Serafín Bucio Castillo
Expediente 70/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 70/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Serafín Bucio Castillo
- Centro de Salud de Tancitaro, Michoacán
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial de cuenta, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada la demanda que dio origen al presente expediente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno de este Juzgado. Consecuentemente, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. ...NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese a sus autos, para que obre como legalmente corresponde, el escrito y anexos de cuenta; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 208 de la Ley de Amparo, téngase al apoderado jurídico, rindiendo el informe sobre la suspensión de plano requerido mediante oficios 2245, 2246 y 2247 respecto del: Director del Centro de Salud de Tancítaro, perteneciente a la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán. Secretaría de Salud del Estado de Michoacán. Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán. Consecuentemente, con el informe de referencia, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, con fundamento en los artículos 9° y 28 fracción III, de la Ley de la materia, téngase a la autoridad oficiante designando como delegados a las personas que refiere en su ocurso de cuenta, y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones; asimismo, se le tiene señalado el correo electrónico descrito en el ocurso de cuenta, lo anterior, para los efectos del artículo 2, fracción XIX del acuerdo general 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid-19. Por otro lado, téngase a la autoridad oficiante de mérito, informando que el quejoso Serafín Bucio García, deberá presentarse en las instalaciones del Hospital Regional de Los Reyes, Michoacán [nosocomio más cercano perteneciente a sus representados] a fin de que le sea realizado su historial clínico, y apertura del expediente que corresponda, por lo que se le agenda cita para las nueve horas del veinticuatro de febrero de dos mil veintidós; por lo que deberá comparecer al área de dirección, en donde será trasladado al área correspondiente, siguiendo los protocolos establecidos por el hospital; debiendo comparecer de manera puntal, con tres copias fotostáticas de los documentos siguientes: Acta de nacimiento. Identificación oficial. Clave Única de Registro de Población. Constancia de no derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Comprobante de domicilio. De todo lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, se comisiona al Actuario Judicial adscrito, para que, se constituya en el domicilio que tiene señalado en autos el quejoso Serafín Bucio García, y le notifique personalmente el contenido íntegro del presente proveído. Es necesario precisar que el escrito y anexos, de cuenta fueron remitidos por correo electrónico y su recepción en el correo oficial de este juzgado fue certificada por el Secretario de este juzgado, por ende, tiene la misma calidad que si se hubiera recibido en físico, en razón de que, a criterio del Suscrito, la información proporcionada por medio del correo electrónico, forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos, que es comúnmente utilizado en la actualidad para transmisión de documentos; estimándose apto para ese fin el uso de correo electrónico entre autoridades, al contar con cuentas oficiales; además, su base legal se encuentra en la aplicación por interpretación extensiva, del concepto "medios magnéticos", que se estima incluye a los electrónicos, a través del cual la autoridad responsable, puede rendir su informe, al tenor del párrafo inicial del artículo 117 de la Ley de Amparo; precepto que se aplica por interpretación analógica al presente caso. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO SERAFÍN BUCIO GARCÍA.
- Principal
Uruapan, Michoacán, diez de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos, para que obre como legalmente corresponde, el escrito y anexos de cuenta; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 208 de la Ley de Amparo, téngase al apoderado jurídico, rindiendo el informe sobre la suspensión de plano requerido mediante oficios 2245, 2246 y 2247 respecto del: Director del Centro de Salud de Tancítaro, perteneciente a la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán. Secretaría de Salud del Estado de Michoacán. Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán. Consecuentemente, con el informe de referencia, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, con fundamento en los artículos 9° y 28 fracción III, de la Ley de la materia, téngase a la autoridad oficiante designando como delegados a las personas que refiere en su ocurso de cuenta, y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones; asimismo, se le tiene señalado el correo electrónico descrito en el ocurso de cuenta, lo anterior, para los efectos del artículo 2, fracción XIX del acuerdo general 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid-19. Por otro lado, téngase a la autoridad oficiante de mérito, informando que el quejoso Serafín Bucio García, deberá presentarse en las instalaciones del Centro de Salud de Tancítaro, Michoacán, para que se le realice la referencia médica a una unidad distinta, y se le pueda dar la debida atención médica respecto al padecimiento que lo aqueja; o puede acudir d manera directa al Hospital General "Dr. Pedro Daniel Martínez" con residencia en esta ciudad; debiendo comparecer con tres copias fotostáticas de los documentos siguientes: Acta de nacimiento. Identificación oficial. Curp. Constancia de no derechohabiente del IMSSS e ISSSTE. Por lo que una vez valorado el quejoso, le será dado el tratamiento médico que requiera respecto del padecimiento que señala. De todo lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, se comisiona al Actuario Judicial adscrito, para que, se constituya en el domicilio que tiene señalado en autos el quejoso Serafín Bucio García, y le notifique personalmente el contenido íntegro del presente proveído. Es necesario precisar que el escrito y anexos, de cuenta fue remitido por correo electrónico y su recepción en el correo oficial de este juzgado fue certificada por el Secretario de este juzgado, por ende, tiene la misma calidad que si se hubiera recibido en físico, en razón de que, a criterio del Suscrito, la información proporcionada por medio del correo electrónico, forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos, que es comúnmente utilizado en la actualidad para transmisión de documentos; estimándose apto para ese fin el uso de correo electrónico entre autoridades, al contar con cuentas oficiales; además, su base legal se encuentra en la aplicación por interpretación extensiva, del concepto "medios magnéticos", que se estima incluye a los electrónicos, a través del cual la autoridad responsable, puede rendir su informe, al tenor del párrafo inicial del artículo 117 de la Ley de Amparo; precepto que se aplica por interpretación analógica al presente caso. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO SERAFÍN BUCIO GARCÍA.
- Principal
Uruapan, Michoacán, ocho de febrero de dos mil veintidós. Téngase a Serafín Bucio García, por su propio derecho, promoviendo demanda de amparo contra los actos reclamados y autoridades que a continuación se precisan: Centro de Salud de Tancítaro, perteneciente a la Secretaría de Salud de Michoacán. Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia. Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Michoacán. "ACTO RECLAMADO: de todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables, reclamo la falta de tratamiento, medicamentos y atención médica necesaria para el debido tratamiento que requiero para vivir, ya que fui diagnosticado con insuficiencia renal crónica hace dos meses. ". Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 70/2022. Suspensión de oficio de los actos reclamados. Tomando en consideración que el promovente reclama la falta de tratamiento, medicamentos y/o debida atención médica para la enfermedad que padece diagnosticada como insuficiencia renal crónica y que en el Director del Centro de Salud de Tancítaro, perteneciente a la Secretaria de Salud del Estado de Michoacán, se niega en proporcionarle el tratamiento que necesita para vivir, toda vez que manifestaron que no cuentan con las máquinas que se requieren para realizar sesiones dialíticas, así como médico especialista. No obstante lo anterior, se tiene que el acto que se reclama encuadra en el supuesto normativo del numeral 15 de la Ley de Amparo, como aquellos actos de autoridad que ponen en peligro la vida del quejoso; por tanto, es evidente que ante la omisión de no prestarle la atención médica que requiere el promovente, se pone en riesgo su existencia. En efecto, el derecho a la salud es fundamental para todo ser humano, a cuyo reconocimiento está obligado