Senen Nava Sánchez
Expediente 386/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 386/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Senen Nava Sánchez
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero, treinta de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, capítulo séptimo denominado "EXPEDIENTES DEPURABLES", artículo 18, fracción I, inciso a), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido del Acuerdo General; y en igual término es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la mencionada fracción I, inciso a), del citado artículo 18, previa conservación de la demanda, sentencia definitiva, del presente acuerdo y de las resoluciones que concedieron la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión original y duplicado. Notifíquese.
- Principal
VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo número 386/2020. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diez de agosto de dos mil veinte, ante el Secretario de guardia de este Juzgado Octavo de Distrito, Senen Nava Sánchez, por conducto de su defensor particular Gerardo Abrego Castillo, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que a continuación se indican: AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS 1. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero. 2. Director del Centro Regional de Reinserción Social de Acapulco de Juárez, Guerrero. Con domicilio en esta ciudad 3. Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "Chiapas". EJECUTORAS 4. Titular del Área de Seguridad Social y Custodia del Centro Regional de Reinserción Social de Acapulco de Juárez, Guerrero. Con residencia en esta ciudad 5. Titular del Área de Seguridad Social y Custodia del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "Chiapas". ACTOS RECLAMADOS "a) De las autoridades ordenadoras. 1. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, se le reclama orden de traslado. 2. Director del Centro Regional de Reinserción Social de Acapulco de Juárez, Guerrero, se le reclama orden de traslado 3. Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "Chiapas", se le reclama los actos prohibidos por los artículos 19, último párrafo, y 22, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b) De las autoridades ejecutoras, su inminente cumplimiento." SEGUNDO. Preceptos Constitucionales vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22 y 23, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. Por auto de diez de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada bajo el número 386/2020, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente, se solicito de las autoridades responsables su informe justificado, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, después de un diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un acto restrictivo de la libertad, fuera de procedimiento así como su calificación de legal por parte de un órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama por esta instancia constitucional reclama lo siguiente a) Del Encargado de la Dirección del Centro Regional de Reinserción Social de Acapulco y Jefe de Seguridad y Custodia adscrito a dicho centro penitenciario, así como la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco: a.1) La orden de traslado de tres de agosto del presente año, así como su cumplimiento y ejecución. b) Del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS CHIAPAS" y Titular del Área de Seguridad y Custodia de dicho Centro Penitenciario: b. 1) La aplicación de los actos prohibidos por los artículos 19, último párrafo y 22, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la persona del directo quejoso Senen Nava Sánchez. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado b.1). El Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS CHIAPAS", por si y en representación del Titular del Área de Seguridad y Custodia de dicho Centro Penitenciario, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos de tortura y malos tratos que señala el promovente del amparo, ha sido objeto el directo quejoso Senen Nava Sánchez, desde su ingreso al centro de reinserción social de referencia. En ese sentido, debe reiterarse que dichos motivos de reproche están proscritos de manera absoluta por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es imperativo para este juzgador Federal, conforme lo establece el tercer párrafo del diverso numeral 1º, de la destacada norma fundamental, realizar un análisis exhaustivo de las actuaciones que componen el sumario -incluidas las que de manera oficiosa se recabaron durante su tramitación-, a fin de determinar si de dichas constancias existen o no, elementos suficientes para acreditar indicios de actos relativos a malos tratos y tortura. Preceptos constitucionales de mérito, que literalmente disponen: "Art. 1.- [.] Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. "Art. 22.- Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado." En ese mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos -Caso García Lucero y otras Vs. Chile.