Sergio Damián Hernández Sánchez

Expediente 288/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 29 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
288/2020
Año
2020
Actuaciones
29
Última actuación
07/12/2021

Partes del expediente

  • Sergio Damián Hernández Sánchez
  • FIscal de Distrito Zona Norte

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista el oficio 45388/2021, recibido electrónicamente y signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencian en Chihuahua, capital, mediante el cual se le tiene acusando recibo de nuestro oficio 24993/2021, de fecha dieciocho de noviembre del año en curso, e informado la radicación y admisión de la incompetencia para resolver el presente juicio de amparo promovido por Sergio Damián Hernández Sánchez, por razón de territorio, el cual quedo registrada con el número 1968/2021-VI de su índice. Por lo que, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, con fundamento en el artículo 20, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente cuadernillo es destruible en un plazo de seis meses de su archivo como totalmente concluido; asimismo, a juicio de este Juzgado de Distrito este asunto carece de relevancia documental y que el mismo es destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. En el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Juárez, el siete de agosto de dos mil veinte, se recibió la demanda que fue enviada por razón de turno a este juzgado el mismo día. En el escrito inicial la parte quejosa Sergio Damián Hernández Sánchez, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Fiscal de Distrito Zona Norte, y otras autoridades, a quienes reclamó la orden de aprehensión, comparecencia, detención, citación, localización y/o presentación, así como su ejecución. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de diez de agosto de dos mil veinte, la demanda de amparo se registró con el número 288/2020-III-B, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional; sin embargo, con fecha veintiuno de agosto de dos mil veinte el quejoso amplió su demanda de amparo, respecto a autoridades residentes en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, Chihuahua Chihuahua y de esta ciudad. Una vez que se tramitó el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. CONSIDERANDO: ÚNICO. Competencia legal. Este juzgador federal estima carecer de competencia legal por razón de territorio para resolver el presente asunto. "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presentó la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del análisis de este precepto se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que, para una mejor comprensión técnica, se puntualizan a continuación en el orden siguiente: a) La primera está contenida en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) El segundo párrafo, más que una regla diversa, es un matiz de la contenida en el primer parágrafo, ya que, sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el último párrafo del precepto en comento, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido esa resolución. Como se observa, en este supuesto, basta que quede debidamente evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (mismo que no requiere de ejecución material), radica dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del juez federal, para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de garantías. De los anteriores supuestos, quien esto suscribe estima que, en la especie carece de competencia legal por razón de territorio para resolver el presente asunto. Es así, ya que, del análisis integral del juicio de amparo, se desprende, en lo que interesa, que el accionante reclama la orden de aprehensión de nueve de julio de dos mil veinte, comparecencia, detención, citación, localización y/o presentación, así como su ejecución. La ejecución inicialmente se atribuyó a autoridades residentes en esta ciudad y autoridades respecto de las cuales este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción; no obstante, una vez que se han recibido los informes justificados de las responsables se desprende lo siguiente: 1. El acto reclamado que resulta cierto es la orden de aprehensión girada por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal Acusatorio actuando como Juez de Control del distrito judicial Benito Juárez, con residencia en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, el nueve de julio de dos mil veinte, entre otros, contra el quejoso Sergio Damián Hernández Sánchez y otros en la causa penal 163/2020. 2. Esa orden de aprehensión resulta ser un acto privativo de libertad que, desde luego, tiene ejecución. 3. Tal ejecución no se llevará a cabo en el territorio dentro del cual se ejerce jurisdicción, dado que, las autoridades responsables ejecutoras al rendir los informes justificados negaron los actos reclamados. En efecto, en su informe con justificación las autoridades responsables agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte por sí y en representación del Fiscal de Distrito Zona Norte; Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en representación por ausencia del Secretario de Seguridad Pública Municipal; Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte; Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en Ordenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte; Coordinador Regional Zona Norte de la Comisión Estatal de Seguridad Pública Zona Norte; Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del distrito judicial Bravos; Coordinador de la Unidad de Inspección Interna Zona Norte de la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación; Jefe de Grupo de la Unidad de Inspección Interna, Zona Norte, de la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación; Juez Penal Acusatorio del distrito judicial Morelos, con residencia en Chihuahua, Chihuahua; Coordinador de la Unidad Jurídica de la Comisión Estatal de Seguridad en representación de las autoridades responsables Comisionado Estatal de Seguridad, con residencia en Chihuahua capital; y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua capital, negaron de forma contundente los actos reclamados por el quejoso consistentes en la orden de aprehensión, comparecencia, detención, citación, localización y/o presentación, así como su ejecución. Por su parte, el Juez de Primera Instancia en Materia Penal Acusatorio actuando como Juez de Control del Distrito Judicial Benito Juárez, con residencia en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua y el agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Inspección Interna, de la Fiscalía de Control, Análisis y Evaluación, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, con residencia en Chihuahua, Chihuahua, negaron la existencia de los actos reclamados consistentes en las ordenes de comparecencia, detención, citación, localización y/o presentación, así como su ejecución. Estas mismas autoridades, residentes fuera del territorio sobre el cual este juzgado ejerce jurisdicción fueron quienes aceptaron la existencia de la orden de aprehensión de nueve de julio de dos mil veinte, emitida, entre otros, contra el quejoso Sergio Damián Hernández Sánchez, precisamente por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal Acusatorio actuando como Juez de Control del distrito judicial Benito Juárez, con residencia en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, en la causa penal 163/2020. Ahora del texto de la orden de captura que constituye el acto reclamado se desprende que el juzgador responsable dio la orden al agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Inspección Interna de la Fiscalía de Control Análisis y Evaluación, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, con