cualquier servidor público, pues su protección no se merma, sino que el Estado tiene la obligación de procurarla. Además de que el artículo 126 de la Ley de Amparo refiere que procede la suspensión de oficio y de plano cuando, entre otros actos, importen peligro de privación de la vida de una persona, y en el caso, nos encontramos como lo refiere el promovente que tiene una enfermedad grave que, al no ser atendida, debido a la omisión que se atribuye a la autoridad responsable, se pone en peligro la vida del quejoso. Por tanto, ello obliga al Juez de amparo a que aborde la cuestión con plenitud y analice las implicaciones pronta y frontalmente, para exigir a las autoridades responsables las acciones médicas correspondientes relativas al estado de salud de la solicitante del amparo. Sobre este tema, la Primera Sala de Justicia de la Nación, emitió la tesis 1ª.LXV/2008, visible en la página 457 del Tomo XXVIII, Julio de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. Además, el derecho humano a la salud, se encuentra consagrado en el 4°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 4º. (.) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución." Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. "Artículo 2 1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos." "Artículo 12 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental." Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. "Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad." De lo anterior, permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que toda persona tenga acceso a los servicios de salud, porque ese derecho no se limita a la salud física; es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado de salud mental y emocional del individuo. De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental. En el caso, en estudio la parte quejosa, en su demanda de amparo, solicita atención médica al Director del Centro de Salud de Tancítaro, perteneciente a la Secretaria de Salud del Estado de Michoacán, para que le practiquen las hemodiálisis que requiere, luego, de lo asentado en la demanda, el peticionario de amparo manifiesta bajo protesta de decir verdad que las autoridades no cuentan con las máquinas que se requieren, para realizar sesiones dialíticas, así como médico especialista. Bajo ese tenor, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 48, primer párrafo, 126 y 147 penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CON EFECTOS RESTITUTORIOS, para los siguientes efectos: Para que las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas competencias, determinen a la brevedad en cuál hospital o centro de salud se debe prestar el servicio de hemodiálisis a la quejosa y lo cubran; debiendo tomar en cuenta que conforme a la Ley General de Salud en su artículo 77-bis 5, apartado B), fracciones I y VII, corresponde a los Gobiernos de las entidades federativas:: "ARTICULO 77 Bis 5.- La competencia entre la Federación y las entidades federativas en la ejecución de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados, para las personas sin seguridad social quedará distribuida conforme a lo siguiente: A) (.) B) Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales: I. Proveer los servicios de salud a que se refiere este Título en los términos previstos en la presente Ley, los reglamentos aplicables y las disposiciones que al efecto emita la Secretaría de Salud, garantizando la infraestructura, personal, insumos y medicamentos necesarios para su oferta oportuna y de calidad; (.) VII. Adoptar esquemas de operación que mejoren la atención, modernicen la administración de servicios y registros clínicos, alienten la certificación de su personal y promuevan la certificación y acreditación de establecimientos de atención médica; para tal efecto podrán celebrar convenios entre sí y con instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud con la finalidad de optimizar la utilización de sus instalaciones y compartir la prestación de servicios, en términos de las disposiciones y lineamientos aplicables." En la inteligencia, de que si el servicio médico se proporciona subrogado en Instituciones diversas, debe ser puesto a disposición de la quejosa. En todo lo anterior, las autoridades responsables tomarán en cuenta el lugar de residencia de la quejosa, su edad y su estado de salud y deberán gestionar las medidas administrativas necesarias para lograr tal objetivo, considerando que de ser necesario deben recurrir de manera coordinada con otras autoridades que puedan auxiliar a su cometido. Lo anterior, con base en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que establece que: ".cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos." REQUERIMIENTO DE INFORMES EN RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Hágase saber la suspensión de oficio a las autoridades responsables, quienes deberán informar dentro del término de veinticuatro horas como lo establece el artículo 158 de la ley de la materia, sobre el cumplimiento de esta determinación, apercibidas