Selenne Gabriela Tacuba Pacheco y Otros.

Expediente 897/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
897/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
16/10/2019

Partes del expediente

  • Tania Azucena Olvera Adame
  • Selenne Gabriela Tacuba Pacheco y Otros.
  • Tania Azucena Olvera Adame y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL POR ESTRADOS: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE FECHA DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acapulco, Guerrero; dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Ahora, de autos se aprecia que la parte quejosa exhibió en el presente expediente diversas documentales; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General, se dejan a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlas, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria adscrita a este juzgado de Distrito, que autoriza y da fe....; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO...

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Ahora, de autos se aprecia que la parte quejosa exhibió en el presente expediente diversas documentales; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General, se dejan a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlas, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria adscrita a este juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

  4. Principal

    RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL POR ESTRADOS: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE FECHA CUATRO DEOCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acapulco, Guerrero; cuatro de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual desahoga la prevención de diecinueve de septiembre del año en curso. IMPROCEDENCIA. En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia o no del presente juicio, para lo cual de los antecedentes precisados en la demanda de amparo en relación con las constancias que adjuntó consistentes en copia certificada de diversas actuaciones del juicio laboral 685/2010, del que derivan los actos reclamados, se aprecia lo siguiente: 1. Por auto de veinte de mayo de dos mil diecinueve, la Junta responsable decretó el auto de requerimiento de pago y embargo por la cantidad de $2,007,700.00 (dos millones siete mil setecientos pesos 00/100 moneda nacional); en contra de la demandada Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Acapulco), diligencia que se ejecutó el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, en la que se embargó la cuenta bancaria número 22000657262, de la institución bancaria Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, cuyo titular es el Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Acapulco). 2. Previa solicitud de la parte actora, por acuerdo de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, se ordenó girar el oficio 3836 al representante legal de Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, para que pusiera a disposición del Presidente Ejecutor responsable, la cantidad de $2,007,700.00 (dos millones siete mil setecientos pesos 00/100 moneda nacional), derivada de la cuenta embargada número 22000657262, perteneciente a la parte demandada Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Acapulco), apercibida que en caso de no hacerlo se haría acreedora a una multa; comunicación oficial que fue recibida por dicha institución bancaria en la misma fecha en que se expidió. 3. Por escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, el apoderado legal de la parte demandada interpuso recurso de revisión en contra de la diligencia de requerimiento de pago y embargo, mismo que se admitió en auto de dos de julio de dos mil diecinueve. 4. Mediante escrito presentado el uno de julio de dos mil diecinueve, el apoderado legal de Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, informó que procedió al embargo de la cuenta 22000657262, perteneciente a la parte demandada Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Acapulco), misma que cuenta con un saldo de $3,450.00 (tres mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional); de ahí la imposibilidad para poner a disposición la cantidad requerida. 5. Al escrito a que se hace referencia el punto que antecede recayó el auto de dos de julio de dos mil diecinueve, en el que se ordenó dar vista a la parte actora aquí quejosa, para que se manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con la imposibilidad informada por la institución bancaria. 6. Por escrito presentado el uno de julio de dos mil diecinueve, el apoderado legal de la parte actora solicitó que se girará oficio al Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, para que pusiera a disposición del Presidente Ejecutor la cantidad embargada e informará el estado financiero de la cuenta bancaria 22000657262, y anexará a dicho informe las constancias respectivas; a la referida solicitud recayó el auto de ocho de julio siguiente, en el que se remitió a lo acordado en proveído de dos de julio de dos mil diecinueve por el que dicha institución financiera informó su imposibilidad para poner a disposición la citada cantidad. 