Sergio Abraham Aranda Chaparro

Expediente 112/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
112/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
17/02/2023

Partes del expediente

  • Sergio Abraham Aranda Chaparro

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de febrero de dos mil veintitrés.Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el auto de treinta de enero de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante cinco años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es depurable una vez se haya cumplido el plazo de conservación de cinco años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que aunque se sobreseyó, se concedió la suspensión de plano, de conformidad con lo establecido en la fracción I, inciso a), del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, el auto por el que se concedió la suspensión de plano, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; este proveído en que se acuerda el archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento.Además, se hace constar que, no obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto.Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la responsable.Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; uno de febrero de dos mil veintitrés. Informe como antecedente Agréguese a los autos el informe sobre la suspensión de plano rendido por el Juez Cívico del Centro de Recuperación Cívica Total del Municipio de Juárez, para que conste únicamente como antecedente, toda vez que en treinta de enero de dos mil veintitrés, el quejoso ********************, se desistió de la acción intentada y se ordenó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Domicilio y delegados No obstante, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, se tiene a dicha autoridad designando como delegados a las personas que menciona, así como señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en sus informes de cuenta. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.YMR/JRMG

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de enero de dos mil veintitrés. Vista la constancia actuarial de veintiocho del presente mes y año, se desprende que el quejoso ********************, externó su deseo de ratificar la demanda de amparo entablada en su favor; por lo que con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 3º, 5º, 6, 21, 33, fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, ******************** y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda, sin que se haga necesario proveer respecto a las medidas para la integración del presente asunto, por los motivos que a continuación se expondrán. Enseguida, vista la comparecencia de cuenta, signada por el quejoso ********************, el día de hoy, se tiene que externó su deseo de desistir de la demanda de amparo que originó este asunto, en las instalaciones de este juzgado. En consecuencia, y toda vez que en primera instancia ratificó la demanda presentada a su favor; de la cual desistió el día de hoy, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción I, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Lo anterior, con apoyo en la tesis VI.2°19K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 488, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 203315, cuyo rubro y texto citan: SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO EXPRESO DEL AGRAVIADO. Para que el desistimiento del agraviado proceda en el juicio constitucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es menester que sea el propio quejoso quien presente el escrito y además, que ratifique el mismo ante presencia judicial o funcionario con fe pública, previa identificación del interesado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y hágase del conocimiento de las demás partes, el presente acuerdo. Finalmente, remítasele al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en esta ciudad, la información necesaria para realizar el registro de este juicio de amparo y la compensación correspondiente, en los siguientes términos: Fecha y hora de recepción Veintiocho de enero de dos mil veintitrés Nombre del quejoso, inculpado, actor, recurrente, o promovente ******************** Promovente: ******************** Nombre del demandado y tercero interesado No aplica Tipo de juicio, recurso que se interpone o procedimiento que se promueve Juicio de Amparo Indirecto Acto reclamado Privación de la libertad e incomunicación Juicio de origen No aplica Materia Administrativa Autoridades responsables Juez Cívico adscrito al Centro de Recuperación Cívica Total Neun ******************** Calificativa de urgente Sí Vía por la que se recibe y numero de boleta Demanda por comparecencia, sin boleta Número de expediente ********************/2023 Nombre de Secretario que recibió María Isabel Olivas Domínguez Notifíquese en lista electrónica y por oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito, en esta ciudad, así como a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintiocho de enero de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda Vista la comparecencia de **********, en representación del directamente agraviado **********, contra actos del (1) Juez Cívico del Centro de Recuperación Cívica Total, con residencia en esta ciudad; de quien reclama la privación de la libertad fuera de procedimiento, arresto e incomunicación de que es objeto el directamente agraviado. Se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y anotar en el Libro de Gobierno correspondiente de este juzgado como juicio de amparo 112/2023-IV. Se reserva la admisión de la demanda hasta que, en su caso, sea ratificada, en términos del artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Suspensión de plano Con fundamento en los artículos 125, 126 y 169, de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano de la privación de la libertad fuera de procedimiento y/o arresto e incomunicación, para que cesen de inmediato, así como aquellos contemplados en el artículo 22 Constitucional, medida que no se encuentra sujeta a condición alguna impuesta por las autoridades responsables. Sirve de apoyo a la determinación anterior, por identidad de razón, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo CIII, Materia Civil, visible en la página 1784, registro 344257, de rubro y texto: ARRESTO, SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE. Si el acto reclamado se hace consistir en el arresto que se trata de imponer al quejoso, por desobedecimiento a una orden dada por la autoridad, es evidente que, de negarse la suspensión de ese acto, quedaría sin materia el juicio de amparo, porque en el supuesto de que al quejoso le fuera concedida la justicia federal, sería imposible físicamente reponerlo en el goce de la garantía violada. Asimismo, las autoridades responsables deberán de abstenerse de realizar cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que, si como lo afirma la parte promovente, el directo quejoso sólo ha sido privado de la libertad fuera de procedimiento o arrestado y no privado de la libertad en cumplimiento a una orden de detención o aprehensión, o por sorprenderlo en flagrante delito, las autoridades responsables deben ponerlo en inmediata libertad, sin imponerle pago alguno o carga diversa para poder estar libre. Esto, porque según los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, la Jueza de distrito tiene la obligación de procurar que se mantenga viva la materia del amparo, de ahí que en el supuesto mencionado, de permitirse que la privación de la libertad fuera de procedimiento o la orden de arresto reclamada continúen surtiendo sus efectos, se corre el riesgo de que el acto reclamado se consume irreparablemente en perjuicio de la parte quejosa. Luego, resulta innecesario establecer alguna medida de aseguramiento a la parte quejosa, pues de los hechos narrados en la comparecencia no se advierte la probable comisión de un hecho delictivo o la existencia de un tercero interesado. Es aplicable al caso la jurisprudencia 75/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de dos mil, Materia Constitucional, Común, visible en la página 18, registro 191374, del tenor siguiente: ARRESTO COMO MEDIO DE APREMIO. A LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA NO LE SON APLICABLES ANALÓGICAMENTE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DEL QUEJOSO PREVISTAS POR LOS ARTÍCULOS 130 Y 136 DE LA LEY DE AMPARO. El arresto como medida de apremio, que tiene su fundamento en el artículo 17 constitucional que exige como garantía individual la de una administración de justicia pronta, completa e imparcial, persigue vencer la resistencia de quien se opone a acatar un mandato judicial. En cambio, las órdenes de aprehensión, detención o retención dictadas por autoridades judiciales del orden penal, por el Ministerio Público o por autoridades administrativas, se refieren a un acto tipificado como delito por la ley y del que se presume probable responsable al quejoso. Las medidas de aseguramiento a que aluden los artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo, que debe tomar en cuenta el Juez de Distrito al conceder la suspensión contra las órdenes de aprehensión, detención o retención aludidas, no pueden exigirse al concederse la suspensión contra el arresto como medio de apremio en aplicación analógica de los preceptos citados, en virtud de que el origen y los fines perseguidos en cada tipo de órdenes son distintos y, además, en las segundas no están presentes las razones que justifican el dictado de esas medidas respecto de las primeras porque en aquéllas no hay necesidad de devolver al quejoso a la autoridad responsable en caso de que se niegue el amparo pues no hay hecho delictivo respecto del que deba purgarse pena privativa de la libertad. Además, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte el arresto como medida de apremio no puede exceder del plazo de treinta y seis horas previsto por el artículo 21 constitucional, por lo que el dictado de medidas de aseguramiento en ese supuesto podría ocasionar la consumación irreparable de los efectos del acto reclamado, tornándose nugatorios los fines de la suspensión al agotarse la materia del amparo. Por último, frente al interés particular del quejoso de obtener su libertad en ambos tipos de órdenes en las que derivan de un hecho delictivo, el interés social exige que quien resulte responsable purgue la pena correspondiente, mientras que en las otras sólo exige el acatamiento al mandato judicial, lo que puede hacer el quejoso en cualquier momento. Ahora, es importante reiterar que la suspensión de plano que se concede respecto de la privación de la libertad fuera de procedimiento o el arresto no surtirá efectos si a la parte quejosa se le sorprendió en flagrante delito o con posterioridad se decreta su detención con base en lo establecido en el artículo 16 Constitucional. De igual manera, las autoridades responsables, en su caso, deberán informar la situación jurídica de la parte directamente agraviada, el motivo por el cual se encuentra privada de su libertad y si se cometió algún delito, ponerlo a disposición, la autoridad policiaca del agente del Ministerio Público, y éste, de la autoridad jurisdiccional, en los plazos correspondientes. En tales condiciones, requiérase a las autoridades señaladas como responsables