Semer Josue Santiso Soto

Expediente 1577/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 15 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1577/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
12/04/2023

Partes del expediente

  • Semer Josue Santiso Soto
  • Moises Alejandro Valdivia Limon
  • SEMER JOSUE SANTISO SOTO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a doce de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para los efectos legales procedentes, el oficio del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por el que, informa que admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, el cual quedó registrado con el número 133/2023. Asimismo, acusa recibo del oficio 7984, por el que, este órgano de control constitucional remitió el original del juicio de amparo número 1577/2022, del que deriva el presente cuaderno de antecedentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, veintidós de marzo de dos mil veintitrés,. Vista la certificación secretarial que antecede, se desprende que el presente expediente en que actúa se encuentra debidamente integrado para su envío al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en turno, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la resolución constitucional dictada en el presente juicio. En ese orden, remítase el original de este expediente, con el escrito de agravios, al tribunal de alzada para el trámite respectivo. Notifíquese.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y toda vez que de la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término concedido a los terceros interesados Moisés Alejandro Valdivia Limón y Ramón Bartolón Díaz, en proveídos de ocho y veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, sin que hayan señalado domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, notifíquese la resolución constitucional de dieciséis de febrero del año en curso, ésta, y las subsecuentes determinaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fija diariamente en este juzgado. Finalmente, no es necesario hacer pronunciamiento alguno, respecto de la razón actuarial de cuenta; en virtud de que en el párrafo anterior se ordenó la notificación de la sentencia dictada en el presente juicio, a la parte tercera interesada antes indicada. Notifíquese por lista a la parte tercera interesada.

  4. Principal

    SENTENCIA CONSTITUCIONAL V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 1577/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós (foja 1), Semer Josué Santiso Soto, Macaria Roblero Rodríguez, Eliazín Roblero Vázquez, América López Gutiérrez, Eduardo Escobar Morales, Criselda Morales López, Marli Rusay Roblero Rodríguez, Orlando Pérez Castañón, Sofía Guadalupe Mirón Saldaña, Matilde Sánchez Chávez, Eduardo Guillén Hernández, Francisco Hernández Mirón, José Antonio Puentes Maldonado, Yeni Pérez Mejía, Rosendo Santiago Pérez, Mary Cruz Pérez Velázquez, María Cielo Ruiz Toledo, Udiel Marín Santizo Soto, Erisel Jerónimo Pérez Velázquez, Elbira Pérez Castañón, Ceymer Mariel Santizo de León, Elí Abdías Santizo Soto, María Elena Pérez Castañón, Edvenuel Santizo Soto, Doyma Roblero Rodríguez, Rubí Esther Aguilar Ángel, Paula Yudith de la Cruz Roblero, Mario Santizo Ernández, Xhiomara Ninel Verdugo González, René Samayoa Pérez, Tania Esmeralda Velázquez Ruiz, Lidia Mirón Saldaña, Francisco Martín Erants Macario, Octavio Pérez Matíaz, Elvira Hernández Hernández, Raquel de la Rosa Cotuiño, Blanca Edith Mirón Saldaña, Idolina Santizo Soto, Rosi Dila Santizo Soto, Enuel Pérez Mejía, Cresencio Morales ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 13/10/23 21:30:35 2 Díaz, Armando López Rico, Mario Velázquez Bravo, Isauro Samayoa Pérez, Agustín Hernández Jiménez, Miriam Elizabeth Santiz Cifuentes, Eduardo Santiz Cifuentes y Amelia Reyna Jerónimo Cinto, solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez de Primera Instancia Especializado en Juicio Oral Mercantil del Distrito Judicial de Tapachula, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, los cuales se precisarán en considerando aparte. SEGUNDO. Por cuestión de turno, el conocimiento de la demanda correspondió a este Juzgado de Distrito; en proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintidós (foja 66), se registró con el número 1577/2022 y se previno a la parte quejosa. Luego, aclarada en sus términos la demanda, en auto de veintinueve de noviembre del año próximo anterior, se admitió a trámite, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se ordenó el emplazamiento a la parte tercero interesada y se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. En consecuencia, se procede a emitir la resolución correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 13/10/23 21:30:35 3 37, párrafo primero, y 107 de la Ley de Amparo, 48, y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, modificado mediante el diverso acuerdo 16/2016, publicado el once de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en el que el Pleno del Consejo