7. Mediante escrito presentado el dos de septiembre de dos mil diecinueve, el apoderado legal de la parte actora desahogó la vista concedida en auto de dos de septiembre del año en curso y solicitó se girará oficio a la Comisión Nacional Bancaria, para que informará los movimientos realizados en la cuenta bancaria 22000657262, desde el veintiséis de junio de dos mil diecinueve e informará los números de cuentas que tuviera registradas la parte demandada Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Acapulco). 8. Ante dicha solicitud, por acuerdo de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, se ordenó girar el oficio 5213 a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que remitiera dicha información, lo que se envió vía estafeta el doce de septiembre de dos mil diecinueve. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo y escrito de desahogo, en relación con la copia certificada que adjunta, se obtiene que la parte quejosa como actora en el juicio laboral 685/2010, del índice de la Junta responsable, acude a esta instancia para reclamar los siguientes actos 1. De la Presidenta Ejecutora de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco: a) El acuerdo de dos de julio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral 685/2010. En este punto, es importante precisar que de la copia certificada allegada por la parte quejosa se advierten dos acuerdos de dos de julio de dos mil diecinueve, sin que la parte quejosa precisara cuál de ellos es el que en particular reclama, por lo que se tienen ambos como actos reclamados. a.1. El primero, en el que se tiene por admitido el recurso de revisión interpuesto por el apoderado de la parte demandada en contra de la diligencia de requerimiento de pago y embargo realizada por el Actuario adscrito (foja 26); y, a.2. El segundo, en el que se ordena dar vista a la parte actora aquí quejosa para que manifestara respecto a lo informado por el apoderado de Banco Santander México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, en el sentido de estar imposibilitado para poner a disposición de la parte actora la cantidad embargada en razón de que la cuenta no reúne la cantidad solicitada. b) Los oficios número 3836 y 5213 de veintiséis de junio y cinco de septiembre, ambos del año en curso, dirigidos al representante legal de Banco Santander México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respectivamente, a través de los cuales en el primero, solicitó poner a disposición del Presidente Ejecutor responsable, la cantidad de $2,007,700.00 (dos millones siete mil setecientos pesos 00/100 moneda nacional), de la cuenta embargada número 22000657262, perteneciente a la parte demandada Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Acapulco), apercibida que en caso de no hacerlo se haría acreedora a una multa; y en segundo, se le requirió para que informara los movimientos realizados en la cuenta bancaria 22000657262, desde el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, y proporcionara los números de cuentas que tuviera registradas la parte demandada Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Acapulco). 2. Del Banco Santander México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México la omisión de dar cumplimiento al embargo trabado el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, y al requerimiento contenido en el oficio 3836 de esa misma fecha. 3. De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la omisión de dar cumplimiento al requerimiento contenido en el referido oficio 5213 de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, Precisado lo anterior, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados a la Presidenta Ejecutora de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, este Juzgador estima que se actualiza en modo manifiesto e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con la fracción IV, del numeral 107, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Del numeral citado en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Luego, el segundo de los preceptos transcritos establece como regla de procedencia del amparo indirecto, que cuando se trate de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Por su parte, tratándose de procedimientos de remate, la Ley de Amparo es específica en señalar que la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso también se harán valer la violaciones cometidas en ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa a la quejosa; lo cual implica que, no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituya cosa juzgada, y por la naturaleza propia del procedimiento, es posible que las violaciones cometidas durante éste, puedan analizarse cuando se reclame la última resolución. Bajo esta fórmula se impide la reclamación autónoma e inmediata en contra de cada uno de los actos que integran la fase de ejecución a fin de que el amparo no constituya un obstáculo para la misma; y en cambio, se privilegia el principio de concentración para que en una misma demanda se puedan estudiar todas las violaciones que llegaren a suscitarse conjuntamente con el acto principal que determina la procedencia del amparo indirecto, siempre y cuando tal violación trascienda a su resultado por haber dejado sin defensa a la parte quejosa; lo que permite colegir que en la demanda de amparo se puede plantear el estudio de esas violaciones en vía argumentativa y no como actos destacados. Ahora, frente a los supuestos específicos de procedencia previstos en los párrafos segundo y último del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ubican otros actos que pueden emitirse después de que el juicio ha concluido, que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como aquellos que tienen una autonomía destacada, es decir, se desvinculan de los que natural u ordinariamente tienen como propósito la ejecución de una sentencia definitiva. Ese supuesto corresponde cuando los actos reclamados son dictados en un incidente de autonomía destacada, en cuyo caso el juicio de amparo procederá contra la resolución definitiva de tal incidente, en la inteligencia de que en contra de la misma podrán hacerse valer todas las violaciones que se hubieren suscitado dentro del trámite de aquella incidencia, siempre que esas violaciones procesales hubiesen dejado indefensa a la parte quejosa; o bien, cuando aquellos sean de imposible reparación, lo cual da la pauta para que de manera excepcional sean reclamados, sin necesidad de esperar a que se dicte la última resolución. Ilustra lo expuesto la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Novena Época, de rubro y texto siguiente: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Así, se entienden como actos de imposible reparación aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; respecto de los cuales no existe posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Precisado lo anterior, los actos reclamados consistentes en los acuerdos de dos de julio de dos mil diecinueve, dictados en el juicio laboral 685/2010 y los oficios número 3836 y 5213 de veintiséis de junio y cinco de septiembre, ambos del año en curso, no producen una afectación sobre un derecho sustantivo de la parte quejosa, y por ende, no le causan perjuicio alguno, pues en los acuerdos mencionados únicamente se admite a trámite un recurso, y le dan vista con lo informado por la institución bancaria, de ahí que no pueda advertirse que a través de los mismos se haya creado, modificado o extinguido alguna situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. Igual situación acontece respecto de los oficios de referencia, pues con independencia de que no son susceptibles de entenderse como un acto destacado, sino como meros instrumentos de comunicación a sus destinatarios, ya que los mismos sólo contienen un requerimiento dirigido a las instituciones financieras en cumplimiento a lo ordenado en autos a solicitud de la propia parte quejosa, de ahí que tampoco impliquen una afectación a los derechos sustantivos del promovente del amparo. Por otra parte, respecto de los actos reclamados al Banco Santander México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México y a Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, este último a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por no constituir dichas conductas, un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, como se expone a continuación. Para definir cuándo se está en presencia de una autoridad con esa naturaleza formal, para los efectos del juicio de amparo, debe considerarse si al dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitir realizar el acto que de efectuarse produciría esto último, el ente u organismo del Estado, viole los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Carta Magna o los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, sea que produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior, con independencia de la naturaleza formal del ente emisor (ente público o ente privado), pues incluso la propia Ley de Amparo, precisa que tendrán la calidad de autoridad para efectos del juicio, los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos ya citados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Luego, de las constancias que obran en autos, se observa que el Banco Santander México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sólo tienen el carácter de destinatarios de los requerimientos efectuados en el procedimiento de ejecución del juicio laboral de origen, sin que pueda avizorarse que de realizar el acto cuya omisión a realizar se reclama, puedan unilateralmente modificar la situación jurídica del gobernado por cuya virtud transgreda derechos fundamentales constitucionalmente protegidos ya que ese proceder no representa el incumplimiento a una obligación legal, tan es así que su inobservancia únicamente traería aparejada la materialización del apercibimiento formulado a la institución bancaria para el caso de contumacia, y en caso de la Comisión a que la Junta responsable solicite nuevamente dicha información de no desahogar dicho requerimiento. Más aún, no puede soslayarse que en el auto de diecinueve de septiembre pasado se previno expresamente a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado y autoridad responsable la omisión del Presidente Ejecutor responsable de hacer efectivas las medidas de apremio para lograr el cumplimiento de lo solicitado a la institución bancaria de referencia, sin que lo hubiera hecho así, siendo que ese es el acto que de realizarse, modificaría la situación jurídica del gobernado. Bajo ese contexto, al actualizarse las causas de improcedencia en estudio; las cuales son manifiestas porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda y escrito aclaratorio en relación con las constancias de autos e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Notifíquese personalmente.... LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE...

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