Sergio Azcatl Moscozzo
Expediente 1265/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1265/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/11/2023
Partes del expediente
- Sergio Azcatl Moscozzo
- SERGIO AZCATL MOSCOZZO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado declara infundado el recurso de queja. Vincúlese al expediente el oficio con anexo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante el cual remite el expediente original del juicio de amparo 1265/2023, un tomo anexo y el testimonio de la ejecutoria del ocho de noviembre de dos mil veintitrés, en el recurso de queja Q-291/2023, de su índice, de la que se desprende en sus puntos resolutivos lo siguiente: "ÚNICO. Se declara infundada la queja." Acúsese de recibo al Tribunal oficiante respecto al testimonio de la ejecutoria pronunciada el ocho de noviembre del año en curso, así como de los autos originales del juicio de amparo 1265/2023-IX y un tomo anexo. Por otra parte, procédase a la destrucción de las copias certificadas con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo en que se actúa, con motivo de la tramitación del citado recurso de queja y agréguense a los autos únicamente las actuaciones originales realizadas en dicho cuaderno. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar la demanda de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: IV. Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo, del artículo 20, del Acuerdo General en cita, previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda, destrúyase el presente expediente y remítase, dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Digitalización. En cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal referido, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja. Devolución de anexo. Devuélvase al Juzgado Segundo de lo Civil de San Pedro Cholula, el tomo anexo que remitió en cumplimiento a lo solicitado por este órgano jurisdiccional. Lo anterior, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Notifíquese y cúmplase.
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San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado solicita constancias. Vincúlese al expediente el oficio signado por electrónicamente por la Actuaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante el cual comunica la resolución de veinticinco de agosto pasado, dictado en el recurso de queja Q-291/2023, del que se advierte que admitió a trámite el recurso incoado en autos, además, se advierte que solicita la remisión de las copias certificadas del expediente 612/2019, mismas que fueron remitidas por la Secretaria de Acuerdos encargada del Despacho del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, en proveído de veintiséis de julio pasado. En consecuencia, remítase al Tribunal oficiante las copias certificadas que solicita a efecto de substanciar el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa. Notifíquese.
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San Andrés Cholula, Estado de Puebla, siete de agosto de dos mil veintitrés. Ejecutoria en vías de cumplimiento. El Actuario adscrito a la Ponencia Cinco de la Segunda Sala Colegiada del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Puebla [antes Sexta Sala Unitaria], en cumplimiento a lo requerido en auto del veintiséis de julio de dos mil veintitrés, en lo que interesa, remite copia certificada del acuerdo de dos de agosto del actual, dictado en el expediente *** y su acumulado, del que se advierte: Que el Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Estado, remitió copia certificada del título de crédito número ***, de la institución bancaria BBVA México, y que se encuentra a disposición del quejoso ***, en el Departamento de Nómina de dicha Dirección. Se requirió al Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Estado, para que informe si el quejoso ***, ha comparecido a la recepción del referido título de crédito. Del mismo modo, se requirió a ***, para que acuda a las instalaciones de la citada Dirección para la recepción de dicho título. Se toma conocimiento de lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Requerimiento a la autoridad responsable. En consecuencia, requiérase a la Ponencia Cinco de la Segunda Sala Colegiada del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Puebla [antes Sexta Sala Unitaria], para que en el plazo de tres días, realice lo siguiente: Remita copia certificada de las constancias de notificación a *** y al Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Estado, respecto del acuerdo del dos de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el expediente *** y su acumulado. Apercibimiento. Se apercibe a la Sala responsable que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Parte quejosa desahoga prevención. Se desecha demanda de amparo. Visto el escrito de los quejosos, se les tiene dando cumplimiento a lo requerido en auto del catorce de julio de dos mil veintitrés, y aclaran que lo que pretenden reclamar son los autos de veinticinco de enero, diez de febrero y veintisiete de junio, todos de dos mil veintitrés, dictados en el juicio de nulidad de contrato de compraventa y reivindicatorio ***; asimismo, todo lo actuado en dicho juicio a partir del tres de diciembre de dos mil diecinueve, pues desde ese auto no les fue realizada ninguna notificación. En ese contexto, con base en el estudio exhaustivo de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se provee lo conducente. En principio se advierte que los quejosos controvierten diversos actos que se dictaron en el juicio de nulidad de contrato de compraventa y reivindicatorio ***, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil de San Pedro Cholula, en específico, los siguientes: La notificación del auto tres de diciembre de dos mil diecinueve, en el cual se tuvo a su abogada patrono renunciando al cargo, sin que se haya realizado la notificación de dicho auto y como consecuencia todo lo actuado con posterioridad en el juicio de nulidad de contrato de compraventa y reivindicatorio ****. Los autos de veinticinco de enero, diez de febrero y veintisiete de junio, todos de dos mil veintitrés, mediante el cual se ordena la desocupación y entrega del bien inmueble materia del juicio, identificado como ***, con una superficie de cuatrocientos ochenta y dos metros con sesenta y siete centímetros. Establecido lo anterior, se advierte que procede desechar de plano la demanda por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE." También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA." En cuanto al acto descrito en el inciso 1), notificación del auto tres de diciembre de dos mil diecinueve y, como consecuenci,a todo lo actuado con posterioridad en el juicio de nulidad de contrato de compraventa y reivindicatorio ****. En cuanto al acto reclamado consistente en todo lo actuado en el juicio de nulidad de contrato de compraventa y reivindicatorio *****, a partir del auto tres de diciembre de dos mil diecinueve, en el cual se tuvo a su abogada patrono renunciando al cargo, sin que se haya realizado la notificación de dicho auto y los subsecuentes hasta la fecha, oficiosamente se aprecia que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:[.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;"Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros actos, contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aunque el agraviado no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo que se afecten a personas terceras extrañas a juicio, que el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal cuando importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. En efecto, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Resulta ilustrativa al caso, la jurisprudencia 11/2018, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el ocho de junio de dos mil dieciocho, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Aunado a ello, la Primera Sala del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 348/2010, de la que derivó la jurisprudencia de rubro: "EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR", sostuvo que la falta de interposición del medio de defensa legal procedente contra el acto reclamado es una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, tal como se advierte de la parte conducente siguiente. "Al respecto, se advierte que en la materia de la contradicción, si para los tribunales contendientes es claro que procede el recurso de apelación en contra de las determinaciones que no estén encaminadas a obtener la ejecución de la sentencia -en particular las que niegan el embargo de las cuentas bancarias del deudor-, entonces es factible estimar que la falta de interposición de dicho medio de defensa es una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, sobre la cual el juzgador puede pronunciarse desde el auto admisorio." Sentado lo anterior, por cuanto hace a la notificación del auto tres de diciembre de dos mil diecinueve, en el cual se tuvo a su abogada patrono renunciando al cargo, sin que se haya realizado la notificación de dicho auto y, como consecuencia, todo lo actuado con posterioridad en el juicio de nulidad de contrato de compraventa y reivindicatorio ****, se estima que los justiciables estuvieron en aptitud de interponer el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla. Para justificar lo anterior, conviene traer a colación lo dispuesto en el artículo 74 de tal legislación, que establece: "Artículo 74. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este Capítulo, o se omitiere, se aplicarán las disposiciones siguientes:I. La parte agraviada podrá promover ante el Tribunal que conozca del juicio, incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, a partir de la notificación impugnada;II. El incidente de nulidad se tramitará conforme a las reglas generales que para los incidentes establece este Código; pero si antes de resolverse la cuestión principal, se cita para sentencia en el juicio principal, se suspenderá el procedimiento en éste, para que ambas cuestiones se resuelvan en una sola sentencia y, si se declara la nulidad, se declarará también no estar el principal en estado de fallarse;III. El ejecutor que hubiere omitido o realizado en forma ilegal la notificación, será responsable administrativa, civil y penalmente, y IV. No obstante lo prevenido en este