Sebastiana Lazaro Soto

Expediente 174/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
174/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
20/07/2023

Partes del expediente

  • Sebastiana Lazaro Soto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, veinte de julio de dos mil veintitrés. (I) Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio signado por el apoderado jurídico de la Secretaría de Salud Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico y por ende, representante legal del Director del Hospital General de Uruapan, Michoacán, mediante el cual en cumplimento a los autos de seis y trece de julio de dos mil veintitrés, así mismo, remite diversas constancias con las que refiere dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. (II) Por otro lado, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio número 5009/2023 signado por el Director del Hospital General Dr. Pedro Martínez, mediante el cual manifiesta su imposibilidad de cumplir con la ejecutoria ordenada en autos, por las razones que ahí expone. En tales condiciones, dese vista al quejoso para que en el término de tres días, manifieste lo que a sus intereses legales convenga. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, trece de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio signado por el Director del Hospital General de Uruapan, Michoacán, "Doctor Pedro Daniel Martínez"; mediante el cual en cumplimento al auto de seis de julio del año en curso, remite diversas constancias con las que refiere dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante se advierte que no adjuntó la opinión del médico especialista respecto de los padecimientos de insuficiencia renal crónica que presenta la quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo requiérasele para que dentro del término de tres días contado a partir del momento en que reciban el oficio respectivo, cumpla totalmente con la ejecutoria que nos ocupa, remitiendo a este Juzgado Federal copia certificada de las constancias que así lo acrediten, o bien, informe el impedimento legal o material que tenga para ello. Apercibida que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se le impondrá MULTA equivalente a cien unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, de conformidad con los artículos 192, 193 y 258, de la Ley de Amparo y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito en Turno, para seguir el trámite de inejecución correspondiente, que puede culminar, incluso, con la separación del puesto y su consignación ante un Juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. En el entendido que de acuerdo con el artículo 193, segundo y tercer párrafo, de la legislación en consulta, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo, así como si la autoridad responsable demuestra y hace del conocimiento de este Juzgado, con la debida oportunidad, que la ejecutoria concesoria de amparo está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, este órgano de control constitucional podrá ampliar el plazo por una sola ocasión, subsistiendo desde luego, los apercibimientos decretados con antelación y a que se contraen los citados artículos 192 y 258, ambos, de la ley de la materia. Asimismo, se le hace del conocimiento que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutora concesoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad, se tomará en consideración como atenuante al imponerse la sanción penal respectiva, de conformidad con lo establecido por el numeral 195, de la legislación en consulta. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, nueve de junio de dos mil veintitrés. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Uruapan, Michoacán a las diez horas con cincuenta minutos del nueve de junio de dos mil veintitrés, día y hora señalados para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, estando en audiencia pública la Jueza Octava de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, licenciada Esthela Pedroza Díaz, asistida de la licenciada Iliana Guzmán Cárcamo, Secretaria que da fe, se declara abierta la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 174/2023, promovido por Sebastiana Lázaro Soto, por propio derecho, contra actos que atribuye a la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud Michoacán y otra autoridad, sin la presencia de las partes, ni persona alguna que las represente, pese a haber sido debidamente citadas. Acto continuo, la Secretaria hace constar que en los presentes autos obra: Escrito de demanda de amparo. Auto admisorio de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Notificación en la que se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. La Secretaria hace constar que la autoridad responsable fue omisa en rendir su informe justificado, pese a estar debidamente notificada para ello: NO. AUTORIDADES RESPONSABLES FECHA DE ACUSE RECIBO 1 Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud Michoacán y otra autoridad. Veintisiete de marzo de dos mil veintitrés (OFICIO 4992) Asimismo, se cuenta