Sergio Cardona Espinosa

Expediente 522/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
522/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
22/02/2021

Partes del expediente

  • Sergio Cardona Espinosa

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. ADMITE QUEJA. Agréguese el oficio signado por el Actuario adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, residente en Morelia, Michoacán, mediante el cual transcribe el proveído de doce de febrero del año actual, por el que se acusa recibo del oficio 147/2021 y se informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el promovente del amparo en contra del proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en el que se determinó desechar de plano la correspondiente demanda de amparo, el cual quedó radicado como queja 25/2021; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. SE AUTORIZA VINCULACIÓN AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Por otra parte, como lo solicita el Tribunal de Alzada, con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta y vinculación del expediente electrónico, en relación con el recurso de queja en cuestión, para los efectos legales a que haya lugar. SE INSTRUYE AL ANALISTA JURÍDICO SISE. Instrúyase al analista jurídico adscrito a éste órgano jurisdiccional, a efecto de que habilite los permisos correspondientes respecto del expediente electrónico relativo al juicio en que se actúa, para su acceso y consulta por parte del indicado órgano revisor. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, doce de enero de dos mil veintiuno ESTADO DE AUTOS. Tomando en consideración que se encontraban suspendidas las actividades laborales de este órgano jurisdiccional hasta el once de enero de dos mil veintiuno, de conformidad con la Circular CAP/3/2020, que determinó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública del virus Covid-19. REACTIVACIÓN. Sin embargo, mediante la diversa Circular SECNO/1/2021, se estableció en el punto "II" que el ordenamiento aplicable para la operación de este órgano jurisdiccional a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en el que se determinó la reactivación de los plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones. Por lo tanto, se ordena la reactivación del juicio en que se actúa, en el estado procesal en que se encuentra; por lo que, se hace del conocimiento de las partes que los plazos y términos legales que se encontraban suspendidos, en relación a los requerimientos y/o vistas concedidas en autos, se reanudan a partir de la notificación de la presente determinación, en términos de lo dispuesto por el artículo 2, del citado Acuerdo General 21/2020; en el entendido de que subsisten los apercibimientos decretados en autos. ACEPTA CARGO DEFENSOR. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta signado en forma electrónica por el licenciado Juventino Rosas Aceves, Defensor Público Federal; por lo que, en atención a su contenido, téngasele aceptando y protestando el cargo conferido en el presente asunto, como defensor del quejoso Sergio Cardona Espinosa. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Asimismo, como lo solicita el Defensor Público de referencia y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Galeana, número 60, colonia La Magdalena, de esta ciudad de Uruapan, Michoacán. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Por otra parte, como lo solicita, se autoriza la consulta vía electrónica del expediente en que se actúa y para ello, proporciona el nombre de usuario "juroace", de conformidad con los artículos 77 y 78 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal. SE INSTRUYE AL ANALISTA JURÍDICO DE SISE. Se instruye al analista jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice el registro correspondiente en el Sistema y agréguese a los autos la constancia respectiva. CORREO ELECTRÓNICO. Tómese conocimiento de los datos de contacto proporcionados por el ocursante, a saber, los correos electrónicos juventino.rosas.aceves@correo.cjf.gob.mx y nicolas.dimas.perez@correo.cjf.gob.mx; ello a fin de que, por ese conducto, puedan realizarse las notificaciones que se ordenen en el presente asunto, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Consecuentemente, hágase del conocimiento a la parte quejosa tal circunstancia; asimismo, notifíquese al referido defensor el presente proveído para los efectos legales conducentes. DEVUELVE DESPACHO. Por otro lado, con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio 2192.GA, a través del cual el Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Apatzingán, Michoacán, devuelve DEBIDAMENTE DILIGENCIADO el despacho 961/2020 orden 1914/2020, enviado a efecto de notificar al quejoso Sergio Cardona Espinosa, el contenido del proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veinte. SE ORDENA DAR DE BAJA. Ahora, bien, para efectos administrativos, se ordena dar de baja en el Libro de Gobierno, la comunicación oficial de mérito. Lo anterior, sin que sea necesario realizar el acuse de recibo correspondiente, toda vez que la misma fue recibida de manera electrónica. RECURSO DE QUEJA. Por otro lado, vista la cédula de notificación remitida por la autoridad oficiante, de la que se advierte que el tres de diciembre de dos mil veinte, al momento de la práctica de la citada diligencia la parte quejosa Sergio Cardona Espinosa, en la parte que interesa manifestó interponer el recurso procedente contra el desechamiento del presente juicio de garantías. En ese contexto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja hecho valer en contra del proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, dictado en el juicio de amparo en que se actúa, en el que se determinó desechar la demanda, por los motivos ahí expuestos. Por lo anterior, ríndase informe justificado sobre la materia de la queja; sin que sea necesario requerir a las partes a fin de que señalen constancias que deberán remitirse al Tribunal, en virtud de que se envía el original del juicio en que se actúa, previa formación del cuaderno de antecedentes. Remítanse al Tribunal Colegiado que corresponda, impresión por duplicado de la comunicación oficial recibida de manera electrónica, por la cual el quejoso interpuso el recurso de queja que nos ocupa. NOTIFICACION AL QUEJOSO. En ese contexto, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17, "CPS MICHOACÁN", ubicado en el municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 298, 299 y 300, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho, vía correo electrónico, al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda para que, cumpliendo estrictamente las medidas de prevención que resulten indispensables al realizar una notificación, con el objeto de evitar cualquier riesgo de infección y propagación del virus que ha dado lugar a la emisión del Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARSCoV2 (COVID-19), emitido por el Consejo de Salubridad General de los Estados Unidos Mexicanos, notifique al peticionario de amparo Sergio Cardona Espinosa, el presente proveído. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA POR DESPACHO Y A SU DEFENSOR POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO GENERAL 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, once de diciembre de dos mil veinte. SE DESIGNA DEFENSOR [13997]. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio electrónico remitido por el Delegado de la Defensoría Pública Federal, con sede en Morelia, Michoacán, a través del cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veinticinco de noviembre pasado, designa al licenciado Juventino Rosas Aceves, Defensor Público Federal, para que brinde la representación en el presente asunto al quejoso. NOTIFICACIÓN AL DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL. En atención a lo anterior, se ordena notificar al citado defensor, en las oficinas del área de Defensoría Pública, para que dentro del término de tres días computados legalmente, comparezca en este juzgado a aceptar y protestar el cargo conferido; asimismo, para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, en el entendido que de no hacerlo dentro del término señalado, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se le practicarán por listas de acuerdos que se publican en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme a lo establecido por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO. Lo anterior, con el apercibimiento que de no comparecer a aceptar el cargo conferido, dentro del plazo concedido para tal efecto, o de no informar la imposibilidad legal o material que para ello tenga, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida de Actualización, en relación con los artículos 237, fracción I, 259, ambos de la Ley de Amparo. PRECISIÓN. En el entendido que si la notificación se atiende directamente con el nombrado, podrá hacer dichas manifestaciones ante el fedatario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien deberá asentarlo literalmente, para posteriormente dar cuenta al secretario correspondiente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO GENERAL 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL AL DEFENSOR PUBLICO FEDERAL JUVENTINO ROSAS ACEVES.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. SE AVOCA AL CONOCIMIENTO. Téngase por recibido el oficio 4670, signado por el Secretario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, al cual anexa el cuaderno de incompetencia I-536/2020-D de su estadística, en el que obra glosada la demanda de amparo promovida por SERGIO CARDONA ESPINOSA, por su propio derecho, contra actos del Comisionado de Prevención y Readaptación Social (denominación correcta) con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. Lo anterior, toda vez que en proveído de siete de septiembre del año en curso, dicho órgano jurisdiccional determinó carecer de competencia legal para conocer del líbelo constitucional, por los motivos en él expuestos. De conformidad con el primer párrafo del artículo 37 y segundo párrafo del artículo 48, ambos de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito acepta el conocimiento del asunto en el estado procesal en que se encuentra. Comuníquese esta determinación al Juzgado de Distrito remitente, para los efectos legales conducentes. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el Artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 522/2020-I; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo, párrafo de la Ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asuntos, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no formaran parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora bien, de la intelección integral de la demanda de amparo, se extrae que el quejoso señala como autoridades responsables a las siguientes: ORDENADORAS: 1. Director General y/o Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México. 2. Coordinador General de Centros Federales, residente en la Ciudad de México. 3. Director General y/o Titular del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán. EJECUTORAS: 4. Director General y/o Titular del Centro de Reinserción Social para Sentenciados del Fuero Común, residente en el Complejo Penitenciario de Puente Grande, Jalisco. 5. Director General y/o Titular del Centro Metropolitano de Máxima Seguridad del Fuero Común, con sede en el Complejo Penitenciario de Puente Grande, Jalisco. De quienes reclama: "ACTO RECLAMADO: PIDO SE ME TRASLADE AL C.R.S. PARA SENTENCIADOS DEL FUERO COMÚN O AL CENTRO METROPOLITANO DE MÁXIMA SEGURIDAD PARA EL FUERO COMÚN. AMBOS CON SEDE EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE PUENTE GRANDE JALISCO, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA." Lo que se traduce en que al peticionario de amparo lo que realmente le agravia y que por consiguiente atribuye como acto reclamado destacado a las referidas autoridades responsables, lo es que se le mantenga en prisión en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con asentamiento en Buenavista Tomatlán; siendo que la pena privativa de la libertad a la que fue sentenciado por delitos del orden federal ha sido cumplida, quedando únicamente pendiente de compurgar la diversa sentencia que le fue impuesta por ilícitos del orden común. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora, previamente a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo la obligación de examinar dicho presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." En ese tenor, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, el criterio jurisprudencial de mérito refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. DESECHAMIENTO. Establecido lo anterior, la suscrita juzgadora estima que de conformidad en lo dispuesto por el invocado artículo 113, de la Ley de Amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. De acuerdo con lo anterior, para la procedencia del juicio de amparo, es necesario agotar los medios de defensa previstos en la ley; asimismo, vía jurisprudencia se ha sustentado que para los efectos del juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es aquel que se encuentra establecido dentro del procedimiento regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objeto modificar, revocar o nulificar dicho acto. Luego, la suscrita Juzgadora considera necesario sentar que el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece que los Jueces de Distrito podrán examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. Esto es, el Juzgador debe atender a la causa de pedir, es decir, a lo que la parte quejosa quiso decir y no a lo que aparentemente dijo, pues la interpretación de la demanda no puede confundirse de ninguna manera con la suplencia de la deficiente queja, sino apreciar la demanda en su conjunto, como un todo; pues solamente de esta forma se puede lograr una recta impartición de justicia. Resulta aplicable la Jurisprudencia 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 227, Tomo VIII, de agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. En ese sentido, del estudio del escrito de demanda se advierte que, como fue especificado, el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en la pretensión del quejoso Sergio Cardona Espinosa, de ser trasladado del Centro de Reinserción Social número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, donde actualmente guarda reclusión, a diverso centro penitenciario de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco; esto es, que ya no se le mantenga privado de la libertad personal en dicho centro carcelario. Lo anterior, porque a la fecha ha compurgado la pena privativa de la libertad que le fue impuesta por el titular del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, con residencia en Puente Grande, Jalisco, dentro de la causa penal 197/2012, quedando sujeto únicamente a compurgar la pena privativa de la libertad a que fue sentenciado dentro del proceso penal 449/2005, impuesta por el Juez Primero Penal, con residencia en Cieneguillas, Zacatecas, según refiere el agraviado. Acto respecto del cual, la suscrita Jueza estima existe un medio ordinario que debe agotarse previo a acudir al juicio de amparo, en observancia al principio de definitividad. Así es, la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, siendo los principales los siguientes: I. Régimen de internamiento: en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura. II. Régimen disciplinario: en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario. III. Traslados de las personas detenidas: en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. De igual manera, el mismo ordenamiento legal distingue tres tipos de traslados, a saber: Traslados voluntarios: son los que solicita el propio interno ante el Juez y éste lo autoriza. Traslados involuntarios: los que impone la autoridad con previa autorización judicial. Traslados urgentes (o excepcionales): impuestos u ordenados por la autoridad penitenciaria, a través de una resolución administrativa, sin consentimiento del interno, pero con autorización judicial posterior. Por cuanto al primero de los referidos traslados, el numeral 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, refiere que inicia con una petición del propio interno, elevada ante el Juez de Ejecución, quien celebrará una audiencia en la que requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor. En este supuesto, se deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley. Ahora bien, respecto a los traslados involuntarios, de conformidad con el artículo 51 de la ley nacional especial, debe ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. Finalmente, debe decirse que los traslados urgentes o excepcionales surgen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del Juez, más bien por cuenta propia y solamente en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad, pero tiene como requisito importante conforme al artículo 52 de la Ley de Ejecución, notificar al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, quien calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación. En este caso excepcional la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. En este supuesto, en contra de la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá el recurso de apelación, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. De lo anterior, se advierte como regla general la autorización judicial previa del traslado, aunque de manera excepcional se autorizará posterior a su ejecución, en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un Juez. Por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé un sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. Cuando la autorización judicial es posterior, pueden surgir dos vertientes, a saber: un análisis oficioso, y otro, a petición de parte: La Ley de Ejecución en su artículo 52 impone a la autoridad penitenciaria la obligación de notificar al Juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes al traslado, la resolución administrativa que lo ordena, a su vez surge la obligación a cargo del juez de calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado, dentro de cuarenta y ocho horas; esta resolución puede ser apelada por el interno. En este supuesto estamos en presencia de un control jurisdiccional oficioso, pues las autoridades actúan bajo el imperio de la ley. Cuando el juez competente omite calificar la legalidad del traslado, el interno está en posibilidad de combatir la resolución administrativa a través de una controversia judicial, según el artículo 52 en relación con los diversos 116 a 119 de la Ley de Ejecución Penal. Así, con base en lo hasta aquí expuesto, se puede decir que como parte integral de la implementación del nuevo sistema de reinserción social y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. Ahora, el quejoso expuso en la demanda la pretensión de su parte en ser trasladado a un centro de reclusión distinto al en que actualmente se encuentra recluido, y de ello se puede advertir que se encuentra en posibilidad, sin restricción alguna, de iniciar el procedimiento que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal, respecto al traslado voluntario previsto por el citado artículo 50 de la Ley de Ejecución Penal. En ese sentido, se estima que la parte quejosa previo acudir al amparo, de propio derecho debe iniciar el respectivo procedimiento mediante la petición elevada ante el Juez de Ejecución correspondiente, quien celebrará una audiencia en la que requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor, para resolver lo que conforme a derecho proceda, previsto por la Ley de Ejecución Penal; ello, con todas las prerrogativas legales que establece el citado mecanismo de control, al constituir un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si intentara la acción de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 297, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, número de registro 394403, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." De igual manera, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, localizable en la página 678, del Tomo VI, Parte TCC., Séptima Época, número de registro 257209, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del siguiente tenor literal: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Ante ese panorama, es inconcusa la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX; por tanto, procede desechar de plano la demanda, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. SE SOLICITA DESIGNACIÓN DE DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL. En otro contexto, como lo solicita el promovente, a fin de garantizarle una debida asesoría durante el curso de este asunto; con apoyo en los artículos 14, 17 y 20, Apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de los que deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente, requiérase al Delegado del Instituto de la Defensoría Pública Federal, con sede en Morelia, Michoacán, para que en el término de veinticuatro horas, contadas a partir de que reciba el oficio de notificación del presente proveído, designe un asesor jurídico federal en favor del citado promovente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase al promovente designando como domicilio para efectos de oír y recibir notificaciones personales, el centro penitenciario donde guarda reclusión. CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en donde se encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. En ese sentido, en atención al riesgo de contagio que genera el asistir físicamente a lugares público como lo es este Juzgado de Distrito, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio, acatando en todo momento los protocolos y recomendaciones emitidas por la Secretaría General de Salud a efecto de evitar el contagio y propagación del virus denominado COVID-19 entre los justiciables y el personal que lleva a cabo las diligencias correspondientes; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. De igual manera, en términos del artículo 21 del citado Acuerdo General 21/2020 se hace del conocimiento de las partes que los acuerdos que ordenen notificarse por lista se realizarán únicamente mediante la publicación de internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo y términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que éstas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por los medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. Tomando en consideración que el promovente del amparo Sergio Cardona Espinosa, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", ubicado en Buenavista Tomatlán, Michoacán; con fundamento en el artículo 116, párrafo segundo de la Ley de Amparo, gírese atento despacho vía electrónica al Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en Apatzingán, Michoacán, a efecto de que ordene a quien corresponda realice lo siguiente: a) Se constituya en el Centro Federal de Readaptación Social Número Diecisiete "CPS-Michoacán" y solicite le sea puesto a la vista el interno Sergio Cardona Espinosa. b) Hecho lo anterior, deberá notificarle personalmente el contenido íntegro del presente proveído; lo que así deberá asentarse en el acta de notificación correspondiente. En ese sentido, se previene al Juez requerido, que tan pronto como reciba el despacho, sirva ordenar el desahogo de la diligencia encomendada, y en términos de los artículos 282, 300 y 303 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se habilitan días y horas inhábiles para tal efecto; de igual forma, hágasele del conocimiento, que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, remita las constancias al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. APERCIBIMIENTO AL JUEZ DESPACHADO. Se apercibe a la autoridad, que de hacer caso omiso al presente requerimiento en el plazo concedido para tal efecto, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO POR MEDIO DE DESPACHO.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · 4,104 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano