Sergio Bochm Zamora
Expediente 688/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 688/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Sergio Bochm Zamora
- Sergio Bochm Zamora y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese para que obre como corresponda el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que en proveído de doce de septiembre del año en curso, el tribunal de alzada admitió el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en el presente asunto, el cual se registró con el número de revisión 220/2019. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este Juzgado, así como en el sistema del sise, el auto de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27 fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
Se notifica a la parte Quejosa y a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b)y c), de la Ley de Amparo.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 688/2019, promovido por Sergio Bochm Zamora; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación en la vía directa. Mediante escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve ante la oficialía de partes de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Sergio Bochm Zamora, por propio derecho, demandó en la vía directa, el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del titular de ese tribunal de segunda instancia, que estimó violatorios de los derechos tuteladas en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales. Por lo anterior, la citada autoridad responsable realizó los trámites previstos por el artículo 178 de la Ley de Amparo y por oficio 1137/2018 presentado el trece de junio siguiente ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, remitió el toca de apelación I-96/2019 del que deriva la resolución reclamada y el juicio ordinario civil sobre nulidad de testamento 1137/2018, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda de amparo intentada inicialmente en la vía directa, correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, quien el catorce de junio de dos mil diecinueve (foja 5) la recibió y en auto de diecisiete de junio siguiente, se declaró incompetente para conocer de la misma, en atención a que la resolución reclamada -resolución de segundo grado que por una parte, declaró improcedente el incidente de litisconsorcio pasivo necesario y por otro, lo declaró procedente y ordenó reponer el procedimiento para llamar a Laura y María Patricia de apellidos Pérez Salas- no constituye una sentencia definitiva que pone fin al juicio, por lo que ordenó remitirlo al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con residencia en esta ciudad. Segundo. Avocamiento y trámite. Por razón de turno, correspondió a este juzgado el conocimiento del presente asunto, quien en auto de diecinueve de junio de dos mil diecinueve (foja 27) la tuvo por recibida y en la propia fecha, la admitió a trámite, dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable y otorgó a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete. Asimismo, en el propio proveído se reconoció el carácter de terceros interesados a María Guadalupe Sánchez Murillo y al Notario Público Número 15, con ejercicio y residencia en esta ciudad; de la misma forma, en el propio auto convalidó el emplazamiento que de dichos terceros verificó la autoridad responsable, ordenando únicamente notificarles personalmente el auto de avocamiento que pronunció este juzgado. Finalmente, a las once horas con diez minutos del veintitrés de julio de dos mil diecinueve se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional, en los términos del acta que antecede, por lo que ahora se procede a dictar sentencia al tenor de las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Por tanto, apreciada íntegramente la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama del Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán: Resolución de treinta de abril de dos mil diecinueve pronunciada en el toca de apelación I-96/2019, en la que el magistrado responsable confirmó la interlocutoria pronunciada por el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial, que por una parte, declaró improcedente el incidente de litisconsorcio pasivo necesario promovido por el quejoso, y por otro, lo declaró procedente y ordenó reponer el procedimiento para llamar a Laura y María Patricia de apellidos Pérez Salas. Tercera. Certeza del acto. La autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora de las constancias aportadas por ésta, con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º. En ese sentido, se tiene por cierto el acto reclamado en esta instancia constitucional. