Sergio Arturo Soto Bañuelos
Expediente 1402/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 20 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1402/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 31/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Sergio Arturo Soto Bañuelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
El treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, Angélica Bobadilla Larios, secretaria del juzgado Primero de Distrito en el estado certifica: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento alguno con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la parte quejosa del catorce al veintiocho de diciembre del año en curso, sin que hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el once de diciembre de la presente anualidad, dentro del juicio de amparo 1402/2018; Que sí se aperturó incidente de suspensión, en el que se concedió la suspensión definitiva, sin que se hubiere exhibido billete de depósito o alguna otra garantía sobre la cual deba proveerse; Que sí existen constancias por devolver a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Valparaíso, Zacatecas. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede de los que se advierte que no se interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio el once de diciembre del año en curso, en la que se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado Acuerdo General, se determina que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión; en el entendido que sólo deberá conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión definitiva, tomando en consideración que se concedió la indicada medida cautelar. En consecuencia, agréguese éste cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Por su parte, el duplicado de dicho incidente es susceptible de destrucción, conforme al contenido del punto vigésimo, fracción III, del propio Acuerdo General, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el aludido punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. En atención a lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del mencionado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Por último, devuélvase a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Valparaíso, Zacatecas, la constancia consistente en un legajo de copia certificada relativo al proceso penal 01/2018, en razón de que resulta innecesaria su retención. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las diez horas con veinte minutos del once de diciembre de dos mil dieciocho, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1402/2018, estando en audiencia pública Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario que autoriza y da fe; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, inició su celebración, sin contar con la asistencia de las partes. Enseguida, el secretario da lectura de las constancias que integran el presente juicio de derechos, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el juez acuerda: Téngase hecha la relación de constancias; y, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, rendidos los informes justificados de las autoridades responsables juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, comandante de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de Justicia y juez de Primera Instancia y de lo Familiar, todas con sede en Valparaíso, Zacatecas (fojas 11, 37 y 40), asimismo, se tienen emplazados a los terceros interesados Amalia López Hernández y al agente del Ministerio Público adscrito al juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Valparaíso, Zacatecas (fojas 209 y 217). A continuación, en el período de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales que remitió la autoridad responsable juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Valparaíso, Zacatecas, en apoyo a su informe con justificación (fojas 12-34). El juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos, el secretario relaciona los vertidos por la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado mediante los pedimentos con registros 16796, 16797 y 16798 (fojas 204-206); a lo que el juez acuerda: ténganse formulados los alegatos referidos y precluído el derecho de las demás partes para expresarlos. Por último, al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1402/2018; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veinte de julio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional al día veintitrés siguiente, Sergio Arturo Soto Bañuelos, por propio derecho, solicitó la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que se describe a continuación: Autoridades responsables: En cuanto ordenadoras -Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, con sede en Valparaíso, Zacatecas. -Juez Mixto y de lo Familiar del Distrito Judicial de Valparaíso, Zacatecas. En cuanto ejecutoras -Comandante de la Policía Ministerial del estado de Zacatecas, con sede en Valparaíso, Zacatecas. Actos reclamados. La orden de aprehensión dictada en su contra. La ejecución de ésta. Actos que, a su parecer, son violatorios de los derechos fundamentales conferidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Tramite. La demanda fue turnada a este Juzgado y mediante proveído de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho; se registró el juicio con el expediente 1402/2018; se solicitó a las autoridades responsables los informes con justificación, se ordenó dar intervención al agente del Ministerio Público adscrito y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició al tenor del acta que antecede; y, TERCERO. En atención a los datos arrojados en los informes rendidos por las autoridades responsables y constancias de autos, en resolución de siete de noviembre del año en curso (fojas 250 a 254), se ordenó la separación de los juicios respecto de las causas 17/2018 y 1/2018, por lo que se determinó que en el presente juicio de amparo se seguiría únicamente respecto al acto reclamado relativo a la causa penal 17/2018; por tanto, se ordenó turnar la demanda de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado para que fuera remitida al Juzgado de Distrito, en turno, en relación con el restante proceso citado. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad judicial en materia penal que reside en el territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado federal y se combate su ejecución en este lugar. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, este juzgador considera que el quejoso reclama: Del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, con sede en Valparaíso, Zacatecas: La orden de comparecencia librada en contra del quejoso, en la causa penal 17/2018. Del Comandante de la Policía Ministerial del estado de Zacatecas, con sede en Valparaíso, Zacatecas: La ejecución de dicha orden de comparecencia. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, con sede en Valparaíso, Zacatecas, al rendir su informe con justificación negó la existencia del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión librada en contra del quejoso; sin embargo, aceptó haber librado una orden de comparecencia de once de julio de dos mil dieciocho, en contra del impetrante Sergio Arturo Soto Bañuelos, en la causa penal 17/2018, por lo que se tiene por cierto el acto reclamado (foja 11). No obstante que la parte quejosa en su demanda de amparo haya señalado como acto reclamado "la orden de comparecencia, detención, presentación, de aprehensión o reaprehensión", toda vez que para la fijación del acto reclamado no sólo debe analizarse la demanda en su integridad, sino también los informes de las autoridades responsables y en sí todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, para obtener una interpretación completa de la voluntad del impetrante. Apoya lo anterior, por las razones que contiene, la jurisprudencia 1a./J. 34/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos ochenta y siete, Tomo XIV, julio de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN. El hecho de que el peticionario de garantías haya señalado de manera incorrecta, de acuerdo a la técnica jurídica, como acto reclamado una orden de aprehensión y de los informes justificados se desprenda la existencia de una orden de reaprehensión, no es suficiente para considerar que el acto reclamado no existe y que, por tanto, deba sobreseerse en atención a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, sin examinar la constitucionalidad del acto que apareció probado, bajo el argumento de que el acto impugnado no es cierto en la forma expuesta por el quejoso. Ello es así, pues aun cuando la orden de aprehensión y la de reaprehensión, como se dijo, técnicamente son diferentes, ambos actos restringen la libertad personal, lo cual puede conducir al error en la denominación exacta del acto reclamado y sería excesivo considerar que por error o ignorancia en el nombre del acto reclamado, se deba sobreseer, ya que ello no puede servir de base para determinar la inexistencia de dicho acto, por lo que el juzgador, inspirado en los principios de justicia exacta y expedita, no sólo debe analizar la demanda en su integridad, sino también los informes de las autoridades responsables y en sí todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, para obtener una interpretación completa de la voluntad del quejoso y advertir el error o la omisión en que haya incurrido por desconocimiento de la denominación del acto reclamado y examinar la constitucionalidad del que aparezca probado, sin sujetarse al rigorismo de que precisa y solamente sea tomado como acto reclamado el que como tal se haya expresado en el capítulo especial de la demanda. Lo anterior no significa, en modo alguno, suplir la queja deficiente o integrar la acción que intente el gobernado, sino únicamente concatenar la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, con lo cual se permite que el accionante no vea obstaculizado su acceso a la justicia, por el exceso de rigorismos que contradicen el espíritu tutelar del juicio de garantías." Lo anterior, se corrobora con la copia certificada de las constancias remitidas por la responsable consistentes en las copias certificadas de la causa penal 17/2018, y un disco compacto que contiene la videograbación de la audiencia privada de once de julio de dos mil dieciocho, relativa a la audiencia de formulación de imputación, misma que fue diferida; documentales públicas a las que se otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se cita como sustento, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, tesis 226, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." También tiene aplicación la jurisprudencia 43/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 703, libro XXIII, agosto de 2013 tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Por su parte, la diversa autoridad responsable Comandante de la Policía Ministerial del estado de Zacatecas, con sede en Valparaíso, Zacatecas, no rindió su informe respecto de la causa penal 17/2018, en el sentido si era cierta o no la ejecución reclamada; sin embargo, tomando en consideración que tiene el carácter de ejecutora, y en el caso la autoridad ordenadora Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, con sede en Valparaíso, Zacatecas, en su informe justificado admitió expresamente que existe una orden de comparecencia librada contra el quejoso; por tanto, dadas las funciones que desempeña aquella autoridad, es evidente que le compete la cumplimentación de dicho mandato judicial; y en esas condiciones, debe considerarse cierto el acto que se atribuye a la referida ejecutora (foja 37). Luego, se encuentra acreditada la existencia de la orden de comparecencia y su ejecución. CUARTO. Previamente al estudio de la cuestión de fondo del acto reclamado, procede examinar las causales de improcedencia, por ser ello una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Respalda lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Ahora, la parte quejosa señala como acto reclamado la citación para la audiencia de formulación de imputación el veintidós de agosto de dos mil dieciocho a las nueve horas, dictada dentro de la causa penal 17/2018, del índice del juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Décimo Séptimo Distrito Judicial, con sede en Valparaíso, Zacatecas. Atento a lo anterior, en concepto de este juzgador, debe decirse que en el caso se actualiza de