Sergio Agustín Sánchez Bautista
Expediente 821/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 15 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 821/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 23/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Sergio Agustín Sánchez Bautista
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio signado por la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Guanajuato, con trascripción del proveído de diecisiete de octubre del año en curso, emitido en el juicio de amparo 908/2019 de su estadística, mediante el cual acusa recibo del diverso comunicado 15915 y anexos respectivos -expediente original del juicio de amparo 821/2019, cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión, y dos tomos de pruebas-, y comunica que aceptó la competencia planteada a favor de ese órgano jurisdiccional federal de la demanda de amparo formulada por **********, avocándose al conocimiento de la misma. En tal virtud, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.
- Principal
Visto el estado de los autos se advierte que el treinta de septiembre del año en curso se tuvo por recibido el informe justificado de la juez interina de Ejecución de San Miguel de Allende, Guanajuato, del cual se desprende que el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta de ejecución 53/2017 de su estadística, se libró orden de aprehensión en contra del quejoso **********, a efecto de que diera cumplimiento con la pena privativa que le resta por cumplir. De igual forma, se advierte que mediante proveído de dieciocho de septiembre de la presente anualidad se tuvo como autoridades inexistentes a las que el quejoso señaló, bajo la denominación: Coordinador de la Policía Ministerial del estado de Guanajuato, perteneciente a la región "C" de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado, en Celaya, Guanajuato. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del estado de Guanajuato, perteneciente a la región "C" de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado, en Celaya, Guanajuato. En razón de lo anterior, se estima que este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, carece de competencia para resolver el presente juicio de amparo. La afirmación que precede se sustenta en el contenido del artículo 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. La interpretación de los artículos transcritos, lleva a concluir que existen tres supuestos para determinar la competencia de los jueces de distrito para conocer de los juicios de amparo, que son: I. Con independencia de donde radique la autoridad responsable, corresponde conocer del juicio de amparo indirecto al juez del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. II. En caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces federales ante quien se presente la demanda de amparo, siempre y cuando ejerza jurisdicción en esos lugares. III. Cuando el acto reclamado no requiere ejecución material, es competente el juez de distrito ante quien se haya presentado la demanda. Ahora, del precepto indicado se advierte que la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Dicha posibilidad surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras con injerencia en distintas demarcaciones territoriales y se toma en consideración para que el juez de amparo que reciba la demanda sea momentáneamente competente. Ahora bien, tratándose de la orden de aprehensión, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y el quejoso no desvirtúa esa negativa, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió, pues por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución. En el caso, se tiene que, en la demanda de amparo el quejoso señaló como autoridades responsables: Ordenadoras a) Juez de control de Oralidad en Materia Penal de la Primera Región, con sede en San Miguel de Allende, Guanajuato, denominación correcta de la autoridad que el quejoso señaló como Juzgado de Oralidad Penal (sistema acusatorio) del Primera Región del Estado de Guanajuato. b) Juez de Ejecución con sede en San Miguel de Allende, Guanajuato, denominación correcta de la autoridad que el quejoso señaló como Juzgado de Ejecución Penal de la Ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato. Ejecutoras c) Encargado de la Coordinación Regional D de la Dirección General de Investigaciones, de la Fiscalía General del Estado, con sede en San Miguel de Allende, Guanajuato, denominación correcta de la autoridad que el quejoso señaló como Coordinador de la Policía Ministerial del Estado de Guanajuato, perteneciente a la región D, con sede en San Miguel de Allende, Guanajuato. d) Jefe de Célula de la Dirección General de Investigaciones, de la Fiscalía General del Estado, con sede en San Miguel de Allende, Guanajuato, denominación correcta de la autoridad que el quejoso señaló como jefe de Grupo de la Policía Ministerial del estado de Guanajuato, con sede en San Miguel de Allende, Guanajuato. Sin que en caso sea de tomarse en cuenta que el quejoso también señaló como autoridades ejecutoras al: ? Coordinador de la Policía Ministerial del estado de Guanajuato, perteneciente a la región C de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado, en Celaya, Guanajuato. ? Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del estado de Guanajuato, perteneciente a la región C de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado, en Celaya, Guanajuato. Toda vez que tal como quedó precisado en el segundo párrafo del presente acuerdo, las mismas se tuvieron como inexistentes. De igual forma, se advierte que el peticionario de la tutela federal no manifestó donde se encuentra su domicilio particular, solo indicó que algunos vecinos le informaron que personas que se identificaron como agentes de la Policía Ministerial del Estado, se presentaron en su domicilio, teniendo el temor de que se ejecute alguna orden de captura dictada en su contra. Por otro lado, de las constancias que integran el sumario se advierte que únicamente las autoridades con sede en San Miguel de Allende, Guanajuato -con excepción del juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Primera Región del Estado de Guanajuato, sede San Miguel de Allende-, aceptaron la existencia del acto reclamado por el quejoso (fojas 17, 19, 32 y 33). Y como se adelantó, la juez interina de Ejecución de San Miguel de Allende, Guanajuato, en su informe de ley precisó que en la audiencia de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta de ejecución 53/2017 de su índice, se revocó al quejoso el sustitutivo de semilibertad condicionada que disfrutaba con motivo de la condena impuesta en la causa penal número 1P0817-3, de la estadística del Juzgado de Oralidad Penal de San Miguel de Allende, con base en Comonfort, que se le instruyó por el delito de robo calificado, previsto por el artículo 191, fracción V del Código Penal, cometido en agravio de **********, por lo que giró en su contra orden de aprehensión, el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, a efecto de que diera cumplimiento con la pena privativa que le resta por cumplir (fojas 549 a 551 del tomo II de pruebas). Orden de aprehensión que notificó al agente del ministerio público de su adscripción (fojas 552 ídem), quien a su vez solicitó su cumplimentación a las ejecutoras, quienes además aceptaron la existencia de esos actos de ejecución (fojas 17 a 22 de autos del expediente principal). En las relatadas condiciones, al haber aceptado el acto reclamado las autoridades responsables juez interina de Ejecución del estado de Guanajuato, así como las ejecutoras jefe de Célula de la Dirección General de Investigaciones y encargado de la Coordinación Regional D de la Dirección General de Investigaciones, de la Fiscalía General del Estado, todos sede en San Miguel de Allende, y no contar con autoridades ejecutoras dentro de la demarcación donde este órgano jurisdiccional ejerce competencia, es inconcuso que la posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues no existe otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión. En tal virtud, no se surte la competencia de este juzgado de Distrito ante el cual se presentó la demanda, pues como se dijo, al ser la referida juez interina de Ejecución de San Miguel de Allende, Guanajuato, quien como autoridad ordenadora aceptó la existencia del acto; por tanto, es inconcuso que resulta competente para conocer de la demanda de amparo el juez de distrito donde se emitió la orden de aprehensión. Se cita como ilustración, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro dice: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Finalmente, no es obstáculo para arribar a la determinación adoptada por este órgano jurisdiccional, la circunstancia que la parte quejosa haya señalado domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones, en virtud de que ello, no constituye un factor para establecer la competencia, dado que no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer de un asunto, radica en que el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio. Lo anterior es así, pues adoptar un criterio distinto, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, apoya lo anterior la jurisprudencia de rubro : COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSION, AMPARO CONTRA LA. Por tanto, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, declara carecer de competencia legal para resolver del presente juicio de amparo. En consecuencia, remítanse los presentes autos, al juez de Distrito en turno en el estado de Guanajuato, con sede en la ciudad Capital, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, a quien se estima competente para conocer y dictar el fallo correspondiente. Resulta necesario destacar que en el presente asunto se aperturó incidente de suspensión, el cual ya fue resuelto en definitiva. Consecuentemente, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir los autos originales del presente controvertido, así como dos tomos de pruebas, y los cuadernos incidentales al juez de Distrito en turno en el estado de Guanajuato, con sede en la ciudad capital, a quien se considera competente para conocer del presente juicio. b. Solicitarle que informe si acepta o no el conocimiento. c. Formar el cuaderno de antecedentes respectivo; y, d. Dar de baja el presente asunto y hacer las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). En razón de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del nueve de octubre de dos mil diecinueve.
- Incidental
Primero. Se niega la suspensión definitiva a **************, respecto los actos y autoridades expuestos en el considerando segundo de esta resolución. Segundo. Se concede la suspensión definitiva a *************, respecto los actos y motivos expuestos en el considerando tercero de la presente interlocutoria.
- Principal
Visto el informe justificado que rinde la juez interina de Ejecución San Miguel de Allende, Guanajuato, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos con vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Se tienen por ofrecidas las documentales que la juez allegó, consistente copia certificada de la carpeta de ejecución 053/2017 de su índice; probanzas que con fundamento en el artículo 119 se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza; lo que deberá relacionarse en la audiencia constitucional. Atento a lo anterior, dada voluminosidad de las constancias, se ordena formar dos tomos de pruebas. Agréguese informe. A sus autos únicamente para efectos de control el oficio signado por el encargado de la Coordinación Regional "D" de la Dirección General de Investigaciones, de la Fiscalía General del estado, con sede en San Miguel de Allende; ya que el veinte de septiembre actual se recibió vía correo electrónico y se acordó lo conducente en proveído de veintitrés de septiembre siguiente.
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