Serfido Trinidad Rodas

Expediente 155/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
155/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
23/02/2023

Partes del expediente

  • Serfido Trinidad Rodas

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta, con el cual el quejoso Serfido Trinidad Rodas solicita la devolución de los documentos que exhibió en el presente juicio de amparo; por lo tanto se acuerda: Como lo solicita el citado quejoso y en virtud a que este juicio se encuentra concluido, devuélvanse los documentos exhibidos al momento de interponer la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa; previa copia de los documentos y razón de entrega se agregue al expediente y como autorizado para recogerlos a la persona que nombra en el escrito de cuenta.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se hizo constar que a la fecha ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de queja en contra del proveído en el que se tuvo por desechada la demanda promovida por Serfido Trinidad Rodas. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales. ANOTACIONES Y SE ORDENA ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, se hace constar que mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por desechada la demanda de amparo en que se actúa. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 8, punto 8.1.2, subpunto 4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda lo siguiente: JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE El presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se ha desechado y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DIGITALIZACIÓN Y FÉ DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del citado Acuerdo General.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Serfido Trinidad Rodas y anexos que se acompañan, contra actos del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 4, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 155/2023-VI-A. Ahora bien, atento a la lectura de dicha demanda y principalmente, en lo concerniente a los actos reclamados, a juicio de esta juzgadora, la misma debe desecharse de plano, bajo las siguientes consideraciones de derecho. El artículo 113 de la Ley de Amparo, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El transcrito dispositivo legal, autoriza a la juzgadora de amparo a desechar de plano una demanda cuando exista una causa manifieste e indudable de improcedencia. En el caso concreto, del contexto de la demanda de amparo, la parte quejosa se duele de la falta de emplazamiento a juicio, como consecuencia no haber EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 2 sido oído ni vencido en juicio y la orden de desalojo emitida en el juicio agrario 296/2018 del índice del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 4, responsable. Analizada que fue la demanda de amparo, esta juzgadora considera que debe desecharse. Para ilustrar este aserto, primeramente es menester transcribir el contenido de los artículos 61, fracción XIV, y 17, de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". De dichas transcripciones, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente actos consentidos tácitamente, EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 3 entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que genéricamente es de quince días, salvo cuando el acto reclamado implique ataques a la libertad personal; caso ante el cual es evidente que no nos encontramos, ya que las actuaciones de la autoridad judicial responsable que en esta vía se reclaman tuvieron verificativo en un juicio en que el quejoso ya tuvo conocimiento de la existencia de ese juicio agrario 296/2018. En ese sentido, como hecho notorio se hace constar que el referido peticionario de amparo promovió ante este Juzgado de Distrito el diverso juicio de amparo 66/2021, en contra de la falta de emplazamiento a juicio y como consecuencia todo lo actuado en el juicio de controversia agraria, sobre el mejor derecho a poseer, número 296/2018 contra del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 4, con sede en esta ciudad; en el cual mediante auto de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se sobresee fuera de audiencia y se declaró que causo estado, en diverso proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, por lo cual tuvo conocimiento del juicio agrario de origen desde el año dos mil veintiuno, no acudió al amparo oportunamente. En ese contexto, si el acto reclamado en el referido juicio de amparo, lo constituyó la falta de emplazamiento a juicio y como consecuencia todo lo actuado en el juicio de controversia agraria, sobre el mejor derecho a poseer dentro del expediente 296/2018; de ahí que el plazo aplicable para la presentación de la demanda que nos ocupa es de quince días hábiles, contados a partir del EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 4 siguiente al en que surtió efectos la notificación del acto reclamado, o bien, a partir del día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento completo del acto reclamado. Apoya esta determinación, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 115/2010, publicada en la página 5, del Tomo XXXIII, enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que reza: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ". Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 5 que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Ahora bien, en el apartado relativo de su demanda de amparo, la parte quejosa manifestó que tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, de forma extrajudicial, respecto del expediente agrario 296/2018. Sin embargo, como se apuntó con antelación en este Juzgado de Distrito se encuentra radicado el juicio de amparo 66/2021 promovido por Serfido Trinidad Rodas, contra actos del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 4, con residencia en esta ciudad y actuario adscrito al mencionado tribunal, indicando la parte quejosa que tuvo conocimiento desde el dos de febrero de dos mil veintiuno, esto debido que le fue informado por miembros de la asamblea de ejidatarios del ejido Guadalupe Victoria, Municipio de Tuxtla Chico, Chiapas, derivado del expediente agrario 296/2018; expediente que se tiene a la vista y se invoca como hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto al numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, y por la jurisprudencia 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos ochenta y cinco, Tomo XXV, junio de dos mil siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto que dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 6 hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Y la jurisprudencia J/12, sustentada por el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la página doscientos noventa y cinco, Tomo V, enero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento". En esa tesitura, resulta inconcuso que desde la primera fecha señalada por el quejoso (dos de febrero de dos mil veintiuno) a la de la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa (treinta de