Sergio Asahid Salas Duarte
Expediente 951/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 951/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Sergio Asahid Salas Duarte
- Congreso del Estado de Chihuahua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, a diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes se inconformara con el proveído mediante el cual se declaró enteramente cumplido el fallo protector de garantías, de dos de octubre del año en curso, o hayan hecho manifestación alguna al respecto, en consecuencia, se declara que dicho auto causa estado y queda firme para todos los efectos legales. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, se hace la precisión de que en este expediente no existen documentos originales. Por otra parte, atendiendo a la resolución que puso fin al presente juicio, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en los artículos 17, fracción III, inciso a), y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el mismo es conservable; cumplido el plazo de conservación de tres años, en términos el numeral 9, del citado acuerdo, deberá remitirse a los depósitos documentales del Área coordinadora de archivos, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Este resolutor califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como, no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Conforme lo indica el párrafo segundo, del numeral 34, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es conservable. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
En Ciudad Juárez, Chihuahua a dos de octubre de dos mil veintitrés, la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, da cuenta al licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con el estado de autos; lo anterior, a fin de que tenga a bien determinar lo conducente en derecho. Conste.Ciudad Juárez, Chihuahua, a dos de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio, de donde se advierte que por proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días con el cumplimiento que informó el Consultor Jurídico, adscrito al Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo de Chihuahua, con residencia en la localidad, sin que la parte quejosa haya hecho manifestación alguna, por lo que se procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes. La parte quejosa le reclamó de las autoridades responsables lo siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS 1. DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DECHIHUAHUA, se le reclama: la aprobación y expedición de los Decretos siguientes: a) Decreto No. LXVII/APLIE/0109/2021 I P.O., que contiene la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua, específicamente el ARTICULO PRIMERO, en relación con el apartado de DERECHOS, establecido en su tabla como 4.3 derechos por prestación de servicios 4.3.2.3 de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y el Notariado. Así como ARTICULO DECIMOTERCERO, el cual señala: a fin de incentivar el mercado inmobiliario, apoyar los diversos procesos de regularización de la tenencia de la tierra y promover la ejecución de actos de comercio y de otra índole, tendientes a activar la economía del Estado, en aquellos sectores sociales económicamente más vulnerables ante la oferta inmobiliaria, se otorgará un estímulo fiscal a los causantes del pago de derechos, por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, referidos en la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, dentro de las fracciones I, II, III, inciso a), IV, V, inciso a), VI, VII y XXVI, inciso a), del artículo 29; en los siguientes términos: El estímulo se calculará sobre el valor que resulte mayor entre el de operación, el concluido del avalúo y el catastral, siempre y cuando la temporalidad de los mismos no exceda a un año. En el caso de la fracción II, se establece un estímulo del 86%, aplicable sobre la cuota establecida para ficha fracción. b) Decreto No. LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O. que contiene la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en su Sección Tercera en la que se establece el cobro de derechos por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, específicamente, el artículo 29 con las fracciones siguiente que contiene la tarifa de 167.3734 UMAS; I. por las inscripciones traslativas de dominio de propiedad de inmueble o garantías constituidas sobre estos; II. Por las inscripciones de convenios modificatorios, así como los contratos que contengan disposiciones de efectivo de créditos otorgados con anterioridad, inscripciones de las garantías adicionales y/o cesiones de crédito, cesión de derechos litigiosos o convenios de subrogación o reconocimiento de adeudos, cuyas garantías ya estuviese previamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad; IV. Por cada asiento registral que se haga en las secciones no mencionadas específicamente del Registro Público de la Propiedad o en cualquiera de los folios mercantiles del Registro Público de Comercio, incluidos los embargos, arrendamientos, demandas hipotecarias o cedulas hipotecarias y operaciones similares que no aparezcan mencionadas en otras disposiciones de esta Ley; V. En los casos de inscripción de condominio, se pagará el derecho conforme las siguientes cuotas: a) Por asentar las inscripciones para la constitución del régimen de condominio; VI. Por asentar las inscripciones necesarias de la división de la copropiedad, siempre que de algunas de las divisiones no resulte excedente de superficie. En caso de que resulte excedente, se pagara por dicho excedente, la cuota prevista en la fracción I de este artículo: VII. Por asentar las inscripciones necesarias para inscribir actos, contratos, convenios o autorizaciones por las que se fraccionen, lotifiquen, subdividan o fusionen predios. 2. DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se le reclama la promulgación de cada uno de los ordenamientos legales expedidos por el H. Congreso del Estado del Estado de Chihuahua." El once de agosto de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó que la Justicia de la Unión Ampara y Protege a Sergio Asahid Salas Duarte, para los siguientes efectos: ".1. Se cobre a SERGIO ASAHID SALAS DUARTE, únicamente el catorce por ciento de la tarifa total, es decir, la cantidad de $2,100.00 (dos mil cien pesos 00/100 moneda nacional) por los servicios que recibió, acorde con los certificados de pago expedidos por la Secretaria de Hacienda del Estado de Chihuahua, relativos a los números de operación 5054311 y 5054289, de fecha dieciocho de octubre de dos mil veintidós, respectivamente, a nombre del contribuyente Salas Duarte Sergio Asahid. 