Sergio Alonso Portugal Guzmán
Expediente 1942/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 13 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1942/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 03/03/2023
Partes del expediente
- Sergio Alonso Portugal Guzmán
- Manuel Alejandro González Molina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
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TEPIC, NAYARIT, TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos para que surta los efectos legales procedentes el escrito de cuenta, suscrito por Shurave Elizabeth Ledesma Fernández, en su carácter de autorizada del tercero interesado MANUEL ALEJANDRO GONZÁLEZ MOLINA, y en atención tanto a las manifestaciones que realiza, como a las peticiones que formula, dígasele que se esté a lo acordado por auto datado el dos de marzo del año en curso, mediante el cual se declaró que causó ejecutoria para todos sus efectos legales procedentes la resolución emitida en el sumario en que se actúa y se ordenó el archivo del juicio como asunto totalmente concluido. NOTIFÍQUESE.
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TEPIC, NAYARIT, DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que dentro del término legal concedido, ninguna de las partes se inconformó en contra de la resolución dictada en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 81, fracción I, inciso e), en relación con el diverso numeral 86, ambos de la Ley de Amparo y, el ordinal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que la misma CAUSA EJECUTORIA para todos sus efectos legales procedentes. En consecuencia, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de amparo, aplicado a contrario sensu, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso a, del arábigo 21, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se sobreseyó, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Con sustento en la hipótesis "a", del artículo 18 del aludido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, déjese por separado el duplicado del incidente de suspensión respectivo y una vez transcurridos seis meses procédase a la destrucción del mismo, previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno. En tanto que el cuaderno original, glósese al presente juicio de amparo, para que sean destruido conjuntamente a los tres años. Por otra parte, en virtud que resultan innecesarias las constancias que la autoridad responsable acompañó al rendir el informe justificado para apoyarlo; por tanto, mediante oficio con auto inserto del presente auto, devuélvanse dichas constancias - tomo I de pruebas-. NOTIFÍQUESE.
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R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Sergio Alonso Portugal Guzman, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero y considerando segundo del presente fallo, por los razonamientos jurídicos expuestos en el último considerando de esta sentencia constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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TEPIC, NAYARIT, TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Visto el estado que guardan los autos de los que se desprende que el tres de junio de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Antonio Ayón Bañuelos, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, para los efectos siguientes: "1. Se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa, lo previsto en el artículo 21, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, en relación con los numerales 11, 12 y 13 del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no apliquen a la parte quejosa, en el presente ni en un futuro tales preceptos legales, en tanto no se modifique dicha normativa. 2. Asimismo, para que el Director General de Ingresos y el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $560.00 (quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $11,858.00 (once mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 40/100 moneda nacional), monto que deriva de la suma de los pagos que realizó veintisiete de abril de dos mil veinte, por las cantidades de $3,649.00 (tres mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional) y $8,209.00 (ocho mil doscientos nueve pesos 00/100 moneda nacional)." En relación a lo anterior, el Director General Jurídico de la Secretaria de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, en representación del Director General de Ingresos y el Recaudador de Rentas ambos de dicha Secretaría, mediante oficio recibido el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, informó que desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los preceptos legales declarados inconstitucionales y, procedió a devolver a favor del quejoso, la cantidad de $8,967.88 (ocho mil novecientos sesenta y siete pesos 88/100 moneda nacional), mediante transferencia bancaria; no obstante lo anterior, es preciso indicar que el monto devuelto al promovente de amparo, no coincide con los montos establecidos en la concesión de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, así como en el diverso numeral 31, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, requiérase al Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene al Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaria de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, para que dentro del término de tres días, contados a partir del en que queden legalmente notificadas del presente proveído, procedan a dar total cumplimiento a la ejecutoria de referencia, esto es, proceda a devolver a favor del quejoso la cantidad total estipulada en la sentencia de amparo, en el entendido que dicha suma deberá estar debidamente actualizada. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad a lo que prevé el artículo 260 de la Ley de la Materia, en relación con los ordinales segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido, que conforme al decreto constitucional mencionado, el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio del citado decreto, con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE.
Quedan 9 actuaciones en este expediente
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