Sergio Arturo Trujillo Cortés
Expediente 459/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 459/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Sergio Arturo Trujillo Cortés
- Registro Agrario Nacional Delegación Michoacán con sede en Morelia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, la sentencia de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.
- Principal
R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, Sergio Arturo Trujillo Cortés, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Registro Agrario Nacional Delegación Michoacán, con residencia en esta ciudad, que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. Segundo. Admisión de la demanda. Por razón de turno, correspondió el conocimiento del asunto a este juzgado federal, por lo que en auto de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, admitió la demanda de amparo; solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y finalmente, seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional por lo que ahora se procede a dictar sentencia, al tenor de los siguientes: C O N S I D E R A N D O S: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que reside, dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que Sergio Arturo Trujillo Cortés, reclama del Registro Agrario Nacional, Delegación Michoacán, con residencia en esta ciudad: El oficio de siete de diciembre de dos mil dieciocho, suscrito por el Registrador Integral del Registro Agrario Nacional, mediante el cual emitió la calificación registral negativa a la solicitud número 16180025038 presentada por el quejoso, a efecto de que inscribiera el reconocimiento de avecindados de diversas personas, acordado en el acta de asamblea de veintiuno de septiembre de dos mil doce del Ejido denominado Isaac Arriaga Noriega, ubicado en el Municipio de Morelia, Estado de Michoacán de Ocampo. Tercero. Certeza actos. El Jefe de Área de lo Contencioso y Consultivo de la Delegación Michoacán del Registro Agrario Nacional, aceptó la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias que acompañó a su informe justificado, consistentes en copias certificadas de la solicitud del quejoso número 16180025038 y la calificación registral negativa, con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º. En ese sentido, se tienen por ciertos los actos reclamados en esta instancia constitucional. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Este Órgano Constitucional advierte, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no observó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, pues debió agotar el juicio agrario de nulidad, regulado en los artículos 163 de la Ley Agraria, en relación con el diverso 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. En efecto, el artículo 61 fracción XX de la ley de la Materia dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" La causa de improcedencia de mérito prevé la inejercibilidad del juicio constitucional contra resoluciones dictadas por autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Lo anterior, debido a que debe cumplirse con lo requerido por los principios rectores del juicio de amparo, siendo uno de éstos el de definitividad que consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional. Dicho principio se encuentra contemplado en la fracción IV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone la procedencia del juicio de amparo contra actos emitidos por autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo cuya ejecución sea de imposible reparación, una vez agotados los recursos que en su caso procedan; ello, con la finalidad de que hasta en tanto sean adversos los resultados que se obtengan en los recursos ordinarios, no será posible acudir a la Justicia Federal que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa. Ahora, en la especie el acto reclamado se hizo consistir en el oficio de siete de diciembre de dos mil dieciocho, suscrito por el Registrador Integral del Registro Agrario Nacional, mediante el cual emitió la calificación registral negativa a la solicitud número 16180025038 presentada por el quejoso, a efecto de que inscribiera el reconocimiento de avecindados de diversas personas, acordado en el acta de asamblea de veintiuno de septiembre de dos mil doce del Ejido denominado Isaac Arriaga Noriega, ubicado en el Municipio de Morelia, Estado de Michoacán de Ocampo. Por su parte, los artículos 163 de la Ley Agraria y el diverso 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, disponen: "Artículo 163. Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley". "Artículo 18. Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. Los tribunales unitarios serán competentes para conocer: (.) IV. De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación". Los artículos 22, fracciones I, II, III, incisos a) y k), 32, fracciones IV, V y XII, 33, 73 y 74 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, prevén que los Delegados y Registradores, como autoridades pertenecientes al Registro Agrario Nacional, están facultados para ejercer la función registral de los actos y documentos objeto de registro, calificar e inscribir la transmisión de derechos agrarios, cancelar y emitir nuevos certificados de derechos agrarios, en los siguientes términos: "Artículo 22. Las Delegaciones tendrán las siguientes atribuciones: I. Ejercer a través de los registradores la función registral, mediante la calificación, inscripción y la certificación de los asientos de los actos y documentos objeto de registro; [.] II. Inscribir las resoluciones judiciales o administrativas mediante las cuales se constituyan, reconozcan, modifiquen o extingan derechos individuales o colectivos de ejidatarios o comuneros; III. Calificar e inscribir: [.] Las actas de delimitación, destino y asignación de las tierras al interior de los Núcleos Agrarios, así como los productos cartográficos resultantes;[.] k) Los acuerdos de asamblea de aceptación y separación de ejidatarios y comuneros, así como de sus aportaciones en términos del reglamento interno y/o del estatuto comunal, así como el reconocimiento de posesionarios y/o de la regularización de la tenencia de la tierra de los mismos;" "Artículo 32. Son actos jurídicos que se pueden inscribir los que constituyan, transfieran, modifiquen o extingan derechos y obligaciones respecto de: [.] IV. La delimitación, destino y asignación de las tierras al interior de los Núcleos Agrarios;[.] V. Los sujetos titulares de los derechos sobre las tierras a que se refiere la fracción anterior; XII. Los demás actos jurídicos que tengan por objeto crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones relacionados con las fracciones anteriores". "Artículo 33. El Registrador es el servidor público a quien compete examinar y calificar los actos y documentos que deban inscribirse, así como realizar y autorizar anotaciones, asientos y cancelaciones [.]". "Artículo 73. El Registro efectuará las anotaciones correspondientes de los asientos registrales, cuando así se prevea en la Ley y sus Reglamentos o por resolución judicial". "Artículo 74. La extinción y cancelación de las inscripciones que obran en el Registro, se llevarán a cabo de conformidad con lo establecido en el capítulo relativo del Código Civil Federal de aplicación supletoria". En tales artículos está regulada la procedencia del juicio de nulidad, en lo relativo a las resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación, en la especie, el reconocimiento de nuevos avecindados; la competencia para conocer de ellos de los tribunales unitarios agrarios; y, la calificación, inscripción o certificación de los asientos de los actos y documentos objeto de registro. En otras palabras, el juicio agrario fue creado para substanciar y resolver los conflictos en materia de derechos agrarios, así como para buscar la nulidad de resoluciones que crean, modifican, transmitan o extingan un derecho, como lo sería la calificación de inscripción -tanto positiva como negativa- pues conlleva el reconocimiento de nuevos avecindados; por lo que es claro que quien se vea afectado con tales actuaciones tiene a su alcance plantear la controversia ante el Tribunal Unitario Agrario, para que este determine lo conducente. De ahí que, si la calificación registral de inscripción y, en su caso, lo actuado en el mismo, es susceptible de ser nulificado a través del juicio agrario previsto en los artículos 163 a 169 de la Ley Agraria, es incontrovertible que no es un Juzgado de Distrito quien en este momento deba conocer de dicho acto de autoridad, sino un Tribunal Unitario Agrario, como a continuación se evidenciará. Efectivamente, aun cuando el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios carece de una fracción específica que otorgue competencia a los tribunales unitarios para conocer de un juicio de nulidad de una resolución dictada por el Registro Agrario Nacional, esta atribución se funda en la fracción IV de ese precepto, porque se trata de una resolución emitida por una autoridad agraria en la que se negó una calificación registral, de siete de diciembre de dos mil dieciocho contra la cual procedía el juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario, al tratarse de una resolución que como ya se dijo, la calificación de inscripción -tanto positiva como negativa- conlleva el reconocimiento de nuevos avecindados. Apoya lo expuesto, por identidad de razón, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Mayo de 2008, Materia: Administrativa, Tesis: 2a./J. 88/2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto y rubro dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA CALIFICACIÓN REGISTRAL NEGATIVA PARA INSCRIBIR UN ACTA DE ASAMBLEA DE EJIDATARIOS EN EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL. CORRESPONDE AL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. Conforme a los artículos 148 de la Ley Agraria, 1o., 14, 25, 55, 56 y 57 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, este es un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria con autonomía técnica y funciones de control de tenencia de la tierra y seguridad documental, en el cual se inscriben los actos jurídicos y documentos agrarios susceptibles de registro, para lo cual, observando el principio de legalidad y en el ámbito de sus atribuciones, los registradores aplican la normativa agraria, pues emiten una resolución debidamente fundada y motivada, en la que califican la inscripción solicitada, mediante el examen de los documentos y actos jurídicos que consten en ellos, para determinar si reúnen