2. Se reintegre al quejoso la parte que cubrió en exceso. Por lo que al tomar en cuenta que es a la autoridad exactora a quien corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en su carácter de ente estatal encargado de la recaudación, tan pronto como el presente fallo cause ejecutoria, con las constancias correspondientes, deberá requerirse a la Oficina de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, para que devuelva la cantidad descrita. Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia de la Novena Época, número de registro: 192846, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: P./J. 112/99, Página: 19 "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." En la inteligencia de que la tutela protectora si bien alcanza a las autoridades responsables que concurrieron en la discusión, aprobación, expedición y promulgación de las leyes censuradas, no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. Lo anterior de conformidad con la tesis de la Novena Época, con número de registro: 200006, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Noviembre de 1996, Materia(s): Constitucional, Tesis: P. CXXXVII/96, Página: 135 LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general." Por otro lado, no se inadvierte que la Oficina Recaudadora de Rentas, así como la Secretaría de Hacienda Estatal, no fueron llamadas a juicio; sin embargo, ello no impide, en virtud de la protección otorgada, vincularla al cumplimiento de lo resuelto en el amparo, ya que en esos casos, al constatarse la intervención de una autoridad ajena al acto reclamado, pero que de alguna manera está dentro de sus funciones participar para el debido cumplimiento de las ejecutorias; es inconcuso que eso hace posible exigirle su cumplimiento, al ser éste de orden público. Tiene aplicación el criterio de la Primera Sala del Máximo Tribunal, en la tesis de jurisprudencia 1a./J.57/2007, visible en la página 144, Tomo XXV, mayo de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 172605), de rubro: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica". ." Mediante acuerdo de dos de mayo del presente año, se declaró que la sentencia causó ejecutoria, por lo que mediante acuerdo de veintidós de agosto se requirió a la Oficina de Recaudación de Retas de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, como autoridad encargada de dar cumplimiento al fallo protector, para que dentro del término de tres días informara a este Juzgado Federal lo concerniente o las gestiones efectuadas. El diecinueve de septiembre actual, se tuvo por recibido en este Juzgado un oficio signado por Consultor Jurídico, adscrito al Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo de Chihuahua, con residencia en la localidad, mediante el cual informó que se encontraba a disposición del quejoso Sergio Asahid Salas Duarte, en las oficinas de dicha dependencia, el cheque 1159350, por un monto de $12,745.35 (doce mil setecientos cuarenta y cinco mil 35/100 pesos moneda nacional), a cargo de la banca Banorte, con lo cual se le dio vista a la parte quejosa. Ahora bien, de la lectura comparativa entre los efectos para los cuales se concedió el fallo protector, con el actuar que realizó la autoridad responsable, obtenemos que ha satisfecho el cumplimiento de la sentencia de amparo. En las relatadas condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Asiéntese razón de lo anterior en el libro de registro de juicios de amparo; hágase saber a la parte quejosa, el derecho que tiene de promover en contra de la presente resolución, la inconformidad prevista en el tercer párrafo, del artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que manifieste o promueva lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se le tendrá por consintiendo la misma, y se procederá a ordenar el archivo del presente asunto. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense a sus autos para que obren como legalmente correspondan, el oficio y anexos remitidos por el Consultor Jurídico, adscrito al Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo de Chihuahua, con residencia en la localidad, por medio de los cuales se le tiene informando que se encuentra a disposición del quejoso Sergio Asahid Salas Duarte, en las oficinas de dicha dependencia, el cheque 1159350, por un monto de $******************** (********************l), a cargo de la banca Banorte. En virtud de lo anterior, y toda vez que mediante proveído de cinco de septiembre del presente año se ordenó dar vista al quejoso por el término de tres días computados a partir de la notificación del presente auto, para que manifestara lo que a sus intereses legales convenga respecto al cumplimiento dado por la responsable, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria en mención, con base en los elementos que obran en el presente expediente, así como con los datos aportados por la autoridad, sin que obre dicha notificación personal en autos, se ordena de nueva cuenta se requiera al quejoso y se de vista con el contenido del proveído que antecede así como del presente acuerdo. Notifíquese haciéndolo en forma personal a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la Jefa del Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica de la Secretará de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, capital, por medio de los cuales se le tiene haciendo del conocimiento de este tribunal, los actos tendientes al cumplimiento dado al fallo protector de garantías, de conformidad con el numeral 196 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, dese vista con lo anterior a la parte quejosa y requiérasele para que dentro del término de tres días, computados a partir de la notificación del presente auto, manifieste lo que a sus intereses legales convenga respecto al cumplimiento dado por la responsable, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria en mención, con base en los elementos que obran en el presente expediente, así como con los datos aportados por la autoridad. Notifíquese haciéndolo en forma personal a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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