determinó el cambio de denominación de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, y por el que a partir del catorce de marzo de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional se denomina Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula; ya que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En este considerando, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado en esta instancia constitucional, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo y, en cumplimiento a lo dispuesto en la tesis jurisprudencial que a continuación se transcribe, misma que resulta aplicable, al no contrariar las disposiciones de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 13/10/23 21:30:35 4 conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, del análisis integral de la demanda de amparo, su aclaración, y de las constancias obrantes en el sumario se aprecia que los actos reclamados en esta instancia constitucional, consisten en: _ La orden de lanzamiento emitida en auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, dentro del expediente 13/2021 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, del índice del Juzgado Especializado en Juicio Oral Mercantil de esta ciudad, promovido por Moisés Alejandro Valdivia Limón, en contra de Ramón Bartolón Díaz, respecto del bien inmueble consistente en una fracción de terreno segregado del predio rústico denominado "San Antonio y Anexas", ubicado en este municipio de Tapachula, Chiapas, con una superficie de 10-12-58.69 hectáreas. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 13/10/23 21:30:35 5 ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez y Actuario del Juzgado Especializado en Juicio Oral Mercantil en esta ciudad, en virtud de que al rendir conjuntamente el informe justificado, aceptaron su existencia (fojas 91 y 92), al señalar que en ese juzgado se encuentra radicado el expediente 13/2021, relativo al juicio ejecutivo mercantil oral promovido por Gabriel Federico Casanova Rodríguez, endosatario en procuración de Moisés Alejandro Valdivia Limón, en contra de Ramón Bartolón Díaz; sin que los quejosos hubiesen sido llamados a juicio en virtud de resultar ser terceros extraños al juicio. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice de 2000, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". De lo que se colige la existencia del acto reclamado, pues se corrobora con el testimonio del juicio de mérito que las autoridades responsables acompañaron a su informe de ley; el cual tiene valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 2° de esta última, toda vez que tienen el carácter de documentos públicos, en términos del numeral 129 del invocado Código Procesal Federal de aplicación supletoria. ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 13/10/23 21:30:35 6 Al efecto, se cita la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En consecuencia, se tienen por ciertos los actos que se reclaman a las autoridades responsables. CUARTO. ANÁLISIS DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Por razón de método, procede analizar las causales de improcedencia, las hagan valer o no las partes, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice de 1985, que literalmente establece: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado no afecta el interés jurídico de la parte quejosa, pues no demuestra la causa legal de su pretensión en esta vía constitucional. ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 13/10/23 21:30:35 7 Para resolver el presente negocio, es necesario traer a colación la premisa sobre la cual partirá el análisis de procedencia o no del juicio de amparo; así, en principio conviene recordar el contenido de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5, fracción I, 6 y 61, fracción XII, estos últimos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;. Por su parte, los artículos mencionados de la Ley de Amparo establecen: Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por si, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 13/10/23 21:30:35 8 Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los interés jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. De los preceptos transcritos se colige, que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido, o los actos de naturaleza formal o materialmente legislativa, sean leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general), y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio de amparo únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto reclamado, esto es, a través de la afectación de su interés jurídico. Por ello, los solicitantes del amparo se encuentran obligados a aportar al juicio aquellas pruebas idóneas que otorguen certeza a la autoridad del conocimiento, de que efectivamente son afectados sus derechos con violación a sus derechos constitucionales y así acreditar su interés jurídico para comparecer a solicitar la protección de la Justicia Federal. Conforme a lo previsto en los artículos 103 y 107 Constitucionales, y en la propia Ley de Amparo que los reglamenta, es claro que para demostrar la afectación del ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 13/10/23 21:30:35 9 interés jurídico, se requiere que de la demanda de amparo, informes justificados y pruebas aportadas en el sumario, se acredite la existencia conjunta de varios elementos, a saber: a).