Sendell Ramírez Ávila
Expediente 620/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 620/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 01/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Sendell Ramírez Ávila
- Fiscalía Especilizada en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, primero de diciembre de dos mil quince. Vista la certificación que antecede así como el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el licenciado *************** representante legal de la parte quejosa se presentó el veinticuatro de noviembre pasado a recoger los billetes de depósito que exhibió para garantizar la suspensión concedida en el presente asunto. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego, según lo dispuesto por el segundo párrafo de la fracción III del numeral antes invocado del Acuerdo General Conjunto en cita, en cuanto al original del incidente de suspensión es susceptible de depuración por haberse concedido la medida cautelar solicitada, por lo que deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.*eam
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de fecja diez de noviembre de dos mil quince que dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de noviembre de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de garantías en que se actúa; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Finalmente, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a este juzgado federal debidamente identificado, con credencial oficial vigente, a recoger los billetes de depósito que exhibió para garantizar la suspensión que le fue concedida, con el apercibimiento que de no hacerlo así, transcurrido el término que señala el artículo 36 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, se harán efectivos a favor de la Federación. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.
- Incidental
Visto el escrito de cuenta signado por el licenciado ****, autorizado de la parte quejosa, se le tiene solicitando la devolución del billete de depósito otorgado para garantizar la suspensión concedida. No obstante, dígasele que dicha devolución podrá hacerse hasta que el auto por el que se sobreseyó el presente juicio fuera de audiencia cause estado. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, encargada del despacho en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, licenciada ****, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ****. Doy fe. *eam*eam
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE FECHA DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciséis de octubre de dos mil quince. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio que signa el Juez de Garantía del distrito judicial Bravos, por el cual remite en copias certificadas la totalidad de las constancias que bran en la causa penal ***************, de las que se advierte que el día catorce de octubre del presente, se dictó auto de no vinculación a proceso a la aquí quejosa, lo cual motiva la improcedencia del presente juicio, como en seguida se pone de manifiesto: R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el tres de septiembre de dos mil quince, turnado a este Juzgado por razones de competencia el mismo día, *************** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables y acto reclamado siguientes: III. Las autoridades responsables las identifico como: a) FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO ZONA NORTE, con domicilio en eje vial Juan Gabriel y aserraderos, Colonia Agustín Melgar, Ciudad Juárez, Chihuahua. b) POLICÍA ESTATAL ÚNICA DIVISIÓN INVESTIGACIÓN, con sede en esta ciudad en el domicilio ubicado en el eje vial Juan Gabriel y aserraderos, Colonia Agustín Melgar, Ciudad Juárez, Chihuahua. c) POLICÍA MUNICIPAL DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, con domicilio en calle eje vial Juan Gabriel No. 2160, Colonia Reforma, Ciudad Juárez, Chihuahua. d) JUZGADO DE GARANTÍA DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS EN EL ESTADO, con domicilio en barranco azul sin número edificio de Ciudad Judicial, Colonia Toribio Ortega, Ciudad Juárez, Chihuahua. IV. ACTO RECLAMADO: 1. A la autoridad señalada en el inciso a) reclamo la ilegalidad en la solicitud de la orden de aprehensión y/o presentación y/o detención que han solicitado a través del Ministerio Público Estatal en mi contra. 2. A la autoridad señalada en el inciso d), le reclamo la ilegal orden de aprehensión que arbitrariamente ha emitido en mi contra. 3. A las autoridades señaladas en los incisos b) y c), les reclamo la ejecución de la orden de aprehensión y/o presentación y/o detención que se requiere ejecutar en mi contra de manera antijurídica. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violadas. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de cuatro de septiembre de dos mil quince, la demanda se registró en el libro de gobierno correspondiente, se admitió a trámite, se solicitaron los informes justificados, se tramitó el incidente de suspensión, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional: C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35 de la Ley de Amparo en vigor y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Causa de improcedencia. La improcedencia del juicio de amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. En otras palabras, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el particular, este juzgador federal estima que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; En cuanto a la hipótesis en comento debe precisarse que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Cabe señalar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho humano violentado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el injusto jamás hubiera nacido. Esto es, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de sus derechos humanos violentados; por ende, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del mandato de autoridad, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera afectado la esfera jurídica del impetrante, esto es, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido y la revocación debe ser definitiva y no provisional. Resulta aplicable sobre el particular, por identidad de razón, el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 71, tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 197367, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Así, se puede concluir que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca, dando lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se reclama en el juicio de garantías; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Ahora, debe tenerse en cuenta que el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión en contra de la quejosa ***************, y su ejecución. Asimismo, debe establecerse que del análisis de los oficios de cuenta y de sus anexos, se advierte que el catorce de octubre pasado, el Juez de Garantía dictó, auto de no vinculación a proceso, en contra de la quejosa, respecto del delito por el cual se le libró la orden de aprehensión reclamada. Bajo esa premisa y en virtud de la naturaleza que tiene dicha resolución respecto a la situación del quejoso en el procedimiento de origen, se sostiene que en el presente caso ha operado la causa de improcedencia señalada. Dicho de otro modo, evidente resulta que ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos; de ahí, que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de la omisión reclamada dado que ya no existe y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En ese orden, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, de forma manifiesta e indudable, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio al tenor de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Esto, conforme al criterio 10/2003, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En ese orden, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional que se programó a las diez horas con treinta minutos del seis de noviembre de dos mil quince, por actualizarse la causal de anotada en líneas precedentes, así como las medidas cautelares dictadas en el incidente de suspensión que derivan este asunto. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.
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