que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá MULTA equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Orden que deben obedecer bajo su más estricta responsabilidad; haciéndoles de su conocimiento que la desobediencia de este auto de suspensión se considera un delito especial y se sanciona con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, según lo prevé el artículo 262, fracción III, ambos numerales de la Ley de Amparo. Ahora, dada la particularidad del asunto, también requiérase a las autoridades responsables: Una vez que la refieran al hospital o centro que la atenderá y que haya sido, efectivamente, atendida informen el estado de salud del solicitante del amparo. Informen el plan o tratamiento médico para el promovente de que se trata. Practiquen los estudios de laboratorio necesarios así como las consultas clínicas que requieran e Indiquen si la promovente necesita algún o algunos medicamentos; así como si en efecto requiere de la hemodiálisis para la atención de su enfermedad, y de ser así, si ya se los proporcionaron, para el caso de no ser así, expliquen los motivos. Ahora bien, toda vez que las autoridades responsables tienen su sede fuera de esta ciudad, para efectos de notificación urgente del presente acuerdo, se autoriza la expedición de telegramas o correo electrónico institucional con efectos de notificación para las responsables, con independencia del medio empleado, deberán confirmar su recepción; ello, sin perjuicio de ordenar la expedición de oficios por la vía de correo ordinario. Con fundamento en los artículos 26, fracción II, y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, dígasele a las autoridades responsables que la notificación que se les haga surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negare a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA. Se requiere al quejoso Serafín Bucio Castillo, para que dentro del término de cinco días siguientes a la notificación del presente proveído, manifieste sí reconoce o no la firma de la demanda de amparo que promueve, asimismo si la ratifica, toda vez que esta fue presentada vía electrónica la cual contiene la FIREL de otra persona, en el entendido que si el quejoso cuenta con firma electrónica, puede ratificarla a través de un escrito firmado con FIREL, que tiene los mismos efectos que si la ratificara ante el Juzgado, apercibido que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo en vigor, ésta se tendrá por no presentada. En el supuesto de que no cuente con firma electrónica, deberá acudir al juzgado en un horario entre las trece y dieciocho horas, y a fin de ingresar al Órgano Jurisdiccional, deberá agendar la cita respectiva en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; puede presentarse la parte interesada y un acompañante, obteniendo su QR, que deberá conservar por escrito o en su dispositivo portátil, para exhibirlo a la entrada, lo anterior, de conformidad con el artículo 6, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina lo siguiente: "Artículo 6. Modelo de atención presencial basado en citas. La presencia física de las partes en los órganos jurisdiccionales se admitirá dentro de los siguientes supuestos y reglas: I. Cuando sea la o el titular del órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia o audiencia, será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" que le permita realizar dicha funcionalidad. Para ello, deberá considerarse que: [.] II. Las partes o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes adjetivas aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes o para desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. En este último supuesto, es importante destacar que, cuando sea necesaria su comparecencia ante el órgano jurisdiccional, será la o el titular quien genere la cita el día en que concluya el término, de modo que la opción prevista en esta fracción resulta aplicable cuando las partes pretendan acudir en una fecha anterior a la de la cita generada por el propio órgano jurisdiccional, hipótesis en la que estarán sujetas a la disponibilidad que arroje el sistema. III. Para los casos en que se requiera la exhibición de un documento o valor, que no necesariamente requiera la presencia física de las partes en el órgano jurisdiccional, pero que tampoco pueda realizarse por medios electrónicos, las partes deberán presentarlo ante la Oficialía de Partes Común que corresponda, salvo que elijan agendar una cita para hacerlo directamente ante el órgano jurisdiccional, en cuyo caso será su responsabilidad cumplir el requerimiento dentro del plazo establecido. Las citas obtenidas conforme a lo dispuesto en las fracciones II y III durarán un máximo de 25 minutos. Las generadas conforme a lo previsto en la fracción I tendrán la duración que la o el titular estime necesario para el desahogo de la diligencia o audiencia respectiva; si éste advierte que la actuación puede durar más de lo previsto, su prolongación estará sujeta a la disponibilidad de la agenda, atendiendo en todo momento las reglas