Sergio Ayala Beltrán

Expediente 584/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
584/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
14/07/2021

Partes del expediente

  • Sergio Ayala Beltrán
  • Instituto Mexicano del Seguro Social

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de julio de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción d), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Gabriela Tirado Ruiz, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, Encargada del Despacho por vacaciones del Titular autorizadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y comunicada mediante oficio CCJ/ST/2059/2021 de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    CITATORIO.- PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del once de junio de dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, a once de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la comparecencia que antecede, de la que se advierte que Sergio Ayala Beltrán compareció a ratificar el escrito presentado en este juzgado el tres de junio del año en curso, registrado bajo el folio 7528. Visto el escrito de demanda promovido por SERGIO AYALA BELTRÁN, por propio derecho, contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se provee: DESECHAMIENTO. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13º.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que, de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: De la lectura de la demanda se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: La reasignación de clínica para la realización de tratamiento subrogado de hemodiálisis por parte del IMSS, a la Clínica San Pablo S. A. de C. V. sin que dicha clínica cuente con los elementos mínimos indispensables para el otorgamiento de tratamiento a nivel masivo, poniendo en riesgo su vida. La omisión del Instituto Mexicano del Seguro Social de hacer cumplir a las autoridades subrogadas las medidas de reapertura, particularmente al cuidado de personas vulnerables con motivo de la enfermedad por el virus SARSCoV2 (covid-19) y la realización correcta de las sesiones de hemodiálisis. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, de la de la Ley de Amparo, interpretado el último precepto a contrario sensu, que en lo que interesa, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)" "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (...)" De los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo no es procedente, cuando los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, porque tal y como enseguida se observará, tiene el carácter de autoridades aquellas que con independencia de su naturaleza formal, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, es importante hacer énfasis en que existen diversos tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y de sus gobernados, a saber: I.- Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de particulares, en la cual estos actúan en un mismo plano, o sea, de igualdad; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral y se requiere de la intervención de un tribunal ordinario, expresa y legalmente facultado para dirimir las controversias que se susciten entre las partes contendientes. II.- Las relaciones de supra a subordinación, que son aquellas que surgen entre los órganos de la autoridad, por una parte; y, por la otra, el gobernado; en dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características: la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que, si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En ese orden de ideas, cabe decir que el juicio de amparo procede únicamente contra actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, pues son dichos actos los que revisten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Por su parte, debe decirse que el Estado ostenta una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados en un vínculo de supra a subordinación; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares, en una relación de coordinación. Ahora bien, se estima necesario establecer que la parte quejosa en su escrito de demanda en esencia reclama la reasignación de clínica para la realización de tratamiento subrogado de hemodiálisis por parte del IMSS, a la Clínica San Pablo S. A. de C. V. y la omisión del Instituto Mexicano del Seguro Social de hacer cumplir a las autoridades subrogadas las medidas de reapertura, particularmente al cuidado de personas vulnerables con motivo de la enfermedad por el virus SARSCoV2 (covid-19) y la realización correcta de las sesiones de hemodiálisis. En ese orden de ideas, es importante resaltar que el Instituto Mexicano del Seguro Social, tienen un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De órgano asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero que otorga la Ley del Seguro Social. Así, la relación jurídica que une al Instituto Mexicano del Seguro Social y en el caso la Clínica San Pablo S.A. de C.V., con los asegurados y sus beneficiarios no es la de un órgano fiscal autónomo y, por ende, cuando actúa frente a ellos no lo hace con su potestad de autoridad, pues actúa en sustitución del patrón en la prestación de los servicios de seguridad social en la que no está investido de imperio. Esto es, se trata de una relación de coordinación, la cual, como ya se dijo, es la entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En ese sentido, resulta inconcuso que el vínculo jurídico que entabla el hoy quejoso con el referido organismo descentralizado y la clínica que se subroga en sus obligaciones, constituye una relación de coordinación en la que éstos no actúan investidos de imperio, pues concurren como ente asegurador que tiene entre sus objetivos fundamentales organizar y