Sergio Alberto Santana Piña

Expediente 290/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
290/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
03/05/2023

Partes del expediente

  • Sergio Alberto Santana Piña

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; tres de mayo de dos mil veintitrés. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la resolución con la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que la sentencia que SOBRESEYÓ en su único resolutivo en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, así como que carece de documentos originales, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el Acuerdo antes citado. De conformidad al artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Seguidamente, el Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con los informes justificados rendidos por la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán y por el Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, ambas con sede en esta ciudad de Mérida, los cuales ya obran agregados en autos. Asimismo, da cuenta con el registro de oficialía de partes 5533, correspondiente al alegato ministerial suscrito por la agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita. Acto seguido, la Jueza acuerda: Ténganse por rendidos en tiempo y forma los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables, para que sean tomados en consideración como correspondan. Por otra parte, agréguese a estos autos el alegato ministerial signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, en el que, por los motivos que expone, solicita se sobresea, o en su caso, se niegue el amparo a la parte quejosa; lo anterior, para que sea relacionado al celebrarse la audiencia constitucional respectiva, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otra parte, no ha lugar a acceder a su solicitud de expedir copias certificadas de la resolución que solicita; toda vez que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente debe constar únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, de ahí que ésta actuación al ser emitida con posterioridad a dicha fecha, no debe imprimirse al expediente, sino únicamente debe obrar en el electrónico. Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 se hace saber a la Agente del Ministerio Público que se encuentra en aptitud de acceder al expediente electrónico e imprimir las constancias que requiera, puesto que, al contar con evidencia criptográfica tendrán el mismo valor probatorio que el de una copia certificada. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales que la parte quejosa adjuntó a su demanda de amparo y las remitidas por las responsables con su informe justificado; en mérito de lo anterior, la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales citadas debido a que ya obran en autos, las cuales se tienen por desahogadas en virtud de su naturaleza jurídica, con lo cual, se cierra dicha etapa. Abierto el período de alegatos, se da cuenta con el alegato ministerial presentado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. A lo anterior, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogados los alegatos de la representante social, para los efectos legales conducentes. Hecho lo anterior, se decreta la conclusión de esta etapa de la audiencia. A continuación, no habiendo diligencias pendientes por desahogar, la Juez declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver el juicio de amparo 290/2023, promovido por Sergio Alberto Santana Piña contra los actos que reclamó de la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad, por violación al artículo 8º Constitucional; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, Sergio Alberto Santana Piña promovió el presente juicio de amparo indirecto, mismo que por razón de turno, tocó conocer el mismo día a este órgano de control constitucional, donde se reclamó de la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, y el Registrador de su adscripción, la falta de atención a su solicitud con folio 89991-2022, presentada el veintiocho de junio de dos mil veintidós. SEGUNDO. El veintitrés de febrero de la presente anualidad, se admitió a trámite la demanda de amparo; se registró en el Libro de Gobierno con el número de expediente 290/2023; se le solicitó su informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Integrado el juicio de amparo, se celebró la audiencia constitucional la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales, 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 03/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de una autoridad que tiene ejecución dentro de la circunscripción territorial en que esta Juzgadora ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y con el criterio sustentado en la tesis P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de determinar lo que el quejoso quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal. De manera que el quejoso reclamó de las autoridades responsables la falta de atención a su solicitud con folio 89991-2022, presentada el veintiocho de junio de dos mil veintidós. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades responsables, Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán y Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, ambas con sede en esta ciudad de Mérida, al rendir su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado. Asimismo, la Directora del Registro Público responsable realizó manifestaciones para defender la constitucionalidad de su actuar, a lo cual agregó, que mediante oficio INSEJUPY/DRPPYC/08744/2022, de veintiséis de julio de dos mil veintidós, atendió la solicitud 89991-2022 de la hoy parte quejosa, y canceló la anotación del embargo con número de inscripción 968334, sobre el predio quinientos treinta y tres de la calle veintidós de la colonia Maya, de esta ciudad de Mérida. Documentales a la que esta juzgadora le otorga valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, toda vez que fue emitida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Ahora bien, en la especie, debe decirse que este órgano de control constitucional considera que, respecto al acto reclamado, se estima que se actualiza la causal de sobreseimiento del juicio constitucional, derivada de la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. (.)" Como se ha dicho, de las constancias que la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, adjuntó a su informe con justificación y a su oficio INSEJUPY/DRPPYC/08744/2022, se desprende que dicha autoridad atendió la solicitud de la parte quejosa desde el veintiséis de julio de dos mil veintidós, e inclusive lo hizo del conocimiento del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, el ocho de agosto de dos mil veintidós, según se advierte del sello de oficialía de partes común a los Juzgados Civiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado. Por tanto, se concluye que las autoridades responsables al haber realizado la cancelación del embargo y hacérselo del conocimiento de la responsable en el juicio de origen, con fecha anterior a la presentación de la demanda de amparo, esto es, antes del veintidós de febrero de dos mil veintitrés; en consecuencia, el acto reclamado consistente en la denegación de justicia al omitir dar contestación a la solicitud de la parte quejosa, se considera inexistente y debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que del citado precepto se desprende que la existencia del acto u omisión reclamada en el juicio de amparo debe estar acreditada, y que en caso que no se probare esa circunstancia, deberá decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo. La razón de ello es porque los fines que persigue el juicio de amparo al otorgar la protección constitucional a la parte agraviada es para invalidar el acto u omisión reclamada, restituyendo a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales conculcados y regresando las cosas al estado que tenían con antelación a la emisión o ejecución del mismo por parte de la responsable. Por tanto, si la existencia del acto u omisión no se acredita durante el juicio de amparo, existirá una imposibilidad para decretar su invalidación y no se podrá restituir a la parte impetrante de amparo en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, la inexistencia de la omisión reclamada radicó en que al momento de que la parte quejosa promovió la demanda de amparo, no existía la omisión reclamada a la responsable, ya que con anterioridad a ésta, la Directora del Registro Público realizó la cancelación del embargo sobre el bien inmueble solicitado. De ahí que se considere que se acreditó la inexistencia de la omisión reclamada, lo que impide que esta juzgadora pueda analizarlo, haciéndose imposible restituirle del goce de los derechos fundamentales respecto de una omisión que no subsiste. En consecuencia, al no existir la omisión reclamada, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a éste, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Apoya lo anterior la tesis bajo el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido Sergio Alberto Santana Piña contra el acto que reclamó de la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán y Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, ambas con sede en esta ciudad de Mérida, consistente en la omisión de darle contestación a su solicitud presentada el veintiocho de junio de dos mil veintidós, a fin de que se realizara la cancelación de embargo derivado de la solicitud 89991-2022, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguense a estos autos los informes justificados rendidos por la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán y por el Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, ambas con sede en esta ciudad de Mérida, con anexos que adjuntan; en tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y hágase relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el escrito signado por********************, mediante el cual informa que la autoridad responsable ha tenido un acercamiento con su representada, aquí quejosa, por lo que se encuentran en pláticas conciliadoras a fin de llegar a un acuerdo para el pago del monto adeudado por la autoridad responsable. De lo que este Juzgado Federal toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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