los requisitos de forma y fondo legales para su inscripción. Por otra parte, cuando el acto de cuya inscripción se trata no reúne los requisitos de forma y fondo exigidos, su calificación será negativa y, en su contra, acorde con el artículo 63 del Reglamento mencionado, procede el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para que en la misma sede de las autoridades agrarias se verifique su legalidad, conforme al derecho agrario aplicable. En ese sentido, cuando la resolución pronunciada en el citado recurso afecta el derecho del ejido para solicitar la inscripción registral de los acuerdos de su asamblea de ejidatarios, su impugnación tendrá la finalidad de sustanciar, dirimir y resolver una controversia suscitada con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Agraria y en el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional relativas a la inscripción de actos jurídicos y, por ende, dará origen a la tramitación de un juicio agrario, cuyo conocimiento corresponderá a un Tribunal Unitario Agrario, con fundamento en el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, conforme al cual debe conocer de los juicios de nulidad promovidos contra resoluciones dictadas por autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación. Con lo anterior, se cumplen los fines del Constituyente y el principio de supremacía establecidos en los artículos 27, fracción XIX y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al elevar a rango constitucional la impartición y administración de justicia a la clase campesina y establecer la competencia originaria de los Tribunales Agrarios, para garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y la pequeña propiedad, así como para resolver, en general, los asuntos de naturaleza agraria, en los cuales se impliquen derechos de los sujetos o entidades pertenecientes a esa clase, como son los ejidos". Cabe acotar que el vocablo "resolución" a que alude la fracción IV del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, no debe entenderse solamente como una resolución en sentido formal que se dicte en materia agraria, es decir, que derive como consecuencia de un determinado procedimiento con todas sus características, sino que también debe abarcar cualquier acto o decisión que emita una autoridad agraria, que sin constituir propiamente una resolución en sentido formal, de hecho constituye una resolución en sentido material porque determina situaciones jurídicas concretas. Lo anterior es comprensible, si se tiene en cuenta que en ocasiones las autoridades emiten actos o acuerdos que sin constituir precisamente una resolución en sentido formal, a través de esos actos o acuerdos alteran, modifican o extinguen un derecho o determinan la existencia de una obligación, como pudiera ser, por ejemplo, la emisión de un plano en materia agraria que modifique uno anterior, que sin ser propiamente una resolución, dado que la expresión de voluntad se hace de manera gráfica, esa decisión de hecho afecta situaciones jurídicas concretas y lo determinante es que en ese acto o resolución se plasme la voluntad de la autoridad agraria. Esto es, para que proceda el juicio de nulidad en términos de la fracción IV del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, es suficiente que el acto o resolución cuya nulidad se demandó haya sido emitido por una autoridad agraria y, necesariamente, que este acto altere, modifique o extinga un derecho, o bien, haya determinado la existencia de una obligación. En consecuencia, si el acto de la autoridad agraria define o da certeza a una situación legal o administrativa, y en ejercicio de su potestad, crea, reconoce, modifica o extingue algún derecho en materia agraria, y dicha autoridad puede imponerla y ejecutarla aun en contra de la voluntad de los gobernados, ese acto es una resolución, y como consecuencia de ésta, deben conocer y tienen competencia para su nulidad, los tribunales unitarios agrarios, de conformidad con el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Octubre de 1999. Materia Administrativa. Tesis: 2a./J. 109/99. Página 462, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 198, FRACCIÓN III, DE LA LEY AGRARIA Y 18, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA, PROCEDE EN CONTRA DE SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS QUE RESUELVAN SOBRE LA NULIDAD DE ACTOS Y RESOLUCIONES DE LAS AUTORIDADES AGRARIAS. Al establecer el artículo 198, fracción III, de la Ley Agraria, que el recurso de revisión procede en contra de la sentencia de los Tribunales Unitarios Agrarios, que resuelvan en primera instancia sobre la nulidad de "resoluciones" emitidas por las autoridades en materia agraria, el término conceptual "resoluciones" no debe entenderse en sentido formal, esto es, como aquellas que definen o concluyen un procedimiento administrativo, sino en el sentido amplio que se deduce del artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios que, al fijar la competencia de los Tribunales Unitarios de la materia, se la otorgan para conocer de juicios de nulidad contra resoluciones de autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación. Por tanto, cualquier tipo de resolución o acuerdo, o inclusive un acto que altere, modifique o extinga un derecho o determine la existencia