previstas en el presente Acuerdo." Además, se le previene para que aclare su demanda, pues solo señala en forma genérica que las autoridades responsables le niegan el tratamiento, medicamentos y atención médica que requiere para vivir, empero no precisa cuáles son las circunstancia en que se verificó esa negativa, ya que no dice cuándo y a dónde acudió a solicitar esa atención y servicios médicos ni quién y cómo fue que se los negó, lo que se estima necesario para fijar adecuadamente la Litis del juicio. Lo anterior apercibido que de no hacer las aclaraciones correspondientes se acordará lo que conforme a derecho corresponda. DOMICILIO Y JUICIO EN LÍNEA Cuando por la naturaleza de la notificación lo amerite, se tiene a la parte quejosa señalando domicilio físico para oír y recibir notificaciones el que cita en su escrito de demanda, asimismo como lo solicita la parte quejosa, en términos del artículo 3, párrafos primero, tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, y Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el acceso al expediente electrónico con el nombre de usuario "YOLISRANGEL", donde se harán las notificaciones electrónicas respectivas conforme a la legislación aplicable al primero de los usuarios por así haberlo solicitado, de conformidad con los artículos 24, 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo. Consecuentemente a lo anterior, se ordena a la Encargada del Área de Sistema de Seguimiento de Expedientes -SISE, que otorgue los permisos correspondientes en el sistema, así como al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones personales través del Sistema del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. AUTORIZADOS. Téngase a la parte quejosa autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Yolanda Rangel Zamora, toda vez que, como se advierte de la certificación de cuenta tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, acredito estar facultada para ejercer la profesión de licenciado en derecho; y en términos restringidos del numeral de referencia a Jesús Duran Ríos, toda vez que, no cuenta con cédula registrada en dicho sistema, hasta en tanto acredite estar facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Por otra parte, se tiene al promovente señalado el número telefónico 4433627430 y 4434119318, para los efectos del artículo 2, fracción XIX del acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid-19. Se exhorta a las partes, a que de ser posible continúen la tramitación del caso, mediante el esquema de juicio en línea, conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, ello con la finalidad de privilegiar la salud de la parte quejosa, así como de los servidores públicos como de quienes intervienen en el presente juicio dentro del contexto de la pandemia originada por el virus Sars-Cov2; Lo anterior de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. De conformidad con el artículo 2, fracción XIX, del referido Acuerdo General 13/2020, del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, requiérase a las partes para que a la brevedad posible proporcionen a este órgano jurisdiccional, un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para en caso de ser necesario, se establezca el contacto. Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifiquen a la autoridad responsable por medio de oficio, debiendo notificarse preferentemente por medios electrónicos, para lo cual se solicita a la autoridad, de así desearlo, proporcione algún correo electrónico oficial o se dé de alta con Firel y acepte la notificación en línea en el portal del Poder Judicial de la Federación; de no desearlo así, se le notificará por medios ordinarios como antes se ha señalado; lo anterior con apoyo en la SECNO/7/2020 y acuerdo general en cita; lo que se hace de su conocimiento para los efectos le gales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se le notificarán por medio de lista. Hágase saber a las autoridades responsables y a las demás partes que, acorde a los artículos 3° y 80 de la Ley de Amparo, sus promociones y recursos deben de contener su firma autógrafa física o si es la promoción vía electrónica debe firmarse electrónicamente, acorde con las reglas de esos preceptos y aplicables de la misma Ley. En el caso del agente del Ministerio Público adscrito se le notificará por oficio cuando se trata de amparos contra normas generales; cuando cuente con firma electrónica se le harán las notificaciones en línea si solicita expresamente el acceso al expediente electrónico y autoriza su notificación en línea; cuando no cuente con ella, la notificación se realizará por medio de lista electrónica, aun respecto de las de carácter personal, cuando así lo solicite en una sola ocasión, con base en el artículo 30, de la Ley de Amparo, al ser parte en el juicio de amparo; así como con apoyo en la SECNO/7/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde éste momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente al quejoso vía electrónica.
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