Sergio de la Cruz Rojas

Expediente 384/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
384/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
19/10/2018

Partes del expediente

  • Sergio de la Cruz Rojas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    II. Uruapan, Michoacán, diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio signado por la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, téngasele por acusado recibo del oficio 13730, derivado del proveído de ocho de octubre del año en curso, por el que se le remitieron dos discos compactos relativos a la causa penal 65/2018 de donde deviene el acto reclamado; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE...

  2. Principal

    II. Uruapan, Michoacán, a ocho de octubre de dos mil dieciocho. Del estado procesal de autos se desprende que, el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el proveído de doce de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio de amparo, tal como se advierte del inciso a) de la cuenta secretarial. Consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la invocada legislación, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, de la que existió oposición por la parte quejosa para la publicación de sus datos personales al no haber realizado manifestación alguna sobre el requerimiento que le fue formulado en el auto admisorio, en el sentido de si se encontraba de acuerdo en que se publicaran sus datos personales y que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME; sin que en el caso, por su naturaleza, amerite actos de ejecución; lo anterior, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívense las actuaciones como asunto concluido; acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión respectivo. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción II, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en razón de que la respectiva sentencia únicamente sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, cuyo expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. Finalmente, mediante oficio, devuélvanse los discos compactos derivados de la causa penal 65/2018, de donde deriva el acto reclamado, al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Uruapan, que remitió durante la secuela procesal del juicio; lo anterior, en razón de que resulta innecesaria su conservación; solicítese ordene a quien corresponda acuse de recibido. NOTIFÍQUESE; mediante oficio a las autoridades responsables...

  3. Incidental

    II. Uruapan, Michoacán, a ocho de octubre de dos mil dieciocho. Visto el contenido de la cuenta secretarial, se acuerda lo siguiente: En proveído de esta fecha, dictado en el juicio principal del cual deriva el presente incidente de suspensión, se declaró firme el proveído en que se sobreseyó fuera de audiencia, ordenándose el archivo del expediente como asunto concluido, como se advierte de la cuenta secretarial. Por tanto, de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en su momento, y una vez transcurridos más de seis meses, contados a partir de la notificación de la presente determinación, destrúyase el duplicado de los cuadernillos del incidente en que se actúa. Asimismo, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, primer párrafo, del citado capítulo y acuerdo y Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación "Diciembre 2012", se estima que el original del incidente en que se actúa es susceptible de depuración, una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, lo que significa que se conservará el proveído y la resolución en que se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. NOTIFÍQUESE...

  4. Principal

    II. Uruapan, Michoacán, doce de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio de cuenta, signado por el Juez de Control Región Uruapan, con residencia en esta ciudad -en su denominación correcta-, por medio del cual remite un disco compacto relacionado con la causa penal 65/2018, instruida al aquí quejoso Sergio de la Cruz Rojas, que contiene las grabaciones de la audiencia llevada a cabo dentro de esa causa el cinco de septiembre de dos mil dieciocho, de la que se advierte que dicha autoridad emitió auto de vinculación a proceso al citado Cruz Rojas, por el hecho de que la ley señala como delito de retención de persona menor de edad, previsto y sancionado en el artículo 177, fracción I del Código Penal Estatal, en relación con los diversos 19 fracción I, 20, fracción III, y 24, fracción II, del mismo ordenamiento legal. Ahora, del estado procesal de autos, se advierte que el quejoso señaló como autoridades responsables a las siguientes: ORDENADORA: Juez de Control del Sistema Acusatorio y Oral Región Uruapan, Michoacán. Con sede en esta ciudad. EJECUTORA: Director de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán. Con sede en esta ciudad. De quienes reclama: La orden de aprehensión y/o comparecencia, girada respecto de su persona. La ejecución de ese acto. Ahora, dicho Juez de Control del Sistema Acusatorio y Oral Región Uruapan, al rendir su informe justificado (fojas 23 y 24) aceptó la existencia del acto reclamado que tilda de inconstitucional el quejoso, toda vez que a éste se le instruye el proceso penal 65/2018, por el hecho que la ley señala como delito de retención o sustracción especifica de persona menor de edad, previsto y sancionado en el artículo 177, fracción I del Código Penal Estatal, en relación con los diversos 19 fracción I, 20, fracción III y 24, fracción II, todos del mismo ordenamiento legal, donde se dictó la respectiva orden de aprehensión. Sin embargo, de la documental autorizada que remite la autoridad responsable, se advierte que al quejoso le fue dictado auto de vinculación a proceso por el hecho que la ley señala como delito de retención de persona menor de edad, como se indicó en líneas precedentes. En ese sentido, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, primer párrafo de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." De conformidad con lo dispuesto por dicho precepto, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa, por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Exista autonomía e independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. De ahí que, si durante la tramitación de un juicio de garantías concurren los anteriores requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, deberá sobreseerse. Como se precisó, el acto reclamado por el quejoso Sergio de la Cruz Rojas, consiste en la orden de aprehensión y/o comparecencia girada en su contra, así como su ejecución; sin embargo, el mencionado Juez de Control Región Uruapan, informó que en audiencia de cinco de septiembre del presente año, dentro de la causa penal 65/2018, emitió auto de vinculación a proceso a éste, por el hecho que la ley señala como delito de retención o sustracción especifica de persona menor de edad, previsto y sancionado en el artículo 177, fracción I del Código Penal Estatal, en relación con los diversos 19 fracción I, 20, fracción III y 24, fracción II, todos del mismo ordenamiento legal, como se desprende de la acta de audiencia autorizada que anexa al oficio de cuenta, la que tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: Tesis: 226 Apéndice de 1995 Quinta Época 394182 1 de 1 Pleno Tomo VI, Parte SCJN Pag. 153 Jurisprudencia(Común) DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Por tanto, al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 61, fracción XVII, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE en este juicio fuera de audiencia, por cambio de situación jurídica respecto del quejoso. Tiene sustento a lo anterior, la tesis siguiente: Tesis: XVII.1o.P.A. J/18 (10a.) Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2017544 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Publicación: viernes 10 de agosto de 2018 10:18 h Ubicada en publicación semanal REITERACIÓN(Jurisprudencia (Común)) IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada). Comuníquese la presente determinación a las partes y háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno. Déjese sin efecto legal alguno la fecha y hora programadas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las nueve horas con cuarenta minutos del veintiocho de septiembre del presente año. NOTIFÍQUESE; personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables...

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