de una obligación, es susceptible de ser impugnado en juicio de nulidad". Luego, cabe señalar además, que para la procedencia del juicio de amparo, no se está en el caso de que la Ley Agraria exija mayores requisitos para la suspensión del acto reclamado, dado que el artículo 166 de la citada ley, establece: "Artículo 166. Los tribunales agrarios proveerán las diligencias precautorias necesarias para proteger a los interesados. Asimismo, podrán acordar la suspensión del acto de autoridad en materia agraria que pudiere afectarlos en tanto se resuelve en definitiva. La suspensión se regulará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el Título Segundo, Capítulo I, Sección Tercera, primera parte, de la Ley de Amparo. En la aplicación de las disposiciones de ese ordenamiento para efectos de la suspensión del acto de autoridad en materia agraria, los tribunales agrarios considerarán las condiciones socioeconómicas de los interesados para el establecimiento de la garantía inherente a la reparación del daño e indemnización que pudiere causarse con la suspensión, si la sentencia no fuere favorable para el quejoso. De dicho precepto se desprende que la suspensión del acto reclamado remite a lo señalado en la Ley de Amparo, lo que posibilita la restitución del accionante en el goce de sus derechos por los tribunales agrarios, ya que están autorizados para acordar sobre la suspensión de los actos que puedan afectar a los interesados hasta en tanto se resuelva el negocio en definitiva. Por ello, el tribunal agrario que conozca del asunto puede decretar la suspensión de oficio, con lo cual el titular podrá ordenar la suspensión de plano, en el mismo auto en que admita la demanda, comunicándola sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento; podrá decretar que las cosas se mantengan en el estado que guardan, para lo cual tomará las medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos de autoridad impugnados; o en su caso, podrá conceder la suspensión de oficio sin establecer garantía alguna para el promovente. Dicho argumento se robustece con la tesis de la Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Administrativa, tesis 2a. XXV/2009, Página 475, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "JUICIO AGRARIO. CARACTERÍSTICAS DE LA SUSPENSIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 166 DE LA LEY AGRARIA. Cuando en términos del mencionado precepto deba suspenderse la actuación de alguna autoridad aplicando la Ley de Amparo, se presentan las siguientes particularidades: a) No deben invocarse ordenamientos diversos a esa ley para los casos de su procedencia y las condiciones en que se otorgue; b) Puede decretarse la suspensión en el mismo acuerdo admisorio, o bien, formar un cuaderno incidental para decretar la suspensión provisional y, previos los informes recabados, la suspensión definitiva; c) El Magistrado Agrario debe actuar en función de la problemática que presenta cada caso concreto, a fin de lograr que el acto de autoridad impugnado se suspenda en sus consecuencias, sin causar afectaciones irreparables a quienes intervienen en la contienda; y, d) Al no existir recursos ordinarios o medios de defensa dentro de la Ley Agraria para controvertir estas determinaciones, pueden impugnarse en amparo indirecto, conforme a la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo. Por otro lado, el precepto primeramente citado, al remitir el legislador al Libro Primero, Título Segundo, Capítulo III, de la Ley de Amparo para decretar la suspensión del acto de autoridad, excluye la posibilidad de que se apliquen las disposiciones del Libro Segundo que dicha ley prevé para los juicios de garantías en materia agraria, entre los cuales se encuentran sus artículos 233 y 234; sin embargo, tal circunstancia no impide que al recibir la demanda del juicio agrario en el que se impugne un acto de autoridad que, si llegare a consumarse, haga físicamente imposible restituir al promovente en el goce de su derecho reclamado, el Tribunal Agrario pueda decretar la suspensión de oficio de ese acto, invocando para ello el artículo 123 de la Ley de Amparo, cuya aplicación está permitida, y con base en el cual podrá: 1. Decretar la suspensión de plano, en el mismo auto en que admita la demanda, comunicándola sin demora a la autoridad responsable para su inmediato cumplimiento; 2. Ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, tomando las medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos de autoridad impugnados; y, 3. Conceder la referida suspensión de oficio sin establecer garantía alguna para el promovente, dado que la Ley de Amparo sólo la prevé para la suspensión a petición de parte". Al respecto, no pasa inadvertido que el artículo 166 de la Ley Agraria remite para otorgar la suspensión a lo dispuesto en el Título Segundo, Capítulo I, Sección Tercera, primera parte, de la Ley de Amparo y que por otra parte, la tesis 2a. XXV/2009 (transcrita) hace referencia a los artículos 233 y 234 de ese ordenamiento, los cuales ya no se encuentran vigentes debido a que el dos de abril de dos mil trece, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva Ley Reglamentaria de los artículos 105 y 107 de la Constitución Federal, pero cabe señalar que no obstante dicha reforma a la citada Ley