Sergio Abarca Pérez
Expediente 187/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 187/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Sergio Abarca Pérez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio que remite el actuario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, residente en Uruapan, Michoacán, mediante el cual informa que se avocó al conocimiento del asunto promovido por Sergio Abarca Pérez y otros. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente auxiliar en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y una vez que concluya el plazo de seis meses de archivo que prevé el artículo 20 del Acuerdo en mención, contado a partir de esta propia fecha, destrúyase este expediente dentro de los treinta días siguientes. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, mediante el cual en atención a la incompetencia planteada dentro del expediente de amparo del cual deriva el presente cuaderno de antecedentes, remite la papeleta de turno, de la que se aprecia que correspondió conocer de tal asunto al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en la ciudad referida. En ese sentido y con la finalidad de mejor proveer, solicítese atentamente al Juzgado homólogo con la finalidad de que se sirva remitir vía interconexión la determinación adoptada en relación con la incompetencia declinada. Notifíquese por lista y mediante oficio. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo Quinto de la publicación de la lista de aspirantes aceptados al Quinto Concurso de Oposición Libre para la Designación de Magistradas y Magistrados de Circuito, en virtud de que el titular de este órgano jurisdiccional participa en el mismo, de acuerdo con el numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Inocente Sánchez Jiménez, en favor de los quejosos directos Sergio Abarca Pérez y otros contra actos del Titular de la Comisión Nacional de Seguridad, residente en la Ciudad de México y de otra autoridad. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número III-187/2021-Dss. Se reclama de las autoridades señaladas como responsables la violación sistemática del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo tercero y sexto por cuanto hace a la violación del derecho de los quejosos a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, así como la violación del derecho humano al acceso y disposición, y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible; derechos humanos que están garantizados en la norma constitucional en relación con el artículo primero de la carta magna. Lo anterior, derivado de que los quejosos directos se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 CPS Michoacán, con residencia en Buenavista-Tomatlán, Michoacán, lugar en donde se generan dichas afectaciones en virtud de que se redujo en forma proporcionada las cantidades de alimentos que reciben en dicho centro federal, además de que la comida que les brindan no es balanceada ni nutricional. Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Amparo, textualmente establece lo que enseguida se transcribe: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". De lo anterior tenemos que, si los actos reclamados no requieren ejecución material será competente el juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado éstos, de lo contrario, es decir, si los actos requieren de ejecución material, el juez competente será el del lugar en donde tenga lugar la ejecución de los actos reclamados y en la especie, éste será necesariamente el del lugar en que se encuentre la persona sobre la cual se materialicen los mismos. En el caso que nos ocupa, los actos reclamados se están ejecutando en Buena Vista, Tomatlán, Michoacán, en virtud de que los quejosos están recluidos en un centro penitenciario ubicado en dicha población, por lo que tiene aplicación el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Por tanto, como el Centro Federal de Reinserción Social en que guarda reclusión los quejosos directos se encuentra fuera del ámbito de competencia territorial de este Juzgado de Distrito, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito declina de plano la competencia al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, con sede en Uruapan; asimismo, se le solicita que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas haga saber a este juzgado si acepta la competencia declinada a su favor. Sirve como sustento a lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 86/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2021191, de rubro y texto siguientes: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo." En tal virtud, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase de manera inmediata por vía interconexión al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, con sede en Uruapan. Lo anterior, sin que resulte necesario proveer sobre la suspensión al no ubicarse en las hipótesis que establece el artículo 48 de la ley de la materia. Se tiene por como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las persona que señala la parte quejosa, para recibir notificaciones quienes podrán gozar de dichas facultades siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, o bien, hasta que acredite dentro del presente expediente con documento idóneo estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho; ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. Asimismo, de conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como el diverso 4, fracción V, del Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, y del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza practicarle las notificaciones de carácter personal mediante el correo electrónico, proporcionado para tal efecto, por lo que se ordena, con constancia que para ello genere el actuario adscrito a este juzgado; lo anterior, de manera excepcional y durante todo el plazo que continúe vigente la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de conformidad con los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte promovente el acceso al expediente electrónico a través de los "Nombres de Usuario" registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial Federal, proporcionados para tal efecto, por lo que se ordena asociarlo al presente juicio mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; lo anterior, en el entendido de que ello no implica que se le realicen las notificaciones de manera electrónica en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que se señaló domicilio en esta ciudad para tal efecto. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva, enviado vía interconexión el día de hoy con su anexo. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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