con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, el cual se relaciona en el cuadro siguiente: NO. AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO 1 Director del Hospital General "Dr. Pedro Daniel Martínez" con residencia en Uruapan, Michoacán. Niega manifestaciones De igual forma, se hace constar que la parte quejosa no manifestó si se oponía o no, a que se publiquen sus datos personales. A lo anterior la Jueza acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que anteceden para los efectos legales a que haya lugar, tómense en consideración el informe justificado de la autoridad referida, para los efectos legales a que haya lugar y por omisa en la rendición del informe justificado a la autoridad descrita en el cuadro que antecede y determínese lo conducente en la sentencia que se dicte con motivo de esta audiencia. Con lo anterior se cierra esta etapa y se ordena la apertura de periodo probatorio. Abierta la etapa probatoria: a Secretaria hace constar que en el juicio, se ofrecieron las documentales siguientes: La parte quejosa, exhibió conjuntamente con su demanda de amparo, lo siguiente: Copia fotostática de la credencial para votar con fotografía a nombre de Sebastiana Lázaro Soto. Resumen médico elaborado por Adolfo Navarro Escamilla medicina interna nefrología, en el que refiere que la quejosa de cincuenta y tres años de edad con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, de dieciocho años de diagnóstico, hipertensión, enfermedad renal crónica en tratamiento actual con hemodiálisis, inicia terapia de reemplazo renal con hemodiálisis desde hace aproximadamente un año, requiriendo como mínimo dos sesiones por semana. Constancia de no vigencia de derechos emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Constancia de no afiliación emitido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Las autoridades responsables no aportaron pruebas. Al efecto la Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las pruebas ofrecidas por la quejosa, y por perdido el derecho de ofrecerlas a las demás partes. Se ordena la apertura de la etapa de alegatos. Abierto el periodo de alegatos: La secretaria certifica que ninguna de las partes los formuló. Al efecto la Juez acuerda: con la certificación anterior, se tiene por perdido el derecho de las partes para formular alegatos. cerrándose así este período. La Jueza: Se consideran agotadas las etapas procesales de la audiencia constitucional, correspondiendo transitar a la etapa de resolución, por lo que esta acta queda cerrada, debidamente integrada y firmada, quedando los autos a la vista de la titular de este juzgado para dictar la sentencia correspondiente. SENTENCIA Uruapan, Michoacán, nueve de junio de dos mil veintitrés. Vistos; para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo indirecto 174/2023, que promovió Sebastiana Lázaro Soto, por su propio derecho, contra actos del Director del Hospital General de Uruapan, Michoacán "Dr. Pedro Daniel Martínez", y otra autoridad. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de demanda. Por escrito presentado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, enviado por razón de turno a este Juzgado el mismo día, por Ana Luis Gómez Ibarra, promovió demanda de amparo a favor de Sebastiana Lázaro Soto, contra actos de autoridad que hizo consistir en: III. Autoridades Responsables 1.- Director del Hospital General de Uruapan, "Dr. Pedro Daniel Martínez". 2.- Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud, Michoacán. IV. Omisión reclamada: La omisión de proporcionarme atención médica, el tratamiento adecuado, y medicamentos para la enfermedad de insuficiencia renal crónica que padece. Al respecto, la parte quejosa expuso que se vulneraron sus derechos reconocidos en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; señaló que no hay tercero interesado y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Ratificación de demanda, admisión, trámite y audiencia constitucional. En auto de ocho de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se radicó la demanda de amparo, registrándose con el número 174/2023, se concedió la suspensión de plano del acto reclamado, se mandó ratificar por la quejosa la demanda de amparo y s ele previno para que aportara la constancia que acredite que no es derechohabiente de algún servicio de salud. En auto de veintisiete de marzo del dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó dar al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; además, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo, en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción en el lugar donde radica una de las autoridades señaladas como responsables y donde tiene ejecución el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben precisarse los actos reclamados; para lo cual, se tomará en consideración los criterios del Pleno de Suprema Corte de Justicia de la Nación de títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."; y, "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Ahora, de la lectura íntegra del escrito de demanda de amparo se advierte que la quejosa refiere padecer insuficiencia renal crónica; que tiene su domicilio particular en "calle Miguel Hidalgo S/N de la localidad de Angaguan municipio de Uruapan, Michoacán", y que las autoridades responsables le han negado la atención medica que requiere, con el argumento de que no cuentan con la infraestructura necesaria. Asimismo, refirió que no cuenta con seguridad social, es decir, IMSS, ISSSTE o de alguna otra institución pública. Por lo tanto, el acto reclamado se fija como la falta de tratamiento, medicamento y atención médica necesarios para el debido tratamiento que la parte quejosa requiere para vivir, ya que padece insuficiencia renal crónica. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud, Michoacán, fue omisa en rendir su respectivo informe justificado, lo anterior a pesar de haber sido notificada del oficio 5306/2023, deducido del auto de veintisiete de marzo del año en curso, por el que se le solicitó dicho informe, lo que sucedió el treinta de marzo del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se les reclama. Por su parte, el Director del Hospital General de Uruapan, Michoacán "Dr. Pedro Daniel Martínez", en su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, pues aduce que la quejosa no tiene registrado un expediente clínico a su nombre en esa Clínica, por tanto no puede existir la omisión o negativa de brindarle atención médica reclamada; y en cumplimiento a la suspensión de plano del acto reclamado, informó que la quejosa recibe dos sesiones de hemodiálisis por semana de manera subrogada en la Clínica Unidad Renal Ambulatoria UREA en esta ciudad de Uruapan, ya que se realizó la contratación y adjudicación directa a la empresa intermediaria para que esta continúe brindando las sesiones de hemodiálisis. Sin embargo, la negativa que hace la autoridad responsable de la existencia del acto reclamado, se encuentra desvirtuada. En efecto, de las manifestaciones de la citada autoridad responsable, se obtiene que previo a la presentación de la demanda de amparo, existía la falta de atención médica a la quejosa; sin que en el particular resultara indispensable que la quejosa demostrara en forma específica que asistió al Hospital responsable y que no se le prestó la atención médica, pues lo que importa en realidad es que se logre la atención del problema de salud que presenta actualmente la quejosa, lo que es necesario para que se cumpla con el contenido del artículo 1 y 4 de la Constitución, en la vertiente de garantizar el derecho humano a la salud, de modo que si en este juicio las autoridades responsables no demostraron que la quejosa no goza del derecho para que le presten el servicio médico gratuito, por ejemplo porque fuera derechohabiente de algún otro sistema de salud como podría ser el Instituto Mexicano del Seguro Social o algún otro, es evidente que debe de considerarse adecuado que en el presente juicio de amparo se le garantice ese derecho y se considere que, la falta de atención médica antes de la promoción del amparo, justifica la existencia del acto reclamado. CUARTO. Procedencia. Se analiza la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso ninguna de las partes manifestó la actualización de causales de improcedencia, ni se advierte alguna que se actualice, y al no existir precepto que ordene plasmar en la sentencia las razones por las que no se concreta alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evidente que no hay obligación del juzgador de amparo de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas que hipotéticamente pueden concurrir en un juicio de esta índole; de ahí que se estime legal analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de rubro: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los motivos de disenso contenidos en su escrito de demanda, los cuales no son necesarios reproducir, pues no constituye un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni en alguna otra disposición; basta hacer el estudio de los mismos, como en derecho corresponda, acorde con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Suplencia de la deficiencia de la queja. De los autos se advierte que la parte quejosa bajo protesta de decir verdad manifestó que "no cuenta con servicio médico de ninguna institución, ni del Instituto Mexicano del Seguro Social, ni del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, ni otra similar", además de que refirió ser de escasos recursos; circunstancia que actualiza la hipótesis prevista en el artículo 79, fracción VII, de la Ley de Amparo, para que este Juzgado proceda a suplir la queja deficiente a su favor, pues es evidente que por su condición económica y social, se encuentra en desventaja para su defensa y el debido acceso a la justicia. Se llega a esta conclusión, pues acorde con las consideraciones dadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la controversia constitucional 41/2006, al diferenciar entre los términos de pobreza y marginación, sostuvo que la última se define como el fenómeno