Seguridad Privada Industrial Omega S.C.
Expediente 532/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 532/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Seguridad Privada Industrial Omega S.C.
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 19 DE JULIO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. "El diecinueve de julio de dos mil diecinueve el licenciado Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del doce al dieciocho de julio del año en curso, con exclusión de los días trece y catorce del presente mes y año por ser inhábiles, contra el auto que desechó la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diecinueve de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, éste expediente es susceptible de destrucción. Por tanto, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del referido acuerdo, remítase el citado expediente por conducto de la Administración Regional a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal para los efectos legales correspondientes. Por último, con fundamento en el punto décimo primero del acuerdo en cita, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de NOVENTA DÍAS computados legalmente a partir de la notificación respectiva, comparezca ante el personal de este juzgado debidamente identificada y en horas hábiles a recoger los documentos que anexó a su escrito de demanda; lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo y persistir en su desinterés para realizar tal actuación, dichos documentos seguirán la suerte del expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
CUENTA. El cuatro de julio de dos mil diecinueve, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Edmundo Canales Silva, en su carácter de representante legal de la persona moral "Seguridad Omega" S.C., registrada con el folio 9603 y cinco copias de ésta que se adjuntan. La circunstancia de que los licenciados Jorge Luis Chavira Sánchez y Juan Carlos Zorrilla García, cuentan con cédulas profesionales 891051 y 1653055 registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de julio de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Edmundo Canales Silva, en su carácter de representante legal de la persona moral "Seguridad Omega" S.C., contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas; por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 532/2019, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como autoridad responsable y acto reclamado el siguiente: Autoridad responsable: Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad. Así, del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama: "El acuerdo que tomó la señalada como responsable al impedir que el suscrito en mi carácter de Representante Legal de la Sociedad Civil denominada ((Seguridad Privada Industrial Omega S.c.", absolviera posiciones a nombre de dicha sociedad civil, ya que la señalada como responsable señalo las 09:30 horas del día martes 11 de junio de 2019, para que tuviera verificativa el desahogo de la audiencia confesional a cargo de quien acreditara ser representante legal de la persona moral demandada denominada (Seguridad Privada Industrial Omega S.C.", y en dicho acuerdo la señalada como responsable determino que aunque tengo el carácter de representante legal de la Seguridad Privada Industrial Omega S.C., no cuento con facultades para absolver posiciones a nombre de dicho persona moral, y por lo tanto, declaró ante la incomparecencia de persona alguna que acreditara tener facultades para absolver posiciones a nombre de la demandada denominada Seguridad Privada Industrial Omega S.c., se le declara confesa de las posiciones que se calificaron de legales". En el caso, se advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable que hace improcedente el juicio de amparo planteado, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. El precepto legal mencionado es del texto literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora bien, respecto del mencionado acto reclamado se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, pues éste, no es de aquellos actos dictados dentro de juicio, que tengan sobre la persona o las cosas de la parte promovente, una ejecución que sea de imposible reparación, por no afectarse materialmente sus derechos sustantivos, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese orden de ideas, resulta incuestionable que los efectos del acto reclamado sólo se traducen en posibles violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución respectiva, si ésta es favorable a los intereses de la parte promovente y, en caso contrario, puede reclamarlos en el juicio de amparo directo que se promueva en contra del laudo, impugnando la determinación de que se duele en su caso, como violación procesal, en términos de los artículos 170, fracción I y 172, fracción III, de la Ley de Amparo, que disponen: "ARTICULO 170.- El juicio de amparo directo procede: I.- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. ." "ARTICULO 172.- En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (I a II...) III.- Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley;..." Por tanto, queda de manifiesto que la violación procesal en comento, dada su naturaleza, no es en modo alguno irreparable, cuando es precisamente la irreparabilidad y la circunstancia de que se afecten derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, los únicos supuestos en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107 fracción V de la Ley de Amparo, mismo que textualmente dispone: "ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede: ... V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ello los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ..." En este sentido, cabe establecer que excepcionalmente, los actos que se realicen en juicio pueden reclamarse mediante el juicio de amparo indirecto, tal como lo prevé el artículo 107, fracción III, inciso b) y c) de la Constitución Federal, y en el artículo 107 fracción V de la Ley de Amparo; siempre y cuando se trate de actos dentro de juicio, que tengan una ejecución de imposible reparación en la persona o cosas de los quejosos y la afectación material de sus derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual no aconteció en el presente caso. Es ilustrativa de lo anterior, la jurisprudencia P./J. 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Número 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Octava Época, cuyo texto dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En las relatadas condiciones, resulta claro que el acuerdo de once de junio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral 57/III/2018, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, en el que se determinó que a pesar de que el quejoso tiene el carácter de representante legal de la Seguridad Privada Industrial Omega Sociedad Civil, no cuenta con facultades para absolver posiciones a nombre de la citada persona moral, y por ende, declaró confesa de las posiciones que se calificaron de legales; como ya se dijo, no se encuentra dentro de las hipótesis previstas en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que al haberse verificado dentro de juicio, no afecta materialmente los derechos sustantivos, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues en todo caso, afectaría un derecho procedimental, como lo es el tenerlo como confeso de la prueba ofrecida a su cargo. Tienen sustento a lo anterior las jurisprudencias que a la letra dicen: "CONFESIONAL EN EL JUICIO LABORAL. EL ABSOLVENTE DECLARADO FÍCTAMENTE CONFESO, PUEDE IMPUGNAR EN EL AMPARO DIRECTO LA CALIFICACIÓN DE LAS POSICIONES QUE FUERON ARTICULADAS O SU OMISIÓN, CUANDO SU VALORACIÓN HAYA TRASCENDIDO AL RESULTADO DEL FALLO. Tratándose de la prueba confesional, los artículos 788 y 789 de la Ley Federal del Trabajo disponen, respectivamente, que la Junta ordenará se cite a los absolventes personalmente o por conducto de sus apoderados, apercibiéndolos de que si no concurren el día y hora señalados, se les tendrá por confesos de las posiciones que se les articulen; y que si la persona citada para absolver posiciones no concurre en la fecha y hora señaladas, se hará efectivo dicho apercibimiento y se le declarará confesa de las posiciones que se hubieren articulado y calificado de legales. Ahora bien, conforme a la fracción V del artículo 790 de la indicada ley, la Junta tiene obligación de calificar de legales las posiciones en la correspondiente audiencia; en ese sentido, cuando previamente no califica las citadas posiciones o lo hace de manera incorrecta no obstante ser insidiosas, el afectado preserva el derecho para alegar cualquiera de esas irregularidades a pesar de haber sido declarado confeso por su inasistencia a esa diligencia, a condición de que la valoración que de esas posiciones se haga, trascienda al resultado del fallo, de modo que si esa infracción se declara fundada debe tener por efecto que el nuevo laudo prescinda de otorgarles eficacia probatoria. Lo anterior obedece a que es con el dictado del laudo cuando la calificativa de las posiciones o su presunta calificación de ilegal puede causar un perjuicio efectivo al absolvente, porque es hasta entonces cuando se sabe si el valor probatorio que se les otorga sirve o no de sustento a la decisión". "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto". Por tanto, como las consecuencias del acto reclamado son de carácter intraprocesal y éste no tiene una ejecución de imposible reparación, cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar en forma material o inmediata alguno de los derechos humanos del gobernado que tutela la Constitución a través de sus garantías o bien los tratados internacionales suscritos por México; es de concluirse que la determinación en estudio, no cumple los requisitos necesarios para poder ser atacada por esta vía constitucional, porque sólo afecta los derechos adjetivos o procesales, que se traducen en una violación que podría no trascender al sentido de la resolución que ponga fin al juicio; y los efectos intraprocesales pueden ser reparados si se obtiene resolución favorable, y en el supuesto de que no lo fueran, estarían en aptitud de promover en su contra el juicio de amparo directo donde podría delatar las violaciones procesales; por lo que no hay duda de que no se está en presencia de un acto en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y, por tanto, en su contra no procede el amparo biinstancial. Resulta aplicable la jurisprudencia que reza: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO.- El artículo 161, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; esto implica que el juicio de amparo indirecto es improcedente para reclamar una infracción a las normas que rigen el procedimiento, ya que sería inadmisible que éste pudiera promoverse tantas veces como violaciones de este carácter se estima fueron cometidas en un procedimiento, motivando con ello que se demore la resolución de dicho conflicto, pues lo que se pretende es la continuación del procedimiento sin mayores obstáculos, pero con la posibilidad legal de reclamar todas las violaciones procesales que se llegaran a cometer, a través de un solo juicio de garantías que se tramite en la vía directa, en contra de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio". Por tanto, con fundamento en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el último interpretado a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo promovida. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el quejoso, se tiene como autorizados con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Jorge Luis Chavira Sánchez y Juan Carlos Zorrilla García, toda vez que cuenta con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y como domicilio para tal fin el ubicado en Avenida Insurgentes, número ciento treinta y cinco (135), Centro Histórico Lomas del Capulín, número ciento veintiocho (128), Fraccionamiento Lomas del Capulín, de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "...Zacatecas, Zacatecas, cuatro de julio de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Edmundo Canales Silva, en su carácter de representante legal de la persona moral "Seguridad Omega" S.C., contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas; por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 532/2019, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como autoridad responsable y acto reclamado el siguiente: Autoridad responsable: Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad. Así, del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama: "El acuerdo que tomó la señalada como responsable al impedir que el suscrito en mi carácter de Representante Legal de la Sociedad Civil denominada ((Seguridad Privada Industrial Omega S.c.", absolviera posiciones a nombre de dicha sociedad civil, ya que la señalada como responsable señalo las 09:30 horas del día martes 11 de junio de 2019, para que tuviera verificativa el desahogo de la audiencia confesional a cargo de quien acreditara ser representante legal de la persona moral demandada denominada (Seguridad Privada Industrial Omega S.C.", y en dicho acuerdo la señalada como responsable determino que aunque tengo el carácter de representante legal de la Seguridad Privada Industrial Omega S.C., no cuento con facultades para absolver posiciones a nombre de dicho persona moral, y por lo tanto, declaró ante la incomparecencia de persona alguna que acreditara tener facultades para absolver posiciones a nombre de la demandada denominada Seguridad Privada Industrial Omega S.c., se le declara confesa de las posiciones que se calificaron de legales". En el caso, se advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable que hace improcedente el juicio de amparo planteado, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. El precepto legal mencionado es del texto literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora bien, respecto del mencionado acto reclamado se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, pues éste, no es de aquellos actos dictados dentro de juicio, que tengan sobre la persona o las cosas de la parte promovente, una ejecución que sea de imposible reparación, por no afectarse materialmente sus derechos sustantivos, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese orden de ideas, resulta incuestionable que los efectos del acto reclamado sólo se traducen en posibles violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución respectiva, si ésta es favorable a los intereses de la parte promovente y, en caso contrario, puede reclamarlos en el juicio de amparo directo que se promueva en contra del laudo, impugnando la determinación de que se duele en su caso, como violación procesal, en términos de los artículos 170, fracción I y 172, fracción III, de la Ley de Amparo, que disponen: "ARTICULO 170.- El juicio de amparo directo procede: I.- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. ." "ARTICULO 172.- En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (I a II...) III.- Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley;..." Por tanto, queda de manifiesto que la violación procesal en comento, dada su naturaleza, no es en modo alguno irreparable, cuando es precisamente la irreparabilidad y la circunstancia de que se afecten derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, los únicos supuestos en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107 fracción V de la Ley de Amparo, mismo que textualmente dispone: "ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede: ... V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ello los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ..." En este sentido, cabe establecer que excepcionalmente, los actos que se realicen en juicio pueden reclamarse mediante el juicio de amparo indirecto, tal como lo prevé el artículo 107, fracción III, inciso b) y c) de la Constitución Federal, y en el artículo 107 fracción V de la Ley de Amparo; siempre y cuando se trate de actos dentro de juicio, que tengan una ejecución de imposible reparación en la persona o cosas de los quejosos y la afectación material de sus derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual no aconteció en el presente caso. Es ilustrativa de lo anterior, la jurisprudencia P./J. 