Sergio de Jesús Méndez Hernández

Expediente 1239/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1239/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
10/04/2023

Partes del expediente

  • Sergio de Jesús Méndez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio señalado en la nota de cuenta al expediente en que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes, por medio del cual la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Tercer Circuito, devuelve el testimonio de las constancias deducidas de este juicio de amparo, e informa que dicho órgano colegiado declaró infundado el recurso de reclamación interpuesto por el quejoso contra el acuerdo dictado el treinta de noviembre de dos mil veintidós, que declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto contra el acuerdo emitido por este juzgado el veintiocho de octubre del año próximo pasado. En tales condiciones, se toma nota de lo anterior. I. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado por los normativos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. II. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. III. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3°, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en el acuerdo de cinco de julio del año en curso se desechó la demanda de amparo, por lo que con esa resolución se puso fin al juicio sin decirlo en cuanto al fondo, en términos de lo dispuesto por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso d) del numeral 21 del propio acuerdo; en consecuencia, se ordena su destrucción. IV. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. V. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio señalado en la nota de cuenta al expediente en que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, visto su contenido se advierte que la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Tercer Circuito, acusa de recibo respecto a la remisión de las constancias deducidas de este juicio de amparo, asimismo, informa que dicho órgano colegiado determinó declarar improcedente el recurso de "revisión" interpuesto por el quejoso contra el acuerdo que desechó su demanda de amparo. En tales condiciones, este juzgado toma nota de lo determinado por el tribunal de alzada. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la razón levantada por el actuario el pasado diez de noviembre del año en curso, se advierte que el directo agraviado *** interpone recurso de "revisión" contra el acuerdo de veintiocho de octubre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo. Atento lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), en relación con los diversos 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se ordena remitir copia certificada de la diligencia de notificación al Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo, en turno, del Décimo Tercer Circuito, rendir el informe sobre la materia de la queja y enviar copia certificada de las constancias relacionadas con el auto impugnado. Sin que haya lugar a notificar a las demás partes la presente determinación, para que señalen las constancias que deberán remitirse a quien deba resolver en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, en razón que el auto materia de la queja es el que desechó la demanda, motivo por el cual las demás partes no fueron emplazadas. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el ocurso inicial señalado en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 1239/2022. Desechamiento. De conformidad con lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo, dado que advierte que el juicio constitucional que se promueve es improcedente por las razones que se expondrán a continuación. El precepto citado señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la disposición inserta se desprende que el órgano jurisdiccional debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el precepto 17 de la Constitución Federal no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente improcedente. Por motivo manifiesto debe entenderse lo que se advierte clara y patentemente, y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVII 2º J/11, localizable la página seiscientos cuarenta y ocho, del tomo IX, enero de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Ahora bien, en el caso de estudio este Juzgado considera que debe desecharse la demanda de amparo promovida por *******************, contra actos reclamados al Juez Séptimo del Distrito Judicial de Tamaulipas, con sede en Ciudad Mante. Lo anterior es así, ya que de un análisis a la demanda de amparo, conduce a sostener que se actualiza una hipótesis de inejercicio de la acción de amparo que por ser indudable y manifiesta impide substanciar el juicio constitucional, de acuerdo con las consideraciones siguientes: La parte quejosa señala como actos reclamados del Juez Séptimo del Distrito Judicial de Tamaulipas, con sede en Ciudad Mante, la determinación dictada dentro de la causa penal 62/2016, donde aduce se le negó su traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 CPS-Oaxaca en el que se encuentra recluido, al Centro de Readaptación Social de Ciudad Victoria Tamaulipas o al de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; El artículo transcrito revela que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos por autoridades judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa legal por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre y cuando conforme a las mismas leyes de oficio o con la sola interposición del recurso se suspendan los efectos del acto. El principio de definitividad, que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Por lo que el órgano constitucional está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia, que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. La parte quejosa en su escrito de demanda, específicamente en la relatoría que hace de los antecedentes del acto reclamado y en los conceptos de violación, así como en la fijan del acto reclamado, no refiere haber agotado el recurso de apelación previsto en el numeral 132 de la Ley Nacional de Ejecución de Penas., que procedía contra la determinación dictada dentro de la causa penal 62/2016, por la que se le negó su traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 CPS-Oaxaca en el que se encuentra recluido, al Centro de Readaptación Social de Ciudad Victoria Tamaulipas o al de Nuevo Laredo, Tamaulipas. El artículo 1º y 132 de la Ley Nacional de Ejecución de Penas disponen lo siguiente: "Artículo 1. Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto: I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; (.)" "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: Desechamiento de la solicitud; Modificación o extinción de penas; Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; Ejecución de las sanciones disciplinarias; Ejecución de las sanciones disciplinarias; Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y X. Las demás previstas en esta Ley.". [Énfasis añadido] Del referido precepto se obtiene que si la parte quejosa cuenta con la causa 62/2016, en el que es parte, estuvo en posibilidad de interponer el citado medio ordinario de impugnación, en virtud que las omisiones reclamadas son subsanables mediante la apelación ante el Órgano jurisdiccional, quien en su caso, resolvería confirmar, modificar o resolver la determinación que resolvió la negativa de traslado. Lo anterior, pone en evidencia que previo a promover esta instancia constitucional, la parte quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa que establece la ley que regula el acto reclamado, es decir, el recurso de apelación previsto en el artículo 132 de la Ley Nacional de Ejecución de Penas, que prevé la posibilidad de que las autoridades judicial puedan revisar sus propias determinaciones y dicten la resolución que corresponda, lo que de suyo implica, la posibilidad la posibilidad de subsanar la omisión u omisiones reprochadas. De modo que, al no haberse interpuesto ese medio de defensa previo a la presentación de la demanda de amparo, se actualiza la causal de improcedencia citada con antelación, en atención al principio de definitividad que rige este medio extraordinario de impugnación. Ello, en virtud que en el caso concreto, tampoco se actualiza una excepción a dicho principio como lo sería la carencia de fundamentación, que sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia; toda vez que las omisiones reclamadas son subsanables mediante el recurso que se encuentra previsto expresamente en la ley de la materia -Ley Nacional de Ejecución de Penas-. En consecuencia, con base en lo expuesto en líneas precedentes, al actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el numeral 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Rubén Remedios Nava Reyes, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Apoya el sentido de este fallo, la jurisprudencia 1a./J.90/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN. De la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 42/2007, (1) de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", deriva que el acceso a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos que lo integran: 1) una previa al juicio, a la que atañe el derecho de acceso a la jurisdicción; 2) otra judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, 3) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. En estos términos, el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción debe entenderse como una especie del diverso de petición, que se actualiza cuando ésta se dirige a las autoridades jurisdiccionales, motivando su pronunciamiento. Su fundamento se encuentra en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual corresponde al Estado mexicano impartir justicia a través de las instituciones y procedimientos previstos para tal efecto. Así, es perfectamente compatible con el artículo constitucional referido, que el órgano legislativo establezca condiciones para el acceso a los tribunales y regule distintas vías y procedimientos, cada uno de los cuales tendrá diferentes requisitos de procedencia que deberán cumplirse para justificar el accionar del aparato jurisdiccional, dentro de los cuales pueden establecerse, por ejemplo, aquellos que regulen: i) la admisibilidad de un escrito; ii) la legitimación activa y pasiva de las partes; iii) la representación; iv) la oportunidad en la interposición de la acción, excepción o defensa, recurso o incidente; v) la competencia del órgano ante el cual se promueve; vi) la exhibición de ciertos documentos de los cuales depende la existencia de la acción; y, vii) la procedencia de la vía. En resumen, los requisitos de procedencia, a falta de los cuales se actualiza la improcedencia de una acción, varían dependiendo de la vía que se ejerza y, en esencia, consisten en los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas que deben satisfacerse para la realización de la jurisdicción, es decir, para que el juzgador se encuentre en aptitud de conocer la cuestión de fondo planteada en el caso sometido a su potestad y pueda resolverla, determinando los efectos de dicha resolución. Lo importante en cada caso será que para poder concluir que existe un verdadero acceso a la jurisdicción o a los tribunales, es necesario que se verifique la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que resulten discriminatorios." Sin que obste el hecho que de los antecedentes de la demanda el quejoso haya sido omiso en indicar si la privación de la libertad de la que es objeto, sea consecuencia de prisión preventiva, ejecución de la pena o medida de seguridad, puesto que la Ley Nacional de Ejecución Penal, conforme a su artículo 1º, resulta aplicable a cualquiera de esos supuesto, de ahí, que sea obligatorio agotar, en primera instancia, el recurso de apelación que establece la norma para, revocar, modificar o confirmar la resolución que se emite en materia de traslado. de Domicilio y notificación de la parte quejosa. Se tiene como domicilio procesal del quejoso el que señala en su escrito inicial, a saber, en el Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán, de Porfirio Díaz, Oaxaca, lugar donde se encuentra recluido actualmente. En otro punto, a fin de no retrasar la impartición de justicia en contravención a lo previsto por el ordinal 17 de la Constitución Federal notifíquese al justiciable el presente acuerdo en el lugar donde se encuentra recluido; en ese sentido, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que se constituya el JUEVES DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÒS, en dicho centro penitenciario y le notifique de manera personal este proveído. Esta última determinación no necesita comunicarse al Consejo de la Judicatura Federal, porque ya se hizo lo propio mediante el oficio 16/2017. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese.

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