Sergio Arturo Abrego Flores
Expediente 1798/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 35 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1798/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 25/08/2023
Partes del expediente
- Sergio Arturo Abrego Flores
- Presidente Municipal del Ayuntamiento de León, Guanajuato
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Devolución de oficios y anexos. Se tienen por recibidas las guías de rastreo ******************** del servicio de mensajería denominado "Estafeta", por medio del cual devuelve por las razones que expone, los oficios 35109/2023 y 35105/2023 librados para notificar a las autoridades responsables la sentencia de quince de agosto de dos mil veintitrés, en la que se declinó competencia en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León en turno, la cual fue aceptada por el Juzgado Decimoprimero de dicha entidad. Reexpedición de oficios. En consecuencia, remítanse los oficios de referencia al juez que ahora conoce del asunto para que acuerde lo que en derecho corresponda. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Juzgado homólogo acepta competencia. Téngase por recibido el oficio signado por la secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato, por el cual informa la determinación de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, en el que determinó aceptar la competencia planteada en el presente juicio de amparo. Orden de archivo. Por lo anterior, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese, este asunto con fundamento en el canon 196 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, previas anotaciones que se realicen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. Valoración del expediente. Toda vez que se declinó la competencia del presente asunto, se encuentra en el supuesto previsto en el la fracción I, inciso b del artículo 19 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, de siete de junio de dos mil veintitrés; por tanto, el expediente será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del presente juicio de amparo 1798/2022; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. El veintinueve de agosto de dos mil veintidós, ********************, por derecho propio, ingresó en el Buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común, de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, demanda en la que solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos que en ella precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal, expresando los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. El dos de septiembre de dos mil veintidós, se radicó la demanda con el número 1798/2022, del índice de este juzgado; previniéndose a trámite a fin de que el quejoso aclarara la denominación de algunas autoridades señaladas como responsables, los antecedentes del acto reclamado y exhibiera copias suficientes de la demanda para correr traslado a las partes. El siete de noviembre de dos mil veintidós, desahogada que fue la prevención, se admitió la demanda; por lo que se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio vista al representante social de la adscripción y, fijó día y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional. El veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional se declaró incompetente legalmente para conocer de la presente demanda, toda vez que la ejecución del acto que se reclama no se iba a ejecutar dentro de la jurisdicción de este juzgado; motivo por el cual se ordenó la remisión del presente juicio al Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, en turno. El siete de marzo del año en curso, la titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, al analizar las constancias que integran el presente juicio, determinó no aceptar la competencia planteada, dado que si bien, la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco había negado el acto reclamado; sin embargo, el quejoso estaría en aptitud de desvirtuarla hasta la celebración de la audiencia constitucional, por lo que sería hasta ese momento en el que se estaría en aptitud de fincar la competencia del presente juicio. El trece de marzo de la presente anualidad, este órgano jurisdiccional recibió los autos de este sumario y determinó continuar con la tramitación del presente juicio de amparo. Seguido el juicio en todas sus etapas, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta precedente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Con apoyo en lo establecido en los artículos 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente por razón de territorio, pues se estima que el conocimiento de la misma corresponde a un Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, razón de los motivos que a continuación se exponen. La competencia constituye un presupuesto procesal de análisis preferente a otras cuestiones, incluso, a la procedencia o improcedencia del juicio de amparo, por ende, exige ser atendida en cualquier momento una vez advertida y previo a cualquier otro supuesto. Para determinar la competencia existen cuatro criterios fundamentales, materia, cuantía, grado y territorio. El criterio por materia se basa en el contenido de las normas sustantivas que regulan el litigio sometido al proceso conforme a su naturaleza jurídica. El criterio para delimitarla por cuantía, deriva del monto o cantidad en la que se puede estimar el valor de las prestaciones reclamadas en la demanda. La competencia por grado que se relaciona con la división jerárquica de los órganos que desempeñan la función jurisdiccional; esto es, con el fin de evitar, en lo posible, errores de hecho o de derecho, en perjuicio de los particulares, las leyes procesales establecen como una limitación de la competencia, la jerarquía entre los Jueces para que los de primer grado resuelvan los problemas planteados interviniendo directamente en