enero de dos mil veintitrés), ha transcurrido sobradamente el plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que es válido EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 7 colegir, que al no haber accionado en tiempo el aparato de impartición de Justicia, la parte quejosa consintió tácitamente el actuar de las autoridades señaladas como responsables respecto a los actos ya destacados, con lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 del citado ordenamiento legal, y obliga a esta juzgadora a desechar la demanda puesta a consideración. En efecto, si la parte quejosa conoció de primera mano la existencia del juicio agrario y los actos que impugnan en esta vía, el dos de febrero de dos mil veintiuno, resulta inconcuso que desde el día siguiente tuvo la posibilidad legal de impugnarlos dentro del plazo previsto en el artículo 17 de la ley de la materia y, al no haberlo hecho, los consintió tácitamente, con lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo, que obliga al desechamiento de su libelo, no obstante de que se trata al parecer de una nueva orden de desalojo. Apoya esta determinación, la conclusión alcanzada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la jurisprudencia 21, publicada en la página 291, del Tomo II, agosto de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuya literalidad es la siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Ahora bien, respecto de los diversos actos reclamados que se hacen consistir en el retiro, sustracción, retención, transferencia electrónica y/o EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 8 decomiso, y entrega del numerario de la cuenta bancaria del ayuntamiento quejoso, se estima que también debe desecharse la demanda de amparo, de conformidad con los artículos 113, 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo. Los artículos 113, 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo, establecen: "ARTÍCULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede: (.) IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 9 Como se ve el artículo 113 de la ley de la materia impone al Juez de Distrito la obligación de examinar, ante todo, el escrito de demanda, y lo faculta para, en caso de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano, entendiéndose que el motivo de improcedencia a que alude el citado numeral debe advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que el vocablo indudable, resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En tanto que, el numeral transcrito en tercer término establece, que si se trata de actos realizados en ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 10 De una interpretación histórica del dispositivo legal antes invocado, es dable inferir que la razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia ahí contenida, fue evitar que el juicio de amparo fuera utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, que constituye cosa juzgada y verdad legal, en virtud de que la sociedad está interesada en que los procedimientos respectivos se realicen con celeridad; por lo tanto, si el acto que en esta vía se reclama fue dictado dentro del periodo de ejecución de la sentencia, resulta improcedente el juicio biinstancial, ya que su interposición sólo supondría la dilación de la ejecución de la sentencia condenatoria, con lo que se contravendría el espíritu que anima el artículo 17 Constitucional, en lo relativo al derecho de impartición de justicia pronta y expedita para los justiciables. Es aplicable a lo anterior, el criterio sustentado por la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en el Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 11 procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución". Y, el criterio sustentado por el Pleno del Máximo Tribunal del país, en la jurisprudencia 32/2001, publicada en la página 31, del Tomo XIII, abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuya literalidad es la siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ÚLTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en "dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Desde luego que, como toda regla, dicha hipótesis tiene una excepción, la cual sólo se surte cuando las resoluciones emitidas con posterioridad a la sentencia relativa constituyen determinaciones autónomas, desvinculadas del procedimiento de ejecución de aquélla, EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 12 verbigracia, una violación cometida en el incidente de gastos y costas del juicio, lo cual, finalmente, determina que el juicio de amparo indirecto sea procedente para analizar en él su constitucionalidad; mas, en el particular no se actualiza ese supuesto, pues es evidente que los actos reclamados que nos ocupan son tendentes a lograr el cumplimiento de la sentencia emitida en el expediente agrario 296/2018; por lo que, será procedente esta vía, sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, ya que así se advierte de la demanda de amparo y del diverso juicio de amparo 66/2021 del índice de este órgano jurisdiccional. Apoya este razonamiento, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6, enero de 2011, Novena Época, Tomo XXXXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 13 En esa tesitura, es inconcuso que los actos de los que se duele la parte quejosa, constituyen determinaciones emitidas dentro del periodo de ejecución de la sentencia que puso fin al juicio laboral 296/2018 del índice del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 4, responsable, contra el cual es improcedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 107 fracción IV de la Ley de Amparo, pues las violaciones procesales en que pudieron incurrir las responsable en el cumplimiento a la sentencia, son susceptibles de repararse en el amparo que se interponga contra la última resolución dictada en el indicado procedimiento de ejecución, es decir, en la que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o, se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pues no afecten derechos sustantivos dictados en esa etapa ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Apoya a lo anterior la Tesis I.3o.C.116 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1287, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. SU PROCEDENCIA TRATÁNDOSE DE ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, AUTÓNOMOS A LA COSA JUZGADA. De conformidad con la tesis P./J. 108/2010, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó que por excepción, en tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución, puede admitirse la vía indirecta para actos que de manera directa afecten derechos sustantivos dictados en esa etapa ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Asimismo, de las consideraciones que sustentan la ejecutoria que da origen a ese criterio, se observa que la aplicación, por analogía, que dicha EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 14 jurisprudencia autoriza, no implica la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes. Por tanto, tratándose de actos dictados después