SERGIO AZCATL MOSCOZZO y Otros.
Expediente 1268/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1268/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/08/2023
Partes del expediente
- SERGIO AZCATL MOSCOZZO y Otros.
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Causa estado desechamiento. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de dos de agosto de dos mil veintitrés, por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar la demanda de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, que establece: ... Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 151 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 252 del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal referido, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja. Devolución de constancias. Ahora, tomando en consideración que durante la tramitación del presente juicio de amparo, la autoridad responsable Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, remitió un legajo de constancias3 con las cuales se formó un tomo de pruebas, identificado como anexo I, se ordena devolver las mismas; en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dos de agosto de dos mil veintitrés. Se hace efectivo apercibimiento. De la certificación secretarial que antecede se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de veintiuno de julio del presente año, a fin de que ratificara el escrito por el que desistieron del presente juicio de amparo el cual transcurrió del veintiocho de julio al uno de agosto del año en curso, pues fue notificada vía electrónica el veintisiete de julio del año en curso, como se advierte de las constancia de notificación que obran en autos sin que lo hubieran hecho en ese plazo. En consecuencia se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto en cita y se continúa con el trámite de este asunto. Se desecha demanda. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que mediante acuerdo del diecisiete de julio del presente año se requirió a la parte quejosa para que en el plazo de cinco días realizara lo siguiente: "1) Bajo protesta de decir verdad, en alcance a su antecedentes, aclare el contenido de los autos reclamados de veinticinco de enero, diez de febrero y veintisiete de junio, todos de dos mil veintitrés, emitidos el juicio de nulidad de contrato de compraventa y reivindicatorio *** del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de San Pedro Cholula. 2) Precise, si lo que pretende reclamar son los autos antes mencionados, el requerimiento de desocupación, entrega del inmueble y orden de lanzamiento y/o alguna resolución o notificación independiente a ellos, y aclare a cual se refiere." Por consiguiente, al haber omitido realizar la precisión que se le requirió, se le hace efectivo el apercibimiento decretado y se procede a proveer lo conducente. En ese contexto, con base en el estudio exhaustivo de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos controvierte la orden de desocupación y entrega del bien inmueble materia del juicio, identificado como una fracción que se segrega del predio urbano denominado "****" ***dictada en el juicio de nulidad de contrato de compraventa y reivindicatorio ***, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil de San Pedro Cholula. Establecido lo anterior, se advierte que procede desechar de plano la demanda por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE." También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA." Ahora bien, respecto del acto reclamado consistente en la orden de desocupación y entrega del bien inmueble materia del juicio natural, oficiosamente se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:(.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;********************(.)"De los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Es corolario de lo anterior, que el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el transcrito numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece dos hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, después de concluido el juicio de origen, en los términos siguientes: Actos que gozan de autonomía en relación con la ejecución de sentencia; esto es, actos que no tienen como finalidad directa e inmediata cumplimentar la sentencia o laudo dictados en el juicio natural, por lo que pueden ser impugnados de manera inmediata (previo cumplimiento del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo); Actos dictados en ejecución de sentencia. Hipótesis en la cual el juicio constitucional procede, únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; tratándose de remates aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados -indistintamente-, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento Las hipótesis vertidas encuentran sustento en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XXXIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a mayo de 2011, que prevé:"EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". Ahora, la hipótesis de procedencia del juicio de amparo respecto de los actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, prevé que sólo procede contra la última resolución dictada en esa etapa procesal, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, la que lo da por concluido, o en su caso, la que ordenan el archivo definitivo del expediente; pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Tal concepto fue adoptado en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ya que tomó como base la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, del Tomo XIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Abril de 2001, que establece:"AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Las consideraciones expuestas en el criterio transcrito, parten de la premisa de que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada y que por la naturaleza propia del procedimiento, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo la infracción legal y que se dejó sin defensa al quejoso, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación, y de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento para retardar la administración de justicia. Debe destacarse que la razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio de amparo sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Por tal motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran afectado las defensas de la parte quejosa. Las consideraciones vertidas encuentran sustento en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 75, del Tomo XX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a julio de 2004, que establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL." Ahora, conforme a lo expuesto en este acuerdo y lo narrado en la demanda, se desprende que los quejosos figuran como codemandados a los cuales se les condenó en el juicio de origen, e incluso señalaron abogada patrono quien renunció a su cargo mediante acuerdo del tres de diciembre de dos mil diecinueve, siendo esto lo último de lo que tuvieron conocimiento del juicio de origen, lo que pone de manifiesto que comparecieron a dicho juicio y que no se pueda reconocer a los promoventes la calidad de terceros extraños por equiparación. Luego, en cumplimiento a la sentencia emitida el diecisiete de marzo de dos mil veinte, se requirió a los demandados la desocupación y entrega del bien inmueble, pues de no hacerlo se decretaría su lanzamiento. No obstante, los propios quejosos manifiestan que no se ha consumado dicho requerimiento. En ese contexto, si la parte justiciable acude a esta instancia constitucional a fin de controvertir la orden de desocupación y entrega del bien inmueble materia del juicio, es claro que tales actos son tendentes a lograr la ejecución de la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, pues en ella se condenó a desocupar y restituir el inmueble materia de la litis a la actora, sin que actualicen la hipótesis relativa a la última resolución dictada en esa etapa ejecutiva, ya que no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, tampoco se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente; en consecuencia, el juicio de amparo promovido en su contra resulta improcedente. En efecto, el acto reclamado se ubica en una etapa posterior a la conclusión del juicio natural, y concretamente en la etapa de ejecución de sentencia, pero no constituye la última determinación pronunciada en esa fase. Además, lo actos no se ubican en las hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo. Se afirma lo anterior, pues aun cuando la orden de desocupación y entrega del bien inmueble que se defiende pudiera considerarse que afectan el derecho de posesión de los justiciables, lo cierto es que tal orden deriva de la cosa juzgada, pues como ha quedado precisado, en la sentencia definitiva del dictada en el de nulidad de contrato de compraventa y reivindicatorio ***, se condenó a los quejosos a desocupar y restituir a la parte actora el inmueble objeto de la controversia; por ende, no implica una violación a derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, de ahí que se estime que el juicio de amparo promovido resulta improcedente. Así, por las consideraciones expuestas, se colige la improcedencia del juicio de amparo promovido contra la orden de desocupación y entrega del bien inmueble materia de litis, por consistir en un acto emanado de la etapa de ejecución de sentencia y, por ende, impugnable hasta la última resolución dictada en esa etapa ejecutiva, entendida como aquella que aprueba el cumplimiento de la sentencia, o en su caso, declara la imposibilidad para ejecutarla. No se soslaya que el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, introdujo una nueva hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto cuando se reclame el auto que ordena requerir la entrega de los bienes rematados, el cual pudiera considerarse equiparable a la orden de lanzamiento para entregar a la parte actora el inmueble materia de la controversia, que se reclama en el presente juicio; sin embargo, no puede ser aplicable en el presente caso, pues dicha hipótesis es muy específica para los actos dictados dentro de un procedimiento de remate, los que no necesariamente derivan de una sentencia de restitución de un bien, sino de pago. No sobra decir que los quejosos no tienen el carácter de terceros extraños al juicio de nulidad de contrato de compraventa y reivindicatorio, dado que figuran como codemandados y comparecieron a juicio -lo cual se advierte de la demanda, pues manifiesta que su abogada patrono renunció a su cargo y que el acuerdo del tres de diciembre de dos mil diecinueve fue lo último de lo que tuvieron conocimiento del juicio de origen-, lo que impide que pudieran tener la calidad de terceros extraños por equiparación. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 2a./J. 47/2011, visible en la página 1627, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto y rubro siguiente:"TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." También resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 698, Tomo XXIX, enero de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo." Adicionalmente, se invoca la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 93, del Tomo XIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril de 2001, que establece:"PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." En efecto, en la sentencia en la cual se condena a la parte demandada al pago de una cantidad, es factible que ante su renuencia se proceda al embargo de bienes y su posterior remate; por tanto, su naturaleza es diversa a la condena de restitución de un inmueble que se impone en un juicio de nulidad de compraventa y reivindicatorio -como del que emana el acto reclamado-, de ahí que, como se adelantó, no pueda ser aplicable en el presente caso la hipótesis prevista en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, es claro que se actualizan de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por *** y ***. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Escrito de desistimiento- se requiere ratificación. Agréguese el escrito signado por los quejosos *** y ***, por el que se desisten del presente juicio de amparo; ante ello, se provee lo siguiente: En consecuencia, previo a proveer sobre éste y a fin de que este órgano de control constitucional se cerciore de la real voluntad de la parte quejosa, en términos del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, y del diverso artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su numeral 2°, requiérase a la parte quejosa a fin de que comparezcan en forma personal ante este órgano federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, a efecto de que ratifiquen el escrito de cuenta; con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se les tendrá por no desistidos y este órgano jurisdiccional acordará lo conducente respecto de la demanda de amparo que dio origen al asunto. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 295, del tomo XXIV, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a agosto de dos mil seis, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal, se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decreté el sobreseimiento cuando 'se tenga por desistido al agraviado en términos de ley', para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande a ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que se desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." Se hace del conocimiento que para poder acudir a las instalaciones de este juzgado federal, deberá atender los lineamientos de salud vigentes, aplicables para espacios cerrados, sin sana distancia y con nula o poca ventilación. Consulta y notificaciones electrónicas. Por otra parte, respecto a la solicitud de la parte quejosa referente a que la consulta y notificaciones del expediente sean de manera electrónica, se acuerda lo siguiente. Así, en virtud de haber realizado una búsqueda minuciosa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se localizó el nombre del usuario "***" a nombre de *** -autorizada- por lo que con fundamento en lo establecido en el numeral 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a: Consultar el expediente electrónico vía internet; Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de su firma electrónica; y, Notificarse de las resoluciones en forma electrónica, que ameriten ser personales a través del módulo dispuesto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. No se soslaya que la parte quejosa también señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en su demanda de amparo; sin embargo, se prioriza realizar las notificaciones vía electrónica por así haberlo solicitado expresamente en el escrito que se provee. Sin embargo, se le informa que en caso de que este Juzgado de Distrito lo estime necesario o de existir una falla o la imposibilidad técnica de consultar el expediente electrónico, se ordenará que la notificación del proveído de que se trate se realice de manera personal en el domicilio que menciona en su demanda. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 14 DE JULIO DE 2023, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Puebla, catorce de julio de dos mil veintitrés. Se analiza el cumplimiento de la sentencia de amparo Vista la certificación de cuenta, y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa mediante auto de tres de julio de dos mil veintitrés, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo; por tanto, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el expediente en el que se actúa; ello, atendiendo a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Sentencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "Dado lo esencialmente fundado de dos conceptos de violación vertidos por el quejoso, se concluye que la resolución reclamada es violatoria de derechos humanos, por lo que a fin de restituir al justiciable en el goce de éstos, se impone conceder la protección constitucional, para el efecto de que la Tercera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado Puebla realice lo siguiente: Una vez que quede firme esta sentencia, deje insubsistente la resolución del veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación ********************. Con libertad de jurisdicción, emita una diversa, en la que resuelva lo conducente respecto de la apelación planteada por el justiciable, pero ejerciendo control de convencionalidad ex oficio respecto del artículo 321, fracción III, del Código Civil del Estado y lo inaplique por violar los derechos de igualdad y no discriminación y, en su caso, considere que la fracción II de tal precepto legal sufre la misma problemática." Ejecutoria. Mediante proveído de veinte de junio de dos mil veintitrés, la sentencia de mérito causó ejecutoria y, en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo amparador y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. Gestiones por parte de la autoridad. En atención a la ejecutoria de amparo, por autos de veintiséis de junio y tres de julio de dos mil veintitrés, se tuvo a la autoridad responsable informando que en el toca de apelación ********************, de su índice: 1. El veintidós de junio de dos mil veintitrés, dejó sin efectos la resolución del veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. 2. El veintinueve de junio de dos mil veintitrés, emitió una nueva resolución, en la que, ejerciendo el control de convencionalidad ex oficio, inaplicó el artículo 321, fracción III, del Código Civil del Estado, por violar derechos de igualdad y no discriminación de ********************, determinando: Revocar la resolución de siete de abril de dos mil veintidós, dictada por el Juez Primero de lo familiar del Distrito judicial de Cholula, Puebla, en el expediente 518/2022, de su índice, y ordenó al juez citado dictar una diversa determinación en la que admita a trámite la separación del domicilio familiar propuesto por el ahora quejoso. Cabe destacar que a las constancias que remitió la responsable se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. Valoración del cumplimiento. En ese sentido, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, porque: Dejó insubsistente la resolución del veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Emitió una resolución en la que resolvió lo conducente respecto de la apelación planteada por ********************, en la que ejerció control de convencionalidad ex oficio respecto del artículo 321, fracción III, del Código Civil del Estado y lo inaplicó por violar los derechos de igualdad y no discriminación. Lo anterior, en los autos del toca de apelación ********************, del índice de la Sala responsable. De lo expuesto, se desprende que la responsable se ciñó a lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Conclusión. En este tenor, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Conocimiento a las partes. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes este proveído para los efectos establecidos en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
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