Sergio Córdova Domínguez

Expediente 1982/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1982/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
22/11/2022

Partes del expediente

  • Sergio Córdova Domínguez

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, a veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Cambio de titular. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante oficio SEADS/684/2022 suscrito electrónicamente por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se hizo del conocimiento que a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se adscribió a la juez Alva Miranda Ramírez como titular de este órgano jurisdiccional. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes la adscripción de la nueva titular de este órgano jurisdiccional, para los efectos legales a que haya lugar. Estado de autos. Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó el juicio fuera de audiencia, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo vigente, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos de ley. Orden de archivo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo aplicado por analogía, archívese el presente expediente, como asunto concluido. Orden de destrucción. Toda vez que en el presente asunto se sobreseyó el juicio, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Información reservada. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. Asimismo, se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros electrónico y de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo proveyó y firma Alva Miranda Ramírez, Jueza Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistida por la secretaria María del Rosario García Pérez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, a veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Superioridad informa. Téngase por recibido el oficio signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con el que, en atención a la solicitud realizada en proveído de doce de septiembre del año en curso, informa que el recurso de queja interpuesto por Nantli Citlallin Herrera Guzmán, apoderada de la tercera interesada, Aeropuerto de Guadalajara, sociedad anónima de capital variable, contra la resolución de once de noviembre de dos mil veintiuno, emitida en el impedimento 14/2020, de su índice, fue remitido a la Suprema Corte Justicia de la Nación y posteriormente, en acuerdo de 23 de febrero del año que transcurre, fue desechado por notoriamente improcedente. Se ordena notificación personal. En virtud de lo anterior y; toda vez que no obra constancia de notificación a la parte quejosa y tercera interesada del auto de doce de septiembre de dos mil veintidós, se comisiona al actuario de la adscripción a fin de que realice la notificación personal respectiva del citado proveído. En el entendido de que una vez que transcurra el plazo otorgado en dicho auto, este órgano jurisdiccional se pronunciara sobre la continuación del presente procedimiento. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa y tercera. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Nathali Cisneros Mendoza, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en ejecutoria emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en la revisión principal 460/2021, se determinó lo siguiente: "PRIMERO. Queda intocado el resolutivo primero del fallo sujeto a revisión, regido por el segmento i) de su considerando tercero y el cuarto de ellos. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se CONFIRMA la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Óscar Oswaldo Michel Lomeli, contra las autoridades, por los actos y para los efectos precisados en la propia sentencia recurrida." Asimismo, se advierte que los efectos para los que se concedió el amparo y protección constitucional solicitada, son los siguientes: [.] SEXTO. Efectos de la sentencia de amparo. A fin de restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos constitucionales violados, el amparo y la protección de la justicia federal, respecto a las normas reclamadas, la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco (autoridad vinculada al cumplimiento de esta sentencia), deberá: 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para los ejercicios fiscales de dos mil veinte y dos mil veintiuno, el artículo 23 fracción III; y, 2. Aplique la tasa mínima de $260.00 (doscientos sesenta pesos moneda nacional) y $276.00 (doscientos setenta y seis pesos moneda nacional), previstas en la fracción III Bis, del artículo 23, de la Ley de Ingresos para el Estado de Jalisco, para los ejercicios fiscales de dos mil veinte y dos mil veintiuno, respectivamente; mismas que son las cantidades mínimas previstas en dichos artículos, por el refrendo anual de registro y tarjeta de circulación y no la contenida en la fracción III del numeral reclamado, que le fue aplicada. Por consiguiente, deberá devolvérsele la cantidad que, descontando el citado monto, el quejoso pagó por concepto de derechos por refrendo anual de registro y tarjeta de circulación consignado en los recibos de pago A54135974 y A54144164, de veintiuno y veintinueve de junio de dos mil veintiuno; ello atendiendo a que la protección constitucional que se otorga es por haberse determinado que la norma reclamada trasgrede el principio de proporcionalidad tributaria se actualiza como consecuencia del trato inequitativo. Lo anterior, como se ilustra en el siguiente cuadro: Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante comunicado acordado en proveído de doce de septiembre de dos mil veintidós, la Directora de lo Contencioso de la Hacienda Estatal de la Procuraduría Fiscal del Estado dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, en representación de la citada Secretaría, hizo del conocimiento de este juzgado de distrito los trámites administrativos que debían realizarse a fin de cumplimentar la ejecutoria de amparo, toda vez que allegó copia certificada del oficio PFE-DCHE-JA-31146-22, dirigido al Director de Gastos de Operación y de Obra, para que informará el estado en que se encontraba la emisión del contra-recibo correspondiente para llevar la entrega de la orden de pago a favor de la parte quejosa. Asimismo, refirió que a través del oficio PFE-DCHE-JA-31148, se informó a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, se desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la aplicación del inciso a), fracción III, artículo 23 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para los ejercicios fiscales 2020 y 2021. Luego, por comunicado PFE-DCHE-JA-34964, el Subprocurador Fiscal del Estado de la Procuraduría Fiscal del Estado de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, actuando en representación del Titular de la citada Secretaría, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada del contra-recibo número 2127480 que ampara la cantidad $1,326.53 (Un mil trescientos veintiséis pesos 53/100 moneda nacional), así como la notificación realizada a la parte quejosa, sin que a la recepción de dicho comunicado, hubiese comparecido a recibir el título de crédito. Con lo anterior, en proveído de cuatro de octubre de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que hubiere realizado manifestación alguna, como se aprecia en la certificación de cuenta. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, toda vez que la autoridad vinculada al cumplimiento del fallo protector, atendió los efectos para los cuales se concedió el amparo; pues se demostró que se emitió una determinación en que se desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la aplicación del inciso a), fracción III, artículo 23 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para los ejercicios fiscales 2020 y 2021, asimismo, se ordenó devolver al quejoso Oscar Oswaldo Michel Lomelí, la cantidad de $1,326.53 (Un mil trescientos veintiséis pesos 53/100 moneda nacional), por concepto de la devolución ordenada en el fallo protector, para tal efecto allegó copia certificada del contra-recibo número 2127480. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Relevancia documental. Del análisis del presente expediente se advierte que este asunto no entra en ningún supuesto previsto por el artículo Décimo Quinto del referido Acuerdo, atento a lo precisado en el manual para la organización de los archivos judiciales y resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por ende, no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que permanezcan en este juzgado los documentos exhibidos por la parte quejosa con su escrito inicial de demanda, se le requiere para que acuda a este Juzgado de Distrito a recoger dichos documentos, dentro del plazo de diez días, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique. Plazo que debe computarse en días naturales, pues así se establece en los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibimiento. Apercibido que de no acudir por estos, en el plazo indicado, podrán ser depurados junto con el expediente, sin ulterior acuerdo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, a treinta de septiembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de treinta de junio de dos mil veintidós, se sobreseyó el juicio, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo vigente, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos de ley. Orden de archivo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo aplicado por analogía, archívese el presente expediente, como asunto concluido. Orden de destrucción. Toda vez que en el presente asunto se sobreseyó el juicio, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Información reservada. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. Asimismo, se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros electrónico y de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). Notifíquese. Lo proveyó y firma, Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante María del Rosario García Pérez, secretaria que autoriza y da fe.

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