75, y 79 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Sergio Delgado Marín, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

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