Sergio Cortes Miranda
Expediente 713/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 713/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 10/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Sergio Cortes Miranda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio signado por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio por el que se le remitieron los autos originales del juicio de amparo 713/2023, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por el quejoso ********************, por propio derecho, en contra de la sentencia emitida dentro del juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno, e informa su admisión, el cual quedó registrado con el número 302/2023. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.Jjg
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Morelia, Michoacán, cinco de septiembre de dos mil veintitrés.****************************************Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito del quejoso ********************, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las partes con copia del escrito de expresión de agravios.****************************************Con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre integrado el presente asunto, remítanse dentro de los tres días siguientes los autos originales al Tribunal Colegiado respectivo, enviándose al efecto el original y copia del escrito en mención.****************************************Notifíquese por lista, personalmente al tercero interesado y mediante oficio a la autoridad responsable.****************************************Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 713/2023, promovido por ******************** por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cinco de junio del año en curso (foja 3), en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, ******************** por propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Magistrada de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y returno. Por razón de turno inicialmente correspondió conocer de la demanda al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, quien mediante proveído de siete de junio de dos mil veintitrés (foja 31) ordenó su registro con el número ******************** planteó el returno del asunto a este juzgado, al estimar actualizado el supuesto previsto en el artículo 46, fracciones II y IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -conocimiento previo- atendiendo a que este juzgado conoció del diverso juicio de amparo ********************en el que también se reclamaron actos derivados del juicio sumario civil sobre división de cosa común ******************** Tercero. Avocamiento de este juzgado al presente juicio de amparo. En razón de lo expuesto, mediante auto de trece de junio de dos mil veintitrés (foja 38) este órgano de control constitucional se avocó al conocimiento del asunto, ordenó su registro con el número ******************** y formuló auto de prevención; luego, el veintiséis de junio siguiente, se tuvo por cumplida la prevención, se desechó la demanda por lo que hace al acto que se atribuyó al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, consistente en la interlocutoria de gastos y costas judiciales dictada en el juicio natural, al considerar en esencia, que la misma quedó sustituida procesalmente por la resolución que en instancia de apelación, la confirmó. Por ello, la demanda se admitió únicamente por lo que hace al acto reclamado a la Magistrada de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, se solicitó el informe justificado, se ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público de la adscripción, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional y se reconoció el carácter de tercero interesado al actor ********************. Finalmente, seguido el juicio por su cauce legal, el uno de agosto del año en curso se verificó la celebración de la audiencia constitucional, en los términos del acta que antecede, por lo que ahora se procede a dictar sentencia al tenor de las siguientes: CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que el acto reclamado fue dictado por una autoridad judicial que reside en esta ciudad en la que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: Resolución de doce de mayo de dos mil veintitrés dictada dentro del toca ********************, que en instancia de apelación confirmó la interlocutoria que resolvió el incidente de liquidación de sentencia, de gastos y costas promovido en el juicio sumario civil ********************, que sobre división y partición de cosa común promueve ********************, por propio derecho y en cuanto albacea de la sucesión radicada a bienes de ********************, frente al quejoso ********************. Acto que atribuyó a la Magistrada de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la Magistrada de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado el cual obra a foja 60. Lo que se corrobora con las constancias que remitió, consistente en el original del toca de apelación ********************. Probanzas que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Luego, se tiene por cierto el acto reclamado a las citadas autoridades responsables. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, en el caso las partes no hicieron valer causales de improcedencia y de oficio, el suscrito juzgador tampoco advierte la actualización de alguna, razón por la que se impone el estudio de fondo del asunto. Quinto. Análisis de la constitucionalidad del acto. El promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Así, en sus conceptos de violación, el quejoso aduce que: A. Que es ilegal la calificación de infundado que la responsable dio al agravio en el que hizo valer como violación procesal, el argumento consistente en que, en la segunda instancia no existe prohibición para que se estudien violaciones procesales y que en el caso, en el secuela procesal presentó alegatos desde el treinta de noviembre de dos mil veintitrés; pese a ello, que la magistrada responsable no consideró ni le estudió como violación procesal el hecho que al resolver el incidente que generó la apelación, el juez responsable haya señalado expresamente que el quejoso no presentó alegatos. B. Que es ilegal la calificación de inoperancia del segundo agravio, bajo el razonamiento que el quejoso no adjuntó al testimonio de apelación, las constancias que acrediten el argumento de su agravio, en el sentido que promovió recurso de apelación en contra del auto de diecinueve de enero de dos mil veintitrés dictado en el juicio natural, a través del cual el juez de los autos determinó el valor de los inmuebles que se rematarán en ese procedimiento y que por ello, la valoración económica de los bienes materia de la partición, está subjúdice y por lo mismo, no puede tomarse en cuenta para resolver el incidente de liquidación de sentencia, hasta que ese auto esté firme. Lo que dice es ilegal, porque es falso que no haya adjuntado al testimonio de apelación las constancias que dan soporte a su agravio. C. Que también es ilegal la calificación del tercer agravio, porque el mismo fue declarado inoperante, porque a decir de la magistrada responsable, su procedencia se hizo descansar en el segundo concepto de agravio, el cual fue declarado inoperante; lo que dice es ilegal, porque las constancias que acreditan que promovió recurso de apelación en contra del auto de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, si fueron exhibidas. D. Que no deben quedar firmes las sentencias impugnadas en primera y segunda instancia, ya que no existe materia para determinar los honorarios al no encontrarse firme el valor de los inmuebles estimado por el juez natural en el auto de diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Conceptos que se impone declarar inoperantes en su totalidad, por las razones que se expresarán enseguida. Primeramente, es inoperante el concepto de violación identificado en el apartado A, en el que se aduce que es ilegal la calificación de infundado que la responsable dio al agravio en el que hizo valer como violación procesal, el argumento consistente en que, en la segunda instancia no existe prohibición para que se estudien violaciones procesales y que en el caso, en el secuela procesal presentó alegatos desde el treinta de noviembre de dos mil veintidós; pese a ello, que la magistrada responsable no consideró ni le estudió como violación procesal, el hecho que al resolver el incidente que generó la apelación, el juez responsable haya señalado expresamente que el quejoso no los presentó. Dicha calificación obedece a que en el concepto de violación que se estudia, el quejoso se limita a señalar que la magistrada no le estudió como violación procesal, la circunstancia de que al resolver el incidente de liquidación de sentencia, de gastos y costas promovido en el juicio sumario civil ********************, el juez responsable señaló que no se presentaron alegatos de su parte, a pesar que él los había presentado desde el treinta de noviembre de dos mil veintidós; sin embargo, no ataca las consideraciones que la magistrada responsable expresó para calificar de infundado su agravio, que consistieron en: *Que al señalar el error u omisión del juez responsable de no dar cuenta con sus alegatos, no se estaba combatiendo eficazmente el fallo interlocutorio, porque ello se refería a una parte del resultando de la interlocutoria apelada; *Que en todo caso lo que se estaba atacando era una parte del resultando de la interlocutoria apelada y que por ello, ese error u omisión no le acarreaba ningún perjuicio ni tenía trascendencia por tratarse de un requisito formal, que tiene como finalidad dar a conocer lo acontecido en el procedimiento; y, *Que el recurso de apelación tiene como finalidad revisar la legalidad o ilegalidad de los motivos en que se fundó el sentido del fallo recurrido. Por ende, las alegaciones del promovente del amparo establecidas en el concepto de violación que se estudia, en el sentido que la magistrada responsable no consideró ni le estudió como violación procesal, el hecho que al resolver el incidente que generó la apelación, el juez responsable haya señalado expresamente que el quejoso no presentó alegaciones, a pesar que sí lo hizo, devienen inoperantes sencillamente porque el tema de si presentó o no los alegatos ya está superado. Lo que se considera de esa forma, porque lo que tenía que atacar en esta instancia de amparo eran los argumentos de la magistrada para calificar de infundado su primer agravio, esto es, que el error u omisión del juez responsable de no dar cuenta con sus alegatos, no depara un perjuicio