Seferino Armendariz Mendoza

Expediente 564/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
564/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
02/08/2017

Partes del expediente

  • Seferino Armendariz Mendoza
  • Juez Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    CAUSA ESTADO El dos de agosto de dos mil diecisiete, el licenciado Juan García Trejo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, C E R T I F I C O: Que el término de diez días que prevé el artículo 86, de la Ley de Amparo, transcurrió del veintinueve de junio al doce de julio de dos mil diecisiete, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra del auto dictado por este Tribunal Federal el veintiuno de junio del año en curso, dentro del presente juicio de amparo 564/2017. Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. Que se aperturó incidente de suspensión en el que se negó y concedió al quejoso la suspensión definitiva solicitada y no se exhibió billete de depósito; así como que no se encuentra pendiente de resolver algún medio de impugnación en el incidente de referencia. Que existen pruebas por devolver a la autoridad responsable Juez Primero del Ramo Penal de la Capital, con sede en Cieneguillas, Zacatecas (tres tomos), lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, el Secretario licenciado Juan García Trejo, da cuenta al Secretario encargado del despacho con el oficio registrado bajo el folio 10384 y anexos que se adjuntan, con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A DOS+ DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. Téngase recibido el oficio de cuenta signado por la Juez Primero del Ramo Penal de la Capital con sede en Cieneguillas, Zacatecas, mediante el cual remite la constancia de emplazamiento realizado a la Agente del Ministerio Público de su adscripción, en su calidad de tercero interesada; en atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, téngase por legalmente emplazada a la mencionada representante social. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de veintiuno de junio del año en curso, en el que se decretó el sobreseimiento por cesación de efectos; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes; y en atención a que el proveído de que se trata no requiere ejecución material, con fundamento en el ordinal 214, de la Ley de la Materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente expediente en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia además de que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara QUE EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN RELATIVO ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; y, en atención a que se negó y concedió la suspensión definitiva al promovente del amparo; deben conservarse las constancias relativas a la copia de la demanda de amparo con que se formó, así como de la resolución del otorgamiento de la suspensión definitiva; agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa; y el duplicado guárdese por separado para que atendiendo a lo dispuesto en la fracción III, del diverso punto vigésimo del citado acuerdo. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Por lo tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, devuélvanse a la Juez Primero del Ramo Penal de la Capital, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, tres tomos del duplicado de la causa penal 6/2015 que en su oportunidad remitió en apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TERCERO INTERESADA Y POR MEDIO DE LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo proveyó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/2117/2017, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza. Doy fe. María del Carmen**

  2. Principal

    El cuatro de julio de dos mil diecisiete, el Secretario da cuenta a la Juez con el pedimento registrado con el folio 9121. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de julio de dos mil diecisiete. Téngase recibido el pedimento de cuenta signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por el formula alegatos, el que se manda agregar a los autos únicamente para que obre como corresponda en razón de que el veintiuno de junio de este año, se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el juicio de amparo en que se actúa por actualizarse una causa de improcedencia. Por otra parte, en cuanto hace a la solicitud en el sentido de que se le expida copia simple de la resolución que se dicte en el presente juicio, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele tal copia. Notifíquese. Así lo acordó y firmó la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González.- DOY FE. *María del Carmen

  3. Principal

    En veintiuno de junio de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta a la Juez con un oficio y anexo con folio 8473 y con el estado que guardan los autos del presente asunto. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez Primero del Ramo Penal de la Capital, al que adjunta copia certificada de la audiencia de suspensión del proceso a prueba de Seferino Armendariz Mendoza, celebrada el dieciséis de junio del año en curso, dentro de la causa penal 6/2015, de la que se desprende que se autorizó una salida alterna, ordenándose la libertad del quejoso. Ahora bien, la suscrita juzgadora de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En el caso, el quejoso reclama la resolución de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, que resolvió el incidente de libertad por desvanecimiento de datos, dentro de la causa penal 06/2015, en la que se determinó que subsistía el proceso instruido contra Seferino Armendariz Mendoza por su probable responsabilidad en el delito de Contra la Salud en su modalidad de narcomenudeo variante de posesión finalista de marihuana y cocaína cometido en perjuicio de la Salud Pública. Por su parte, del anexo que remitió el juez responsable consistente en copia certificada de la audiencia de suspensión del proceso a prueba de Seferino Armendariz Mendoza, celebrada el dieciséis de junio del año en curso, dentro de la causa penal 6/2015, de la que se desprende que se autorizó una salida alterna, ordenándose la libertad del quejoso, estableciéndose como requisitos los siguientes: Residir en el domicilio conocido en la comunidad del Tepetate, de Loreto, Zacatecas. Someterse a tratamiento médico para ser atendido de las enfermedades que padece. Permanecer en un trabajo fijo, comprometiéndose el quejoso Seferino Armendariz Mendoza, a seguir laborando como agricultor en la medida que sus posibilidades físicas se lo permitan. No poseer armas de fuego. Lo anterior permite concluir que con el otorgamiento de la salida alterna (suspensión del proceso a prueba), y ordenarse la libertad del imputado aquí quejoso Seferino Armendariz Mendoza, siempre y cuando cumpliera con las condiciones fijadas en la audiencia celebrada el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, cesaron los efectos de la resolución impugnada, justo como si se hubiere otorgado la protección constitucional. De modo que la posible afectación causada al quejoso ha desaparecido como si se le hubiera concedido a ésta el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, al haberse otorgado al quejoso la suspensión del proceso a prueba y ordenarse su libertad, bajo ciertas condiciones. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con veinte minutos del cuatro de julio de dos mil diecisiete); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. L'JMZG.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 21 DE JUNIO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO:"Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez Primero del Ramo Penal de la Capital, al que adjunta copia certificada de la audiencia de suspensión del proceso a prueba de Seferino Armendariz Mendoza, celebrada el dieciséis de junio del año en curso, dentro de la causa penal 6/2015, de la que se desprende que se autorizó una salida alterna, ordenándose la libertad del quejoso. Ahora bien, la suscrita juzgadora de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En el caso, el quejoso reclama la resolución de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, que resolvió el incidente de libertad por desvanecimiento de datos, dentro de la causa penal 06/2015, en la que se determinó que subsistía el proceso instruido contra Seferino Armendariz Mendoza por su probable responsabilidad en el delito de Contra la Salud en su modalidad de narcomenudeo variante de posesión finalista de marihuana y cocaína cometido en perjuicio de la Salud Pública. Por su parte, del anexo que remitió el juez responsable consistente en copia certificada de la audiencia de suspensión del proceso a prueba de Seferino Armendariz Mendoza, celebrada el dieciséis de junio del año en curso, dentro de la causa penal 6/2015, de la que se desprende que se autorizó una salida alterna, ordenándose la libertad del quejoso, estableciéndose como requisitos los siguientes: Residir en el domicilio conocido en la comunidad del Tepetate, de Loreto, Zacatecas. Someterse a tratamiento médico para ser atendido de las enfermedades que padece. Permanecer en un trabajo fijo, comprometiéndose el quejoso Seferino Armendariz Mendoza, a seguir laborando como agricultor en la medida que sus posibilidades físicas se lo permitan. No poseer armas de fuego. Lo anterior permite concluir que con el otorgamiento de la salida alterna (suspensión del proceso a prueba), y ordenarse la libertad del imputado aquí quejoso Seferino Armendariz Mendoza, siempre y cuando cumpliera con las condiciones fijadas en la audiencia celebrada el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, cesaron los efectos de la resolución impugnada, justo como si se hubiere otorgado la protección constitucional. De modo que la posible afectación causada al quejoso ha desaparecido como si se le hubiera concedido a ésta el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, al haberse otorgado al quejoso la suspensión del proceso a prueba y ordenarse su libertad, bajo ciertas condiciones. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con veinte minutos del cuatro de julio de dos mil diecisiete); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). "

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