estructural que se expresa, por un lado, en la dificultad para propagar el progreso técnico en el conjunto de la estructura productiva y en las regiones del país, y por el otro, en la exclusión de grupos sociales del proceso de desarrollo y del disfrute de sus beneficios. Por lo tanto, para que se actualice el supuesto previsto en la fracción VII, del artículo 79 de la Ley de Amparo, no se requiere que se trate de personas en condiciones de pobreza (económica) o pobreza extrema ni tampoco que se trate de una marginación social en términos absolutos; menos aún que se le pida a la parte peticionaria que pruebe su situación de desventaja social; sino que ese término es entendido en una intelección más amplia, y debe atenderse a los objetivos de fondo que persigue esta institución procesal respecto de personas que por sus condiciones se encuentran en clara desventaja social para su defensa en el juicio. Esta circunstancia que en la especie está evidenciada por la condición multifactorial de la parte quejosa por su situación económica que le impide procurarse la debida atención médica; de ahí que es procedente el estudio de los conceptos de violación en suplencia de la deficiencia de la queja en toda su amplitud, en términos del penúltimo párrafo del artículo 79 de la Ley de Amparo. SÉPTIMO. Estudio. Los conceptos de violación suplidos en su deficiencia resultan fundados y suficientes para conceder la protección constitucional solicitada. La parte quejosa se duele de la vulneración de los artículos 1º y 4° constitucionales, porque las autoridades responsables se han negado a proporcionarle la atención médica que requiere para su padecimiento de insuficiencia renal crónica; lo cual, transgrede su derecho a la salud. El referido motivo de disenso es esencialmente fundado, porque el acto reclamado vulnera el derecho a la salud de la parte quejosa de acuerdo con los estándares normativos internacionales y nacionales -contenidos en Constitución y ley-, así como jurisprudenciales. En efecto, a nivel internacional, el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos -en lo que interesa- refiere que toda persona tiene derecho a un nivel adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. En tanto, el numeral 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y que los Estados deberán adoptar las medidas a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho. Por su parte, en el ámbito regional, el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señala que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En la misma línea de protección al derecho a la salud, el artículo 4º, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que toda persona tiene derecho a la protección de la salud; que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de Federación y entidades federativas en materia de salubridad general.; además, la Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. De esta manera, en la norma constitucional se prevé que toda persona tiene la protección al derecho a la salud, incluyendo a quienes no cuenten con seguridad social, respecto de lo cual, prevé que, la Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita; pero también se advierte, la obligación de concurrencia en materia de salubridad, de la Federación y las entidades federativas para el respeto al derecho a la salud. Así, la ley a la que hace referencia el texto constitucional, es la Ley General de Salud, la cual, definirá un sistema de salud para el bienestar de las personas que no cuenten con seguridad social, a fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, para la atención integral y gratuita. Ahora, en el artículo 1º de la Ley General de Salud, se reitera la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general; y, se prevé que dicha normativa es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social. Además, en el numeral 2º se señala que una de las finalidades del derecho a la protección de la salud, es el disfrute de servicios de salud y de asistencia social, y tratándose de personas que carezcan de seguridad social, la prestación de los servicios, medicamentos e insumos asociados será gratuita. En tanto, el artículo 4 de la Ley General de Salud reconoce de manera expresa como autoridades sanitarias, entre otras, a los gobiernos de las entidades federativas; y el diverso 5º indica cómo está constituido el Sistema Nacional de Salud, por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud, y dicho Sistema, tiene por objetivo -entre otros- proporcionar servicios de salud a toda la población y colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social. Entendiéndose por prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, al conjunto de acciones que en esta materia provean la Secretaría de Salud, por sí o en coordinación con las entidades agrupadas en su sector coordinado, así como los gobiernos de las entidades federativas a través de sus servicios estatales de salud. De manera, la Federación y las entidades federativas llevarán a cabo la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados, para