administrar el seguro social, servicio público de carácter nacional. Con base en lo anterior, no puede considerarse al Instituto Mexicano del Seguro Social como autoridad para efectos del presente juicio constitucional, pues no actúa con potestad de imperio en los actos reclamados, sino que su relación es como ente asegurador de SERGIO AYALA BELTRÁN, quien se advierte es derechohabiente de dicho instituto, por lo que no llega a darse el supuesto de que los actos combatidos sean de autoridad. Por lo anterior, es claro que los actos aquí reclamados no pueden considerarse como actos de autoridad, porque que el vínculo jurídico que entabla el gobernado con el referido organismo descentralizado y su autoridad subrogada, constituye una relación de coordinación en la que el Instituto Mexicano del Seguro Social sustituye al patrón y no acude investido de imperio. Ahora bien, los actos del organismo descentralizado en su carácter de ente asegurador, por regla general son inimpugnables mediante el juicio de amparo, al establecerse como se indicó, un vínculo de coordinación con los particulares, derivado de una relación contractual y en sustitución del patrón, que involucra diversos derechos, como los de jubilación, guarderías o licencias por enfermedad y atención de la salud. No obstante, es de destacarse que el Constituyente Federal y la comunidad internacional han creado normas con la finalidad de obtener el ejercicio pleno del derecho fundamental a la protección de la salud, mediante reglas obligatorias tendentes a la prestación del servicio médico de prevención y asistencial de la salud física y mental de las personas. Para su efectividad, el Estado Mexicano instituyó organismos como el Instituto Mexicano del Seguro Social. Así, por ejemplo, el artículo 2 de la Ley del Seguro Social establece entre otras cuestiones, que la seguridad social tiene como finalidad, garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. De esa manera, el goce del grado máximo de salud que pueda lograrse, es uno de los derechos de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social, por lo cual, deben generarse condiciones en las cuales todos puedan vivir lo más saludablemente posible. En ese sentido, atendiendo al concepto amplio de autoridad establecido en el artículo 5º. fracción II de la Ley de Amparo, se concluye que, en los casos en los que el acto reclamado se hace consistir en la negativa u omisión del instituto de suministrar tratamiento médico a uno de sus asegurados, esa entidad sí tendría el carácter de autoridad, en virtud de que dicho instituto es responsable de proporcionar ese servicio, que forma parte integrante del derecho de acceso a la salud, consagrado en el artículo 4º. constitucional y, en consecuencia, la omisión o negativa de hacerlo constituiría un acto que tendría las características atinentes a los actos de autoridad. Sin embargo, en el caso, el promovente no combate propiamente la omisión o la negativa de prestación del servicio de atención médica en relación a su padecimiento de insuficiencia renal crónica; toda vez que narra que desde que fue diagnosticado de dicho padecimiento se le ha brindado atención médica por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social a través de las personas morales privadas subrogadas que menciona en la demanda, y que a partir del quince de abril de dos mil veintiuno, el servicio de hemodiálisis le ha sido realizado con la intervención de la Clínica San Pablo Sociedad Anónima de Capital Variable, quien se subrogó en los deberes del citado instituto. En ese sentido, refiere gozar de la atención a su padecimiento, aunque indica que a su juicio no se otorga con las condiciones de calidad que considera necesarias, tales como que la persona que puncione el acceso vascular (fistula) cuente con la experiencia, preparación y capacidad para realizar el procedimiento y que debería ser supervisado por un nefrólogo; aunado a que se tengan los insumos y protocolos debidamente establecidos y que le han dejado hematomas e inflamación, como el veintiuno de mayo en que, afirmó, fue atendido de manera habitual en que fue puncionado después de varios intentos y que se le dejó hematomas en el brazo. No obstante, es dable concluir que se está ante un reclamo acerca de la calidad técnica de las personas que lo atienden y de los procedimientos que se practican, pero de modo alguno se está ante el supuesto de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, al no combatir la negativa u omisión de prestarle los servicios de salud que, refiere, se le prestan de manera habitual. Tiene sustento a lo anterior la Jurisprudencia VIII.2º.P.A. J/32, con registro digital: 164027, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 2032, de rubro siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO EMITE ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS U OMISIVOS, COMO ENTE ASEGURADOR, EN SUSTITUCIÓN DEL PATRÓN". Máxime que mediante el estudio preliminar de las circunstancias particulares y elementos expuestos en el escrito de demanda el juzgador de amparo no advierte que el quejoso requiera de atención curativa, de rehabilitación o de urgencia médica, pues refiere expresamente que la está recibiendo; por lo tanto, no se está ante el reclamo de una falta de atención oportuna que pudiera someter al quejoso a un estado patológico que conllevara consecuencias irreversibles en su estado de salud o la pérdida de su vida, ni que se comprometa gravemente su dignidad e integridad personal; precisamente porque refiere que la hemodiálisis que requiere le está siendo proporcionada de manera habitual. Consecuentemente, el presente juicio de amparo no es el medio para reclamar que los servicios de salud que recibe se otorguen en las condiciones que el quejoso