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarto. Estudio de las causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado consistente en la resolución de treinta de abril de dos mil diecinueve pronunciada en el toca de apelación I-96/2019, en la que el magistrado responsable confirmó la interlocutoria pronunciada por el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial, que por una parte, declaró improcedente el incidente de litisconsorcio pasivo necesario promovido por el quejoso, y por otro, lo declaró procedente y ordenó reponer el procedimiento para llamar a Laura y María Patricia de apellidos Pérez Salas. El promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiese, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Página 830, Novena Época, Registro 164618, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Previo a la calificación de los conceptos de violación esgrimidos por el accionante de tutela constitucional, es pertinente que este juzgador traiga a cuenta las consideraciones en las que el magistrado responsable descansó el sentido de su decisión que consisten en: Establecido lo anterior, se tiene que es inoperante la primera parte del concepto de violación que el quejoso denominó como "único" (foja 11), en el que aduce que la autoridad responsable declaró infundado su agravio, argumentando que era improcedente llamar a Miguel Jurado al juicio de origen, porque el resultado del fallo definitivo no afectaría en nada su esfera jurídica de derechos. Que en todo caso, desde un principio se debió prevenir a la parte actora, aquí tercera interesada, para que aclarara las situaciones que fueran obscuras, ya que en la especie, en la demanda se imputaban hechos litigiosos a una persona que no fue señalada como demandado, por lo que entonces procedía que, se llamara a juicio a Miguel Jurado a fin de no privarle su derecho a ser oído en juicio. Dicha calificación obedece a que el accionante del amparo no ataca las consideraciones asumidas por la responsable sobre el llamado del citado Miguel Jurado, a saber: Que de lo que la actora narró en su demanda no se desprende que se hubiera atribuido a Miguel Jurado intervención alguna en el otorgamiento del testamento que se tacha de nulo; Que al citado Miguel Jurado no se le atribuyó intervención alguna en lo relativo al otorgamiento del testamento de que se habla, que tampoco fue instituido heredero en el mismo e incluso, que no se le señaló como causahabiente del heredero con relación a los bienes que conforman la masa hereditaria, por lo que no hay necesidad de llamarlo a juicio; y, Que la sentencia definitiva que llegue a dictarse en el juicio de origen, ningún beneficio o perjuicio puede causarle al no versar el juicio sobre ninguna cuestión de su interés, sencillamente, porque la pretensión de la actora es la nulidad del testamento otorgado a Esperanza Salmerón Acosta, la rendición de cuentas por parte del albacea, la declaración de nulidad absoluta de los actos derivados de esos actos y el pago de daños y perjuicios, y por ello, el citado Miguel Jurado no debe responder por dichos actos, ya que no participó en los mismos, ni obtuvo a partir de esos trámites, la posesión o propiedad de los bienes que conforman la masa hereditaria, por lo que no hay razón para considerar que puede responder de esa reclamación. Atendiendo a lo expuesto, la parte del concepto de violación que se estudia, en el que el quejoso pretende combatir la falta de llamado al juicio de origen de Miguel Jurado, debe calificarse inoperante, en la medida que en él no ataca las consideraciones en las que el magistrado responsable apoyó su decisión, que consisten básicamente, en que no procedía su llamado porque el no tuvo ninguna intervención en los trámites relativos al otorgamiento del testamento cuya nulidad se demanda y que tampoco figura como causahabiente, ni se evidencía que haya obtenido o pueda obtener algún beneficio de los trámites derivados de esa sucesión. De suerte que, a efecto de que este juzgador estuviera en condiciones de emprender el estudio de la parte de ese concepto de violación, el quejoso debió refutar las afirmaciones asentadas por el magistrado responsable en ese sentido y acreditar que, contrario a ello, sí existen constancias dentro de la contienda de origen que revelan la participación del citado Miguel Jurado en el otorgamiento del testamento que se pretende anular, y del mismo modo, también evidenciar el posible perjuicio o beneficio en su esfera jurídica. Consecuentemente, si el quejoso en lugar de controvertir o superar las consideraciones expuestas por el magistrado responsable no realiza un solo argumento para refutar las afirmaciones asentadas en la resolución reclamada en torno al llamado del citado Miguel Jurado, es evidente que este juzgador se encuentra imposibilitado para emprender el estudio del planteamiento dirigido a ese aspecto, al no otorgarse las bases necesarias para calificar lo fundado o infundado de lo resuelto en la alzada. Es así, porque en esta instancia de amparo el quejoso estaba obligado a manifestar que contrario a lo señalado por la responsable, el agravio que dirigió para combatir la falta de llamado de Miguel Jurado, no era infundado, exponiendo las razones lógico-jurídicas para llegar a tal conclusión. No obsta para ello, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para estudiar un planteamiento como concepto de violación basta expresar la causa de pedir; pues también aclaró que la aplicación de dicha figura no tiene el alcance de que se analicen aspectos genéricos si no hay argumentos que rebatan los fundamentos del acto reclamado. Fundamenta a lo precedente, las razones que informa la Jurisprudencia 1a. /J. 81/2002, publicada en la página 61, del Tomo XVI, Diciembre de 2002, relativa a la Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN "FUNDAMENTO.