Sergio Abarca Pérez

Expediente 186/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
186/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
17/05/2021

Partes del expediente

  • Sergio Abarca Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio que remite el actuario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, mediante el cual acusa recibo del expediente de amparo del que deriva este cuaderno e informa que se avocó al conocimiento del asunto. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente auxiliar en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y una vez que concluya el plazo de seis meses de archivo que prevé el artículo 20 del Acuerdo en mención, contado a partir de esta propia fecha, destrúyase este expediente dentro de los treinta días siguientes. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de abril de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio suscrito por el actuario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, mediante el cual informa que para estar en aptitud de pronunciarse sobre la incompetencia planteada por este órgano federal le resulta necesario tener a la vista la totalidad de constancias que integral el expediente en que se actúa. Consecuentemente, remítase al juzgado homólogo la documental que refiere en su oficio de cuenta, lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese a los presentes autos el oficio que remite el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, mediante el cual acusa recibo del oficio 3476 y al efecto remite la boleta de registro correspondiente efectuada a favor del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo Quinto de la publicación de la lista de aspirantes aceptados al Quinto Concurso de Oposición Libre para la Designación de Magistradas y Magistrados de Circuito, en virtud de que el titular de este órgano jurisdiccional participa en el mismo, de acuerdo con el numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Inocente Sánchez Jiménez a favor del quejoso directo Sergio Abarca Pérez y otros, contra actos del Titular de la Comisión Nacional de Seguridad, con residencia en la Ciudad de México y de otras autoridades. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número II-186/2021-R. Ahora bien, la parte promovente señala como actos reclamados los siguientes: "Se reclama de las autoridades señaladas como responsables la violación sistemática al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo tercero y sexto por cuanto hace a la violación del derecho de los quejosos a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, así como la violación al derecho humano al acceso y disposición, y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible; derechos humanos que están garantizados en la norma constitucional en relación con el artículo primero de la carta magna". Lo anterior, derivado de que los quejosos directos se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 CPS Michoacán, con residencia en Buenavista-Tomatlán, Michoacán, lugar en donde se generan dichas afectaciones en virtud de que se redujo en forma proporcionada las cantidades de alimentos que reciben en dicho centro federal, además de que la comida que les brindan no es balanceada ni nutricional. Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De lo anterior tenemos que, si los actos reclamados no requieren ejecución material será competente el juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado éstos, de lo contrario, es decir, si los actos requieren de ejecución material, el juez competente será el del lugar en donde tenga lugar la ejecución de los actos reclamados y en la especie, éste será necesariamente el del lugar en que se encuentre la persona sobre la cual se materialicen los mismos. En el caso que nos ocupa, los actos reclamados se están ejecutando en Buena Vista, Tomatlán, Michoacán, en virtud de que los quejosos están recluidos en un centro penitenciario ubicado en dicha población, por lo que tiene aplicación el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Por tanto, como el Centro Federal de Reinserción Social en que guarda reclusión los quejosos directos se encuentra fuera del ámbito de competencia territorial de este Juzgado de Distrito, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito declina de plano la competencia al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, con sede en Uruapan; asimismo, se le solicita que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas haga saber a este juzgado si acepta la competencia declinada a su favor. Sirve como sustento a lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 86/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2021191, de rubro y texto siguientes: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo." En tal virtud, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase de manera inmediata por vía interconexión al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, con sede en Uruapan. Lo anterior, sin que resulte necesario proveer sobre la suspensión al no ubicarse en las hipótesis que establece el artículo 48 de la ley de la materia. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se tiene a la parte quejosa solicitando se le realicen las notificaciones, aún las de carácter personal de forma electrónica; por tanto, se ordena hacer la notificaciones por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, con fundamento en los artículos 3, 26, fracción IV, 30, fracción II y 31, fracción III, de la Ley de Amparo. En ese contexto, se encomienda al actuario adscrito a este juzgado que una vez que se genere la constancia de la consulta realizada digitalice ésta, realice la impresión de un tanto a fin de que se agregue al expediente correspondiente como constancia de notificación. Para el efecto, hágase del conocimiento del actuario que el nombre de usuario es "Inocente". Por otro lado, como lo solicita y toda vez que cumple con los requisitos que establece el artículo 18 del Acuerdo General 1/2015, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal se autoriza el acceso al expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva, enviado vía interconexión el día de hoy con su anexo. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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