las diligencias que se practican y otros, jerárquicamente superiores, estudian las resoluciones de los inferiores. La competencia por territorio es el ámbito espacial dentro del cual el juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional, la cual depende de la división territorial que hace el órgano del Estado facultado para ello, para lograr una mejor distribución del trabajo y de los recursos, tomando en cuenta factores geográficos, demográficos y sociales. Este ámbito recibe diferentes denominaciones como circuitos, distritos, partidos judiciales, entre otros. Así, siendo la competencia un presupuesto de validez del juicio, el juzgador debe verificar si la tiene o no para conocer del mismo, y en caso de considerarse incompetente, deberá abstenerse de conocer de la controversia planteada. Expuesto lo anterior, es preciso mencionar que, tratándose de la competencia por territorio, para conocer del juicio de amparo en la vía indirecta, el artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se advierte la existencia de tres reglas para determinar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, a saber: 1. Es juez competente aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. En caso de que el acto reclamado pueda ejecutarse en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno y siga ejecutándose en otro, entonces será juez competente ante el que se haya presentado la demanda; y 3. Cuando la resolución reclamada no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito ante quien se haya presentado la demanda. En ese contexto, resulta claro que, por regla general, son los actos ejecutivos los que determinan la competencia de los jueces de distrito, atendiendo al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de tal manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial. Así, en la demanda de amparo indirecto promovida en contra de actos que requieren una ejecución, necesariamente debe atenderse a la localidad en que deben cumplirse o materializarse tales actos, pues ahí en donde se ejecutan y producen consecuencias en el mundo fáctico, lo que facilita el acceso a la justicia constitucional. En el caso, los actos reclamados se hacen consistir en: - La discusión, acuerdo, aprobación, refrendo y publicación del Reglamento de Policía Vial para el municipio de León, Guanajuato; en particular el párrafo primero del artículo 142, de dicho ordenamiento, con motivo de su primer acto de aplicación; - El acta de infracción número 6482319, de ocho de agosto de dos mil veintidós; mediante la cual se le impuso una sanción económica, reteniéndose la licencia de conducir, a fin de garantizar el cumplimiento de la sanción impuesta; y, - El cobro de la cantidad de $1,924.40 (mil novecientos veinticuatro pesos 40/100 moneda nacional), con motivo de la multa impuesta, contenido en el recibo oficial AB1319055. Bajo dichas condiciones, se advierte que los actos reclamados, tienen ejecución material en el municipio de León; Guanajuato; en particular la infracción y el cobro reclamados, de la cual, las autoridades responsables aceptaron su existencia; lo que implica que las consecuencias en el mundo fáctico, se producen en dicha entidad; por tanto, los efectos derivados de tales actos se materializan en el mismo, de ahí que, la suscrita juzgadora carezca de competencia para conocer del presente asunto. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 13/95, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCION ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES." No se soslaya que, en el escrito de demanda se señaló como autoridad responsable a la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, en su carácter de ejecutora; la cual inicialmente dio competencia para conocer de la presente demanda; sin embargo, dicha autoridad al momento de rendir su informe de ley negó la existencia del acto que se le reclama, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa. Lo cual hizo patente la titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, en la determinación mediante la cual no aceptó la competencia planteada; toda vez que, precisó que el peticionario estaría en aptitud de desvirtuar dicha negativa hasta la celebración de la audiencia constitucional, la que se celebró previamente. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 9/2001, con número de registro digital 190373, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE." En consecuencia de todo lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, el presente juicio de amparo, a la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, en turno; para que lo remita al órgano jurisdiccional que corresponda, a efecto de que tenga a bien decidir lo que proceda sobre el particular y solicitarle además se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente. Háganse las notas pertinentes y fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, carece de competencia legal, para conocer del presente juicio de amparo promovido por ********************, en términos del considerando único de la presente determinación. SEGUNDO. Se declina la competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León en turno, a quien deberán remitirse los autos para los efectos correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, trece de julio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha no ha fenecido el plazo concedido a la parte quejosa mediante proveído de catorce de junio del año en curso, para que ampliara la demanda de amparo respecto de la autoridad referida en el citado acuerdo. Diferimiento. En tales condiciones, y con la finalidad de que se cumpla con el término anteriormente señalado, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS DEL QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notifíquese.
Quedan 31 actuaciones en este expediente
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