- El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse.". Asimismo, lo expuesto en la jurisprudencia (V Región) 2o. J/1 (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, Pag. 1683, Décima Época, registro 2010038, que dice: "CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "RAZONAMIENTO" COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO. De acuerdo con la conceptualización que han desarrollado diversos juristas de la doctrina moderna respecto de los elementos de la causa petendi, se colige que ésta se compone de un hecho y un razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que es acorde con la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la causa de pedir no implica que los quejosos o recurrentes pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde (salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de la queja) exponer, razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren; sin embargo, no ha quedado completamente definido qué debe entenderse por razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados han expuesto sobre este último, se establece que un razonamiento jurídico presupone algún problema o cuestión al cual, mediante las distintas formas interpretativas o argumentativas que proporciona la lógica formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta a partir de inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en específico, a los motivos de inconformidad, un verdadero razonamiento (independientemente del modelo argumentativo que se utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). Por consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de estricto derecho, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, debe calificarse como inoperante; sin que sea dable entrar a su estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se conforma de la expresión de un hecho concreto y un razonamiento, entendido por éste, cualquiera que sea el método argumentativo, la exposición en la que el quejoso o recurrente realice la comparación del hecho frente al fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto reclamado o la resolución que recurre resulta ilegal; pues de lo contrario, de analizar alguna aseveración que no satisfaga esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos no esbozados, lo que se traduciría en una verdadera suplencia de la queja en asuntos en los que dicha figura está vedada." Es aplicable -conforme al contenido del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente- la jurisprudencia V.2º. J/62, visible en la página 53, del tomo 63, marzo de 1993, Tribunales Colegiados de Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CONTRA DECLARACIÓN DE INOPERANCIA DE AGRAVIOS, SON TAMBIÉN INOPERANTES SI NO SE RAZONA EN ÉSTOS, EL ATAQUE QUE EN AQUÉLLOS SE HICIERA CONTRA LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA APELADA. El quejoso se concreta a mencionar lo afirmado por la responsable y a manifestar simplemente que, tal afirmación riñe con el contenido de los agravios que expresó su abogado, en los cuales dice, si se expusieron los argumentos correspondientes en contra de las consideraciones habidas en la resolución que se impugnó, pero no se ocupa de mostrar, cuáles fueron, en la expresión de tales agravios, sus contra argumentos para combatir las referidas consideraciones del Juez de primera instancia, y no ataca, de ninguna otra manera, los razonamientos que la responsable tuvo en cuenta para concluir la inoperancia de los referidos puntos de agravios, por todo lo cual el concepto de violación que se contesta resulta también inoperante." En otro aspecto, en la segunda parte del concepto de violación que el quejoso tituló como "único", aduce que es ilegal que al determinar actualizada parcialmente la excepción de litisconsorcio pasivo necesario, se ordenara la reposición del procedimiento, en lugar que se diera por concluido el juicio intentado. Y que al asumir la determinación en ese sentido, se contraviene en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 25 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, que en esencia dispone que verificado el emplazamiento de la demanda, ésta no puede modificarse o alterase, sino con el consentimiento del demandado. Que además, la autoridad responsable alteró las reglas que rigen el procedimiento, ya que de los artículos 35 y del 860 al 877, del citado código de procedimientos civiles, no se advierte que cuando un incidente de litisconsorcio pasivo necesario sea declarado procedente, la consecuencia sea la reposición del procedimiento, sino tener por concluida la instancia. Que por ello, es incorrecto que bajo el argumento de no infringir el derecho humano de la actora a un acceso a la justicia efectiva, se desconozca un requisito de admisibilidad; y que asumir lo contrario, implicaría suplir la deficiencia en que incurrió la actora al formular su demanda. De la misma forma, que carece de aplicación la jurisprudencia que el magistrado responsable citó, porque el mismo fue resuelto con base en la legislación del Estado de México y en todo caso, su aplicación se sujeta a que el contenido de los artículos sea igual o similar, lo que en el caso no sucede, porque la legislación procesal de aquella entidad federativa, sí dispone la posibilidad que el juzgador prevenga a la parte actora para que amplíe la demanda contra las personas que conformen litisconsorcio pasivo necesario, no así la del Estado de Michoacán. Concepto de violación el anterior que también es inoperante, ya que en relación con el fondo del asunto planteado en el mismo (que no debió ordenarse la reposición del procedimiento sino