Sergio Alberto Ruiz Villaseñor

Expediente 1877/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1877/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
19/01/2021

Partes del expediente

  • Sergio Alberto Ruiz Villaseñor
  • Tribunal de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Nayarit

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto la Circular SECNO/1/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, de donde se advierte en el punto II, número 1 y 2, así como artículos 1, 2, fracciones I y II, y 20, respectivamente, se establece lo siguiente: "II. En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior se determina lo siguiente: 1. El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. (.) Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. Como regla especial en los juicios de amparo indirecto y en juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. (.)" "Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo. (.)" De los numerales transcritos se advierte que el objetivo de la circular y acuerdo de mérito es reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, así como del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020 y Circular CAP/3/2020, lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Se establece también que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Así, y en acatamiento a la Circular SECNO/1/2021 y al Acuerdo General 21/2020, lo procedente es ordenar la reanudación del procedimiento en el juicio que nos ocupa para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de donde se desprende que ha transcurrido el plazo que se concedió tanto a la parte quejosa, mediante proveído veintiuno de septiembre del año dos mil veinte, a través del cual la autoridad responsable expuso diversas manifestaciones en relación con el fallo pronunciado en el presente juicio de amparo. Luego, en virtud de que en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a la parte quejosa Sergio Alberto Ruiz Villaseñor, para el siguiente efecto: ".para que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, de inmediato emita las actuaciones necesarias a fin de que levante constancia de la audiencia fijada para el veinte de junio de dos mil diecinueve y proceda al arbitraje en los términos fijados por la legislación de la materia dentro del juicio laboral 163/2019; concesión que se hace extensiva al Actuario de su adscripción para que practique las notificaciones relativas a esos actos dentro de los plazos establecidos por la normativa aplicable". En cumplimiento a ello, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, mediante oficio recibido en este Juzgado el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, acompañó copia certificada de la celebración de la audiencia de conciliación de diecinueve de junio del dos mil diecinueve, en el que tuvo por inconforme a la parte demandada en el juicio de origen por inconforme con la conciliación, y ordenó su emplazamiento al juicio laboral burocrático, asimismo en diverso oficio de fecha diecisiete de enero de dos mil veinte, remitió el auto de dieciséis de enero del año citado, en el que se tiene al demandado por contestada la demanda y por ofrecidas las pruebas de la demandada -aquí parte tercera interesada- y en oficio de fecha dieciocho de septiembre de dos mil veinte, acompaño la celebración de la audiencia pruebas, alegatos y resolución de veintiocho de enero de dos mil veinte, en el que, admitió y preparó el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, en el juicio laboral 163/2019, de su índice; restituyendo de esa manera a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute de sus derechos constitucionales violados. En ese orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo se encuentra cumplimentada; por tanto, procede hacer efectivo el apercibimiento de que fueron objeto las partes por veintiuno de septiembre del dos mil veinte y, el día de hoy, se tiene por cumplida la sentencia de amparo pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de amparo y la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto al incidente de suspensión toda vez que el mismo no se tramitó. Por último, agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales el escrito remitido vía electrónica por Raúl Arrellano Guzmán, en su carácter de apoderado legal la parte quejosa, luego, en atención a lo que peticiona dígasele al promovente que se esté a lo ordenado en párrafos que antecede. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    TÉNGASE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE SE MENCIONA, INFORMANDO QUE SE ENCUENTRA EN VÍAS DE DAR CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR PRONUNCIADO EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTUA. NOTIF.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos el mensaje telegráfico de cuenta, que remite el Director General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con sede en Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a través del cual acusa de recibo del oficio 3862-II, mediante el cual se le notificó el acuerdo dictado el once de julio del año en curso, en el que se acordó la interposición del recurso de queja por parte del Director General de Amparos Contra Actos Administrativos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de la interlocutoria de veintiuno de mayo de la presente anualidad. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el ocurso de cuenta, suscrito por la quejosa HERMELINDA CURIEL PEÑA, a través del cual señala como nuevas autoridades al Director y/o Jefe del Departamento de Catastro del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit y al Tesorero y/o Encargado de la Hacienda Público Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, a quienes les reclama los actos reclamados que señaló en su escrito inicial de demanda y en sus escritos aclaratorios de la misma; asimismo, señala como nuevo acto reclamado el siguiente: ".Reclamo de todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables, las órdenes y su ejecución que han emitido para privarme sin previo juicio legal y Constitucional de mis derechos de propiedad que tengo sobre el inmueble descrito en mi escrito inicial de demanda, para de esta forma arrebatarme su propiedad sin ninguna indemnización e inscribir en el Registro Público de la Propiedad de Bucerías, una escritura que me arrebate mi propiedad; y realizar el pago de la transmisión patrimonial en el Departamento de Catastro del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nay."; éste último atribuido también al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107, Constitucionales; 107, 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se tiene por ampliada la demanda de amparo por lo que ve al nuevo acto reclamado y, por las autoridades responsables que indica; de ahí, que se ordena dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación la intervención que le compete. Pídase a las autoridades responsables indicadas, su informe con justificación, que deberán rendir dentro del término de QUINCE DÍAS, y acompañar las constancias a que se refiere el artículo 117, de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que las mismas deben remitirse debidamente legibles y completas, apercibida que de no hacerlo en su oportunidad se le aplicará multa de cien a mil Unidades de Medida de Actualización, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de la Materia. En la inteligencia de que por auto de dieciocho de octubre del año en curso, se fijaron las DIEZ HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Con fundamento en el primer párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se hace saber a las partes, que en caso de que cesen los efectos del acto reclamado u ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este Órgano Jurisdiccional; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días, como lo dispone el artículo 251 de la Ley de la Materia. Luego, de su escrito de ampliación de demanda, se advierte que únicamente a JULIO JESÚS VILLASEÑOR ROJO, le reviste el carácter de tercero interesado en el presente juicio de amparo, consecuentemente, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, téngasele como tal. Luego, a fin de que este juzgado esté en posibilidad de emplazarlo, requiérase a la parte quejosa para que en el término de tres días contados a partir del en que quede notificada del presente proveído, proporcione el domicilio donde pueda ser emplazado a este juicio el tercero interesado de referencia, apercibida que de no cumplir con lo anterior, conforme a lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso b), última parte, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se ordenará practicar dichos emplazamientos por medio de edictos que se publiquen a su costa. Por último, acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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