de Amparo, conforme con lo establecido en el artículo sexto transitorio de ese ordenamiento, la jurisprudencia integrada en concordancia con la ley anterior continúa en vigor en lo que no se oponga a la ley vigente, por tanto, el criterio contenido en la tesis en mención sigue siendo aplicable en el presente asunto. Asimismo, es de citar la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2a./J. 80/2019 (10a.), consultable en la página 2298, del Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, Materia: Común, Administrativa, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro 2020148, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO AGRARIO. EL BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 132, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, POR EL QUE SE EXENTA A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN DE EXHIBIR GARANTÍA PARA QUE SURTA SUS EFECTOS LA MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA, ES APLICABLE TAMBIÉN A LOS EJIDATARIOS QUE ACUDEN EN LO INDIVIDUAL EN DEFENSA DE SUS DERECHOS AGRARIOS. El artículo 132, último párrafo, de la Ley de Amparo, establece que "la suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos". Dicho beneficio debe entenderse aplicable también a los ejidatarios que acuden en lo individual al juicio de amparo en defensa de sus derechos agrarios, pues del análisis histórico-evolutivo de las reformas constitucionales y legales referentes al "amparo agrario", se advierte la existencia de un espectro normativo protector que comprende tanto a los sujetos colectivos (ejidos y núcleos de población) como a los individuales (ejidatarios, comuneros, avecindados, etcétera), quienes acuden en defensa de sus derechos agrarios. Sostener lo contrario resultaría discriminatorio y contrario al espíritu del Constituyente, pues implicaría dar un trato desigual a sujetos de derecho agrario regulados bajo el mismo régimen tutelar de derechos. Conforme con los argumentos antes expuestos, es claro que la parte quejosa, antes de instar la protección constitucional contra el nuevo acto, estaba obligada a acatar el principio de definitividad supracitado, esto es, debía agotar el recurso o medio de defensa ordinario que hubiera tenido como efecto el de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado, obteniendo así remedio a las eventuales violaciones cometidas en su perjuicio, concretamente, el juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario, lo que pone de manifiesto que, en el caso concreto, se materializa el supuesto de improcedencia a que se refiere la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Además de que el juicio de nulidad que regulan los artículos 163 de la Ley Agraria, en relación con los diversos 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y 32 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, también se constituye como un recurso sencillo, rápido y efectivo, con lo que se cumple el principio de efectividad que exige el derecho fundamental de impartición de justicia previsto en el artículo 17 Constitucional, pues sólo se puede considerar que un recurso no es efectivo cuando se prevean trabas legales injustificadas o que de alguna manera se impida a los gobernados el acceso real a un órgano jurisdiccional que dirima sus controversias, lo que no sucede con el juicio de nulidad, dado que también es un hecho que ese órgano jurisdiccional tiene la responsabilidad de impartir justicia en la forma establecida por la ley. De igual forma, cabe señalar que no se está en el caso de excepción, relativo a que la determinación reclamada carezca de fundamentación, porque de la copia que se adjuntó a la demanda, respecto a la calificación registral, se advierte que la misma se emitió con fundamento en los artículos 2, 23 fracción II, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 38, 107, 150 y 152 de la Ley Agraria, así como los diversos 31, 32, 34, 49, 51, 52, 53, 54 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. Asimismo, en el caso no se reclaman solamente violaciones directas a la Carta Magna, dado que solo formula violaciones indirectas, ya que en su segundo concepto de violación aduce que la asamblea de ejidatarios de veintiuno de septiembre de dos mil doce, si bien es una de formalidades especiales y la de reconocimiento de avecindados es una de las formalidades simples, dicho reconocimiento puede darse a través de una asamblea de formalidades especiales; los que es legalidad y de suyo violación indirecta, entonces no se da la excepción al principio de definitividad de que se hagan valer únicamente violaciones directas. Se cita como apoyo a lo anterior, la tesis aislada II.4o.C.2 K emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, Materia Común, Página 3193, Novena Época, Registro 166256, que dice: "VIOLACIÓN A LAS GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y LEGALIDAD. NO CONSTITUYE UNA TRANSGRESIÓN DIRECTA A LA CONSTITUCIÓN SI EL QUEJOSO COMPARECIÓ COMO PARTE AL PROCEDIMIENTO. Si el quejoso reclama que en el procedimiento donde compareció como parte, se violaron en su perjuicio las garantías de audiencia y legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, dicha violación no puede considerarse como una transgresión directa a la Carta Magna, respecto de la cual