- Una persona determinada (principio de instancia de parte); b).- Un derecho legítimo de ésta; c).- La precisión indudable de ese derecho; d).- Un acto de autoridad (principio de procedencia del juicio de amparo); y, e).- La afectación del citado derecho, a través de dicho acto autoritario (principio de agravio personal y directo). Luego, en aquellos juicios de amparo en los que se reclamen violaciones a los derechos de posesión y de propiedad tanto de bienes muebles, como de inmuebles, es necesario que el referido interés jurídico se demuestre de manera fehaciente y a través de los medios idóneos; es decir, la parte quejosa tiene que acreditar en forma indubitable la existencia de los derechos que aduce afectados, pues además de que éste es uno de los principios esenciales del juicio, sólo en tal caso el tribunal de amparo podrá determinar si efectivamente el acto de autoridad deviene inconstitucional. Lo anterior se apoya en la jurisprudencia 321, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Materia Común, página 216, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE.- En el juicio de amparo, ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 13/10/23 21:30:35 10 la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Y la jurisprudencia 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 225, Tomo XXVII, enero de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.- El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Ahora bien, la parte quejosa solicita la protección constitucional, con el carácter de tercero extraño a la controversia mercantil de origen, reclamando la orden de desalojo del bien inmueble consistente en el predio conocido como "San Antonio y Anexas", donde según refiere se encuentra enclavada la colonia popular denominada "Lomas y San Antonio", ubicada en el Cantón "Manga de Clavo" del municipio de Tapachula, sobre el cual refieren ser legítimos poseedores. ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 13/10/23 21:30:35 11 En tal circunstancia, es menester que la parte quejosa acredite la existencia del derecho que defiende para sostener que el acto de autoridad que impugna, ciertamente afecta su interés jurídico; es decir, deben demostrar fehacientemente ser propietarios o legítimos poseedores del bien cuyo desalojo ordenó la responsable. Precisándose que el inmueble cuya pretensión fundamental se basa la parte quejosa en su demanda de amparo es el predio conocido como "San Antonio y Anexas", donde según refieren se encuentra enclavada la colonia popular denominada "Lomas y San Antonio", ubicada en el Cantón "Manga de Clavo" del municipio de Tapachula, y que guarda identidad con el que es materia de la litis derivada del juicio ejecutivo mercantil oral, pues así se desprende de los datos contenidos en el sumario de origen, tales como la diligencia de requerimiento de pago y embargo de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno y constancia de inscripción ante la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chiapas, de esta ciudad (fojas 28 y 34 del tomo de pruebas). Ahora, para demostrar el interés jurídico en esta vía constitucional, la parte quejosa ofreció los siguientes medios de convicción: - Documentales privadas consistentes en imágenes o placas fotográficas tomadas el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, que refieren son de la entrada de la Colonia "Lomas y San Antonio" ubicada en el cantón "Manga de Clavo" del municipio de Tapachula, Chiapas, en las cuales según señala se aprecia, gente armada con machetes, una retroexcavadora, la actuaria judicial adscrita al Juzgado de Primera Instancia ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 13/10/23 21:30:35 12 Especializado en Juicio Oral Mercantil de esta ciudad, a la que se le observa con una documental. - Documental privada consistente en plano de lotificación de las veinte hectáreas correspondiente a la colonia "Lomas y San Antonio", enclavada en el bien inmueble denominado San Antonio y anexas, ubicada en el Cantón Manga de Clavo de este municipio. - Documental copia simple de la inscripción ante la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chiapas del auto declaratorio de herederos y nombramiento de albacea, de diez de febrero de dos mil veintidós, relativo al juicio sucesorio intestamentario 354/2021, radicado ante el Juzgado Primero de lo Familiar de esta ciudad, correspondiente a los bienes del extinto Wenceslao Chong Meda. - Copia simple de la inscripción de la escritura pública 10,111 volumen 105, en la que se hace constar la compraventa de veinte hectáreas de terreno a favor de Wenceslao Chong Meda del predio Las Lomas y San Antonio Anexas de este municipio. - Copia simple de las constancias de vecindad expedidas por el agente municipal zona 21 de noviembre de esta ciudad, en las que se hace constar que las personas que ahí se precisan tiene su domicilio conocido en Colonia Lomas y San Antonio Anexas, perteneciente al Cantón Manga de Clavo. ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 13/10/23 21:30:35 13 Empero, los anteriores documentos resultan insuficientes para establecer el interés jurídico de los quejosos respecto del bien inmueble que reclaman en esta vía, en virtud de que se trata de copia simple, pese a no ser objetada por las partes, al tratarse de copia fotostática simple, carecen de valor probatorio pleno, para acreditar el interés jurídico del solicitante de amparo, de conformidad con el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de amparo, pues son documentos que pueden ser reproducidos a través de diversos medios mecánicos o similares, y carecen de certificación que avale su autenticidad. Con independencia que dichas documentales no son idóneas para justificar su posesión con justo título tal, y como lo determina nuestro Alto Tribunal. Esto es de las mismas no se desprende ningún dato que indique que la posesión que reclaman se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que tenga una base objetiva que, fundada y razonablemente, produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título, la causa generadora de esa posesión. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia que ha sido sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, pagina 213, Tomo: VII, Abril de 1998, Tesis: 2a./J. 21/98, Novena Época, que reza: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 13/10/23 21:30:35 14 como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso.". A mayor abundamiento, es de invocarse, como criterio de orientación, la jurisprudencia por Contradicción de tesis 44/2002-PS, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y las sostenidas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, pagina 33, Tomo: XVII, Enero de 2003, Tesis: 1a./J. 71/2002, Novena Época, del tenor siguiente: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. CARECEN, POR SÍ SOLAS, DE VALOR PROBATORIO PLENO Y, POR ENDE, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CONSISTENTES EN EL ACTO DE PRIVACIÓN O DE MOLESTIA EN BIENES DE SU PROPIEDAD O QUE TIENE EN POSESIÓN. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que para que el quejoso esté legitimado para solicitar la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe acreditar, aunque sea en forma presuntiva, que tiene interés jurídico para obtener dicha medida cautelar, esto es, que es titular de un derecho respecto del cual recae el acto que se estima inconstitucional; aunado a ello, de lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio judicial. Atento lo anterior, se concluye que las copias fotostáticas sin certificación (simples) carecen, por sí mismas, de valor ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 13/10/23 21:30:35 15 probatorio pleno y, por ende, son insuficientes para demostrar el interés jurídico del quejoso que se ostenta como persona extraña a juicio, para obtener la suspensión definitiva de los actos reclamados, consistentes en el acto de privación o de molestia en bienes de su propiedad o que tiene en posesión, según sea el caso, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente sus derechos jurídicamente tutelados, pues con tales documentos no se acredita el primer requisito para que opere la prueba presuncional, relativo al conocimiento de un hecho conocido, esto es, a la existencia del bien mueble o inmueble respecto del cual se aduce que recae el acto que se impugna como lesivo de garantías individuales; sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que en el juicio principal obren los documentos originales o copias certificadas de éstos, pues como el incidente de suspensión es un procedimiento que se sigue por cuerda separada, únicamente pueden ser tomadas en cuenta las probanzas que se ofrezcan en éste.". Por lo tanto, al resultar insuficientes los documentos exhibidos para demostrar el interés jurídico del solicitante de la protección constitucional, debido a que la posesión o titularidad que protege el juicio de amparo es aquella que deriva de alguna de las formas de transmisión legalmente establecidas y no la simple detentación de hecho de un bien, siendo que en la especie, los impetrantes no acreditaron tener la posesión legal del bien raíz. Ello se corrobora con lo previsto en el artículo 784 del Código Civil del Estado de Chiapas, que establece que es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, a lo que debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 13/10/23 21:30:35 16 que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando como en el caso, la parte quejosa se ostenta como persona extraña al juicio, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que tenga una base objetiva que, fundada y