artículo si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la resolución, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviere legalmente hecha." De lo transcrito, se advierte que cuando se omita hacer una notificación o se haga una en contravención a lo señalado en la ley adjetiva civil, podrá impugnarse mediante el incidente sobre declaración de nulidad de todo lo actuado, a partir de la notificación impugnada, el cual se tramitará conforme a las reglas generales para los incidentes. En ese contexto, los quejosos debieron de promover el incidente de nulidad en contra de las actuaciones que controvierte -notificación del proveído de tres de diciembre de dos mil diecinueve y las subsecuentes hasta la fecha de promoción del amparo-, habida cuenta que resulta el medio de defensa idóneo para lograr su correcta notificación; empero, al no haberlo agotado de manera previa a la promoción del juicio constitucional, inobserva el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, lo que actualiza la causa de improcedencia en estudio. Corrobora lo anterior, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 1651, del tomo XX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a septiembre de 2004, que dice:"NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO PREVIAMENTE AL AMPARO, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD..." Igualmente es aplicable la Jurisprudencia 26/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 430, tomo XXI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2005, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO..." Es cierto que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual prevé el principio de definitividad respecto de actos jurisdiccionales, también establece algunos casos de excepción a dicho principio, entre los que se encuentran aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, y en general, los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; órdenes de aprehensión, reaprehensión, autos de vinculación a proceso, excepto la sentencia definitiva en el proceso penal; y cuando se trate de persona extraña al procedimiento, además de los señalados expresamente en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, del análisis de la demanda de amparo, no se advierte que en el caso se surta alguno de tales supuestos. Lo anterior, ya que los quejosos no tienen el carácter de terceros extraños al juicio de nulidad de contrato de compraventa y reivindicatorio, dado que figuran como codemandados y comparecieron a juicio -lo cual se advierte de la demanda, pues manifiesta que su abogada patrono renunció a su cargo y que el acuerdo del tres de diciembre de dos mil diecinueve fue lo último de lo que tuvieron conocimiento del juicio de origen-, lo que impide que pudieran tener la calidad de terceros extraños por equiparación. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 2a./J. 47/2011, visible en la página 1627, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto y rubro siguiente:"TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA..." También resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 698, Tomo XXIX, enero de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES..." Adicionalmente, se invoca la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 93, del Tomo XIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril de 2001, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. ..." Por otra parte, tampoco se aprecia que las actuaciones reclamadas hayan sido verificadas en algún procedimiento penal para que actualice alguna de las excepciones relativas, pues como ya se dijo, deriva de un juicio de nulidad de contrato de compraventa y reivindicatorio. De igual forma, no se observa que el incidente de nulidad de notificaciones esté sujeto a una interpretación adicional o que su fundamento legal sea insuficiente para determinar su procedencia, pues como se ha puesto de relieve líneas arriba, se encuentra suficientemente regulado en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, por lo que se colige la obligación de la parte quejosa de agotar el medio de defensa ordinario. En cuanto a los actos descritos en el inciso 2), consistentes en autos de veinticinco de enero, diez de febrero y veintisiete de junio, todos de dos mil veintitrés, mediante el cual se ordena la desocupación y entrega del bien inmueble materia del juicio. Finalmente, en cuanto a los autos de veinticinco de enero, diez de febrero y veintisiete de junio, todos de dos mil veintitrés, mediante los que se ordena la desocupación y entrega del bien inmueble materia del juicio natural, oficiosamente se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:(.)IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;(.)"De los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Es corolario de lo anterior, que el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el transcrito numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece dos hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, después de concluido el juicio de origen, en los términos siguientes: Actos que gozan de autonomía en relación con la ejecución de sentencia; esto es, actos que