- (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 267, párrafos 122 y 124), interpretó que el deber del Estado de investigar actos de tortura surge cuando exista razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tal naturaleza, debiéndose entender por "razón fundada", la presencia de indicios de la existencia de los actos de tortura. Así, para corroborar tal circunstancia, como premisa de arranque, debe precisarse lo que constituye para el Estado Mexicano actos de tortura y malos tratos y/o crueles, en específico, los conferidos por servidores públicos en el desempeño de sus labores -situación análoga a la que se analiza en la presente determinación, dado que el disconforme alega que fue objeto de tales actos por parte de los elementos aprehensores que llevaron a cabo su detención-. De esta manera, el artículo 24 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, define los actos constitutivos de tortura por parte de los servidores públicos, de la siguiente manera: "Artículo 24.- Comete el delito de tortura el Servidor Público que, con el fin de obtener información o una confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva, o por razones basadas en discriminación, o con cualquier otro fin: I. Cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona; II. Cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la Víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento, o III. Realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo." Por su parte, el artículo 29 de la referida legislación define el delito de tratos crueles, inhumanos o degradantes, como a continuación se trascribe: "Artículo 29. Al servidor público que en el ejercicio de su encargo, como medio intimidatorio, como castigo o por motivos basados en discriminación, veje, maltrate, degrade, insulte o humille a una persona, se le aplicará una sanción de tres meses a tres años de prisión y hasta doscientos días multa." Porciones normativas, de las que se desprende, por un lado, que la primer acción destacada -tortura-, se suscita cuando un servidor público, con el objetivo de obtener información o una confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva, o por razones basadas en discriminación, o con cualquier otro fin, cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona, cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento, o realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo. Por otro lado, se obtiene que la diversa acción -malos tratos-, se suscita cuando un servidor público, en el ejercicio de su encargo, como medio intimidatorio, como castigo o por motivos basados en discriminación, veje, maltrate, degrade, insulte o humille a una persona. Conceptos, que si bien se recogen desde una acepción de índole estrictamente delictiva, es decir, que describen los elementos esenciales para la actualización de tales conductas antijurídicas por parte de los servidores públicos, se estiman óptimas, jurídicamente hablando, para conceptualizar su entidad, entendida como la violación a la integridad personal de un sujeto determinado. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis 1a. CCCXXVI/2018 (10a.), estableció una directriz, a cuya atención están compelidos los juzgadores Federales cuando se reclame de manera autónoma dentro de un juicio constitucional actos de tortura, a fin de corroborar la existencia de dichos motivos de reclamo; criterio de mérito, consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 256, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "ACTOS DE TORTURA RECLAMADOS DE MANERA AUTÓNOMA. OBLIGACIONES DE LOS JUECES DE AMPARO. Si bien el desarrollo de los precedentes legales sobre tortura de esta Primera Sala se han circunscrito de manera preponderante en el marco de los procesos penales y el impacto de la tortura en las confesiones o elementos autoincriminatorios; lo cierto es que la propia Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura entiende que la finalidad de la tortura no es sólo con propósitos de investigación criminal, sino como medio intimidatorio, castigo personal y medida preventiva, entre otros. Así, al tener como acto reclamado de manera autónoma los actos de tortura, los jueces de amparo se encuentran obligados a investigar dichas alegaciones allegándose de todos los elementos necesarios para poder determinar si se tiene por acreditada la misma. Primeramente, deberá solicitar la ampliación de los informes justificados de las autoridades responsables a las que se les haya atribuido el acto reclamado consistente en violencia física o moral y tortura, cuando las autoridades hayan negado los actos reclamados de manera genérica sin hacer pronunciamiento específico en cuanto al acto materia de análisis. Lo anterior tiene la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la solicitante del amparo y crear certeza jurídica. Enseguida, tomando en consideración lo que señalen las autoridades responsables en sus informes con justificación, el juez deberá allegarse de todos los elementos -bitácoras, exámenes médicos y psicológicos con base en el Protocolo de Estambul, copia de la averiguación previa, entre otros- para analizar el alegato de tortura como acto reclamado, sin que sea suficiente la simple negativa de las autoridades, el cual debe ser analizado tomando en especial consideración la entidad de la tortura y en su caso con un enfoque diferenciado y con perspectiva de género. En este sentido, se deberán revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura. Para ello se deberá tomar en consideración la inversión de la carga de la prueba y el estándar