razonablemente, produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título, la causa generadora de esa posesión. Entonces, como ya se dijo, para acreditar el interés jurídico resultaba necesario que los impetrantes del amparo, quienes se ostentaron terceros extraños al juicio natural, demostraran, en primer término, la existencia de un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto legal que, de manera objetiva, fundada y razonablemente produjera convicción de que tienen derecho a poseer el referido bien inmueble y en segundo lugar, que se encontraban ejerciendo un poder de hecho sobre ese bien raíz. Avala lo anterior, la jurisprudencia 1/2002, del Pleno del Máximo Tribunal del país, Novena Epoca, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, página 5, que dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS.- En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 13/10/23 21:30:35 17 qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. También es aplicable el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la jurisprudencia 20, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Marzo de 2001, página 1650, que dice: ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 13/10/23 21:30:35 18 "POSESIÓN, NO ESTÁ PROTEGIDA POR LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA CUANDO NO SE JUSTIFICA LA CAUSA LEGAL DE LA. Cuando en una demanda de garantías el quejoso se ostenta como tercero extraño poseedor de un inmueble en calidad de propietario, siendo elemento de procedibilidad del juicio, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, acreditar el interés jurídico, o sea que el referido juicio únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, tratándose de la citada posesión en concepto de dueño es menester la plena comprobación del derecho de propiedad atribuido, ya que la posesión sin derecho sólo puede tenerse como simple detentación por falta de causa legal que la apoye y por tanto no protegida a través del juicio constitucional". Y la jurisprudencia 10, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Diciembre de 2000, página 1341, que dice: "TERCERO EXTRAÑO. POSESIÓN. PARA QUE SEA PROTEGIDA POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES DEBE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO Y PROBAR EL ACTO JURÍDICO POR EL CUAL OCUPA EL INMUEBLE, A FIN DE NO TENER EL CARÁCTER DE UN SIMPLE DETENTADOR. Si el tercero extraño manifestó que su posesión deviene a propósito de un contrato de donación verbal que celebró con su padre, empero de las constancias de autos no se advierte fehacientemente que haya acreditado la existencia del referido consenso de donación, ya que estaba obligado a demostrar plenamente la celebración del acto jurídico que dice fue la causa que generó la posesión del inmueble, observándose además que de la testimonial que ofreció ninguno de los testigos refirió que estuviera presente cuando se celebró el supuesto acuerdo de voluntades verbal, ante ello, la simple detentación material del inmueble no es la posesión que protege el artículo 14 constitucional, y al no haberse acreditado la causa por la que se posee, no puede tenerse por demostrado el interés jurídico para ocurrir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal." Así como la tesis 2a. LIII/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Mayo de 1997, página 333, que dice: ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 13/10/23 21:30:35 19 "INTERÉS JURÍDICO. NO LO TIENEN LOS SIMPLES OCUPANTES O HABITANTES DEL INMUEBLE. El interés jurídico necesario para promover amparo contra leyes o actos de autoridad, solamente lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, aunque éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata, alguna lesión o afectación, por grave que pudiera parecer, pues de aceptar lo contrario, se llegaría al absurdo de sostener la incongruencia jurídica de que ante un acto autoritario que afectara el derecho de posesión, se promovieran por separado tantos juicios de amparo como personas habitaran el inmueble relativo, incluyendo la servidumbre; por ello, aunque el quejoso alegue habitar el inmueble, del que es propietario su hijo, ello no le incorpora derecho autónomo alguno para acudir al juicio de amparo, pues tal circunstancia no demuestra la posesión que pudiera ser garantizada por la ley". Como corolario, los medios probatorios ofertados no generan convicción respecto de la demostración del interés jurídico que los quejosos dicen se ve afectado por los actos de autoridad de los que se queja, pues del análisis integral de todos y cada uno de los medios convicción allegados al sumario que se resuelve, y en especial de los destacados en líneas precedentes, ninguno de ellos es apto e idóneo para acreditar que poseen el bien que defienden, mucho menos que tienen alguna titularidad o posesión legal derivada u originaria del mismo, ya que, como se ha apuntado, ninguno resulta eficaz para demostrar ese aspecto; es decir, no demuestran el derecho a poseer derivado de alguna figura legalmente establecida. Además, si bien la existencia de los actos reclamados quedó acreditada, como se vio en párrafos precedentes; lo cierto es que no se demostró que aquellos afectaran la esfera jurídica de los impetrantes de amparo; de ahí, que el presente juicio de amparo resulte improcedente en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 13/10/23 21:30:35 20 Es base de esta conclusión, la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, noviembre de 2004, página 2031, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA. NO TIENE EL ALCANCE DE HACER PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO, SI EL QUEJOSO NO ACREDITÓ SU INTERÉS JURÍDICO.