Sergio Antonio Lomeli Reinosa

Expediente 409/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
409/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
16/11/2021

Partes del expediente

  • Sergio Antonio Lomeli Reinosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto de los actos reclamados, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión provisional y definitiva, el incidente de suspensión original es depurable, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, de conformidad con el inciso c) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con el artículo 20 del citado Acuerdo General. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 409/2021-I-2, promovido por ******* y; Resultando Primero. Presentación de la demanda. El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, se presentó la demanda promovida por *******, la cual se recibió en este juzgado, por razón de turno, en esa misma fecha. En el escrito inicial la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Encargado de la Oficina del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, a quien reclamó lo siguiente: IV. ACTOS RECLAMADOS: a) el encargado de Oficina del Registro Público de la Propiedad, reclamo la contestación a mi petición, la realización del trámite correspondiente y de las medidas cautelares que procedan en contra de los denunciados. b) Además, se reclama de la autoridad señalada, todas y cada una de las consecuencias que se deriven de los actos reclamados en la presente demanda de garantías. Segundo. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Por auto de uno de junio de dos mil veintiuno, la demanda de amparo se admitió a trámite y se registró con el número 409/2021-I-2, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Cuarto. Vista para ampliación de demanda. En auto de uno de septiembre del año en curso, con fundamento en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, con el contenido de la documental remitida por la responsable, se dio vista a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, contado a partir de que surtiera efectos la notificación de ese proveído, manifestara si era su deseo ampliar su demanda respecto del acto reclamado, consistente en el oficio 1790/2021, a través del cual se le dio respuesta a la solicitud de cinco de abril de dos mil veintiuno; bajo el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna al respecto, se continuaría el trámite del presente juicio de amparo únicamente respecto del acto y autoridad precisados en su demanda. El quejoso *******, decidió no atender la anterior prevención, por lo que, en acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintiuno, se hizo efectivo el apercibimiento decretado y se ordenó continuar con la tramitación del presente juicio de amparo en los términos planteados en el escrito inicial de demanda. Seguido el trámite del juicio, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo en virtud que es un asunto en materia administrativa en el que se reclaman omisiones de una autoridad que reside en el territorio donde ejerce jurisdicción este juzgador. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37, 107 fracción II de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambas legislaciones vigentes al dos de abril de dos mil trece, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclamó del Encargado de la Oficina del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, la omisión de dar respuesta a la petición formulada mediante escrito presentado ante la responsable de mérito el cinco de abril de dos mil veintiuno. Bajo este contexto, resulta procedente tener como omisión reclamada, la señalada en el párrafo precedente, que será estudiada enseguida. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con registro 192097, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Tercero. Existencia del acto reclamado. El Encargado de la Oficina del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, al rendir su informe con justificación, manifestó que no es cierto el acto reclamado por la parte quejosa, debido a que, mediante el oficio *******, se dio contestación a la petición formulada por el peticionario de amparo. Sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada con misma constancia remitida por la responsable, toda vez que se desprende que dicha respuesta si bien se emitió el nueve de abril de dos mil veintiuno, data anterior a la presentación de la demanda, en su momento, no fue notificada a la parte quejosa. Lo anterior, tiene sustento en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 91-96 Tercera Parte, página siete, con registro 238215, que establece: ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado. Cuarto. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el particular, este juzgado federal estima que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 71 de la Ley de Amparo, en que se establece: 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. [.] De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto -omisivo- reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: 1. Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto -omisivo- reclamado; 2. Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; 3. Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, 4. Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Al respecto, cabe señalar que la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de este, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en la esfera jurídica del quejoso. En el caso, ******* promovió juicio de amparo contra la Encargada de la Oficina del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, de quien reclamó, medularmente, la omisión de acordar la petición formulada mediante escrito presentado el cinco de abril del año en curso, ante la autoridad responsable. Ahora, de las constancias remitidas por la Jefa del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, se advierte que, a través del oficio *******, de nueve de abril de dos mil veintiuno, dio contestación a la petición formulada por el aquí quejoso mediante escrito presentado el cinco de abril de la presente anualidad. Ello, pues en dicho comunicado le indicó que en virtud de que la inscripción ******* a folios ******* del libro ******* de la Sección *******, de esa oficina registral fue calificada de legal para su registro por contener todos los requisitos que establecen los artículos 73, 74 y demás relativos de la Ley del Registro Público de la Propiedad, no era posible su cancelación, por no encontrarse la petición del peticionario de amparo en alguno de los supuestos establecidos en dicha legislación. A la documental que remite la responsable, se le reconoce valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. Asimismo, la autoridad señalada como responsable exhibió la notificación que hizo al quejoso respecto de la respuesta que realizó, la que efectuó vía correo electrónico el treinta de agosto de dos mil veintiuno, dado que no localizó el domicilio proporcionado por el accionante para su notificación personal. Así, lo informado por la autoridad responsable resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesaron los efectos de la omisión reclamada, lo cual, actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues la Jefa del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, mediante oficio *******, de nueve de abril del año en curso, dio respuesta a la petición formulada por el aquí quejoso, el cinco de abril de la presente anualidad, al indicarle que no era posible la cancelación solicitada, y notificarle dicha contestación el treinta de agosto de dos mil veintiuno. Además, es de resaltarse que, con la anterior respuesta, se dio vista a la parte quejosa a efecto de que, si era su deseo, ampliara su demanda de amparo, sin que lo haya hecho dentro del plazo establecido en la Ley de Amparo para ello. Por tanto, resulta evidente que ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, debido a que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos; de ahí, que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de la omisión reclamada dado que ya no existe. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En las apuntadas condiciones, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI; con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, los ordinales 61, fracción XXI, 63, fracción V, 73, 74, 76, 77, 107, fracción V, y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo 409/2021-I-2 promovido por *******, en relación con los actos reclamados al Encargado de la Oficina del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, en razón a los argumentos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de octubre de dos mil veintiuno. Precluido derecho para ampliación Vista la certificación que antecede, se advierte que el plazo de quince días concedido mediante proveído de uno de septiembre de la presente anualidad, para que se ampliara la demanda de amparo, transcurrió sin que la parte quejosa se hubiera pronunciado al respecto. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 111, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se tiene por precluido del derecho de la parte quejosa a ampliar su escrito inicial de demanda; entonces, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto y se ordena continuar con el trámite del presente juicio de amparo en los términos precisados en la demanda de amparo. Diferimiento de audiencia Por otro lado, visto el estado de autos y la certificación que antecede se advierte que existe imposibilidad jurídica para celebrar la audiencia constitucional del presente asunto, programada para las nueve horas con diez minutos del doce de octubre de dos mil veintiuno, toda vez que de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, la precitada fecha es inhábil. Consecuentemente, se difiere la audiencia de referencia y en su lugar se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de septiembre de dos mil veintiuno. Estado de autos Visto el estado que guardan autos revisado electrónicamente y la certificación de cuenta se advierte que, para las nueve horas con treinta minutos del día de hoy, se encuentra señalada la audiencia constitucional en el presente asunto; sin embargo, no se está en aptitud de llevarse a cabo, toda vez que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días, otorgado a la parte quejosa, en auto de uno del mes y año en curso, a efecto de que, si es su deseo, amplíe demanda de amparo. Diferimiento de audiencia En consecuencia, ante la imposibilidad jurídica para celebrar la audiencia constitucional y para dar margen a lo anterior, se difiere su celebración y se señalan las nueve horas con diez minutos del doce de octubre de dos mil veintiuno. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano