Sergio Andrade Cintora

Expediente 671/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
671/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
25/09/2019

Partes del expediente

  • Sergio Andrade Cintora

Actuaciones

  1. Principal

    A sus autos los oficios del actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, por medio del cual notifica la determinación de veintitrés de septiembre actual, dictada en el amparo directo civil 693/2019 de su estadística, en la que se admitió a trámite la demanda promovida por **********. Acúsese recibo vía sistema integral de seguimiento de expedientes. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Con fundamento en los artículos 62 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio que suscribe el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, mediante el cual acusa recibo de las constancias remitidas con motivo de la legal incompetencia planteada por el suscrito juzgador federal para conocer de la demanda planteada por ********************, e informa que dicho asunto fue registrado con el número de amparo directo civil ********************Estese en espera de que la superioridad informe si se avoca o no al conocimiento del asunto de referencia.

  3. Principal

    Recepción de escrito de desahogo de prevención. Con fundamento en los artículos 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el escrito presentado por el quejoso Sergio Andrade Cintora, mediante el cual da cumplimiento a la prevención de dos de agosto de la presente anualidad, lo que hace proporcionando la información requerida. Por lo que se le tiene promoviendo demanda de amparo en contra de actos de la magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato y otra, la cual se encuentra registrada con el número 671/2019-II. Incompetencia legal en razón de la vía propuesta. Para estar en aptitud de determinar si este órgano jurisdiccional es el competente para conocer de la citada demanda, por razón de la vía propuesta, cabe mencionar que el primer párrafo del artículo 47 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda Por su parte, los ordinales 34, párrafo primero y 170, fracción I de la Ley de la materia, disponen: Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo". Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.- Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley.- Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.- Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.- Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional. De los numerales trascritos se aprecia que si un juez de Distrito recibe una demanda de amparo en la que se señale como acto reclamado una sentencia definitiva o resolución que da por concluido el juicio de origen, debe rechazar su competencia y remitirla al Tribunal Colegiado de Circuito para que ante este se ventile el juicio de amparo, el que decidirá en última instancia y sin necesidad de que lo soliciten las partes, por no haber sido emplazados a juicio aún las autoridades responsables ni los terceros interesados, si es que existen, si va a conocer y resolver ese juicio de amparo o se declara incompetente. En el presente caso, la parte quejosa señaló como acto reclamado la resolución dictada el diez de julio de dos mil diecinueve en el toca 340/2019 del índice de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato; así como la sentencia de primera instancia emitida el tres de mayo de dos mil diecinueve, en el expediente relativo al juicio ordinario civil ***de la estadística del Juzgado Único Civil de Partido en Yuriria, Guanajuato. Luego, al tratarse de una sentencia definitiva, se considera que la vía idónea para ello es la uniinstancial; consecuentemente, este juzgado declara su incompetencia legal por razón de la vía para conocer de la demanda promovida por Sergio Andrade Cintora. Es aplicable al particular, por identidad de razón jurídica y en lo conducente, la tesis jurisprudencial P./J. 6/2015 (10a.), legible en la página 95 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Materia Común, de rubro y texto: TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor Así como la tesis VII.2o.C.28 K, visible en la página 2189, tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE DECRETA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA, DEJA SIN EFECTO LAS ACTUACIONES PRACTICADAS DURANTE EL JUICIO DE ORIGEN Y LO TIENE POR CONCLUIDO. La resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia que declara la caducidad de la instancia, y deja sin efecto las actuaciones practicadas en el juicio de origen, debe ser impugnada en la vía de amparo directo, ya que si bien es cierto que se está ante una determinación dictada en la etapa de ejecución de sentencia, también lo es que decidió que por razón de la caducidad quedaban sin efecto todas las actuaciones del juicio principal y, por tanto, lo dio por concluido, por lo que reviste las características de aquellas que ponen fin al juicio a que se refiere el tercer párrafo del artículo 46 de la Ley de Amparo; de ahí que en atención a los principios de concentración, expeditez, celeridad y de economía procesal a los que se encuentran sujetas la procedencia, tramitación y resolución de los juicios de amparo, sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios, resulte procedente el juicio de amparo directo Determinación administrativa. En razón de lo acordado en el capítulo precedente, realícese lo siguiente: Háganse las anotaciones pertinentes tanto en el libro de gobierno correspondiente, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Fórmese cuaderno de antecedentes del asunto en que se actúa, con copia de la totalidad de las constancias que lo integran. Remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en turno y solicítese a la superioridad el acuse de recibo de estilo.

  4. Principal

    a) Recepción de demanda. Por recibida la demanda de amparo signada por ***********, en contra de actos de la magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo físico y digital, con el registro número 671/2019-II. b) Prevención. Para estar en aptitud de acordar sobre la admisión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108, fracciones III y V, 112 y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído y bajo protesta de decir verdad: 1. Qué acto en concreto reclama del juez Civil de Partido en Yuriria, Guanajuato. 2. Con relación al juicio ordinario civil de origen *** del índice del Juzgado Único Civil de Partido en Yuriria, Guanajuato), precise lo siguiente: a) Quiénes son las partes actora y demandada. b) Cuál fue la acción intentada. c) Cuáles fueron las prestaciones reclamadas. d) Cuál fue el sentido de la sentencia que se dictó. e) En qué etapa procesal se encuentra actualmente dicho controvertido. 3. Por lo que hace al toca *** de la estadística de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, indique: f) En qué parte y para qué efecto fue modificada la resolución que se revisó en segunda instancia. Requerimiento que se realiza en atención a que la información proporcionada tanto en el apartado del acto reclamado como en el capítulo de hechos y abstenciones que constituye los antecedentes del acto reclamado, resulta ambigua. En la inteligencia que esta prevención, deberá ser desahogada por el propio promovente, no así por las personas que autoriza en su escrito de demanda, toda vez que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de dos mil seis, pagina trescientos cuarenta y ocho, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." En el entendido de que conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." De igual forma, deberá exhibir copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, en la proporción descrita en el artículo 110 de la Ley de Amparo, esto es, dos para las autoridades responsables; una para el tercero interesado; una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y dos para el incidente de suspensión. Apercibida la parte quejosa que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Relativo a lo anterior, se aplica la jurisprudencia número 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, de abril de dos mil uno, página setenta y nueve, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." c) Domicilio y autorizados Atento a que la parte quejosa señaló los estrados como domicilio para oír y recibir notificaciones; con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), se ordena que la presente y todas las notificaciones posteriores, aun las de carácter personal, le sean realizadas mediante lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional. Así mismo, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *********** atento a que de la certificación de cuenta se desprende que cuentan con su cédula profesional inscrita en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; mientras que en términos restringidos del invocado numeral, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a *********, debido a que no fueron proporcionados mayores datos que justifiquen que cuenten con facultad legal para ejercer la profesión de abogados, tales como su número de cédula profesional o de inscripción ante el sistema supramencionado, como lo exige el aludido precepto legal; lo anterior, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. d) Habilitación de días y horas para notificaciones En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. e) Transparencia Finalmente, en cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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