considera, máxime que con lo aquí resuelto, no se deja en estado de indefensión al quejoso, pues si bien refiere ser atendido por la autoridad subrogada Clínica San Pablo Sociedad Anónima de Capital Variable; aduce que la forma en que realiza el procedimiento de hemodiálisis no es correcto; motivo por el cual, en términos del artículo 296 de la Ley del Seguro Social, ante la insatisfacción de la prestación del servicio de atención médica que se le brinda, el quejoso (derechohabiente) puede interponer ante el Instituto queja administrativa, siempre que los mismos no constituyan un acto definitivo impugnable a través del recurso de inconformidad. Incluso, debe decirse que el artículo 295 de la citada Ley del Seguro Social dispone que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre las prestaciones que la propia ley otorga, serán resueltas por los Tribunales Federales en Materia Laboral, en el caso, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En efecto, al tratarse de la prestación de los servicios de salud que recibe de parte del Instituto Mexicano del Seguro Social como ente asegurador, los conflictos que se susciten entre el referido instituto y las empresas que se subrogan en la prestación de sus servicios, con los asegurados, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123 apartado A de la Constitución General de la República. En las condiciones apuntadas, se estima que el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Sirve de sustento a lo anterior por analogía la Jurisprudencia de la de número de registro digital 160995, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1511, del siguiente rubro y texto: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL.". Consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 1 fracción I y 5 fracción II, todos de la de la Ley de Amparo, interpretado el último precepto interpretado en sentido contrario, y por tanto se desecha de plano la demanda. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a once de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la comparecencia que antecede, de la que se advierte que Sergio Ayala Beltrán compareció a ratificar el escrito presentado en este juzgado el tres de junio del año en curso, registrado bajo el folio 7528. Visto el escrito de demanda promovido por SERGIO AYALA BELTRÁN, por propio derecho, contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se provee: DESECHAMIENTO. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que, de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: De la lectura de la demanda se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: La reasignación de clínica para la realización de tratamiento subrogado de hemodiálisis por parte del IMSS, a la Clínica San Pablo S. A. de C. V. sin que dicha clínica cuente con los elementos mínimos indispensables para el otorgamiento de tratamiento a nivel masivo, poniendo en riesgo su vida. La omisión del Instituto Mexicano del Seguro Social de hacer cumplir a las autoridades subrogadas las medidas de reapertura, particularmente al cuidado de personas vulnerables con motivo de la enfermedad por el virus SARSCoV2 (covid-19) y la realización correcta de las sesiones de hemodiálisis. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, de la de la Ley de Amparo, interpretado el último precepto a contrario sensu, que en lo que interesa, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (...)" De los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo no es procedente, cuando los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, porque tal y como enseguida se observará, tiene el carácter de autoridades aquellas que con independencia de su naturaleza formal, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, es importante hacer énfasis en que existen diversos tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y de sus gobernados, a saber: I.- Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de particulares, en la cual estos actúan en un mismo plano, o sea, de igualdad; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral y se requiere de la intervención de un tribunal ordinario, expresa y legalmente facultado para dirimir las controversias que se susciten entre las partes contendientes. II.- Las relaciones de supra a subordinación, que son aquellas que surgen entre los órganos de la autoridad, por una parte; y, por la otra, el gobernado; en dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características: la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que, si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En ese orden de ideas, cabe decir que el juicio de amparo procede únicamente contra actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, pues son dichos actos los que revisten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Por su parte, debe decirse que el Estado ostenta una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados en un vínculo de supra a subordinación; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares, en una relación de coordinación. Ahora bien, se estima necesario establecer que la parte quejosa en su escrito de demanda en esencia reclama la reasignación de clínica para la realización de tratamiento subrogado de hemodiálisis por parte del IMSS, a la Clínica San Pablo S. A. de C. V. y la omisión del Instituto Mexicano del Seguro Social de hacer cumplir a las autoridades subrogadas las medidas de reapertura, particularmente al cuidado de personas vulnerables con motivo de la enfermedad por el virus SARSCoV2 (covid-19) y la realización correcta de las sesiones de hemodiálisis. En ese orden de ideas, es importante resaltar que el Instituto Mexicano del Seguro Social, tienen un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De órgano asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero que otorga la Ley del Seguro Social. Así, la relación jurídica que une al Instituto Mexicano del Seguro Social y en el caso la Clínica San Pablo S.A. de C.V., con los asegurados y sus beneficiarios no es la de un órgano fiscal autónomo y, por ende, cuando actúa frente a ellos no lo hace con su potestad de autoridad, pues actúa en sustitución del patrón en la prestación de los servicios de seguridad social en la que no está investido de imperio. Esto es, se trata de una relación de coordinación, la cual, como ya se dijo, es la entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En ese sentido, resulta inconcuso que el vínculo jurídico que entabla el hoy quejoso con el referido organismo descentralizado y la clínica que se subroga en sus obligaciones, constituye una relación de coordinación en la que éstos no actúan investidos de imperio, pues concurren como ente asegurador que tiene entre sus objetivos fundamentales organizar y administrar el seguro social, servicio público de carácter nacional. Con base en lo anterior, no puede considerarse al Instituto Mexicano del Seguro Social como autoridad para efectos del presente juicio constitucional, pues no actúa con potestad de imperio en los actos reclamados, sino que su relación es como ente asegurador de SERGIO AYALA BELTRÁN, quien se advierte es derechohabiente de dicho instituto, por lo que no llega a darse el supuesto de que los actos combatidos sean de autoridad. Por lo anterior, es claro que los actos aquí reclamados no pueden considerarse como actos de autoridad, porque que el vínculo jurídico que entabla el gobernado con el referido organismo descentralizado y su autoridad subrogada, constituye una relación de coordinación en la que el Instituto Mexicano del Seguro Social sustituye al patrón y no acude investido de imperio. Ahora bien, los actos del organismo descentralizado en su carácter de ente asegurador, por regla general son inimpugnables mediante el juicio de amparo, al establecerse como se indicó, un vínculo de coordinación con los particulares, derivado de una relación contractual y en sustitución del patrón, que involucra diversos derechos, como los de jubilación, guarderías o licencias por enfermedad y atención de la salud. No obstante, es de destacarse que el Constituyente Federal y la comunidad internacional han creado normas con la finalidad de obtener el ejercicio pleno del derecho fundamental a la protección de la salud, mediante reglas obligatorias tendentes a la prestación del servicio médico de prevención y asistencial de la salud física y mental de las personas. Para su efectividad, el Estado Mexicano instituyó organismos como el Instituto Mexicano del Seguro Social. Así, por ejemplo, el artículo 2 de la Ley del Seguro Social establece entre otras cuestiones, que la seguridad social tiene como finalidad, garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. De esa manera, el goce del grado máximo de salud que pueda lograrse, es uno de los derechos de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social, por lo cual, deben generarse condiciones en las cuales todos puedan vivir lo más saludablemente posible. En ese sentido, atendiendo al concepto amplio de autoridad establecido en el artículo 5o. fracción II de la Ley de Amparo, se concluye que, en los casos en los que el acto reclamado se hace consistir en la negativa u omisión del instituto de suministrar tratamiento médico a uno de sus asegurados, esa entidad sí tendría el carácter de autoridad, en virtud de que dicho instituto es responsable de proporcionar ese servicio, que forma parte integrante del derecho de acceso a la salud, consagrado en el artículo 4o. constitucional y, en consecuencia, la omisión o negativa de hacerlo constituiría un acto que tendría las características atinentes a los actos de autoridad. Sin embargo, en el caso, el promovente no combate propiamente la omisión o la negativa de prestación del servicio de atención médica en relación a su padecimiento de insuficiencia renal crónica; toda vez que narra que desde que fue diagnosticado de dicho padecimiento se le ha brindado atención médica por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social a través de las personas morales privadas subrogadas que menciona en la demanda, y que a partir del quince de abril de dos mil veintiuno, el servicio de hemodiálisis le ha sido realizado con la intervención de la Clínica San Pablo Sociedad Anónima de Capital Variable, quien se subrogó en los deberes del citado instituto. En ese sentido, refiere gozar de la atención a su padecimiento, aunque indica que a su juicio no se otorga con las condiciones de calidad que considera necesarias, tales como que la persona que puncione el acceso vascular (fistula) cuente con la experiencia, preparación y capacidad para realizar el procedimiento y que debería ser supervisado por un nefrólogo; aunado a que se tengan los insumos y protocolos debidamente establecidos y que le han dejado hematomas e inflamación, como el veintiuno de mayo en que, afirmó, fue atendido de manera habitual en que fue puncionado después de varios intentos y que se le dejó hematomas en el brazo. No obstante, es dable concluir que se está ante un reclamo acerca de la calidad técnica de las personas que lo atienden y de los procedimientos que se practican, pero de modo alguno se está ante el supuesto de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, al no combatir la negativa u omisión de prestarle los servicios de salud que, refiere, se le prestan de manera habitual. Tiene sustento a lo anterior la Jurisprudencia VIII.2o.P.A. J/32, con registro digital: 164027, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 2032, de rubro siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO EMITE ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS U OMISIVOS, COMO ENTE ASEGURADOR, EN SUSTITUCIÓN DEL PATRÓN". Máxime que mediante el estudio preliminar de las circunstancias particulares y elementos expuestos en el escrito de demanda el juzgador de amparo no advierte que el quejoso requiera de atención curativa, de rehabilitación o de urgencia médica, pues refiere expresamente que la está recibiendo; por lo tanto, no se está ante el reclamo de una falta de atención oportuna que pudiera someter al quejoso a un estado patológico que conllevara consecuencias irreversibles en su estado de salud o la pérdida de su vida, ni que se comprometa gravemente su dignidad e integridad personal; precisamente porque refiere que la hemodiálisis que requiere le está siendo proporcionada de manera habitual. Consecuentemente, el presente juicio de amparo no es el medio para reclamar que los servicios de salud que recibe se otorguen en las condiciones que el quejoso considera, máxime que con lo aquí resuelto, no se deja en estado de indefensión al quejoso, pues si bien refiere ser atendido por la autoridad subrogada Clínica San Pablo Sociedad Anónima de Capital Variable; aduce que la forma en que realiza el procedimiento de hemodiálisis no es correcto; motivo por el cual, en términos del artículo 296 de la Ley del Seguro Social, ante la insatisfacción de la prestación del servicio de atención médica que se le brinda, el quejoso (derechohabiente) puede interponer ante el Instituto queja administrativa, siempre que los mismos no constituyan un acto definitivo impugnable a través del recurso de inconformidad. Incluso, debe decirse que el artículo 295 de la citada Ley del Seguro Social dispone que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre las prestaciones que la propia ley otorga, serán resueltas por los Tribunales Federales en Materia Laboral, en el caso, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En efecto, al tratarse de la prestación de los servicios de salud que recibe de parte del Instituto Mexicano del Seguro Social como ente asegurador, los conflictos que se susciten entre el referido instituto y las empresas que se subrogan en la prestación de sus servicios, con los asegurados, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123 apartado A de la Constitución General de la República. En las condiciones apuntadas, se estima que el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Sirve de sustento a lo anterior por analogía la Jurisprudencia de la de número de registro digital 160995, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1511, del siguiente rubro y texto: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL.". Consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 1 fracción I y 5 fracción II, todos de la de la Ley de Amparo, interpretado el último precepto interpretado en sentido contrario, y por tanto se desecha de plano la demanda. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    AVISO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la TERCERO INTERESADA: BENITA RODRÍGUEZ URIOSTEGUI, el auto y/o resolución de CATORCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo 240/2019-IV, se advierte que en el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, no se constata la notificación realizada a la tercera interesada BENITA RODRÍGUEZ URIOSTEGUI, respecto al acuerdo de veinte de octubre del dos mil veinte. En tal virtud, toda vez que el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo establece que el expediente electrónico debe coincidir fiel y exactamente con el físico, se instruye al Actuario adscrito, para que proceda a subir al expediente electrónico la notificación faltante o en caso de que no se haya practicado ésta, inmediatamente notifique personalmente a la tercera interesada BENITA RODRÍGUEZ URIOSTEGUI, el acuerdo de veinte de octubre de dos mil veinte. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Data que se señala, en razón de la alta carga de trabajo generada con motivo de la suspensión de labores de los órganos jurisdiccionales a virtud del fenómeno de salud pública originado por el COVID-19, así como su reanudación en los términos apuntados. Ello en atención a que conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo no se exige la presencia de las partes lo que permite la celebración de la audiencia constitucional y la reanudación del juicio; lo cual incluso favorece la protección de su salud ante la emergencia sanitaria ya indicada. En caso de que alguna de las partes manifieste que requiere estar presente en el desahogo de dicha diligencia como lo establece el mencionado Acuerdo General 12/2020, se utilizará la videoconferencia como regla general para su desahogo, sin la presencia física de las personas en este recinto judicial; y de ser así, deberán hacerlo del conocimiento a este juzgado de manera expresa dentro del término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcionando un correo electrónico, para realizar las gestiones necesarias ante Dirección General de Tecnologías de la Información del Consejo de la Judicatura Federal, a través del Coordinador Técnico Administrativo de la adscripción, para que proporcione los elementos técnicos necesarios para establecer el enlace simultáneo de imágenes y sonidos y sean citadas las partes para su debido desahogo. Bajo apercibimiento que de no realizar manifestación alguna se celebrará la audiencia de ley en la fecha y hora indicada, privilegiando en todo momento el trabajo a distancia. Notifíquese y personalmente a la tercera interesada Benita Rodríguez Uriostegui. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe. *Ediaz

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