residencia en Chihuahua, Chihuahua, licenciado Edgar René Arellano Velasco, que se sirviera mandarla a ejecutar. En suma, queda claro que, es el Juez de Primera Instancia en Materia Penal Acusatorio actuando como Juez de Control del Distrito Judicial Benito Juárez, con residencia en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, quien emitió la orden de aprehensión y será el agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Inspección Interna de la Fiscalía de Control Análisis y Evaluación, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, con residencia en Chihuahua, Chihuahua, el encargado de ejecutarla. Mientras que, el resto de las autoridades como se estableció en párrafos precedentes no emitieron, ni se encargaran de la ejecución de la orden de aprehensión y los otros actos privativos de libertad reclamados, pues negaron los actos y el quejoso no se encargó de aportar pruebas en el sumario tendentes a desvirtuar dicha negativa. Así, es inconcuso que la posibilidad de ejecución en distintos lugares desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en el ámbito territorial sobre el cual se ejerce jurisdicción; entonces es el juez de distrito que tiene competencia sobre el lugar en donde se emitió la orden de aprehensión y se ejecutará, quien debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.1o.P.31 P (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer Circuito, que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, mayo de dos mil dieciséis, Tomo IV, Materias Común, Penal, visible en la página 2758, con registro digital 2011712, de rubro y texto: "COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SI NO HAY INDICIOS DE QUE SE EJECUTARÁ O DE QUE YA TRATÓ DE EJECUTARSE EN DETERMINADO CIRCUITO JUDICIAL, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA EL JUEZ QUE LA ORDENÓ, SALVO EXCEPCIÓN EXPRESA. Cuando se reclama una orden de aprehensión, es indiscutible que se trata de un acto que requiere ejecución material y, además, que no es un acto susceptible de ejecución parcial, pues conforme a su propia naturaleza, inicia en el momento en que la persona es detenida -donde se encuentre- y se prolonga por el tiempo procesalmente necesario, lo cual se materializará trasladándola, por regla general, a un centro de prisión preventiva para quedar a disposición del Juez que emitió aquélla, sitio el cual, ordinariamente, deberá ser aquel en que se encuentre dicho Juez, atento al derecho fundamental del inculpado de enfrentar el proceso interno en el mismo lugar del Juez que lo procesa. Por ende, si no hay indicios de que el mandamiento de captura se ejecutará, o que ya trató de ejecutarse en determinado circuito judicial (por ejemplo, cuando no se advierten datos a partir de los cuales pueda inferirse que el destinatario de esa orden ya se encontraba localizado) y, frente a ello, la única probabilidad que se tiene es que al cumplimentarse el mandato de captura, se ejecute en el lugar donde reside el Juez que la ordenó o, incluso, como parte de los efectos del cumplimiento de esa orden, que se hubiera designado para su reclusión preventiva un centro carcelario localizado en diversa demarcación, por cuestión territorial, salvo excepción expresa, corresponde conocer del juicio de amparo indirecto al Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica el Juez penal que ordenó la aprehensión". Asimismo, es aplicable al caso la jurisprudencia PC.I.P. J/39 P (10a.) del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 53, abril de 2018, Tomo II, Materias Común, Penal, página 1071, con registro digital 2016596, que se lee: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Del precepto indicado se advierte que la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Dicha posibilidad surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras con injerencia en distintas demarcaciones territoriales y se toma en consideración para que el Juez de amparo que reciba la demanda sea momentáneamente competente. Ahora bien, tratándose de la orden de aprehensión, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y el quejoso no desvirtúa esa negativa, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió pues, por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución". Así, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, la competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, se surte a favor del Juez Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre. De manera que, este juzgador se declara legalmente incompetente y ordena remitir el original del juicio al Juez Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esa ciudad, en turno, por ser quien ejerce jurisdicción en el lugar en el lugar donde de emitió la orden de aprehensión y puede ser ejecutada, en términos de los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo. Luego, se solicita al homólogo se sirva acusar recibo e informar si acepta la competencia planteada, para estar en condiciones de acordar lo procedente en derecho. No es óbice a la anterior determinación el hecho de que, el quejoso Sergio Damián Hernández Sánchez, en su demanda haya manifestado como domicilio, el despacho jurídico de sus abogados que se ubica en esta ciudad, toda vez que, para fijar la competencia de un Juez de Distrito por razón de territorio, no debe atenderse al domicilio que hubiese señalado el promovente en su demanda, pues ello equivaldría a dejar a su arbitrio la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar el domicilio donde quisiera promover. Además, que una vez sustanciado el juicio de amparo y de la valoración de los indicios que derivan de la totalidad de las constancias existentes, incluidas claro está, las del juez responsable que aceptó la orden de aprehensión, no se encuentra realmente probado que el domicilio del accionante sea en esta ciudad o el algún lugar donde este juzgado ejerza jurisdicción. Entonces, al no existir datos que permitan establecer la ubicación personal y habitual del accionante del amparo, es claro que ese dato no puede ser relevante para fijar la competencia. Lo dicho es acorde con la jurisprudencia 1a./J. 12/95, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materias Penal, Tomo II, septiembre de 1995, con registro digital 200455, del tenor siguiente: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSION, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar". Por lo que, fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda de amparo y un tanto del presente auto, para constancia legal, y remítanse además, los cuadernos de suspensión correspondientes. En consecuencia, una vez que queden notificadas las partes, remítase este expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Chihuahua, Chihuahua, para que lo turnen al Juzgado de Distrito en Turno que le corresponda, para los efectos legales a que haya lugar. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 33, 35, 37, 48 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Este juzgador se declara legalmente incompetente para resolver el juicio de amparo 288/2020-III-B promovido por Sergio Damián Hernández Sánchez, por razón de territorio, dado que la orden de aprehensión dictada contra el quejoso se emitió y ejecutará por autoridades sobre las cuales no se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En su oportunidad remítase este expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Chihuahua, Chihuahua, para que lo turnen al Juzgado de Distrito en Turno que le corresponda, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese, vía electrónica al quejoso, por correo electrónico al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y mediante oficio a las autoridades responsables. N O T I F Í Q U E S E.

