Sergio Alberto Santana Piña

Expediente 2565/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2565/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
16/12/2022

Partes del expediente

  • Sergio Alberto Santana Piña

Actuaciones

  1. Principal

    En Mérida, Yucatán, a las DIEZ HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 2565/2022-VI, promovido por Sergio Alberto Santana Piña, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida del Secretario Miguel Alejandro Patrón Ballote, con quien actúa y da fe, procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. El Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos, y da cuenta con el informe justificado rendido por la Jueza Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, el cual obra agregado en autos La Jueza acuerda: Téngase por rendido en tiempo y forma el informe justificado de la autoridad responsable, para que sea tomado en consideración como corresponda. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, continúese con la celebración de la presente audiencia. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con la documental que adjuntó la parte quejosa a su demanda, la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, legales y humanas; y con las documentales adjuntadas por la Jueza responsable a su informe justificado. La Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas de referencia, en virtud de su especial naturaleza jurídica, las cuales serán tomadas en consideración como corresponda; sin más pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrada esta etapa. Abierto el período de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon, por lo que se declara cerrada la presente etapa. Finalmente, al no existir diligencias pendientes por desahogar, se procede a dictar la siguiente sentencia. Visto, para resolver el presente juicio de amparo número 2565/2022-VI promovido por Sergio Alberto Santana Piña, contra el acto que reclama del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, por considerarlos violatorios de los artículos 8, 14, y 17 Constitucionales; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, turnado el mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito, Sergio Alberto Santana Piña, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós, previa aclaración, se admitió la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional del juicio, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción l y 107 fracción IV, de la Constitución Federal; 33 fracción IV, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que el acto que se reclama tiene ejecución dentro de la circunscripción territorial en donde se ejerce competencia. SEGUNDO...OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Debe estimarse oportuna la presentación de la demanda de amparo, en razón que de su lectura sistemática se infiere que el acto reclamado es de naturaleza omisiva y por tanto, su impugnación no está sujeta al término de quince días que ordinariamente señala el artículo 17 de la ley de la materia, ya que se trata de omisiones de la responsable que crean situaciones permanentes, las cuales pueden reclamarse en cualquier tiempo, en tanto no se subsanen; por lo que no puede actualizarse el consentimiento tácito o expreso y, por consiguiente, tampoco la extemporaneidad de la demanda, en razón de que no puede tenerse como base un día específico para iniciar el cómputo del término, ni puede obligarse al peticionario de amparo, a que promueva el amparo antes de que estime pertinente hacerlo. TERCERO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación del acto reclamado. Para tal efecto, se analiza en su integridad la demanda, congruentemente con la totalidad de la información del expediente del juicio. Se atiende también el contenido de la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, del examen integral de la demanda de amparo y de las constancias de autos se obtiene el siguiente acto reclamado: La omisión de acordar el escrito presentado el siete de julio del año en curso, en el cual solicitó el embargo los derechos correspondientes al ciudadano Lorenzo Antonio Balam Marín, en el juicio ejecutivo mercantil 123/2018, del índice del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a la Jueza Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, no obstante que al rendir su informe justificado manifestó que no es cierto el acto reclamado, sin embargo, realizó manifestaciones agregado que por medio de auto de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, dio contestación al escrito de la parte quejosa presentado el siete de julio del año en curso, por tanto, se advierte que a la presentación de la demanda de amparo no había dado contestación citado escrito; por lo cual se desvirtúa dicha negativa y se tiene por existente el acto reclamado. Documentales a las que esta juzgadora le otorga valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, toda vez que fue emitida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. Atento a la técnica que rige el juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, antes de examinarse la materia de fondo de la litis constitucional, debe analizarse el tema de la procedencia del juicio de amparo, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la tesis jurisprudencial número 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que a la letra, título y pie, señala: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Ahora bien, en la especie, debe decirse que este órgano de control constitucional considera que, respecto al aquí reclamado, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es preferente, la cual establece literalmente, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión de la autoridad responsable de acordar el escrito presentado el siete de julio del año en curso, en el cual solicitó el embargo los derechos correspondientes al ciudadano Lorenzo Antonio Balam Marín, en el juicio ejecutivo mercantil 123/2018, de su índice. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que la Jueza Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, adjuntó a su informe justificado, se desprende que mediante acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, se pronunció respecto del ocurso presentado el siete de julio del año en curso, del cual se advierte que, con fundamento en el artículo 132 del Código de Comercio, se previno al ocursante, señale bajo su responsabilidad el nombre del depositario del bien que pretende sea embargado, y hecho lo anterior resolverá lo que derecho convenga, en el juicio ejecutivo mercantil de origen. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable Jueza Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, pues dio contestación al escrito de la parte quejosa presentado el siete de julio de dos mil veintidós, respecto a la petición formulada en el mismo, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable que no dio contestación a su escrito presentado el siete de julio de dos mil veintidós, y no haber dictado auto de embargo de los derechos correspondientes al ciudadano Lorenzo Antonio Balam Marín, lo que en el caso se subsana con el pronunciamiento contenido en los acuerdos de cuatro y veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. En consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 del propio ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64, 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Sergio Alberto Santana Piña, contra el acto que reclamó del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida; lo anterior, por los motivos expuestos en el quinto considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Agréguense a estos autos el informe justificado rendido por la Jueza Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado; recibido junto con un anexo, así como el anexo que acompañó; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Asimismo, téngase por proporcionado el correo electrónico de dicha autoridad, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Gerente de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica de la Comisión Nacional del Agua, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales firmando en representación de la Gerente del Registro Público de Derechos de Agua de éste Desconcentrado, con sede en la ciudad de México, mediante el cual informa las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en este asunto y remite las constancias respectivas para acreditarlo; al respecto, téngase en consideración cuando se realice el estudio de cumplimiento respectivo. Finalmente, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que se inconformaran con el proveído que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejercieron ese derecho, téngase a éstas conformes con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo anterior, archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Conforme al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que el presente asunto es susceptible de depuración, por lo que se conservará por el término de tres años, contados a partir de esta fecha. Concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se ordenará su depuración, conservando la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, el presente proveído; y los documentos que, en su momento, se consideren relevantes, situación que se hará constar en el acuerdo de desincorporación respectivo. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberá digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Asimismo, en cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa, en el que se negó la suspensión provisional y se concedió la definitiva, se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo 18, fracción I, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, ES DEPURABLE. En tanto que, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Erika Esther Góngora Barbosa, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe.

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