para que dentro del término de veinticuatro horas legalmente computado, informen a este órgano de control constitucional sobre el cumplimiento a la suspensión de plano; para lo cual, deberán agregar copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Con el apercibimiento que de ser omisas en acatar la suspensión de plano que se concede, dejar de informar la forma en que lo hicieron o no manifestar la imposibilidad que tengan para ello, serán sancionadas en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dispone: 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; [.] Ratificación Por otra parte, como de la demanda de cuenta se advierte que el directamente agraviado se encuentra privado de la libertad, y de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, la que suscribe se encuentra obligada a tomar las medidas necesarias para lograr su comparecencia, se faculta a la Actuaria adscrita a este Juzgado Federal para que se constituya en las instalaciones que ocupa el Centro de Recuperación Cívica Total del Municipio de Ciudad Juárez (CERECITO), y una vez que localice al directamente agraviado Sergio Abraham Aranda Chaparro dé fe del estado físico que presente a simple vista y de conformidad con el artículo 15, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, lo requiera para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente de que surta efectos la notificación de este acuerdo, por sí o por medio de su representante legal o apoderado, ratifique la demanda de amparo promovida en su nombre; apercibiéndolo, de que en caso de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda, y se dejará sin efecto las medidas provisionales que se han dictado. De la misma manera, al entrevistarse con el directamente quejoso la Actuaria Judicial deberá preguntarle de manera expresa si ha sido objeto de algún acto de tortura, física o moral y asentar en la constancia respectiva lo que el quejoso le informe. Atento a lo anterior, y dada la naturaleza de la diligencia encomendada a la fedataria judicial, se requiere a las autoridades encargadas de la custodia del directamente agraviado, se encuentren o no señaladas como responsables por la parte promovente, faciliten los medios necesarios para que la servidora pública de la adscripción pueda dar cumplimiento a lo ordenado en este proveído; esto es, para que les permitan el acceso a la totalidad de las instalaciones donde puede estar recluido el directamente quejoso, para lograr su localización y entrevista. Ello es así, toda vez que el acto reclamado se encuentra prohibido constitucionalmente y, ante ello, es una consecuencia ineludible y forzosa por cualquier autoridad, aun cuando no se les haya señalado expresamente, cuenta habida que esa circunstancia no es obstáculo para que la suspensión de plano deba cumplimentarse, desde el momento en que se ordena el cumplimiento de la medida precautoria, contra todas aquellas autoridades que ejecuten tales actos. De igual manera, indíquese a las autoridades señaladas como responsables, que tienen la ineludible obligación de dirigirse, en una forma conveniente, a los funcionarios encargados de ejecutar su acto, a efecto de cumplimentar la suspensión decretada. En concomitancia con lo anterior, se faculta a la Actuaria Judicial adscrita para que de no localizar al directamente agraviado en las instalaciones en donde se encuentra detenido y, en su caso, sea informada que la parte quejosa pueda localizarse en un sitio diverso, se traslade al mismo sin previo acuerdo, para efecto de dar cumplimiento a la diligencia encomendada, levantando las constancias respectivas. Obligación de recibir oficios Se informa a las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en relación con este expediente se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, según lo dispuesto por el numeral 245 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional ($8,962.00). Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Habilitación de días y horas De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados y domicilio En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en la comparecencia; y el número telefónico señalada para mantener comunicación relativa a actos no procesales. Forma en que se llevarán a cabo las notificaciones En general por lista Se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, mediante la publicación en internet consultable en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. A la autoridad responsable Por medio de oficio De conformidad con el numeral 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente acuerdo a las autoridades responsables mediante oficio que al efecto se gire, el cual deberá entregarse de forma física en las instalaciones que ocupe cada una de ellas. Por lista electrónica Los acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, ya que este resolutor, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el presente juicio de amparo, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Expedición de copias y acceso al expediente. En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve, acceso que se permitirá una vez que realicen la cita respectiva para presentarse en el juzgado. Coincidencia del expediente físico y electrónico. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Oficial Judicial "A" adscrito dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asunto Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, dígase a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese por lista y personalmente al directamente agraviado. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

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