Sergio Antonio Soto Medina
Expediente 874/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 874/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Sergio Antonio Soto Medina
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos los informes justificados rendidos por el Encargado de la Unidad Jurídica de la Comisión Estatal de Seguridad, Zona Norte, y el Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Chihuahua, ambos con residencia en esta ciudad; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido de los informes en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Además, se tiene informando al Encargado de la Unidad Jurídica de la Comisión Estatal de Seguridad, Zona Norte, con residencia en esta ciudad, que esa es la denominación correcta de la autoridad que la parte quejosa nombró como "Comisionado Estatal de Seguridad en Ciudad Juárez y agentes a su cargo", ya que se sustituyó mediante decreto por Comisión Estatal de Seguridad y/o Comisionado Estatal de Seguridad"; por tanto, hágase la corrección respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, del sumario se desprende que el veintinueve de noviembre del año que transcurre, compareció ante este órgano jurisdiccional**********, quien compareció en representación de Sergio Antonio Soto Medina, a presentar demanda de amparo, en la que señalo como actos reclamados la desaparición forzada e incomunicación de éste último. Asimismo, del informe sobre la suspensión de plano que rindió el Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, se desprende que negó los actos que se le endilgan; sin embargo, refirió que el justiciable fue detenido por elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, como probable responsable del delito de robo de vehículo, y puesto a disposición del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos; para luego, el veintinueve del mismo mes y año, ordenarse la libertad durante la investigación. Atento a ello, toda vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la obligación de garantizar los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, contenida en su artículo 1, numeral 1, se cumple de diferentes maneras en función del derecho específico que el Estado deba garantizar y de las particulares necesidades de protección, lo que implica el deber del Estado de organizar todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público que fueren necesarias para asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como parte de dicho compromiso, debe investigar seriamente, con los medios a su alcance, las violaciones que se cometan dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, imponerles las sanciones pertinentes y asegurar a la víctima una adecuada reparación. En ese sentido, y toda vez que uno de los objetivos en el delito de desaparición forzada de personas es impedir el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes, es fundamental que sus familiares (o personas allegadas) puedan acceder a procedimientos o recursos judiciales rápidos y eficaces, como medio para determinar su paradero; por ello, en este delito, el juicio de amparo implica la posibilidad de que el Poder Judicial haga efectivo el recurso para determinar el destino de la víctima, erigiéndose como el medio idóneo para establecer si se ha incurrido en una grave violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla, ya que como instrumento protector, está estrechamente vinculado con el principio general relativo a la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en la materia; lo que implica que, sin invadir las facultades concedidas al órgano persecutor ni sustituirlo en sus funciones, por la potestad del amparo y acorde con el mandato constitucional previsto en el artículo 1º. de la Constitución Federal, en el ámbito de su competencia, el juzgador de amparo tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar en todo momento la protección más amplia de las personas frente a los actos de autoridad que puedan violentar derechos humanos, y toda vez que tratándose de este delito el legislador enfatizó que se requerirá a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de las víctimas, no se requiere de una ley adjetiva para investigar violaciones graves a derechos humanos tratándose de desaparición forzada de personas, pues basta que el órgano de control constitucional asuma su posición de garante de los derechos fundamentales y prevea las medidas conducentes para que las autoridades señaladas como responsables se avoquen a la búsqueda y localización de las víctimas e identificar a los responsables. De tal forma, que se ordena girar oficio al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad especializada en la Investigación de Delitos con Detenido de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, a fin de que se imponga del contenido del presente acuerdo, y requiérasele para que dentro del plazo de tres días computados legalmente manifieste lo que a su derecho legal corresponde, es decir, comunique si efectivamente el quejoso Sergio Antonio Soto Medina fue puesto a su disposición y en su caso la fecha en que obtuvo su libertad, así como las constancias que lo acrediten; apercibido que en caso de no hacerlo, se hará acreedor a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, que asciende a la suma de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con los numerales 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de la Materia. Del mismo modo, se requiere al justiciable, para que dentro del plazo de tres días computados legalmente, comparezca ante este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, sito en avenida Tecnológico, número 1670, fraccionamiento Fuentes del Valle, en esta ciudad, a manifestar lo que a su interés legal corresponda, quedando subsistente el apercibimiento decretado en el párrafo precedente para en caso de inobservancia. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ************. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos los informes que sobre la suspensión de plano rinden el Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, el Encargado de la Unidad Jurídica de la Comisión Estatal de Seguridad, Zona Norte y el Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Chihuahua, todos con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido, se tienen por hechas sus manifestaciones, a través de los cuales dan cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado Federal en torno a la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa, en términos de los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por otra parte, se le tiene informando al Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, con residencia en esta ciudad, que esta es la denominación correcta de la autoridad que la parte quejosa nombró como "Fiscal de Distrito en la Zona Norte"; igualmente, de los diversos informes se advierten las designaciones correctas de las autoridades señaladas como responsables, por tanto, hágase la corrección respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.- Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por comparecencia de****************, en nombre de ***********, contra actos de la autoridad responsable Fiscal de Distrito en la Zona Norte; Delegado Estatal en Chihuahua de la Fiscalía General de la República y Comisionado Estatal de Seguridad en Ciudad Juárez y Agentes a su Cargo, todas con sede en esta ciudad, de quienes reclama la desaparición forzada e incomunicación, de que dice es objeto el directamente agraviado. Se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y anotar en el Libro de Gobierno correspondiente de este juzgado como juicio de amparo 874/2019-V. Se reserva la admisión de la demanda hasta que sea ratificada, en términos del artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Con fundamento en los artículos 125 y 126, de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano respecto de los actos que aduce la promovente, consistentes en la desaparición forzada y los actos de incomunicación, de los que se dice es objeto el quejoso. Asimismo, las autoridades responsables deberán de abstenerse de realizar cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales condiciones, requiérase a las autoridades señaladas como responsables, para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de su legal notificación, informen a este órgano de control constitucional sobre el cumplimiento a la suspensión de plano; para lo cual, deberán agregar copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Con el apercibimiento que de no cumplir con la suspensión de plano decretada, serán sancionadas en términos de los artículos 262, fracción III, de la Ley de Amparo. En torno a la desaparición forzada reclamada, es conveniente precisar que los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, interpretados conforme a los diversos 21 y 24 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ratificada el 15 de enero de 2008, y cuyo decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2011, de observancia obligatoria conforme al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dan pauta para establecer que las medidas que comprenden la suspensión de oficio y de plano cuando se reclama el acto mencionado. En esa medida, en forma adicional a los puntos reseñados, la presente medida suspensión también tiene por efecto: 1) Que las autoridades responsables cesen de inmediato de los actos que lo ocasionan y, en caso de tener bajo su resguardo al quejoso, giren instrucciones a sus subalternos para que cese la desaparición forzada que se atribuye a los titulares de las responsables. 2) Asimismo, las autoridades responsables deberán dictar las medidas efectivas e idóneas para localizar y, en su caso, liberar a la víctima, y acreditar ante este Juzgado que proveyeron al respecto. En la inteligencia de que las acciones relacionadas con el cese inmediato del acto reclamado, implican garantizar la salud e integridad física de la persona que actualmente se encuentra desaparecida; de la misma manera, deberán procurar el pleno ejercicio de los derechos tanto de la víctima como de las personas que acrediten un parentesco consanguíneo en línea recta o colateral hasta el segundo grado, quienes se presume se ven afectados de forma directa como consecuencia de ese acto, tales como dar intervención a las autoridades en materia de sanidad para diagnosticar el estado de salud y otorgar el tratamiento médico correspondiente; asignarle a la víctima protección policiaca -por personal que no dependa de las autoridades responsables- durante su estancia en el nosocomio o lugar donde se encuentre internado recibiendo el tratamiento médico correspondiente; y, a las personas afectadas con motivo de este acto -por ejemplo, los progenitores de la persona desaparecida- se les dote de asesoría jurídica especializada en el tema, atención psicológica o médica que requieran por este acto. De la misma manera, se ordena a las autoridades responsables que deberán abstenerse de intimidarlos o efectuar cualquier acción para disuadirlos de su pretensión, a efecto de garantizar la investigación y esclarecer la verdad respecto a este hecho. Apoya las anteriores consideraciones, la tesis I.1o.P.106 P (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 53, de Abril de 2018, Tomo III, materias común y penal, página 2090, del siguiente contenido: DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO NO SÓLO COMPRENDE ORDENAR LAS ACCIONES EFECTIVAS E IDÓNEAS PARA LOCALIZAR Y LIBERAR A LA VÍCTIMA, SINO TAMBIÉN LAS MEDIDAS PARA QUE CESEN LOS ACTOS QUE AFECTAN TANTO LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS INDIRECTAS COMO LOS DE LAS PERSONAS QUE HAYAN SUFRIDO UN PERJUICIO DIRECTO COMO CONSECUENCIA DE DICHO ACTO. Los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, interpretados conforme a los diversos 21 y 