no tienen como finalidad directa e inmediata cumplimentar la sentencia o laudo dictados en el juicio natural, por lo que pueden ser impugnados de manera inmediata (previo cumplimiento del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo); Actos dictados en ejecución de sentencia. Hipótesis en la cual el juicio constitucional procede, únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; tratándose de remates aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados -indistintamente-, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. Las hipótesis vertidas encuentran sustento en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XXXIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a mayo de 2011, que prevé: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". Ahora, la hipótesis de procedencia del juicio de amparo respecto de los actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, prevé que sólo procede contra la última resolución dictada en esa etapa procesal, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, la que lo da por concluido, o en su caso, la que ordenan el archivo definitivo del expediente; pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Tal concepto fue adoptado en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ya que tomó como base la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, del Tomo XIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Abril de 2001, que establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA..." Las consideraciones expuestas en el criterio transcrito, parten de la premisa de que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada y que por la naturaleza propia del procedimiento, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo la infracción legal y que se dejó sin defensa al quejoso, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación, y de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento para retardar la administración de justicia. Debe destacarse que la razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio de amparo sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Por tal motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran afectado las defensas de la parte quejosa. Las consideraciones vertidas encuentran sustento en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 75, del Tomo XX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a julio de 2004, que establece:"EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL."Ahora, conforme a lo expuesto en este acuerdo y lo narrado en la demanda y escrito aclaratorio, se desprende que los quejosos figuran como codemandados a los cuales se les condenó en el juicio de origen, e incluso señalaron abogada patrono quien renunció a su cargo mediante acuerdo del tres de diciembre de dos mil diecinueve, siendo esto lo último de lo que tuvieron conocimiento del juicio de origen, lo que pone de manifiesto que comparecieron a dicho juicio y que no se pueda reconocer a los promoventes la calidad de terceros extraños por equiparación. Luego, en cumplimiento a la sentencia emitida el diecisiete de marzo de dos mil veinte, se requirió a los demandados la desocupación y entrega del bien inmueble, pues de no hacerlo se decretaría su lanzamiento. No obstante, los propios quejosos manifiestan que no se ha consumado dicho requerimiento. En ese contexto, si la parte justiciable acude a esta instancia constitucional a fin de controvertir los autos de veinticinco de enero, diez de febrero y veintisiete de junio, todos de dos mil veintitrés, mediante los cuales se ordena la desocupación y entrega del bien inmueble materia del juicio, es claro que tales actos son tendentes a lograr la ejecución de la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, pues en ella se condenó a desocupar y restituir el inmueble materia de la litis a la actora, sin que actualicen la hipótesis relativa a la última resolución dictada en esa etapa ejecutiva, ya que no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, tampoco se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente; en consecuencia, el juicio de amparo promovido en su contra resulta improcedente. En efecto, los actos reclamados se ubican en una etapa posterior a la conclusión del juicio natural, y concretamente en la etapa de ejecución de sentencia, pero no constituyen la última determinación pronunciada en esa fase. Además, lo actos no se ubican en las hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo. Se afirma lo anterior, pues aun cuando la orden de desocupación y entrega del bien inmueble que se defiende pudiera considerarse que afectan el derecho de posesión de los justiciables, lo cierto es que tal orden deriva de la cosa juzgada, pues como ha quedado precisado, en la sentencia definitiva del dictada en el de nulidad de contrato de compraventa y reivindicatorio ***, se condenó a los quejosos a desocupar y restituir a la parte actora el inmueble objeto de la controversia; por ende, no implica una violación a derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, de ahí que se estime que el juicio de amparo promovido resulta improcedente. En ese contexto, los acuerdos reclamados, tampoco