trascendental en su contra, porque ese error u omisión sólo se actualiza en una parte del resultando de la interlocutoria apelada y que lo que se debe atacar en la apelación, son los motivos en que se fundó el sentido del fallo recurrido. De modo que, si el quejoso en lugar de controvertir o superar las consideraciones expuestas por la magistrada responsable se limita a sostener que son incorrectos o inexactos sus razonamientos, es evidente que este juzgador se encuentra imposibilitado para emprender el estudio de sus planteamientos, al no otorgarse las bases necesarias para calificar lo fundado o infundado de lo resuelto en la alzada, pues la materia del presente juicio de amparo se circunscribe a determinar si las razones por las que se concluyó que los conceptos de violación son infundados, resultan o no jurídicamente acertadas. Se cita como sustento de dicha calificativa, la jurisprudencia 1a./J. 81/2002 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 185425, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." Igualmente, son inoperantes los conceptos de violación identificados en los apartados B y C, en los que el peticionario de la tutela constitucional aduce: B. Que es ilegal la calificación de inoperancia del segundo agravio, bajo el razonamiento que el quejoso no adjuntó al testimonio de apelación, las constancias que acrediten el argumento de su agravio, en el sentido que promovió recurso de apelación en contra del auto de diecinueve de enero de dos mil veintitrés dictado en el juicio natural, a través del cual el juez de los autos determinó el valor de los inmuebles que se rematarán en ese procedimiento y que por ello, la valoración económica de los bienes materia de la partición, está subjúdice y por lo mismo, no puede tomarse en cuenta para resolver el incidente de liquidación de sentencia, hasta que ese auto esté firme. Lo que dice es ilegal, porque es falso que no haya adjuntado al testimonio de apelación las constancias que dan soporte a su agravio. C. Que también es ilegal la calificación del tercer agravio, porque el mismo fue declarado inoperante, porque a decir de la magistrada responsable, su procedencia se hizo descansar en el segundo concepto de agravio, el cual fue declarado inoperante; lo que dice es ilegal, porque las constancias que acreditan que promovió recurso de apelación en contra del auto de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, si fueron exhibidas. Dicha calificación obedece a que en ellos, el quejoso se limita a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, en la medida que sólo dice que sí señaló y allegó para la integración del toca de apelación, las constancias que acreditan su argumento realizado en el sentido que promovió recurso de apelación en contra del auto de diecinueve de enero de dos mil veintitrés dictado en el juicio natural, a través del cual el juez de los autos determinó el valor de los inmuebles que se rematarán en ese procedimiento y que por lo mismo, no puede tomarse en cuenta el valor de esos inmuebles para resolver el incidente de liquidación de sentencia, hasta que ese auto esté firme. Sin embargo, en esos conceptos de violación no señaló la foja o fojas, en la que esa constancia quedó integrada en el toca apelatorio ******************** y al realizarse una revisión íntegra del mismo, se advierte que efectivamente la misma no se encuentra glosada al expediente de apelación; y aunque es cierto que en el escrito a través del cual el quejoso interpuso la apelación materia de este juicio de amparo, sí señaló para su integración, el escrito a través del cual interpuso el diverso recurso de apelación en contra del auto de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, así como del auto que lo admitió, también lo es que, conforme a los artículos 686 y 687 del Código de Procedimientos aplicable para el asunto que nos ocupa, la carga en la integración del testimonio de apelación corresponde a quien interpone el recurso: "Artículo 686. La apelación admitida sólo en el efecto devolutivo no suspende la ejecución ni los efectos de la resolución recurrida; y si ésta es sentencia definitiva se dejará, en el juzgado para ejecutarla, copia certificada de ella y de las demás constancias que el Juez estime necesarias, remitiéndose los autos originales al Supremo Tribunal de Justicia, a fin de ser turnados a la sala que corresponda. Si es auto o interlocutorias se remitirá, para ese efecto, testimonio de las constancias que el apelante señale y aporte a su costa dentro del término de los tres días siguientes a la interposición del recurso, y a él se agregarán, a costa del colitigante, las que éste designe dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del auto que lo admita. Artículo 687. Si el apelante no señala y aporta las constancias en los términos legales, el recurso no será admitido; y en este caso contra la admisión, o la no admisión, no procederá recurso alguno. Si la parte apelada no señala ni aporta las constancias que le corresponden, se enviará el testimonio con las señaladas y aportadas por el apelante. En todo caso, el testimonio contendrá, además, las constancias que el Juez estime conducentes." En efecto, la intelección de ambos dispositivos legales, revela sin lugar a dudas, la carga procesal del apelante de señalar y aportar a su costa las