24 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ratificada el 15 de enero de 2008, y cuyo decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2011, de observancia obligatoria conforme al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dan pauta para establecer que las medidas que comprenden la suspensión de oficio y de plano cuando se reclama el acto mencionado -dado el carácter pluriofensivo-, consisten en: 1) ordenar a las autoridades responsables el cese inmediato de los actos que lo ocasionan; y, 2) dictar las medidas efectivas e idóneas para localizar y liberar a la víctima. En la inteligencia de que las acciones relacionadas con el cese inmediato del acto reclamado, implican garantizar la salud e integridad física -para el caso de que sea ubicada con vida la persona desaparecida- y el pleno ejercicio de los derechos tanto de la víctima como de toda persona que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de ese acto, las que se determinarán conforme a los hechos expuestos en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, por ejemplo, dar intervención a las autoridades en materia de sanidad para diagnosticar el estado de salud y otorgar el tratamiento médico correspondiente; asignarle a la víctima protección policiaca -por personal que no dependa de las autoridades responsables- durante su estancia en el nosocomio o lugar donde se encuentre internado recibiendo el tratamiento médico correspondiente; y, a las personas afectadas con motivo de este acto -por ejemplo, los progenitores de la persona desaparecida- se les dote de asesoría jurídica especializada en el tema, atención psicológica o médica que requieran por este acto y ordenar a las autoridades responsables que deberán abstenerse de intimidarlos o efectuar cualquier acción para disuadirlos de su pretensión, a efecto de garantizar la investigación y esclarecer la verdad respecto a este hecho; finalmente, con independencia de las acciones legales que se hayan emprendido, dar vista a la Procuraduría General de la República para que, en el ámbito de su competencia, investigue ese hecho, con independencia de que aparezca o no la persona que se dice desaparecida. Por otra parte, como de la comparecencia de mérito se advierte que el directamente agraviado, se encuentra incomunicado y de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, el suscrito se encuentra obligado a tomar las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado, se faculta al Actuario adscrito a este juzgado federal para que se constituya en las instalaciones de las autoridades señaladas como responsables, a fin de que localice al agraviado y proceda en los siguientes términos: - Se constituya de manera física y personal en el domicilio de que se trate y solicite que le permitan el ingreso. - Enseguida, deberá vocear al quejoso en el lugar respectivo; - Le notifique el presente auto y manifieste si es su deseo ratificar la demanda promovida a su nombre; - Lo requiera para que en ese acto o dentro del plazo de tres días manifieste si ratifica la demanda de amparo promovida a su nombre; - Lo aperciba que de no ratificar la demanda de amparo se le tendrá por no presentada la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo y quedarán sin efectos las medidas decretadas; - Asimismo, deberá informar a la autoridad ante quien esté detenido o internado el agraviado sobre la suspensión de plano decretada por este órgano jurisdiccional, respecto de los actos reclamados de incomunicación y desaparición forzada de que pudiera ser objeto el quejoso; y -- Levantar acta pormenorizada de todo lo que realice. De la misma manera, al entrevistarse con el directo quejoso, el Actuario Judicial deberá preguntarle de manera expresa si ha sido objeto de algún acto de tortura, física o moral y asentar en la constancia respectiva lo que el impetrante le informe. Atento a lo anterior, y dada la naturaleza de la diligencia encomendada al fedatario judicial, se requiere a las autoridades encargadas de la custodia del directamente agraviado, faciliten los medios necesarios para que el servidor público de la adscripción pueda dar cumplimiento a lo ordenado en este proveído. Esto es, para que le permitan el acceso a la totalidad de las instalaciones donde pueda estar recluido el ahora quejoso, para lograr su localización y entrevista. Se faculta al Actuario adscrito para que, en caso, de no localizar a la parte agraviada en las instalaciones que ocupa la responsable y sea informado que éste se encuentra en sitio diverso, se traslade al mismo, para efecto de dar cumplimiento a la diligencia encomendada, levantando la constancia respectiva. Asimismo, se tiene a la promovente, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la ley invocada, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Finalmente, con independencia de las acciones legales que se han ordenado, se ordena girar oficio a la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita a este Juzgado Federal para que, en el ámbito de su competencia, ejerza sus facultades para, en su caso, se realice la investigación de los hechos denunciados, con independencia de que aparezca o no la persona que se dice desaparecida. Notifíquese; por oficio, a las autoridades responsables y a la representante social adscrita; y personalmente, al directamente agraviado y a la promovente de la demanda de amparo. Lo proveyó y firma el licenciado ***********, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Sergio Ángel Hernández Benitez229/2022
- Sergio Ángel Hernández Benitez272/2021
- Sergio Antonio Lomeli Reinosa409/2021
- Sergio Antonio Montellano Rosales y Otros.1075/2016
- Sergio Antonio Rueda Delgado y Otros.293/2021
- Sergio Antonio Soto Jaquez118/2018
- Sergio Armando Baca Tena102/2020
- Sergio Armando Valencia Himi34/2022
- Sergio Armendáriz Chaparro y Otros.302/2021
- Sergio Arreola Medrano840/2016
- Sergio Arreola Medrano767/2016
- Sergio Arturo Erives Rojas889/2016