  3. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Así atento al contenido del oficio y anexo signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Inspección interna, Zona Norte, de la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación, con sede en Chihuahua, capital, téngasele rindiendo su informe justificado, complementario, mismo que se pone a la vista de las partes a fin de que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrar la audiencia constitucional; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, se les tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su respectivo oficio, y nombrando como delegado al profesionista a que hace referencia, en términos del artículo 9º de la Ley de Amparo, así como proporcionando correo electrónico controlinternochihuahua@gmail.com. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado de autos, de los que se advierte que, por auto de fecha doce de abril del año en curso, se proveyó respecto del informe justificado que remitió la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Inspección interna, Zona Norte, de la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación, con sede en Chihuahua, capital, por lo que, a la fecha no han transcurrido los ocho días hábiles que marca la ley, para que las partes se impongan de su contenido. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. XXVI/98, consultable en la página 409, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del mes de marzo de 1998, Novena Época y que textualmente dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON LA OPORTUNIDAD DEBIDA DE OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA, Y NI EL QUEJOSO NI EL TERCERO PERJUDICADO TIENEN PLENO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo, sino que relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y a la vez se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. Razón por la que esta Sala no comparte el criterio sustentado por la Primera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte, al resolver la contradicción de tesis 19/89." Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las DIECISIES HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia de ley. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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