actualizan un acto de imposible reparación en la etapa de ejecución de sentencia, pues con ellos no se desestiman excepciones sustanciales y perentorias, o defensas u otros actos que tiendan a detener o interrumpir la ejecución de una fallo -en lo sustantivo-, pero principalmente, porque la desposesión de un inmueble, se trata de un acto susceptible de ser materialmente reparado al analizarse el cumplimiento de la sentencia, de ahí que tampoco se actualiza la excepción relativa de procedencia del juicio de amparo. Así, por las consideraciones expuestas, se colige la improcedencia del juicio de amparo promovido contra autos de veinticinco de enero, diez de febrero y veintisiete de junio, todos de dos mil veintitrés, por consistir en actos emanados de la etapa de ejecución de sentencia y, por ende, impugnables hasta la última resolución dictada en esa etapa ejecutiva, entendida como aquella que aprueba el cumplimiento de la sentencia, o en su caso, declara la imposibilidad para ejecutarla. No se soslaya que el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, introdujo una nueva hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto cuando se reclame el auto que ordena requerir la entrega de los bienes rematados, el cual pudiera considerarse equiparable a la orden de lanzamiento para entregar a la parte actora el inmueble materia de la controversia, que se reclama en el presente juicio; sin embargo, no puede ser aplicable en el presente caso, pues dicha hipótesis es muy específica para los actos dictados dentro de un procedimiento de remate, los que no necesariamente derivan de una sentencia de restitución de un bien, sino de pago. En efecto, en la sentencia en la cual se condena a la parte demandada al pago de una cantidad, es factible que ante su renuencia se proceda al embargo de bienes y su posterior remate; por tanto, su naturaleza es diversa a la condena de restitución de un inmueble que se impone en un juicio de nulidad de compraventa y reivindicatorio -como del que emana el acto reclamado-, de ahí que, como se adelantó, no pueda ser aplicable en el presente caso la hipótesis prevista en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, es claro que se actualizan de manera notoria, manifiesta e indudable las causas de improcedencia invocadas; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por *** y ***. Imposibilidad de realizar notificaciones electrónicas. Por otra parte, se advierte que la promovente solicita que se le permita el acceso al expediente electrónico y que las notificaciones se le realicen por esa vía, y para ello proporciona el nombre de usuario ****que pertenece a una persona de nombre "******", lo que impide que se le notifique por ese medio. En efecto, la autorizada de la parte quejosa es *******, y que el usuario proporcionado corresponde a ****, sin embargo, no se tiene certeza de que sea la misma persona, por lo cual no se le autoriza el expediente electrónico. Lo anterior, ya que del contendido de los artículos 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se desprende que las partes, sus representantes en los juicios o sus autorizados que cuenten con facultades para ello, pueden solicitar al órgano jurisdiccional respectivo que se les realicen las notificaciones vía electrónica, para lo cual es indispensable que así lo soliciten expresamente a través de una promoción impresa o digital, en la que señalen el nombre de usuario que crearon al registrarse en el portal. De igual forma, se estipula que el otorgamiento de los permisos para notificarse electrónicamente se realizará al asociar el nombre de usuario de cada persona autorizada para tal efecto, con los datos de las partes en los sistemas electrónicos y los de los expedientes respectivos. Entonces, si para poder realizar las notificaciones vía electrónica, es indispensable que la parte en el juicio, su representante o sus autorizados, así lo soliciten expresamente y proporcionen el nombre de usuario que crearon, eso quiere decir que dicho nombre de usuario debe encontrarse a nombre de la parte, su representante o autorizados, y no de terceras personas, tan es así que para otorgar los permisos respectivos se debe asociar el nombre de usuario de la persona autorizada para notificarse con los datos de las partes y del expediente. Lo anterior guarda una lógica, pues en caso de que se permitiera realizar las notificaciones electrónicas a través de los nombres de usuarios de sujetos distintos a la parte interesada, su representante o autorizados, implicaría que las comunicaciones se efectuaran a terceras personas, por lo que no se tendría certeza de que llegaran a su destinatario. En consecuencia, dado que el nombre de usuario que proporciona la promovente no pertenece a los quejosos o autorizada, se reitera que no es posible permitirle el acceso al expediente electrónico ni que las notificaciones se le realicen por esa vía. Representante común. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo se designa representante común de la parte quejosa a ****, sin perjuicio de que la parte respectiva lo substituya por otro. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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