Sergio de Jesús Mendez Hernandez

Expediente 1457/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1457/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
27/04/2022

Partes del expediente

  • Sergio de Jesús Mendez Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    MESA VI-B. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de abril de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, el Juez, determina lo siguiente: I. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, en el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo ocho, punto "8.1.2" 1. relativo al tratamiento de los expedientes destruibles del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. IV. Así también, se considera que este expediente carece de valor histórico jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro aspecto, por carecer de objeto su permanencia en este Juzgado, devuélvase a la autoridad responsable los seis tomos de pruebas que remitió al momento de rendir su informe justificado. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    CITATORIO. MESA VI-B. S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1457/2021, promovido por Sergio de Jesús Méndez Hernández, en contra del acto que reclama al Juez de Primera Instancia Penal del Séptimo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Mante. El problema jurídico planteado en el presente asunto exige analizar, en el caso de que se cumplan los presupuestos procesales correspondientes para el dictado de una sentencia de fondo, si el acto impugnado vulnera en perjuicio del inconforme los derechos fundamentales de seguridad jurídica y de tutela jurisdiccional efectiva reconocidos por los numerales 1, 8, 17 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ANTECEDENTES El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la entonces Procuraduría General de la República inició la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/034/2016 con motivo de la denuncia por comparecencia que Ana Lucía Martínez Montelongo y Arturo Mata Gloria formularon, en la que relataron diversos hechos constitutivos del delito de secuestro del cual afirmaron que fueron objeto, en cuya comisión aseveraron que participó Sergio de Jesús Méndez Hernández y otra personas; en razón de lo anterior, el referido fiscal dispuso que se practicaran todas las diligencias necesarias para la integración de la citada indagatoria y giró oficio al Titular de la División de Investigación de la entonces Policía Federal para que designara a elementos a su cargo a fin de que realizaran la investigación de los hechos denunciados. El veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, el órgano técnico de investigación ejerció la acción penal sin detenido en contra de Sergio de Jesús Méndez Hernández y otros por su probable responsabilidad en la comisión de los injustos de secuestro agravado y de secuestro en grado de tentativa, previstos y sancionados por el artículo 9, fracción I, inciso a), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del ordinal 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con las agravantes establecidas por el dispositivo 10, fracción I, incisos a), b) y c), del propio ordenamiento y las prevenciones contenidas en los preceptos 7, primer párrafo, fracción II, 8, 9, primer párrafo, 12, 13, fracción III y 63 del Código Penal Federal, perpetrado en agravio de Ana Lucía y de Alma Edith, ambas de apellidos Martínez Montelongo, y de Arturo Mata Gloria; en tal sentido, remitió el original y el duplicado de la citada indagatoria al Juez Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, a quien solicitó que librara una orden de aprehensión en contra del mencionado inculpado y que condenara a este último al pago de la reparación del daño a favor de las víctimas u ofendidos de los antisociales indicados. Por auto de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, registró la causa penal 44/2016 y estableció que dentro del plazo de veinticuatro horas resolvería lo que en derecho procediera. En el acuerdo de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, el Juzgado Federal señalado declaró que carecía de competencia legal, por razón del fuero, para resolver sobre la orden de captura solicitada en contra de Sergio de Jesús Méndez Hernández y declaró que ese presupuesto procesal se surtía a favor del Juez de Primera Instancia Penal del Séptimo Distrito Judicial de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Mante, por lo que dispuso que el proceso penal respectivo se remitiera por conducto de la Agente del Ministerio Público de su adscripción. En el proveído de trece de julio de dos mil dieciséis, el Juez de Primera Instancia Penal del Séptimo Distrito Judicial de Tamaulipas, con asiento en Ciudad Mante, no aceptó la competencia declinada, porque consideró que carecía de competencia legal para resolver sobre la orden de aprehensión solicitada en contra de Sergio de Jesús Méndez Hernández; en ese contexto, planteó un conflicto competencial que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, quien en la ejecutoria respectiva declaró que el Juez de Primera Instancia Penal del Séptimo Distrito Judicial de Tamaulipas, con domicilio en Ciudad Mante, era legalmente competente para conocer de la solicitud de la orden de captura formulada por el órgano técnico de investigación. En el proveído de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, el Juez de Primera Instancia Penal del Séptimo Distrito Judicial de Tamaulipas, con asiento en Ciudad Mante, en atención a la ejecutoria dictada en el conflicto competencial señalado aceptó el conocimiento de la causa penal y la registró bajo el expediente 62/2016; luego, el veintiocho de septiembre posterior giró orden de aprehensión en contra de Sergio de Jesús Méndez Hernández por su probable responsabilidad en la comisión del ilícito de secuestro agravado perpetrado en agravio de Ana Lucía y de Alma Edith, ambas de apellidos Martínez Montelongo, por lo que ordenó comunicar dicho mandamiento al Agente del Ministerio Público de su adscripción para que materializara su ejecución y dispuso que se pusiera al inculpado a su disposición. Mediante oficio CEA/DOR/1468/2017 