atenuado para acreditarse como violación a la integridad personal, según el cual bastarán indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad del o los torturadores." Lineamiento jurídico, de cuya exégesis se obtiene el estándar que la potestad constitucional está obligada a seguir, en tratándose de los juicios de amparo en donde se destaque como acto reclamado, de manera autónoma, actos de tortura, estableciendo que, en primer orden, se debe solicitar a las autoridades a las que se atribuyan dichos actos la ampliación de los informes justificados, cuando hayan negado su existencia de manera genérica sin hacer pronunciamiento específico a su respecto; ello, con la finalidad de no dejar en estado de indefensión al solicitante del amparo y crear certeza jurídica. Enseguida, apunta el Máximo Tribunal, tomando en consideración lo que señalen las autoridades responsables en sus informes con justificación, el juez de Distrito deberá allegarse de todos los elementos -bitácoras, exámenes médicos y psicológicos con base en el Protocolo de Estambul, copia de la averiguación previa, entre otros-, para analizar el alegato de tortura como acto reclamado, sin que sea suficiente la simple negativa de las autoridades, el cual debe ser analizado tomando en especial consideración la entidad de la tortura, y en su caso, con un enfoque diferenciado y con perspectiva de género. Finalmente, indica dicho órgano de Justicia, se deberán revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura. Para ello, se deberá tomar en consideración la inversión de la carga de la prueba y el estándar atenuado para acreditarse como violación a la integridad personal, según el cual bastarán indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad del o los torturadores. En este tenor, el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS CHIAPAS", al rendir su informe justificado, manifestó que el quejoso Senén Nava Sánchez, se encuentra recluido en el dormitorio A, modulo II, de dicho centro penitenciario, lugar donde cohabita con más personas privadas de su libertad, que cada ocho días realiza llamadas telefónicas con sus familiares, abogados y amistades, de ahí que tenga una comunicación constante con ellos. Asimismo, que no cuenta con visitas autorizadas, ni de pases provisionales, debido a que sus familiares, no se han presentado, para hacer las gestiones para poder visitarlo en el interior de este Centro Federal. De igual manera, que la Dirección de Seguridad, informó que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos, se encontró que el quejoso Senén Nava Sánchez, desde su ingreso no ha registrado infracción a la normatividad aplicable, y que ha registrado una excelente conducta, como se advierte del memorándum número CFRS15/DS/2270/2020 de ocho de septiembre pasado y del informe de conducta. Lo anterior, se corrobora, con las documentales que en copia certificada, adjunto como apoyo a su informe justificado, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del mencionado Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. Conforme a todo lo expuesto, este órgano de control constitucional, determina que, en el presente caso, no existe base razonable para tener por acreditada la tortura y/o malos tratos objeto de la denuncia, pues aun tomando en consideración la inversión de la carga de la prueba y el estándar atenuado para tenerse por acreditados dichos actos como una violación a la integridad personal, no consta indicio alguno que permita, hasta este momento, sostener razonablemente que dichos actos se han aplicado desde el ingreso al Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS CHIAPAS", al quejoso Senen Nava Sánchez, pues de las documentales allegadas al presente sumario, se constata que el mismo, ha observado una buena conducta, de ahí que no se le haya aplicado hasta el momento una medida correctiva, y que en el lugar donde se encuentra convive con otros reclusos, permitiéndosele cada ocho días realizar llamadas telefónicas a sus familiares, así como a su defensor particular. En los relatados términos, al concluirse que de la totalidad de las constancias que componen el sumario, no existe ningún indicio por el que se pueda presumir, bajo una base razonable, la existencia de la tortura y malos tratos de los que adujo el disconforme fue objeto, lo que procede con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la ley de la materia, es sobreseer el presente juicio de amparo por el acto reclamado b.1). CUARTO.- Certeza del acto reclamado a.1). Es cierto el acto que se atribuye al Encargado de la Dirección del Centro Regional de Reinserción Social de Acapulco y Jefe de Seguridad y Custodia adscrito a dicho centro penitenciario, así como la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, pues así lo manifestaron expresamente al rendir su informe justificado, lo que constituye una confesión expresa en términos de lo que establecen los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2, pues al efecto, las primeras dos de las nombradas, manifestaron que el tres de agosto de dos mil veinte, el quejoso Senen Nava Sánchez, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS CHIAPAS"; mientras que la última de las mencionadas, manifestó que mediante resolución de cinco del mismo mes, dentro de la solicitud de traslado (ST) 