opere una excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, pues desde el momento en que el impetrante se apersonó al procedimiento de donde hace derivar la violación reclamada ejercitando sus derechos, implícitamente se respetó su garantía de audiencia; por ende, cualquier violación relacionada con dicha garantía de audiencia y la de legalidad, resultaría indirecta, porque si ésta presuntamente se cometió durante la tramitación de un procedimiento, en todo caso derivaría de una violación a la disposición legal secundaria que rige el citado procedimiento." Finalmente, cabe señalar, que no se está en posibilidad de aplicar el principio de suplencia de la queja, ya que atender a esa institución constitucional, no implica llegar al extremo de hacer procedente el juicio, cuando, como en el caso, quedó evidenciado que no se agotó el medio de defensa previsto en la ley, mediante el cual se pudo haber modificado o anulado el acto reclamado. Al respecto se invoca la jurisprudencia sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 291, del Tomo XXVII, junio de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 169409, que menciona: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA AGRARIA. NO DEBE LLEGAR AL EXTREMO DE ACEPTAR LA PROCEDENCIA DE UN RECURSO NO PREVISTO POR LA LEY. Si bien el artículo 76 Bis, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 227 del mismo ordenamiento legal, establecen entre otras hipótesis, que las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como de los agravios formulados en los recursos en materia agraria, cuando lo expresen las entidades o individuos que menciona el artículo 212, dicha suplencia no debe llegar al extremo de aceptar la procedencia de un recurso no previsto por la Ley". En consecuencia, al no haber agotado el principio de definitividad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer en el juicio, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Por los motivos expuestos en la consideración cuarta de esta resolución, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Sergio Arturo Trujillo Cortés, contra los actos reclamados al Registro Agrario Nacional, Delegación Michoacán, con residencia en esta ciudad. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de junio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que remite la Jefa de Área de lo Contencioso y Consultiva del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, residente en esta ciudad, y relaciónese en la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por ofrecida, admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza la documental que ofrecida por la parte quejosa, la cual hace suya la autoridad responsable en cita, sin perjuicio de hacer relación de ello en la audiencia constitucional; sin embargo, se advierte que no son la totalidad de las constancias que integran el acto reclamado. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, residente en esta ciudad, para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que reciba la notificación del presente auto, remita a este juzgado copia íntegra, certificada y legible de la totalidad de las constancias que sirvieron como base para dictar el acto reclamado. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo, o bien, no informar el impedimento legal que tenga para ello, se hará acreedora a una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), de acuerdo con el artículo 237, fracción II, en relación con el numeral 259 ambos de la Ley de Amparo, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa recibe. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las diez horas con treinta minutos del nueve de julio de dos mil diecinueve para su verificativo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de junio de dos mil diecinueve. Vista el estado que guardan los autos, se advierte que la Registro Agrario Nacional, Delegación Michoacán, residente en esta ciudad, no ha remitido las constancias solicitadas en autos. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le reclama y requiérase por segunda ocasión al Registro Agrario Nacional, Delegación Michoacán, residente en esta ciudad, para que dentro del improrrogable término de tres días, contado a partir de reciba la notificación del presente auto, remita a este juzgado remita las constancias relacionadas con los actos reclamados, o bien, informe el impedimento legal que tenga para ello. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo, o bien, no informar el impedimento legal que tenga para ello, se hará acreedora a una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), de acuerdo con el artículo 237, fracción II, en relación con el numeral 259 ambos de la Ley de Amparo, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa recibe. Asimismo, con fundamento en el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad para que dentro del improrrogable término de tres días hábiles y sin evasivas, proporcione su Registro Federal de Contribuyentes, así como su domicilio fiscal, para proveer lo relativo a la multa que se le pueda imponer ante su reiterada conducta omisiva en torno a lo solicitado por este órgano jurisdiccional, Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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