las personas sin seguridad social, para lo cual se formulará por sí o por conducto del Instituto de Salud para el Bienestar un programa estratégico en el que se defina la progresividad, cobertura de servicios y el modelo de atención, de conformidad con las disposiciones reglamentarias. Para ello, se prevé que el Instituto de Salud para el Bienestar y las entidades federativas celebrarán acuerdos de coordinación para la ejecución de la prestación gratuita, por ende, la Secretaría de Salud establecerá el modelo nacional a que se sujetarán dichos acuerdos, tomando en consideración la opinión de las entidades federativas. Asimismo, se indican los requisitos para ser beneficiario de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social, entre otros, contar con Clave Única de Registro de Población, o de no tenerla, podrán presentarse acta de nacimiento, certificado de nacimiento o los documentos que se establezcan en las disposiciones reglamentarias. Ahora, es de destacar uno de los criterios más recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vinculado con el derecho a la salud, en el cual, determina que las autoridades del Estado que se encuentren directamente obligadas a garantizar el derecho a la salud deben brindar asistencia médica y tratamiento de forma oportuna, permanente y constante; tomando en cuenta su estado de salud, así como sus requerimientos médicos y clínicos; máxime cuando se trate de padecimientos en los que el éxito del tratamiento dependa del óptimo cumplimiento en la toma de medicamentos. El citado criterio se encuentra en la jurisprudencia 1a. XIII/2021 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 84, Marzo de 2021, Tomo II, página 1225, que es de título y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. LA ASISTENCIA MÉDICA Y EL TRATAMIENTO A LOS PACIENTES USUARIOS DE ALGUNA INSTITUCIÓN QUE INTEGRE EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, DEBEN GARANTIZARSE DE FORMA OPORTUNA, PERMANENTE Y CONSTANTE. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra de la omisión de un Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de entregarle oportunamente el medicamento que requiere para el control de la enfermedad que padece. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las autoridades del Estado que se encuentren directamente obligadas a garantizar el derecho humano a la salud deben brindar asistencia médica y tratamiento a sus pacientes usuarios de forma oportuna, permanente y constante; este último, además, debe ser entregado tomando en cuenta su estado de salud, así como sus requerimientos médicos y clínicos, tomando particular importancia cuando se trata de padecimientos en los que el éxito del tratamiento dependa, principalmente, del óptimo cumplimiento en la toma de medicamentos, es decir, en aquellos casos en los que la adherencia deficiente al tratamiento sea determinante para la progresión de la enfermedad. Justificación: Ello, pues la lucha contra las enfermedades, en términos amplios, representa la práctica de esfuerzos individuales y colectivos del Estado para facilitar la creación de condiciones que aseguren a las personas asistencia y servicios médicos, lo cual no se limita al acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos preventivos, curativos y de rehabilitación, sino también al tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones y discapacidades. Esto como parte del estándar de protección del derecho humano a la salud, reconocido en los artículos 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 11 y 12 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño." Teniendo presente la anterior premisa normativa y jurisprudencial en el caso, es de precisar que la quejosa refiere que es una persona que no está inscrita en alguna institución de seguridad social, por lo cual, reclama de las autoridades responsables la omisión de brindarle atención médica, para atender la insuficiencia renal crónica diagnosticada que padece, esto es, el tratamiento médico y medicamento, de forma gratuita y cercano a su domicilio ubicado en "calle Miguel Hidalgo S/N de la localidad de Angaguan municipio de Uruapan, Michoacán". Para demostrar tales aseveraciones, la peticionaria anexó a su demanda de amparo: 1.- Copia fotostática de la credencial para votar con fotografía a nombre de Sebastiana Lázaro Soto. 2.