- La figura procesal de la suplencia de la queja deficiente, establecida en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, sólo constriñe al juzgador federal para que subsane de oficio la insuficiencia o ausencia de los conceptos de violación y, en su caso, de los agravios expresados por el quejoso, en los supuestos previstos por las distintas fracciones contenidas en dicho precepto, pero no tiene el alcance de obligarlo a considerar procedente el juicio de garantías cuando no lo sea, porque el análisis de las causales de improcedencia es preferente al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, en términos del artículo 73, última parte, de la legislación reglamentaria citada; por tanto, el Juez de Distrito no puede estimar procedente la pretensión constitucional ejercida por el quejoso, cuando éste no acredita su interés jurídico". No obstante lo anterior, se hace saber a la parte quejosa que las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia de las pruebas exhibidas, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. Es decir, que los quejosos pueden ejercer su derecho público subjetivo a la tutela jurisdiccional para defender sus intereses patrimoniales, lo que se traduce en la posibilidad de accionar en contra de quien considere, la defensa de sus derechos, cuyas pretensiones deberá demostrar en un juicio contradictorio, lo que podrá ser ejercido en la vía jurisdiccional adecuada, en la cual se erija como parte ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 13/10/23 21:30:35 21 accionante, no como demandada. Por último, debe decirse, que por el sentido del presente fallo, no procede analizar los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, de acuerdo con la jurisprudencia sin número, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, tomo 24, tercera parte, materia común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". El sobreseimiento que se decreta se hace extensivo a los actos atribuidos al Actuario Judicial adscrito al Juzgado responsable, acorde con la jurisprudencia 231, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en la página 156, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que es del contenido que sigue: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". Por lo tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del numeral 61 de la Ley de Amparo, procede Sobreseer en el juicio de conformidad con ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 13/10/23 21:30:35 22 lo dispuesto por el artículo 63 fracción V, de la misma legislación. Por lo antes expuesto y fundado, se Resuelve: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Semer Josué Santiso Soto, Macaria Roblero Rodríguez, Eliazín Roblero Vázquez, América López Gutiérrez, Eduardo Escobar Morales, Criselda Morales López, Marli Rusay Roblero Rodríguez, Orlando Pérez Castañón, Sofía Guadalupe Mirón Saldaña, Matilde Sánchez Chávez, Eduardo Guillén Hernández, Francisco Hernández Mirón, José Antonio Puentes Maldonado, Yeni Pérez Mejía, Rosendo Santiago Pérez, Mary Cruz Pérez Velázquez, María Cielo Ruiz Toledo, Udiel Marín Santizo Soto, Erisel Jerónimo Pérez Velázquez, Elbira Pérez Castañón, Ceymer Mariel Santizo de León, Elí Abdías Santizo Soto, María Elena Pérez Castañón, Edvenuel Santizo Soto, Doyma Roblero Rodríguez, Rubí Esther Aguilar Ángel, Paula Yudith de la Cruz Roblero, Mario Santizo Ernández, Xhiomara Ninel Verdugo González, René Samayoa Pérez, Tania Esmeralda Velázquez Ruiz, Lidia Mirón Saldaña, Francisco Martín Erants Macario, Octavio Pérez Matíaz, Elvira Hernández Hernández, Raquel de la Rosa Cotuiño, Blanca Edith Mirón Saldaña, Idolina Santizo Soto, Rosi Dila Santizo Soto, Enuel Pérez Mejía, Cresencio Morales Díaz, Armando López Rico, Mario Velázquez Bravo, Isauro Samayoa Pérez, Agustín Hernández Jiménez, Miriam Elizabeth Santiz Cifuentes, Eduardo Santiz Cifuentes y Amelia Reyna Jerónimo Cinto, en contra de los actos atribuidos al Juez de Primera Instancia Especializado en Juicio Oral Mercantil del Distrito Judicial de Tapachula, y Actuario Judicial de su adscripción, ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.83.36 13/10/23 21:30:35 23 ambos con sede en esta ciudad, en términos de lo expuesto en el considerando último de esta resolución. Notifíquese personalmente.

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