manera indudable y notoria la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que se trascriben a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.". [.]" Para corroborar lo anterior, es importante asentar que la etapa con la que inicia el nuevo sistema de justicia penal es la denominada de investigación, la cual tiene como finalidad que la trilogía investigadora (Ministerio Público, policía y peritos) recolecten datos de prueba para la acreditación del hecho delictivo, así como la probable participación de un sujeto en su comisión, iniciando la integración de la carpeta de investigación y la construcción de la teoría del caso. Ello, como dispone el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se trascribe a continuación: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme.". De la anterior trascripción se tiene que la etapa investigativa posee dos fases, a saber: Investigación inicial. En esta fase los investigadores recaban los datos de prueba necesarios para la formulación de la imputación, o si existe una persona detenida, los elementos necesarios para sustentar la legalidad de la detención, en esta etapa aún no se hace del conocimiento del juez la investigación, por eso se le conoce como investigación no judicializada que se sigue por la comisión de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que un sujeto haya participado en su comisión. Investigación Complementaria: Esta fase también es conocida como investigación judicializada, pues a partir de este momento el juez y el imputado conocen de la investigación, con ello, se inician las demás actuaciones procesales tales como la solicitud de la vinculación a proceso, la aplicación de medidas cautelares y el establecimiento de un plazo para culminar o cerrar la investigación. Ahora, el numeral 141 del citado ordenamiento legal establece lo siguiente: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario.". En ese sentido, de un estudio sistemático de las fracciones I y II del artículo previamente citado, se advierte que la citación de una persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte la libertad personal del quejoso, al tratarse de una simple comunicación del juez, a petición del Ministerio Público, esto es así, toda vez que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Establecido lo anterior, en el caso en concreto, como ya se dijo el quejoso reclama la citación para la audiencia de formulación de imputación señalada a las nueve horas del veintidós de agosto del año en curso, ordenada en autos de la causa penal 17/2018, del índice del índice del juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Décimo Séptimo Distrito Judicial, con sede en Valparaíso, Zacatecas. De lo anterior, se advierte que respecto de dicho acto reclamado, en razón de la etapa procesal en la que se encuentra el procedimiento natural, es decir, la de investigación, dicho citatorio no incide en la libertad personal del quejoso, tal como lo manifiesta en su escrito de demanda, pues en la audiencia inicial únicamente se formalizará la investigación que se sigue en su contra, y puede o no que se vincule a proceso. No obsta a lo anterior, el hecho de que el precepto citado en párrafos anteriores en su fracción segunda prevea que en caso de no comparecer injustificadamente a la audiencia de imputación, pueda ordenarse su presentación forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el quejoso no asista sin justificación y el ministerio público solicite se ordene su comparecencia por medio de la fuerza pública. Es por todo lo anterior que, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues siguiendo la línea establecida en el presente fallo, es el caso que en virtud de la etapa procesal en la que se encuentra el procedimiento de donde emana el acto reclamado, es un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, siete de diciembre de 2018, con número de registro 2018828, que a la letra reza: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo.". En las relatadas condiciones, al configurarse la hipótesis de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo promovido por SERGIO ARTURO SOTO BAÑUELOS, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la invocada Ley. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por SERGIO ARTURO SOTO BAÑUELOS, en los términos precisados en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa asistido de Álvaro Augusto Álvarez Rendón, Secretario que autoriza, Doy fe.
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El catorce de noviembre de dos mil dieciocho, Norma Jessica Solis Muñoz, secretaria de juzgado certifica: - Que a las diez horas con treinta minutos del siete de noviembre de dos mil dieciocho se llevó a cabo la celebración de la audiencia y resolución del incidente de separación de autos. Doy fe. La secretaria En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que el siete de noviembre de dos mil dieciocho tuvo verificativo la audiencia y resolución del incidente de separación de autos, ordenándose la reanudación del procedimiento; en consecuencia, se levanta la suspensión del procedimiento en el presente juicio, y a fin evitar mayores dilaciones procesales se continúa con el trámite correspondiente. Por tanto, se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el presente asunto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Norma Jessica Solis Muñoz, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. SDelgado
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"... Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71 y 72 del Código Federal de Procedimiento Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, 66 y 67 de la Ley de la materia, se R E S U E L V E: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, tiene competencia legal para resolver el Incidente de Separación de Juicios de Amparo. SEGUNDO. La vía incidental resultó ser la idónea para el trámite de Separación de Juicios de Amparo, conforme a los razonamientos expuestos en el considerando tercero de esta interlocutoria. TERCERO. Dese cumplimiento a lo ordenado en el considerando cuarto de esta interlocutoria. Notifíquese personalmente. ..."
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