constancias para la integración del toca; incluso, la sanción ante el incumplimiento de esa carga procesal, deriva en la no admisión del medio de impugnación en cuestión. Bajo esas consideraciones, sin por un lado, está demostrado que las constancias no fueron integradas al toca de apelación ******************** y por otro, que legalmente el señalamiento y aportación corresponde al apelante, es evidente que en dichos conceptos de violación no se otorga al suscrito un parámetro que permita calificar la ilegalidad en la calificación de inoperancia de sus agravios y por ende, deben calificarse también inoperantes sus conceptos de violación, en la medida que, se insiste, el quejoso no señala en cuál foja o fojas del toca apelatorio obran las constancias aludidas y legalmente no existe una obligación para la autoridad responsable de integrarlas oficiosamente. Se cita como sustento de lo anterior, la tesis aislada X.1o.10 C, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Decimo Circuito, localizable con el registro digital 202622, Novena Época, Materias(s): Civil, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Abril de 1996, página 365, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION, SON TAMBIEN INOPERANTES, SI CONTRA LA DECLARACION DE INOPERANCIA DE AGRAVIOS, NO SE RAZONA EL ATAQUE QUE EN ELLOS SE HICIERA CONTRA LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA APELADA. Si de la comparación de los argumentos expresados en los conceptos de violación por parte del quejoso al promover el amparo directo civil, puede constatarse que éste sólo se concreta a realizar simples afirmaciones de que la Sala responsable violó sus garantías constitucionales, contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, al enviar la Sala responsable los autos al Juez del conocimiento para continuar con el proceso y la ejecución de la sentencia, pero con ello realmente no se pone de manifiesto la ilegalidad de la sentencia, ni constituyen verdaderos argumentos que expresen razonamientos jurídicos concretos que pongan en evidencia ante la potestad federal, que los que sustentan dicha resolución sean contrarios a la ley o a su interpretación, ya sea porque siendo aplicable determinada disposición legal no se aplicaron, o porque se aplicaron sin ser aplicables o bien, porque no se hizo una correcta interpretación jurídica de la ley o, porque la sentencia combatida no se apoyó en principios generales del derecho cuando no hay ley, porque el amparo en materia civil es de estricto derecho, y en él no puede suplirse la queja deficiente, por lo que los conceptos de violación deben declararse inoperantes." En este punto es preciso señalar que no se pierde vista que el quejoso ofreció como medio de prueba todo lo actuado en el juicio natural, pese a ello, el desahogo de dicha instrumental de actuaciones sería ineficaz para variar el sentido de la decisión asumida en esta sentencia, ya que de conformidad con el artículo 75, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable y por lo mismo, no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. Finalmente, es inoperante el concepto de violación identificado en el apartado D, en el que aduce que no deben quedar firmes las sentencias impugnadas en primera y segunda instancia, ya que no existe materia para determinar los honorarios al no encontrarse firme el valor determinado por el juez natural en el auto de diecinueve de enero de dos mil veintitrés; ya que ese argumento se refiere a un aspecto de fondo que no fue abordado en la resolución reclamada derivado de la calificación de inoperancia de los agravios que realizó la magistrada responsable. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia I.6o.T. J/109, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, localizable electrónicamente con el registro digital 162660 y consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 2063, Novena Época, Materias(s): Común, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE DIRIGEN A COMBATIR EL FONDO DEL ASUNTO Y NO LAS CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. Si el Juez de Distrito desechó la demanda de amparo por estimar que no se combate un acto de imposible reparación, y el recurrente en sus agravios se limita a esgrimir argumentos relativos al fondo del asunto que no se abordó, debe concluirse que tales manifestaciones resultan inoperantes al no combatir las consideraciones relacionadas con la improcedencia del juicio." En las condiciones apuntadas, ante lo infundado del único concepto de violación y sin que se advierta deficiencia alguna que deba suplirse a favor de ******************** en términos de lo previsto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, se concluye que el acto reclamado no infringe los derechos fundamentales consignados en el artículo 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo que se impone es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, respecto del acto reclamado. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******************** contra del acto reclamado a la Magistrada de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando sexto de este fallo. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 17 de agosto del dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
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