Sergio Carrillo Miranda

Expediente 431/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 15 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
431/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
21/12/2017

Partes del expediente

  • Sergio Carrillo Miranda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    El veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, el suscrito Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la parte quejosa del uno al catorce de diciembre del año en curso, sin contar los días dos, tres, nueve y diez por corresponder a sábados y domingos; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintitrés de noviembre último dentro del juicio de amparo número 431/2017-1. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; En el presente juicio de amparo no se tramitó incidente de suspensión. Que no existe documento por devolver a la autoridad responsable. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia de veintitrés de noviembre del año en curso, que negó al quejoso Sergio Carrillo Miranda el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En razón de que el acuerdo antes mencionado no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 431/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. En escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Sergio Carrillo Miranda, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, acto y por la violación a los derechos fundamentales contenidos en el precepto constitucional que enseguida se precisan: Autoridad responsable: Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad. Acto reclamado: "Lo constituye el hecho de que la responsable no ha emplazado a juicio dentro del incidente de liquidación de sentencia que se interpuso en fecha 12 de febrero del 2014 y en fecha 03 de julio del 2015, incidentes de liquidación de sentencia no se ha realizado el emplazamiento a la demandada el día de hoy en que el expediente en cuestión a estado inactivo esperando que la responsable de continuidad al trámite del incidente interpuesto tendiente a lograr el cobro de la condena que recayó por sentencia firme en contra de la patronal demandada ". Preceptos constitucionales que se estiman violados. La quejosa señala como derechos fundamentales vulnerados los que tutela en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándose en auto de dos de mayo de dos mil diecisiete (fojas 6 a 9) bajo el expediente 431/2017; previniéndosele al quejoso para que bajo protesta de decir verdad indicara: "1. Aclare si los incidentes que aduce se admitieron a trámite el doce de febrero de dos mil catorce y el tres de julio de dos mil quince, son respecto de la misma liquidación, o bien, se solicitaron sobre un periodo o prestación distinta. 2. Informe las gestiones o trámites que, en su caso, haya realizado para investigar el domicilio de la parte demandada, así como la fecha y resultado de éstas. Exhiba copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes; salvo que el cumplimiento de la prevención se realice de forma electrónica en términos del artículo 110, párrafo primero, de la ley de la materia". Apercibimiento que en caso de no atenderlo se tendría por no presentada la demanda. Por lo que el ocho de mayo de dos mil diecisiete (fojas 10 y 11), presentó escrito en el que pretendió desahogar dichas prevenciones, el cual fue acordado el nueve de mayo de ese mismo año (foja 16), indicándose que subsistía la prevención, presentando de nueva cuenta escrito el quince siguiente (foja 21), lo cual fue acordado el dieciséis siguiente (foja 22) sin que se tuviera dando cumplimiento a la prevención realizada. En escrito presentado el veintiséis siguiente (fojas 26 y 27) el quejoso indicó: "No se ha hecho tal solicitud a la responsable para encontrar el domicilio de la demandada por las razones expuestas en mi escrito de aclaración depositado en este juzgado en este juzgado en fecha ocho de mayo de 2017, por consiguiente el punto 2 no existen datos como resultado de dicha investigación ya que repito en el escrito antes mencionado se aclaró el domicilio de la tercero interesada y que no existe razón en autos que advierta tal desconocimiento, por lo que de lo que el de la voz se queja es de que la responsable NO HAYA PRACTICADO EL EMPLAZAMIENTO A JUICIO dentro del INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA ya decretado en autos del juicio laboral, y tampoco se advierte razón en autos de circunstancias de tiempo, modo o lugar por lo que no se haya practicado el emplazamiento, por lo tanto no puedo proporcionar la información solicitada ya que BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD no se ha solicitado a la responsable petición alguna para localizar domicilio de la patronal ya que en autos no existe evidencia de desconocimiento de éste. [.]". En auto de treinta de mayo de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda (fojas 28 a 30); por lo que se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó a las diez horas con veinte minutos del ocho de septiembre de dos mil diecisiete. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado el criterio de que el juez constitucional debe interpretar el escrito de demanda en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, razón por la cual está constreñido a armonizar los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, de tal suerte que la sentencia que dicte en el juicio de amparo contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Sobre el particular se invocan los siguientes criterios: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". "ACTO RECLAMADO, ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO PARA CONOCER EL. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que aunque no de manera formal en capítulo especial, sí dentro del capítulo de conceptos de violación, se señala como acto reclamado la expedición de una ley, resulta correcto el estudio que se hace de la constitucionalidad de dicho acto de autoridad, teniéndolo como acto reclamado". "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así, se tiene que la solicitante del amparo reclama: La omisión de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, de notificar a la demandada Sociedad Cooperativa de Consumo la Fresnillense, Sociedad de Capital Limitado, en el expediente 343/2011, la fecha de celebración de la audiencia en el incidente de liquidación. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado pues así lo manifestó expresamente la autoridad responsable al rendir su respectivo informe justificado, aunado a que su certeza se corrobora con las documentales que adjuntó al mismo. Además, su certeza se corrobora con las constancias remitidas por las autoridades responsables, las que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2 de la legislación última invocada. Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser una cuestión de orden público, se procederá al examen de las causales de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto no se hizo valer alguna causal de improcedencia ni quien resuelve advierte su actualización, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. En principio se destaca que no resulta necesario transcribir los motivos de disenso planteados, por así autorizarlo la siguiente jurisprudencia, cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". El peticionario argumenta que se viola en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que se ha omitido notificar al demandado Sociedad Cooperativa de Consumo la Fresnillense, Sociedad de Capital Limitado en el expediente 343/2011, la fecha para la celebración de la audiencia en el incidente de liquidación. Es infundado el motivo de disenso por las consideraciones siguientes. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.]". Del texto constitucional transcrito se advierte que la prontitud en la administración de justicia consiste en que las autoridades jurisdiccionales tramiten y resuelvan las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. En consecuencia, este derecho comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Al respecto, de las constancias anexadas por la Junta responsable se advierte la razón de la Actuaria adscrita en la cual asentó: "En Fresnillo, Zac. Siendo las quince horas con quince minutos del día trece de julio del año dos mil diecisiete, la suscrita Actuaria adscrita a la Junta Especial No. 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en cumplimiento al acuerdo de fecha doce de julio de dos mil diecisiete, dictado por esta Junta, me constituí en el domicilio sito en CARRETERA FRESNILLO VALPARAÍSO KM 0.5 COLONIA LAS AMÉRICAS C.P. 99080 FRESNILLO, ZACATECAS a fin de lleva a cabo la notificación de la audiencia de incidente de liquidación a la demandada Sociedad Cooperativa de Consumo la Fresníllense S.C.L.; me constituí en el domicilio señalado y cerciorada del mismo por así desprenderse de la nomenclatura de la carretera así como del kilómetro de la misma donde se observa que en el predio donde antes se encontraban las instalaciones de la demandada ahora se encuentra un establecimiento de la cadena comercial de partes para auto denominada AUTOZONE, no habiendo en el domicilio o algún indicio o señalamiento del nombre de la demandada SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMO LA FRESNILLENSE. Razón por la cual no fue posible llevar a cabo la notificación encomendada. Dese cuenta a la H. Junta para su conocimiento y acuerde lo que en derecho proceda. DOY FE" (foja 52). De lo anterior se obtiene que la fedataria asentó su imposibilidad para notificar a la demandada Sociedad Cooperativa de Consumo la Fresnillense, Sociedad de Capital Limitado, la fecha para la celebración de la audiencia en el incidente de liquidación, en virtud de que en el lugar donde se constituyó se observó un diverso establecimiento comercial al buscado. En esta tesitura, no asiste razón a la parte quejosa, en virtud de que, si bien no se ha emplazado al demandado en el juicio natural; también lo es que tal circunstancia no es imputable a la actuaria señalada como responsable, pues como se ha hecho constar, ello se debe a una imposibilidad material para efectuar tal diligencia, toda vez que el domicilio proporcionado por el actor ha resultado infructuoso, siendo en última instancia, obligación procesal del aquí quejoso, proporcionar el domicilio correcto para emplazar a su contraparte en el juicio de origen. En las relatadas condiciones, al haberse desestimado el concepto de violación, en estudio, procede negar el amparo respecto del acto y la autoridad que en este considerando se analizaron. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Sergio Carrillo Miranda contra el acto reclamado de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, consistente en la omisión de notificar a la demandada Sociedad Cooperativa de Consumo la Fresnillense, Sociedad de Capital Limitado, en el expediente 343/2011, fecha para la celebración de la audiencia en el incidente de liquidación; por los motivos expuestos en el considerando quinto de la presente resolución. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido del licenciado Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado que autoriza y da fe, hasta hoy veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. Alicia