- Resumen médico elaborado por Adolfo Navarro Escamilla medicina interna nefrología, en el que refiere que la quejosa de cincuenta y tres años de edad con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, de dieciocho años de diagnóstico, hipertensión, enfermedad renal crónica en tratamiento actual con hemodiálisis, inicia terapia de reemplazo renal con hemodiálisis desde hace aproximadamente un año, requiriendo como mínimo dos sesiones por semana. A las anteriores documentales públicas y privadas se les otorga valor probatorio, de acuerdo con los artículos 197, 202, 203, 204 y 205 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo; con valor pleno por provenir de autoridad competente en ejercicio de sus funciones, a excepción de la segunda que constituye un documento privado, con valor indiciario por ser emitidas por un tercero; en tanto que todas hacen prueba en favor de la parte quejosa y contra las autoridades responsables, en razón de que no las objetaron. No pasa inadvertido que el Director del Hospital General de Uruapan, Michoacán "Dr. Pedro Daniel Martínez", en su informe justificado informó que la quejosa recibe dos sesiones de hemodiálisis por semana de manera subrogada en la Clínica Unidad Renal Ambulatoria UREA en esta ciudad de Uruapan, ya que se realizó la contratación y adjudicación directa a la empresa intermediaria para que esta continúe brindando las sesiones de hemodiálisis. Sin embargo, no se encuentra demostrado en autos que se haya otorgado la atención médica a la quejosa, esto es, consulta por médico con conocimientos científicos sobre la materia, ni que dicho experto emitiera opinión o determinara el padecimiento de la quejosa, si es candidata a hemodiálisis o no y, en su caso, que se haya proporcionado el medicamento y tratamiento de hemodiálisis requerido. Por tanto, si las autoridades responsables no demostraron que garantizan el derecho a la salud de la quejosa de forma oportuna, permanente -definitiva- y constante, así como de manera gratuita y cercano a su domicilio, se llega a la conclusión de que el acto reclamado es inconstitucional e ilegal por vulnerar el derecho a la salud de la quejosa. Lo anterior, pues la restitución al derecho a la salud acontecerá, cuando se verifique una actuación concreta de las autoridades, con la cual se asegure a la parte quejosa, de manera continua y permanente -definitiva- la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados, que requiere para tratar la insuficiencia renal crónica que padece; además de que se le proporcione en lugar cercano a su domicilio. Sin que, para las autoridades responsables, represente un obstáculo para cumplir con el derecho a la protección a la salud de la quejosa, el que no esté afiliada en alguna institución de seguridad social, en razón a que, como se evidenció en párrafos previos, en términos de la Ley General de Salud, el derecho a la salud es una obligación para el Estado Mexicano que de manera solidaria debe cumplir por la federación y las entidades federativas, en términos de la Ley y sus disposiciones reglamentarias. En consecuencia, al quedar acreditada la vulneración al derecho a la salud de la quejosa, resultan fundados los conceptos de violación y lo procedente es CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL para los efectos que enseguida se precisarán. OCTAVO. Efectos de la concesión. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional para el efecto de que las autoridades responsables en el ámbito de sus competencias, recaben la opinión del médico especialista respecto de los padecimientos de insuficiencia renal crónica que refiere la quejosa y dicten un acuerdo administrativo o establezcan la mejor opción para ordenar a quien corresponda, se realicen las medidas necesarias para otorgarle, de manera continua y permanente -definitiva- la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos que requiera; además de que se le proporcione en lugar cercano a su domicilio. NOVENO. Publicación de sentencia. De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de la información de carácter clasificada y confidencial. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Sebastiana Lázaro Soto, contra los actos reclamados al Director del Hospital General de Uruapan, "Dr. Pedro Daniel Martínez", y la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud, Michoacán, con sede en Morelia; para los efectos precisados en el considerando octavo de esta resolución. Notifíquese. Y por oficio a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro electrónico del SISE (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes).

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que, en proveído de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público adscrito en materia de amparo; sin embargo, no obra constancia de que dicho acuerdo le haya sido notificado personalmente. En tales condiciones, a fin de evitar violaciones procesales, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se ordena regularizar el procedimiento, para tanto, subsánese tal omisión y notifíquese el contenido del proveído dictado por este Juzgado el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, el cual deberá ser acompañado con copia de la demanda de amparo y sus anexos. En ese contexto, a fin de dar margen a lo anterior, y a fin de que el agente del Ministerio Público de la federación adscrito se imponga del contenido de los informes justificados que obran en autos, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS para que tenga verificativo la misma. Notifíquese; y personalmente al Agente del Ministerio Público adscrito el proveído de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

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