Sergio Daniel Ortega Lopez
Expediente 126/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 126/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 15/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Sergio Daniel Ortega Lopez
- Agente del Ministerio Publico Adscrito A la Unidad Especializada Contra Secuetro Y Extorcion
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 126/2019-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veinticinco de abril de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, toda vez que la autoridad responsable AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA ESPECILIAZADA EN COMBATE AL SECUESTRO Y EXTORSIÓN, remitió diversas constancias por el cual se formó el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 126/2019-IV, promovido por SERGIO DANIEL ORTEGA LÓPEZ y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el uno de febrero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnada ese mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, SERGIO DANIEL ORTEGA LÓPEZ solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada contra el Secuestro y Extorsión. SEGUNDO. Trámite. Por auto de seis de febrero de dos mil diecinueve, se radicó la demanda de amparo con el número 126/2019-IV, y se emitió auto de prevención. Una vez subsanada, por auto de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve se admitió a trámite, se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que dio inicio al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado, se atribuye a una autoridad residente en el Estado de Morelos y en cuyo territorio se emitió el acto que se reclama. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que lo que la parte quejosa reclama del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada contra el Secuestro y Extorsión del Estado de Morelos, es el aseguramiento decretado el doce de enero de dos mil diecinueve, respecto del inmueble identificado como lote de terreno ubicado entre las calles treinta de septiembre y calle José María Morelos, en el poblado de Huazulco, en el municipio de Temoac, Estado de Morelos, en la carpeta de investigación CT-UEPD/5749/2018. TERCERO. Existencia del Acto Reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así lo manifestó al momento de rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las fotocopias certificadas de la carpeta de investigación CT-UEPD/5749/2018, que la responsable adjuntó a su informe justificado, de las que se advierte por auto de doce de enero de dos mil diecinueve, emitió un acuerdo de aseguramiento sobre el inmueble ubicado entre calles José María Morelos y calle treinta de septiembre, en el poblado de Huazulco, del municipio de Temoac, Morelos. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron autorizados por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, una vez analizadas las constancias existentes en autos, quien aquí resuelve estima, que en el caso, procede decretar el sobreseimiento al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, del texto siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que para determinar la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, la quejosa debe acreditar el interés jurídico o legítimo, que le asiste cuando promueve la acción, de la siguiente manera: a) Tratándose del interés jurídico: es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. b) Por lo que respecta al interés legítimo: se debe acreditar la presencia de una norma que establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada; la afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama; y, la pertenencia de la parte quejosa a dicha colectividad. Lo anterior guarda sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), Décima Época, de número de registro 2019456, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que el agraviado acredite contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo. Así, es preciso señalar, que de acuerdo a lo previsto en los artículos 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal y artículo 5°, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo el quejoso se encuentra obligado a justificar que tiene interés jurídico es decir, un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; ello en razón de que reclama actos provenientes del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada contra el Secuestro y Extorsión, sobre bienes que aduce son de su propiedad, descartándose por lo tanto, el análisis del interés legítimo (individual o colectivo). En ese orden de ideas, resulta apropiado citar el artículo 107, fracción I de la Constitución Federal, que en la parte que interesa establece lo siguiente: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Asimismo, conviene citar el contenido de los artículos 1º, fracción I y 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De los dispositivos legales antes transcritos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo cual implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de ese juicio, es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que al quejoso corresponde en relación con los derechos y obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. A mayor abundamiento, el juicio de amparo tiene por objeto proteger al impetrante contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen sus derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, siempre que tales actos produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, resulta claro que el interés jurídico de quien promueve el juicio de amparo, sólo se actualiza en la medida que demuestra que el acto de autoridad reclamado, produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, entendiéndose por esfera jurídica, el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden, por lo que es condición indispensable que la parte que asegura resentir una lesión en sus intereses, acredite fehacientemente y sin lugar a dudas, que el acto autoritario afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley, en atención a que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. De esta manera, si los actos de autoridad