370/2020, califico de legal el "traslado por excepción", previsto en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Certeza que además se corrobora, con las copias certificadas de las constancias que remitieron como apoyo a su informe justificado, mismas que adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del mencionado Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. QUINTO. Causa de improcedencia. Previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Respecto de la orden de traslado se advierte que, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Es así, porque de las constancias existentes en autos, se advierte que mediante resolución de cinco de agosto del año en curso, dictada dentro de la solicitud de traslado (ST) 370/2020, la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, calificó de legal la orden de traslado del quejoso. En efecto, se actualiza la causal de improcedencia invocada, porque los efectos de dicho acto cesaron al haber quedado sustituido procesalmente por la resolución que emitió la Juez de Control y que calificó de legal ese traslado, sin que puedan estudiarse las posibles violaciones del primero, sin afectar el nuevo contexto generado por el segundos, que son los que materialmente afectan la esfera jurídica del quejoso. Es así, porque los nuevos y posteriores actos de las autoridades judiciales, inciden en la vigencia y ejecución de lo ordenado por la autoridad penitenciaria, ya que acorde con la Ley Nacional de Ejecución Penal, la autoridad judicial tiene la facultad de convalidarlo, lo que implica ratificar o mantener el traslado ejecutado o, en su caso, revocarlo, si estima que fue realizado ilegalmente, e impediría su continuación, devolviendo al quejoso al primer centro de reclusión de donde fue trasladado. En ese orden de ideas, sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá en la esfera jurídica del particular que amerite ser anulada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que hace a los actos que su emisión se llevó a cabo, previo a la calificación de legal de la orden de traslado del quejoso. Tiene aplicación la tesis I.9o.P.167 P (10a.), del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible a página dos mil quinientos siete, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, décima época, registro 2015278, de rubro y texto: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA EMITIDA POR RAZONES DE SEGURIDAD POR EL TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y EXISTE PRONUNCIAMIENTO POSTERIOR DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, YA SEA CONVALIDÁNDOLA O REVOCÁNDOLA, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO Y, POR ENDE, DEBE DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. La Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, en sus artículos 9o., fracción XII y 64, fracción XI, establece que corresponde al Juez de ejecución autorizar las órdenes de traslado de un centro penitenciario a otro. Autorización que no necesariamente es previa, sino que, de ponerse en riesgo la seguridad integral del centro penitenciario, la del sentenciado o por urgencia médica, podrá ser posterior. En estos casos, si se promueve el amparo indirecto contra la orden emitida por la autoridad penitenciaria (titular de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México) y existe pronunciamiento posterior de la autoridad judicial, ya sea convalidando o revocando el traslado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues los efectos de aquel acto cesaron al haber quedado sustituido procesalmente por el emitido por el Juez, sin que puedan estudiarse las posibles violaciones del primero, sin afectar el nuevo contexto generado por el segundo, que es el que materialmente afectaría la esfera jurídica del quejoso. Es así, porque el nuevo y posterior acto de autoridad judicial, incide en la vigencia y ejecución del ordenado por la autoridad penitenciaria, ya que, acorde con la legislación citada, la autoridad tiene la facultad de convalidarlo, lo que implica ratificar o mantener el traslado ejecutado o, en su caso, revocarlo, lo cual implica que fue ordenado ilegalmente, e impediría su continuación, devolviendo al quejoso al primer centro de reclusión de donde fue trasladado. Por lo que, ante la actualización de dicha causal, debe sobreseerse en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia." Lo anterior, sin soslayar que no se le dio vista a la parte quejosa respecto de la calificación de legal de la orden de traslado emitida por la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco; pues en nada práctico conduciría que se tuviera como autoridad responsable a la misma y como acto reclamado la citada calificación de la orden de traslado; ya que contra ese acto resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, en razón de que previo a la promoción del mismo debió agotar el recurso de apelación que prevé el numeral 52 fracción III, de la Ley de Ejecución Penal, en relación con los diversos numerales 131 y 132 fracción VII, del mismo ordenamiento, Por último, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 386/2019, en términos de lo expuesto en el tercero y quinto considerandos de esta sentencia. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
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