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCia de 23 de noviembre de 2017, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 27, fracción i inciso c) d ela ley de amparo. "V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 431/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. En escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Sergio Carrillo Miranda, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, acto y por la violación a los derechos fundamentales contenidos en el precepto constitucional que enseguida se precisan: Autoridad responsable: Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad. Acto reclamado: "Lo constituye el hecho de que la responsable no ha emplazado a juicio dentro del incidente de liquidación de sentencia que se interpuso en fecha 12 de febrero del 2014 y en fecha 03 de julio del 2015, incidentes de liquidación de sentencia no se ha realizado el emplazamiento a la demandada el día de hoy en que el expediente en cuestión a estado inactivo esperando que la responsable de continuidad al trámite del incidente interpuesto tendiente a lograr el cobro de la condena que recayó por sentencia firme en contra de la patronal demandada ". Preceptos constitucionales que se estiman violados. La quejosa señala como derechos fundamentales vulnerados los que tutela en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándose en auto de dos de mayo de dos mil diecisiete (fojas 6 a 9) bajo el expediente 431/2017; previniéndosele al quejoso para que bajo protesta de decir verdad indicara: "1. Aclare si los incidentes que aduce se admitieron a trámite el doce de febrero de dos mil catorce y el tres de julio de dos mil quince, son respecto de la misma liquidación, o bien, se solicitaron sobre un periodo o prestación distinta. 2. Informe las gestiones o trámites que, en su caso, haya realizado para investigar el domicilio de la parte demandada, así como la fecha y resultado de éstas. Exhiba copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes; salvo que el cumplimiento de la prevención se realice de forma electrónica en términos del artículo 110, párrafo primero, de la ley de la materia". Apercibimiento que en caso de no atenderlo se tendría por no presentada la demanda. Por lo que el ocho de mayo de dos mil diecisiete (fojas 10 y 11), presentó escrito en el que pretendió desahogar dichas prevenciones, el cual fue acordado el nueve de mayo de ese mismo año (foja 16), indicándose que subsistía la prevención, presentando de nueva cuenta escrito el quince siguiente (foja 21), lo cual fue acordado el dieciséis siguiente (foja 22) sin que se tuviera dando cumplimiento a la prevención realizada. En escrito presentado el veintiséis siguiente (fojas 26 y 27) el quejoso indicó: "No se ha hecho tal solicitud a la responsable para encontrar el domicilio de la demandada por las razones expuestas en mi escrito de aclaración depositado en este juzgado en este juzgado en fecha ocho de mayo de 2017, por consiguiente el punto 2 no existen datos como resultado de dicha investigación ya que repito en el escrito antes mencionado se aclaró el domicilio de la tercero interesada y que no existe razón en autos que advierta tal desconocimiento, por lo que de lo que el de la voz se queja es de que la responsable NO HAYA PRACTICADO EL EMPLAZAMIENTO A JUICIO dentro del INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA ya decretado en autos del juicio laboral, y tampoco se advierte razón en autos de circunstancias de tiempo, modo o lugar por lo que no se haya practicado el emplazamiento, por lo tanto no puedo proporcionar la información solicitada ya que BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD no se ha solicitado a la responsable petición alguna para localizar domicilio de la patronal ya que en autos no existe evidencia de desconocimiento de éste. [.]". En auto de treinta de mayo de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda (fojas 28 a 30); por lo que se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó a las diez horas con veinte minutos del ocho de septiembre de dos mil diecisiete. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado el criterio de que el juez constitucional debe interpretar el escrito de demanda en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, razón por la cual está constreñido a armonizar los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, de tal suerte que la sentencia que dicte en el juicio de amparo contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Sobre el particular se invocan los siguientes criterios: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". "ACTO RECLAMADO, ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO PARA CONOCER EL. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que aunque no de manera formal en capítulo especial, sí dentro del capítulo de conceptos de violación, se señala como acto reclamado la expedición de una ley, resulta correcto el estudio que se hace de la constitucionalidad de dicho acto de autoridad, teniéndolo como acto reclamado". "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así, se tiene que la solicitante del amparo reclama: La omisión de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, de notificar a la demandada Sociedad Cooperativa de Consumo la Fresnillense, Sociedad de Capital Limitado, en el expediente 343/2011, la fecha de celebración de la audiencia en el incidente de liquidación. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado pues así lo manifestó expresamente la autoridad responsable al rendir su respectivo informe justificado, aunado a que su certeza se corrobora con las documentales que adjuntó al mismo. Además, su certeza se corrobora con las constancias remitidas por las autoridades responsables, las que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2 de la legislación última invocada. Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser una cuestión de orden público, se procederá al examen de las causales de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto no se hizo valer alguna causal de improcedencia ni quien resuelve advierte su actualización, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. En principio se destaca que no resulta necesario transcribir los motivos de disenso planteados, por así autorizarlo la siguiente jurisprudencia, cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". El peticionario argumenta que se viola en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que se ha omitido notificar al demandado Sociedad Cooperativa de Consumo la Fresnillense, Sociedad de Capital Limitado en el expediente 343/2011, la fecha para la celebración de la audiencia en el incidente de liquidación. Es infundado el motivo de disenso por las consideraciones siguientes. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.]". Del texto constitucional transcrito se advierte que la prontitud en la administración de justicia consiste en que las autoridades jurisdiccionales tramiten y resuelvan las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. En consecuencia, este derecho comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Al respecto, de las constancias anexadas por la Junta responsable se advierte la razón de la Actuaria adscrita en la cual asentó: "En Fresnillo, Zac. Siendo las quince horas con quince minutos del día trece de julio del año dos mil diecisiete, la suscrita Actuaria adscrita a la Junta Especial No. 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en cumplimiento al acuerdo de fecha doce de julio de dos mil diecisiete, dictado por esta Junta, me constituí en el domicilio sito en CARRETERA FRESNILLO VALPARAÍSO KM 0.5 COLONIA LAS AMÉRICAS C.P. 99080 FRESNILLO, ZACATECAS a fin de lleva a cabo la notificación de la audiencia de incidente de liquidación a la demandada Sociedad Cooperativa de Consumo la Fresníllense S.C.L.; me constituí en el domicilio señalado y cerciorada del mismo por así desprenderse de la nomenclatura de la carretera así como del kilómetro de la misma donde se observa que en el predio donde antes se encontraban las instalaciones de la demandada ahora se encuentra un establecimiento de la cadena comercial de partes para auto denominada AUTOZONE, no habiendo en el domicilio o algún indicio o señalamiento del nombre de la demandada SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMO LA FRESNILLENSE. Razón por la cual no fue posible llevar a cabo la notificación encomendada. Dese cuenta a la H. Junta para su conocimiento y acuerde lo que en derecho proceda. DOY FE" (foja 52). De lo anterior se obtiene que la fedataria asentó su imposibilidad para notificar a la demandada Sociedad Cooperativa de Consumo la Fresnillense, Sociedad de Capital Limitado, la fecha para la celebración de la audiencia en el incidente de liquidación, en virtud de que en el lugar donde se constituyó se observó un diverso establecimiento comercial al buscado. En esta tesitura, no asiste razón a la parte quejosa, en virtud de que, si bien no se ha emplazado al demandado en el juicio natural; también lo es que tal circunstancia no es imputable a la actuaria señalada como responsable, pues como se ha hecho constar, ello se debe a una imposibilidad material para efectuar tal diligencia, toda vez que el domicilio proporcionado por el actor ha resultado infructuoso, siendo en última instancia, obligación procesal del aquí quejoso, proporcionar el domicilio correcto para emplazar a su contraparte en el juicio de origen. En las relatadas condiciones, al haberse desestimado el concepto de violación, en estudio, procede negar el amparo respecto del acto y la autoridad que en este considerando se analizaron. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Sergio Carrillo Miranda contra el acto reclamado de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, consistente en la omisión de notificar a la demandada Sociedad Cooperativa de Consumo la Fresnillense, Sociedad de Capital Limitado, en el expediente 343/2011, fecha para la celebración de la audiencia en el incidente de liquidación; por los motivos expuestos en el considerando quinto de la presente resolución. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido del licenciado Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado que autoriza y da fe, hasta hoy veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. Alicia

  4. Principal

    En dos de octubre de dos mil diecisiete, la Secretaria del Juzgado licenciada María Concepción García Jacobo doy cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dos de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/762/2017, de trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, informó que la Comisión de Adscripción en sesión celebrada el propio día, acordó la adscripción del licenciado Iván Ojeda Romo, como Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, a partir del uno de octubre del año en curso; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia, 2ª./J.104/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, resultado de la contradicción de tesis 119/2010 entre los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo del Décimo Primer Circuito, actualmente Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del mismo circuito, y Segundo del Quinto Circuito, ahora Primero en Materias Civil y de Trabajo del mismo circuito, consultable en la página 312 del Tomo XXXII, Julio de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Lo proveyó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza.- DOY FE. Megm

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