declarar concluida la instancia), existe jurisprudencia que es obligatoria en su observancia y aplicación para el magistrado responsable y de otorgare la protección constitucional para que se estudiaran los agravios que se hicieron valer en relación con el tema de fondo que es similar al contenido en dicha jurisprudencia, no obtendría ningún beneficio, pues por virtud de su obligatoriedad, se tendría que resolver en el mismo sentido establecido en ella; dicha jurisprudencia es la anteriormente citada. La jurisprudencia de la que se habla es la 1a./J. 19/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Civil, Página 595, Décima Época, Registro 2004262, que dice: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. CUANDO EL TRIBUNAL DE ALZADA ADVIERTA QUE ALGUNA DE LAS PARTES NO FUE LLAMADA AL JUICIO NATURAL, OFICIOSAMENTE DEBE MANDAR REPONER EL PROCEDIMIENTO. El litisconsorcio pasivo necesario implica pluralidad de demandados y unidad de acción; de ahí que deban ser llamados a juicio todos los litisconsortes quienes, al estar vinculados entre sí por un derecho litigioso, deben ser afectados por una sola sentencia. En ese sentido, cuando se interpone un recurso de apelación y el tribunal de alzada advierte que en el juicio hubo litisconsortes que no fueron llamados, aunque no medie petición de parte, en cualquier etapa del procedimiento debe mandar reponerlo de oficio, para que el juez de primera instancia los oiga y dicte una sentencia apegada a los principios de igualdad, seguridad jurídica y economía procesal, sobre la base de que debe protegerse en todo momento el derecho humano de acceso efectivo a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, toda vez que el litisconsorcio constituye un presupuesto procesal sin el cual no puede dictarse una sentencia válida, ya que involucra la protección de un derecho humano y la correlativa obligación de los jueces como autoridades a protegerlo, por lo que la carga procesal de citar a todas las partes corresponde al órgano jurisdiccional." Jurisprudencia la anterior, que aunque no fue invocada por el magistrado responsable en la resolución que constituye el acto reclamado, es de aplicación obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, dado que la misma fue emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y además, porque la misma no realiza la interpretación específica de alguna legislación adjetiva, sino que su contenido es temático, en la medida que establece que es obligatorio que cuando se actualice la figura del litisconsorcio pasivo necesario, se reponga el procedimiento en cualquier etapa, incluso aunque no medie petición de parte, sencillamente, porque se trata de un presupuesto procesal. Incluso existen criterios que establecen la obligación relativa a que cuando se actualice la figura del litisconsorcio pasivo necesario, puede mandarse reponer el procedimiento desde la primera instancia, en cualquier etapa que se encuentre el juicio, en aras de lograr el mayor beneficio para las partes y para la sociedad, así como privilegiar la economía procesal; pero como razón más importante, porque la falta de llamamiento a juicio de uno de los litisconsortes puede dar como resultado una sentencia nula y ningún caso tendría la existencia de un procedimiento en el que habiéndose ejercitado una acción, finalmente se obtuviera una resolución judicial que no pudiera hacerse efectiva. Uno de esos criterios, es la jurisprudencia 1a./J. 144/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, Materia Civil, Página 190, Novena Época, Registro 176529, que dice: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ANALIZARSE DE OFICIO POR EL JUZGADOR EN CUALQUIER ETAPA DEL JUICIO (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE JALISCO Y DEL DISTRITO FEDERAL). El litisconsorcio pasivo necesario previsto en los artículos 49 y 53 de los Códigos de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y del Distrito Federal, respectivamente, tiene su razón de ser en la existencia de juicios en los que debe haber una sola sentencia para todos los litisconsortes, dado que legalmente no puede pronunciarse una decisión judicial válida sin oírlos a todos, pues en virtud del vínculo existente en la relación jurídica de que se trata, es imposible condenar a una parte sin que la condena alcance a las demás. En este aspecto, dicha figura jurídica, al igual que las cuestiones sobre personalidad, competencia y procedencia de la vía, constituye un presupuesto procesal que debe analizarse de oficio por el juzgador, incluso en segunda instancia, pues no puede dictar una sentencia válida si no se llama a todos los litisconsortes. Así, se concluye que el juzgador puede realizar el análisis de la integración del litisconsorcio pasivo necesario no sólo en la sentencia definitiva que resuelva el juicio, sino que tiene la obligación de hacerlo en cualquier etapa de éste, ya que la falta de llamamiento a juicio de uno de los litisconsortes puede dar como resultado una sentencia nula y ningún caso tendría la existencia de un procedimiento en el que habiéndose ejercitado una acción, finalmente se obtuviera una resolución judicial que no pudiera hacerse efectiva y, por lo mismo, tampoco resolviera la litis planteada. En efecto, de no ejercitarse la acción contra todos los litisconsortes, el fallo podría ser nulo si se impugna la sentencia por no haber sido notificados los no