de concluido el juicio, autónomos a la cosa juzgada, la regla general la constituye que el juicio de amparo sólo procede en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, y sólo por excepción se admite la procedencia del amparo biinstancial, cuando se trate de actos que afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural; entendiéndose como tales de conformidad con la tesis P. LVII/2004, de rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", que sustenta el mismo órgano, aquellos cuyas consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal. Asimismo, procederá amparo indirecto contra las resoluciones que tengan autonomía de la ejecución". Al igual que la Tesis XVI.3o.2 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, que se publica en la página 917, Tomo XVII, Junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, cuyo rubro y texto, dicen: "AMPARO IMPROCEDENTE. LO ES CUANDO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES SE DECLARA INFUNDADO Y SE TRAMITÓ DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, SIN QUE LA INTERLOCUTORIA QUE LE PONE FIN SEA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN. El juicio de amparo es improcedente contra la interlocutoria que declara infundado el incidente de nulidad de notificaciones que se ventiló en el periodo de ejecución de sentencia; ello, en virtud de que el resultado del incidente trae como consecuencia que siga el trámite de la ejecución, y la voluntad del legislador al crear la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, fue evitar el abuso del juicio de garantías y que no se impida la materialización de los trámites de ejecución en un juicio en el que el quejoso fue oído y vencido con las formalidades que prevé el artículo 14 constitucional. En consecuencia, el amparo procede hasta que se dicte la última resolución en el periodo ejecutivo, y en los conceptos de violación se podrán alegar las violaciones que considere se cometieron en el trámite del citado incidente de nulidad de notificaciones, o bien, en la resolución que recayó al mismo". Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo, además, en el ordinal 113 de la ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Serfido EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 15 Trinidad Rodas, contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 4 y actuario adscrito, ambos con sede en esta ciudad, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles [aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia], se tiene al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su demanda de amparo. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 71, 103, 110, 113 y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, en vinculación al artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental abrogada, aplicable según el párrafo segundo del artículo segundo transitorio del primer ordenamiento invocado; así como los artículos 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación del primero de los ordenamientos en cita, publicado en el citado medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día cinco del mes y año indicados, por el cual se derogó el Acuerdo General 30/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; así como las reformas que adicionaron los artículos 2º, 8º, 9º y 13, modificaron los numerales 7º, 8º, 33, 35 y 36, y reformaron el diverso 32, todos del citado reglamento, publicadas en el medio de difusión oficial referido, el doce de diciembre de dos mil siete, que entró en vigor al día siguiente; hágase saber a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 16 público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, así como el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus "datos personales" (cualquier información concerniente a personas físicas o jurídicas identificadas o identificables) y el de manifestar en forma expresa al momento de allegar pruebas o constancias al juicio, si deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las Legislaturas de los Estados, manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo. En el entendido que de no existir oposición, la unidad administrativa correspondiente generará la versión pública de la resolución o de las demás constancias del expediente, suprimiendo cualquier otra información de carácter personal que contengan, procurando que dicha supresión no impida conocer el criterio de este órgano jurisdiccional. Sin embargo, tratándose de los datos sensibles, que se definen en el artículo 2º del citado reglamento, en la forma siguiente: "el dato personal que revela el origen racial o étnico, la convicción religiosa, filosófica o de otro género, la opinión política, la adhesión a un partido, sindicato, asociación u organización de carácter religioso, filosófico, político o sindical, o cualquier otro dato personal que revele el estado de salud o la vida sexual del titular de los datos personales"; serán suprimidos de la versión pública de las sentencias ejecutoras, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, aun cuando no exista oposición de las partes para su publicación, procurándose que tal supresión no impida el conocimiento del criterio sustentado por este Juzgado. EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 17 De igual manera, como lo establece el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se hace del conocimiento de las partes que en las listas de notificación, entre otros documentos jurisdiccionales, se publicarán los nombres de las partes, salvo cuando el asunto respectivo verse sobre supuestos de datos sensibles, tales como los relacionados con juicios familiares o causas penales seguidas respecto de los delitos contra la dignidad -aborto, ayuda o inducción al suicidio-; contra la libertad reproductiva, contra la libertad y el normal desarrollo de la personalidad; contra el derecho de los integrantes de la familia a vivir una vida libre de violencia; contra la filiación y la institución del matrimonio; contras las normas de inhumación y exhumación y contra el respeto a los cadáveres o restos humanos; y de suministro de medicinas nocivas o inapropiadas; asimismo, la oposición a la publicación de los datos personales realizada por las partes no dará lugar a la supresión de su nombre en los instrumentos de carácter jurisdiccional señalados, salvo que se refiera a los supuestos sensibles, sin menoscabo de la supresión de otros datos personales diferentes al nombre. Digitalización. Procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido, excepción hecha de las constancias que debido a su voluminosidad, dificulten su manejo en los sistemas electrónicos de captura con que cuenta este tribunal, y en uso de la facultad discrecional que le otorga el artículo 91 EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 18 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, las cuales, en su caso, quedarán a disposición de las partes en esta secretaría, para su consulta, hasta en tanto llegue el momento de proveer sobre su destino final.

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