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Número 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Octava Época, cuyo texto dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En las relatadas condiciones, resulta claro que el acuerdo de once de junio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral 57/III/2018, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, en el que se determinó que a pesar de que el quejoso tiene el carácter de representante legal de la Seguridad Privada Industrial Omega Sociedad Civil, no cuenta con facultades para absolver posiciones a nombre de la citada persona moral, y por ende, declaró confesa de las posiciones que se calificaron de legales; como ya se dijo, no se encuentra dentro de las hipótesis previstas en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que al haberse verificado dentro de juicio, no afecta materialmente los derechos sustantivos, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues en todo caso, afectaría un derecho procedimental, como lo es el tenerlo como confeso de la prueba ofrecida a su cargo. Tienen sustento a lo anterior las jurisprudencias que a la letra dicen: "CONFESIONAL EN EL JUICIO LABORAL. EL ABSOLVENTE DECLARADO FÍCTAMENTE CONFESO, PUEDE IMPUGNAR EN EL AMPARO DIRECTO LA CALIFICACIÓN DE LAS POSICIONES QUE FUERON ARTICULADAS O SU OMISIÓN, CUANDO SU VALORACIÓN HAYA TRASCENDIDO AL RESULTADO DEL FALLO. Tratándose de la prueba confesional, los artículos 788 y 789 de la Ley Federal del Trabajo disponen, respectivamente, que la Junta ordenará se cite a los absolventes personalmente o por conducto de sus apoderados, apercibiéndolos de que si no concurren el día y hora señalados, se les tendrá por confesos de las posiciones que se les articulen; y que si la persona citada para absolver posiciones no concurre en la fecha y hora señaladas, se hará efectivo dicho apercibimiento y se le declarará confesa de las posiciones que se hubieren articulado y calificado de legales. Ahora bien, conforme a la fracción V del artículo 790 de la indicada ley, la Junta tiene obligación de calificar de legales las posiciones en la correspondiente audiencia; en ese sentido, cuando previamente no califica las citadas posiciones o lo hace de manera incorrecta no obstante ser insidiosas, el afectado preserva el derecho para alegar cualquiera de esas irregularidades a pesar de haber sido declarado confeso por su inasistencia a esa diligencia, a condición de que la valoración que de esas posiciones se haga, trascienda al resultado del fallo, de modo que si esa infracción se declara fundada debe tener por efecto que el nuevo laudo prescinda de otorgarles eficacia probatoria. Lo anterior obedece a que es con el dictado del laudo cuando la calificativa de las posiciones o su presunta calificación de ilegal puede causar un perjuicio efectivo al absolvente, porque es hasta entonces cuando se sabe si el valor probatorio que se les otorga sirve o no de sustento a la decisión". "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto". Por tanto, como las consecuencias del acto reclamado son de carácter intraprocesal y éste no tiene una ejecución de imposible reparación, cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar en forma material o inmediata alguno de los derechos humanos del gobernado que tutela la Constitución a través de sus garantías o bien los tratados internacionales suscritos por México; es de concluirse que la determinación en estudio, no cumple los requisitos necesarios para poder ser atacada por esta vía constitucional, porque sólo afecta los derechos adjetivos o procesales, que se traducen en una violación que podría no trascender al sentido de la resolución que ponga fin al juicio; y los efectos intraprocesales pueden ser reparados si se obtiene resolución favorable, y en el supuesto de que no lo fueran, estarían en aptitud de promover en su contra el juicio de amparo directo donde podría delatar las violaciones procesales; por lo que no hay duda de que no se está en presencia de un acto en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y, por tanto, en su contra no procede el amparo biinstancial. Resulta aplicable la jurisprudencia que reza: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO.- El artículo 161, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; esto implica que el juicio de amparo indirecto es improcedente para reclamar una infracción a las normas que rigen el procedimiento, ya que sería inadmisible que éste pudiera promoverse tantas veces como violaciones de este carácter se estima fueron cometidas en un procedimiento, motivando con ello que se demore la resolución de dicho conflicto, pues lo que se pretende es la continuación del procedimiento sin mayores obstáculos, pero con la posibilidad legal de reclamar todas las violaciones procesales que se llegaran a cometer, a través de un solo juicio de garantías que se tramite en la vía directa, en contra de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio". Por tanto, con fundamento en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el último interpretado a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo promovida. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el quejoso, se tiene como autorizados con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Jorge Luis Chavira Sánchez y Juan Carlos Zorrilla García, toda vez que cuenta con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y como domicilio para tal fin el ubicado en Avenida Insurgentes, número ciento treinta y cinco (135), Centro Histórico Lomas del Capulín, número ciento veintiocho (128), Fraccionamiento Lomas del Capulín, de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. ...."
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