emplazados; de ahí que al tratarse de una anomalía procesal grave equiparable a la falta de emplazamiento al juicio y, por tanto, de una cuestión de orden público, podrá analizarse en cualquier estado del juicio, incluso en la apelación." Y la diversa jurisprudencia 1a./J. 20/2013 (10a.) también de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, Materia Civil, Página 771, Décima Época, Registro 2003305, que dice: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN LA RECONVENCIÓN. CUÁNDO DA LUGAR A REPONER EL PROCEDIMIENTO SI SE DETECTA EN LA ETAPA DE SENTENCIA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido pautas sobre la reposición del procedimiento para llamar a juicio a todos los litisconsortes cuando se advierte la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario que no ha sido debidamente integrado, pautas que solamente tienen aplicación en situaciones ordinarias, esto es, cuando tal exigencia se presenta en el trámite normal de un juicio donde el demandado se concreta a producir su defensa, pero su aplicación no cobra plena vigencia cuando se trata de la situación peculiar de los litigios múltiples dentro de un mismo proceso, por la presentación de la reconvención, pues ésta no siempre participa de las mismas normas procesales aplicables a la causa principal, dado que es la propia ley adjetiva aplicable a cada caso específico la que prevé las limitaciones que rigen la contrademanda. En esas circunstancias, no es válido sostener que, en un escenario como el que se proyecta, el órgano jurisdiccional deba ordenar ineludiblemente la reposición del procedimiento para vincular a los litisconsortes no emplazados a la reconvención, pues no debe soslayarse que ésta aprovecha el juicio iniciado por el actor principal, quien no debe verse afectado injustificadamente por las deficiencias en su trámite; de manera que, una eventual reposición del procedimiento debe atender a la vinculación o interdependencia entre la causa principal y la reconvención, pues sólo entonces se justifica la molestia ocasionada al impulsor natural. Por esas razones y a fin de lograr el mayor beneficio para las partes y para la sociedad, así como privilegiar la economía procesal, la disminución en la aplicación de recursos humanos y económicos en la resolución de conflictos de índole jurisdiccional y la superación de las dificultades y problemas que podrían ocasionarse si las cuestiones se ventilaran y decidieran en expedientes distintos y por separado, ha de observarse lo siguiente: a) si la decisión de una de las pretensiones depende de la otra, no es válido dictar sentencia definitiva, en el entendido de que si ésta ya se dictó, debe quedar sin efectos en su totalidad por orden del órgano revisor, esto es, tanto lo resuelto en la causa principal como en la reconvención y reponerse el procedimiento para llamar a juicio al resto de los litisconsortes (pues se considera que el actor principal ya está sujeto al proceso), donde quedan intocadas las actuaciones verificadas respecto del juicio principal, es decir, quedan en estado de resolución; y, b) si son independientes o autónomas una y otra pretensiones, la autoridad debe pronunciarse sobre la cuestión principal y dictar sentencia inhibitoria en la reconvención, dejando a salvo los derechos del reconventor para que los haga valer en un juicio diferente, pues a nada práctico conduciría reservar o suspender la ejecución de la cuestión principal sentenciada cuando hay completa desvinculación entre ambas pretensiones o la reconvención solamente tiene la finalidad de lograr una posible compensación." Respecto de la calificación de inoperancia, se cita como criterio aplicable, la jurisprudencia por reiteración XVII.1o.C.T. J/9 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes 14 de octubre de 2016 10:24 h, ubicada en publicación semanal, Décima Época, registro 2012829, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. RESULTA INNECESARIO SU ANÁLISIS, CUANDO SOBRE EL TEMA DE FONDO PLANTEADO EN LOS MISMOS YA EXISTE JURISPRUDENCIA. Resultan inoperantes los conceptos de violación y, por ende, innecesario su análisis, en los que en relación con el fondo del asunto planteado en ellos, ya existe jurisprudencia que es obligatoria en su observancia y aplicación para la autoridad responsable, que la constriñe a resolver en el mismo sentido fijado en esa jurisprudencia, por lo que, en todo caso, con su aplicación se da respuesta integral al tema de fondo planteado; luego, si esa jurisprudencia es contraria a los intereses de la quejosa, ningún beneficio obtendría ésta el que se le otorgare la protección constitucional para que el tribunal de apelación estudiara lo planteado en la demanda, así como en los agravios que se hicieron valer en relación con el tema de fondo que es similar al contenido en dicha jurisprudencia, pues por virtud de su obligatoriedad, tendría que resolver en el mismo sentido establecido en ella." En las narradas circunstancias, al no haber prosperado el único concepto de violación planteado, lo que se impone es negar el amparo solicitado. Sexta. Publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Sergio Bochm Zamora, contra el acto reclamado al Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán descrito en el considerando quinto de este fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
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