no se refieren a un derecho perteneciente a la esfera jurídica del peticionario de protección constitucional, éste carece de interés jurídico para impugnarlos. Así, la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe entenderse en el sentido de que antes de proceder al estudio de la constitucionalidad del acto, es menester analizar si en la especie se demuestra el interés jurídico del promovente del juicio de amparo, dado que ello es presupuesto indispensable para el examen de la acción constitucional, es decir, debe existir un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa trasgresión. Ahora bien, en el caso en específico el quejoso señaló como acto reclamado el aseguramiento del inmueble identificado como lote de terreno ubicado entre las calles treinta de septiembre y calle José María Morelos, en el poblado de Huazulco, en el municipio de Temoac, Estado de Morelos decretado el doce de enero de dos mil diecinueve por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada contra el Secuestro y Extorsión del Estado de Morelos, en la carpeta de investigación CT-UEPD/5749/2018; sin embargo, no acredita la afectación a su esfera jurídica por lo que en seguida se expondrá. Como ya se mencionó, el impetrante refiere que la orden de aseguramiento combatida resulta violatoria de sus derechos humanos, al asegurar que el bien inmueble antes indicado es de su propiedad con motivo del contrato privado de compraventa celebrado entre Mario Sánchez Vega, en su carácter de vendedor y por otra parte el quejoso Sergio Daniel Ortega López, como comprador; documento original que anexó a su escrito inicial de demanda. Asimismo, el impetrante de amparo también aportó a este sumario constitucional, para acreditar el interés jurídico, escrito de fecha treinta enero de dos mil diecinueve, al parecer expedido por la Notario Público Número Noventa y Uno del Estado de México, mediante el cual se indica que en dicha notaría se está formalizando la compraventa del inmueble ubicado en calle treinta de septiembre y calle José María Morelos, en el poblado de Huazulco, del municipio de Temoac, en el Estado de Morelos, realizada entre Sergio Daniel Ortega López como parte compradora y Sánchez Vega Mario, como parte vendedora. Sin embargo, los anteriores elementos de prueba no demuestran el interés jurídico requerido para la procedencia del presente juicio constitucional, en atención a que el contrato privado de compraventa en mérito, si bien puede estimarse que para efectos del presente juicio de amparo, adquirió fecha cierta el treinta de enero de dos mil diecinueve, momento en que se puso a la vista de la Notario Público Número Noventa y Uno del Estado de México para la formalización del mismo, no resulta eficaz para justificar plenamente que el impetrante de amparo detentaba la propiedad del inmueble cuyo aseguramiento reclama, en la época en que se verificó el acto reclamado. Lo anterior es así, ya que en el juicio constitucional debe probarse, fehacientemente, y no inferirse de indicios que el agraviado, en términos del artículo 965 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, ejerce un poder de hecho sobre el bien inmueble del cual afirma se le priva de poseer al haber sido materia de aseguramiento. De igual forma, de conformidad con los artículos 4°, 1804, 1805, 1807 y 1808, de la legislación local civil antes señalada, la compraventa se perfecciona y surte plenamente sus efectos, tratándose de bienes inmuebles, hasta su inscripción en el Registro Público de la Propiedad. Ahora bien, dados sus efectos constitutivos, para estimar válida tanto la traslación del dominio como la constitución del derecho real de propiedad a favor del comprador, resulta indispensable que se verifique su inscripción. En tales condiciones, para efectos del juicio de amparo, debe considerarse inidóneo el contrato de compraventa carente de inscripción registral si a través de dicho documento el quejoso pretende acreditar su interés jurídico al instar el amparo biinstancial en defensa de su derecho de propiedad, aun cuando aquél cuente con fecha cierta, en virtud de actualizarse una hipótesis distinta a la citada inscripción registral ya que, en tal caso, el consabido derecho subjetivo público de propiedad aún no se encuentra constituido, dados los términos en que el legislador local lo dispuso, pues será hasta que se inscriba ante el Registro Público de la Propiedad cuando el pacto volitivo se perfeccione y surta plenamente sus efectos Sirve de apoyo en lo conducente la tesis de jurisprudencia XXVII.3o. J/13 (10a.) sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la página 1945, libro 21, agosto de 2015, tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2009747, de rubro siguiente: "CONTRATO DE COMPRAVENTA DE FECHA CIERTA CARENTE DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL. ES INSUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO EN DEFENSA DE SU DERECHO DE PROPIEDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)." Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; desde la fecha en que se presente ante un fedatario público (como ocurre en el caso), o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Asimismo, cuando ante un fedatario público se presenta un instrumento privado para su reproducción y certificación, la fe pública y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento reproducido existía en la fecha en que se realizó tal reproducción y cotejo. Por lo que la fecha cierta se adquiere a partir de dicha certificación y no a partir de la fecha que está asentada en el documento, sin que tal certificación notarial deba equipararse con los efectos jurídicos de una certificación notarial de la autenticidad de las firmas ni califica la legalidad del documento o de lo expresado en él. Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente y por analogía, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 33/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 314, del Tomo XXXII, Agosto de 010, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 164080, de rubro : "DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO LO HACE DE FECHA CIERTA A PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU REPRODUCCIÓN Y, ÚNICAMENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE EXISTÍA EN ESE MOMENTO." De igual manera, sirve de apoyo, la tesis VI.1o.175 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 315, del Tomo XV-II, Febrero de 1995, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. Solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un registro público, o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes." Aunado a lo anterior, también es ineficiente el contrato privado de compraventa en cuestión, pues si bien se celebró el trece de marzo de dos mil ocho, fue hasta el treinta enero de dos mil diecinueve, cuando únicamente para efectos de este asunto puede estimarse que adquirió fecha cierta, ya que en dicha data fue cuando la Notario Público Número Noventa y Uno del Estado de México, presuntamente expidió un escrito en el que manifestó que se estaba formalizando la compraventa entre Mario Sánchez Vega, en su carácter de vendedor y por otra parte Sergio Daniel Ortega López, como comprador, respecto del bien inmueble materia del presente asunto, lo que deja de manifiesto que a la fecha en que el contrato de compraventa adquirió fecha cierta, el aseguramiento del bien inmueble ya se había realizado, toda vez que ello ocurrió el doce de enero de dos mil diecinueve. En esa tesitura, resulta inconcuso que el hoy inconforme en el caso de otorgarle eficacia legal al indicado ocurso del Notario sería causahabiente de Mario Sánchez Vega quien en su momento fue el vendedor de dicho bien inmueble, toda vez que la causahabiencia implica la sustitución de una persona por otra, respecto de un mismo derecho, consecuentemente, en la data en que presuntivamente se justificó la fecha cierta del indicado contrato, es evidente que el peticionario del amparo adquirió dicho bien teniendo pleno conocimiento de que el mismo había sido materia de aseguramiento por autoridades Ministeriales, pues como ya se había dicho, a la fecha en que el contrato privado de compraventa adquirió fecha cierta, el aseguramiento ya se había consumado. No obsta para lo anterior, lo previsto en la jurisprudencia en materia común 2a./J. 34/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XVII, abril de 2003, página 189, registro 184528, de rubro: "CAUSAHABIENCIA. NO ES POR SÍ MISMA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO." Dado que, si bien la jurisprudencia citada señala que la causahabiencia no se encuentra prevista como una causa de improcedencia, por lo que no se puede sobreseer en el juicio por ese motivo, es de señalarse que el sobreseimiento no se determina con motivo de la causahabiencia en sí misma considerada, sino en atención a que el quejoso en ningún momento acreditó su interés jurídico en el presente juicio de amparo. Por tanto, como se ha sostenido, los medios de convicción de referencia carecen de eficacia probatoria plena, por sí, para acreditar el interés jurídico del quejoso, sin que el garante haya ofrecido diversas pruebas con las que acredite detentar la propiedad material del inmueble, la cual debe ser permanente, continua y actual. De ese modo, es inconcuso que el impetrante de amparo no acreditó, en forma fehaciente, su interés jurídico para la procedencia del juicio de amparo, el cual, como ya se dijo, debe probarse en forma plena y no inferirse con base en indicios. De lo anterior se obtiene que no se cumple con el requisito de interés jurídico que establece la Ley de Amparo, dado que no se desprende de la mencionada documental que el acto reclamado afecte de manera directa, real, objetiva y jurídica los derechos del hoy quejoso, por ello, aunque alegue ser propietario del inmueble, materia del documento que anexa, al margen de cualquier consideración que pudiera hacerse en torno a la veracidad o no para efectos de terceros pues solo se atendió a su alcance en este juicio; ello no le incorpora derecho autónomo alguno para acudir al juicio de amparo a impugnar el acto aquí recurrido, de ahí que se concluye que tal acto no le cause perjuicio en sus derechos subjetivos. No pasa desapercibido para este juzgador que si bien, mediante auto de doce de marzo del año en curso, se dio vista a la agente del Ministerio Público adscrita para que en uso de sus facultades legales y constitucionales, de estimarlo procedente se avocara al conocimiento de los hechos por los posibles actos constitutivos de delito, ello en virtud de las constancias remitidas por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada contra el Secuestro y Extorsión, de las que se advierte que la Notario Público Número Noventa y Uno del Estado de México, desconoció la expedición del escrito de treinta de enero del año en curso, en el que supuestamente se indica que en dicha notaría se está formalizando la compraventa del inmueble ubicado en calle treinta de septiembre y calle José María Morelos, en el poblado de Huazulco, del municipio de Temoac, en el Estado de Morelos, realizada entre Sergio Daniel Ortega López como parte compradora y Sánchez Vega Mario. Sin embargo, durante la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, no se advierte que alguna las partes haya objetado de falso dicho documento ni ofrecido medio de convicción para demostrarlo conforme a lo dispuesto por el artículo 122 de la Ley de Amparo, por lo que la autenticidad del mismo no queda desvirtuada. En ese contexto, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de garantías promovido por SERGIO DANIEL ORTEGA LÓPEZ, respecto a los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hasta el día de hoy veinticinco de abril de dos mil diecinueve, en que las labores de este juzgado lo permitieron, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes
- Sergio Ayal Beltran569/2021
- Sergio Ayala Beltrán584/2021
- Sergio Canseco Bayardy1065/2016
- Sergio Chávez Paz2421/2014
- Sergio Cortes Hernández1205/2016
- Sergio Cortes Velazquez566/2019
- Sergio Diaz Dominguez1086/2017
- Sergio Díaz Gamboa212/2016
- Sergio Diaz Lorenzo772/2022
- Sergio Edu Rendon Sedano371/2015
- Sergio Elgar Cortés González1193/2014
- Sergio Enrique Villaba Gómez2007/2018