de catorce de septiembre de dos mil diecisiete, el encargado del despacho de la Dirección de Operación de la Coordinación Estatal Antisecuestros de la entonces Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas informó al Juez del proceso que se cumplimentó la orden de captura decretada en contra del referido encausado y lo puso a su disposición, señalando que se encontraba recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Dos "Occidente", con sede en El Salto, Jalisco; en razón de lo anterior, en el auto de la propia data el Juez primigenio ordenó que se recabara la declaración preparatoria del procesado y giró un exhorto para que se llevara a cabo esa actuación, de ahí que se recibió su declaración preparatoria y se resolvió en su oportunidad su situación jurídica. En el acuerdo de tres de octubre de dos mil veinte, la Juez de Primera Instancia Penal del Séptimo Distrito Judicial de Tamaulipas, con asiento en Ciudad Mante, recibió un comunicado suscrito por el Coordinador General de Prevención y Readaptación Social en ausencia del Comisionado de ese órgano administrativo desconcentrado, mediante el cual informó que el veintiocho de septiembre del año próximo pasado, el inculpado Sergio de Jesús Méndez Hernández fue trasladado del Centro Federal de Readaptación Social Dos "Occidente", con sede en El Salto, Jalisco, al Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. A través del libelo presentado el veintinueve de diciembre de dos mil veinte, el procesado solicitó su traslado del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, al Centro de Ejecución de Sanciones, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, o al Centro Penitenciario Federal Dieciocho "CPS-Coahuila", sito en Ramos Arizpe, Coahuila, porque señaló que esos centros penitenciarios se encontraban cerca de su domicilio y del lugar de residencia del órgano jurisdiccional que conocía de la causa penal instruida en su contra; dicho escrito se recibió en el proveído de la propia fecha, en el que la Juez primaria reservó acordar lo que en derecho correspondía sobre tal petición. En el acuerdo de doce de enero de dos mil veintiuno, la autoridad judicial negó al procesado su traslado del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, al Centro de Ejecución de Sanciones, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, o al Centro Penitenciario Federal Dieciocho "CPS-Coahuila", ubicado en Ramos Arizpe, Coahuila, que solicitó a través del escrito presentado el veintinueve de diciembre de dos mil veinte, porque consideró que era legal el traslado del que fue objeto del Centro Federal de Readaptación Social Dos "Occidente", con asiento en El Salto, Jalisco, al Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca", con domicilio en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Lo anterior, constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Sergio de Jesús Méndez Hernández, suscribió un escrito dirigido al Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Oaxaca en turno, el diez de mayo de dos mil veintiuno, que se advierte depositado en el Servicio Postal Mexicano el catorce siguiente; por oficio 4160/2021, de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, la encargada del despacho del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, remitió dicho libelo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, por considerar que se trata de una demanda de amparo. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1, 8, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, donde quedó registrada con el número 1457/2021; y previo cumplimiento de la prevención contenida en el auto inicial, mediante acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención conducente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló fecha para la audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se combate un acto relacionado con la privación de la libertad del quejoso, que se encuentra interno en un Centro Federal de Readaptación Social con residencia en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. IV. LEGITIMACIÓN Sergio de Jesús Méndez Hernández está legitimado para promover el presente juicio de amparo, pues está probado que es procesado en la causa penal 62/2016 del índice de la responsable; además, el traslado que solicita y que le fue negado, es claro que afecta su esfera jurídica, lo que lo legitima para acudir a esta instancia constitucional. V. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, del contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que los quejosos reclaman del Juez de Primera Instancia Penal del Séptimo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Mante, lo siguiente: El auto de doce de enero de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 62/2016, del índice de la responsable, por el que se acuerda su solicitud de traslado en sentido negativo. VI. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Por razón de método en toda sentencia de amparo, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 212775, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." La Juez de Primera Instancia Penal del Séptimo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Mante, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de los actos reclamados. Informe que adquiere pleno valor probatorio en términos del artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo en relación con los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2º. Lo que se corrobora con las constancias que remitió dicha autoridad, consistentes en copia certificada de constancias deducidas de la causa penal 62/2016 de su índice; medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyos epígrafe y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." VII. PROCEDENCIA Como cuestión preliminar y acorde a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede el estudio de las causas de improcedencia, ya sea de oficio o que invoquen las partes, al tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente. Se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. ." En relación con este artículo, los diversos 17, 18 y 19, de la ley de la materia, señalan textualmente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." De los artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente si no es promovido dentro de los quince días contados a partir de los siguientes supuestos: a. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa; b. Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, o bien; c. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. También deriva de tales disposiciones normativas, como causal de improcedencia del juicio de garantías, la omisión de promover el juicio de amparo dentro de los términos que prevé la ley de la materia; y el plazo para presentar la demanda de amparo, así como el momento a partir de que aquél debe empezar a computarse. Ahora, en el asunto que nos ocupa, de las constancias se advierte que el auto de doce de enero de dos mil veintiuno, dictado por la Juez de Primera Instancia Penal del Séptimo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Mante, en la causa penal 62/2016, por el que se acordó el escrito del quejoso Sergio de Jesús Méndez Hernández, recibido el veinte de diciembre de dos mil veinte, en el que solicitó el traslado del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA" al penal estatal en Ciudad Victoria, Tamaulipas, o al Centro Federal de Readaptación Social número 18 "CPS-RAMOSARISPE" en el Estado de Coahuila, que constituye el motivo de disenso que aquí se analiza, se notificó el citado quejoso el cinco de marzo de dos mil veintiuno, en el interior del centro donde se encuentra recluido el quejoso. Lo anterior se corrobora con lo asentado por el ejecutor adscrito al Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, al diligenciar el exhorto sin número que le fuera remitido mediante oficio TSJ/SGA/EXH00330/2021, de la Secretaría General de Acuerdos Común al Pleno y a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con motivo de la recepción de la comunicación oficial enviada por el Juzgado de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas. Situación que no se encuentra desvirtuada en autos, pues el propio quejoso en su escrito de demanda reconoció que el actuario le notificó el proveído , sin recordar la fecha en que se practicó la notificación ni mayor dato, bajo el argumento que el ejecutor no le dejó copia del auto notificado; sin embargo, dicha manifestación no es suficiente para considerar que se hubiera enterado en fecha distinta, pues no existe indicio en autos de que ello hubiera ocurrido ni el quejoso ofreció prueba alguna con el propósito de acreditar lo contrario. En ese entendido, si la demanda que dio origen a este juicio de amparo 1457/2021, se suscribió el diez de mayo de dos mil veintiuno, como asentó el quejoso de puño y letra, entonces, es evidente que a esa fecha ya había transcurrido el plazo genérico de quince días con que contaba el peticionario para inconformarse en la vía constitucional contra el acto reclamado de referencia, pues la demanda se presentó cuarenta y tres días hábiles después de que se le notificó el auto reclamado. Es así, porque los quince días con que contaba la parte quejosa para promover el juicio de amparo respecto del auto citado, transcurrieron de la siguiente forma: MARZO 2021 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Esto es, si se le notificó el auto reclamado el cinco de marzo de dos mil veintiuno, los quince días para promover el juicio de Amparo transcurrieron del ocho al veintinueve de marzo de ese mismo año; sin embargo, el quejoso decidió esperar hasta el diez de mayo para instar este juicio constitucional, esto es, más de veinte días hábiles después de que feneció el plazo que le concede la Ley de Amparo para acudir al juicio, por lo tanto, su promoción fue extemporánea, actualizándose una causa notoria e indudable de improcedencia que permite concluir que el referido acto reclamado fue consentido tácitamente. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II Agosto de 1995, página 291, correspondiente a la Novena Época, de rubro y texto: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Asimismo, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 202, Tomo XIIIEnero, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." VIII. DECISIÓN En tales circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia en mención, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio, respecto del acto atribuido al Juez de Primera Instancia Penal del Séptimo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Mante, contra el auto de doce de enero de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 62/2016. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Sergio de Jesús Méndez Hernández, en contra de los actos reclamados atribuidos a la autoridad responsable, en términos del considerando VII de la presente resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    MESA VI-B. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de marzo de dos mil veintidós. Vistos los autos, se advierte que el pasado veinticinco de febrero, se ordenó dar vista a las partes con las constancias que adjuntó la autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado; lo que permite concluir que las partes no podrán imponerse de dichas constancias con la anticipación de los ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con motivo de lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día, se reprograma para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MESA VI-B. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Agréguese para que surta sus efectos legales correspondientes el informe de cuenta, por medio del cual, la Juez de Primera Instancia Penal del Séptimo Distrito judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Mante, rinde su informe justificado y remite vía ESTAFETA las constancias para acreditar su dicho; por lo que, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, con las documentales de referencia, dése vista a las partes. Dada la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad responsable de cuenta, fórmense los correspondientes tomos de pruebas por cuerda separada. NOTIFÍQUESE.

Quedan 6 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano