Seguridad Privada Diaval
Expediente 604/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 16 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 604/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 16/05/2019
Partes del expediente
- Seguridad Privada Diaval
Actuaciones
- Principal
V) Toluca, Estado de México a dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Radicación.- Vista la demanda de amparo promovida... contra actos del Subdirector de Regulación de Empresas de Seguridad Privada adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 604/2019-V. Desechamiento. Antes de admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se aplica, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En ese sentido, es pertinente destacar que en la especie los actos reclamados en el presente asunto, consiste esencialmente en: Los acuerdos de diez y trece de mayo de dos mil diecinueve, emitidos en el expediente número SS/148/17-10/SP por el Subdirector de Regulación de Empresas de Seguridad Privada adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, por medio de los cuales con apoyo en el artículo 120 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Así, en el particular se actualiza la hipótesis normativa contenida en el ordinal 61, fracción XX, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.". El principio de definitividad en el juicio constitucional constituye uno de los principios jurídicos rectores de la instancia que la rige, que en términos generales consiste en que la persona que se considera agraviada con la emisión de un acto de autoridad, previo a acudir al amparo debe agotar el recurso ordinario o medio de defensa legal que la ley señale y ponga a su alcance, y que tenga por objeto revocar, modificar o nulificar el acto reclamado. En este contexto, como en el caso a estudio, la parte quejosa reclamó en este juicio de amparo los acuerdos de diez y trece de mayo de dos mil diecinueve, emitidos en el expediente número SS/148/17-10/SP por el Subdirector de Regulación de Empresas de Seguridad Privada adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, por medio de los cuales con apoyo en el artículo 120 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, se agregó al expediente, de acuerdo al numeral 116 del Código Administrativo del Estado de México, se autorizó domicilio y con apoyo en el 43 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México, no se acordó favorable su petición y se requirió al quejoso para que exhiba diversa documentación; asimismo, se determina que debe de abstenerse de prestar el servicio hasta en tanto de cumplimiento a dicho requerimiento, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Del dispositivo aludido se advierte que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en comento, son los siguientes: El acto reclamado debe emanar de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, b) Contra ese acto debe proceder algún medio de defensa legal; c) Por medio de ese medio de defensa, el acto reclamado debe ser susceptible de modificación, revocación o nulificación. Para poder establecer que en el caso se actualiza la causal de improcedencia de mérito es menester referir al texto de los dispositivos legales de carácter procesal que rigen a la ley del acto reclamado, respecto de los recursos ordinarios y los tipos de resoluciones judiciales que se puede emitir, en cuanto al tipo de acto que se reclama en esta instancia constitucional, esto es, al Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. En efecto, los diversos 111, 186, 187, fracción II y 229, fracción II del Código de Procedimientos Administrativos del estado de México, estatuyen: "Artículo 111.- Los particulares podrán participar en el procedimiento administrativo con el carácter de peticionario, afectado o tercero interesado. Es peticionario quien hace a la autoridad administrativa una solicitud. Afectado es la persona susceptible de ser perjudicada por un acto administrativo o fiscal en sus derechos e intereses legítimos. El tercero interesado es aquél que tiene una pretensión contraria o coincidente con la del peticionario. Artículo 186.- Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Artículo 187. El recurso de inconformidad procede en contra de: II. Los actos administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; Artículo 229.- Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; ." En tal sentido, en los dispositivos legales transcritos se observa que el Juicio Contencioso Administrativo, procede contra los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal que afecten los derechos de particulares de imposible reparación. Bajo esas premisas, si en el caso a estudio se reclaman los acuerdos de diez y trece de mayo de dos mil diecinueve, emitidos en el expediente número SS/148/17-10/SP por el Subdirector de Regulación de Empresas de Seguridad Privada adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, por medio de los cuales con apoyo en el artículo 120 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, se agregó al expediente, de acuerdo al numeral 116 del Código Administrativo del Estado de México, se autorizó domicilio y con apoyo en el 43 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México, no se acordó favorable su petición y se requirió al quejoso para que exhiba diversa documentación; asimismo, se determina que debe de abstenerse de prestar el servicio hasta en tanto de cumplimiento a dicho requerimiento, es inconcuso que en contra del precitado acto administrativo, la parte quejosa está en aptitud de promover el recurso de inconformidad ante la propia autoridad o el Juicio Contencioso Administrativo, antes de acudir a esta instancia constitucional, lo que conlleva a determinar la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve. Se afirma lo anterior, en atención a que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, prevé en sus artículos 186, 187 y 229, como ya se dijo, el recurso de inconformidad o el Juicio Contencioso Administrativo, los cuales proceden en el caso que nos ocupa de manera indistinta a elección del afectado con el acto de autoridad. Por consiguiente, se actualiza la hipótesis estatuida en la citada fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia, al haberse colmado las exigencias siguientes: a) La determinación reclamada es un acto administrativo proveniente del Subdirector de Regulación de Empresas de Seguridad Privada adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. b) El acto reclamado es impugnable mediante el recurso de inconformidad o el Juicio Contencioso Administrativo, establecido el código adjetivo administrativo de la entidad. c) Por medio de dicho recurso, el acto reclamado puede ser confirmado, modificado o revocado. Consecuentemente, ante tal afectación (los acuerdos de diez y trece de mayo de dos mil diecinueve, emitidos en el expediente número SS/148/17-10/SP por el Subdirector de Regulación de Empresas de Seguridad Privada adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México), proceden como medios de defensa el recurso de inconformidad ante la propia autoridad administrativa o el juicio contencioso administrativo, previstos en los artículos 186, 187 y 229, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Por otra parte, la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia, también precisa que los juicos o medios de defensa legal que establezcan las leyes respectivas, deben suspender los efectos de los actos reclamados sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder dicha suspensión. De conformidad con el artículo 254 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, la ley que regula el acto de afectación contempla la suspensión, sin mayores requisitos que los que exige la legislación de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia visible en la página 2936, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 24, noviembre de dos mil quince, tomo III, Décima Época, sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL: De la interpretación de los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no se advierte que se exijan mayores requisitos para otorgarla que los consignados en los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, pues no disponen requisitos adicionales, sino sólo ciertas diferencias que atienden a las características propias de cada sistema; por tanto, al no existir excepción al principio de definitividad, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional.". Por consiguiente, si respecto de dicho acto de afectación procede el recurso de inconformidad ante la propia autoridad municipal o el Juicio Contencioso Administrativo, previstos en los artículos 186, 187 y 229, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, mediante los cuales, puede ser revocado o modificado el acto de afectación, y que además dicha legislación contempla la suspensión del acto reclamado sin mayores requisitos que los de la Ley de Amparo contempla, es indudable que el juicio de garantías deviene improcedente al no haberse agotado previamente los medios de impugnación señalados. Asimismo, el principio de mérito admite una serie de excepciones que la propia Ley de Amparo señala, en esa virtud, la observancia de dicho principio no es imperativa, pues previo a atender a determinar si el juicio de amparo es procedente o no por no haberse agotado el medio de defensa legal que la ley pone al alcance del afectado con el acto de autoridad, se debe atender a si el caso en concreto se encuentra situado en una de las excepciones que la ley de la materia contempla. Las excepciones señaladas en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo son: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". En el presente caso, el acto reclamado no se sitúa en ninguna de excepciones antes citadas, toda vez que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se reclaman actos que afecten la libertad personal del quejoso, ni se trata de persona extraña al procedimiento, toda vez que el quejoso es parte en el expediente número SS/148/17-10/SP, del índice de la Subdirección de Regulación de Empresas de Seguridad Privada adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Además existen criterios específicos al principio de definitividad, como sería el caso de que en la vía directa tratándose de violaciones procesales se exime de agotarlo el principio de definitividad; en el caso de procedimientos que afecten el estado civil, el orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces; así como cuando el acto que se reclama carece de fundamentación y motivación; o cuando se aduce violación, únicamente, a la garantías de audiencia, sin precisar violación a leyes secundarias; o cuando se admite la prueba pericial en contabilidad; o cuando los recursos ordinarios se encuentren previstos en un reglamento, comprende a los medios de defensa contenidos en reglamentos heterónomos y no así en reglamentos autónomos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia por contradicción número 1a./J. 41/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 101, Tomo XIV, Agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SOLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES. La interpretación literal, sistemática y teleológica de lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 161 de la Ley de Amparo, permite concluir que la excepción al principio de definitividad que dichas normas establecen, procede exclusivamente cuando en amparo directo en materia civil, se impugnen sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, por violaciones a las leyes del procedimiento que afecten las defensas del quejoso, siempre que dichas sentencias se hayan dictado en controversias relativas al estado civil o que afecten al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces. Ahora bien, si se toma en consideración que sólo en este caso específico y respecto de la referida vía de amparo, el interesado queda eximido de preparar el juicio de amparo, resulta inconcuso que no puede hacerse extensiva la citada excepción a los casos en los que por la diversa vía del amparo indirecto se impugnen actos de tribunales civiles ejecutados fuera de juicio o después de concluido, no obstante que se trate de controversias del estado civil o de actos que pudieran afectar al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces, pues del contenido textual y de la interpretación de los mencionados preceptos legales se infiere que fue voluntad del Constituyente Reformador y del legislador ordinario, que la excepción en cita procediera exclusivamente en vía de amparo directo. Lo anterior se confirma con la interpretación de lo establecido respecto al juicio de amparo indirecto, en el inciso b) de la fracción III del señalado precepto constitucional y en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, así como por el hecho de que por la propia naturaleza procedimental de esta vía, no se requiere de actos procesales tendientes a su preparación". En el mismo sentido, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 119, Tomo 175-180 Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuya literalidad es como sigue: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca". Finalmente, apoya lo considerado, la tesis número VI.1o.A.40 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 3125, Tomo XXVI, Octubre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuya literalidad es la siguiente: "DEFINITIVIDAD. LA EXCEPCIÓN DE AGOTAR ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO LOS RECURSOS ORDINARIOS SE ENCUENTREN PREVISTOS EN UN REGLAMENTO, COMPRENDE A LOS MEDIOS DE DEFENSA CONTENIDOS EN REGLAMENTOS HETERÓNOMOS Y NO ASÍ EN REGLAMENTOS AUTÓNOMOS. Si bien la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LVI/2000 de rubro: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", sostuvo que previamente a la promoción del juicio de amparo, no es obligatorio agotar los medios ordinarios de defensa contra el acto reclamado cuando éstos se encuentren previstos en un reglamento y no así en la ley de la que deriva aquél, se estima que la precitada excepción debe ser referida respecto de los reglamentos heterónomos emitidos en uso de la facultad reglamentaria que se sujeta a los principios generales de reserva de la ley y de subordinación jerárquica, pero no así a los reglamentos autónomos que, de conformidad con los marcos constitucionales federal y local, son emitidos por los Municipios en los ámbitos de su competencia sin que reglamenten una ley determinada. Lo anterior, porque la citada excepción al principio de definitividad debe entenderse como referida a aquellos reglamentos que, emitidos en ejercicio de la facultad reglamentaria, prevén un recurso que no está previsto en la ley de que derivan, esto es, que violan los principios a que se sujeta el ejercicio de dicha facultad -reserva de ley y subordinación jerárquica- y, por ende, sería jurídicamente inadmisible que se exigiera al gobernado, antes de acudir al amparo, agotar un recurso previsto en una disposición reglamentaria que excede el contenido de la disposición legal en la que el reglamento encuentra su origen, justificación y medida; empero, en tratándose de los reglamentos autónomos cuyo fundamento se encuentra en los artículos 21, primer párrafo y 115 de la Constitución General de la República, dado que su existencia y contenido no se supeditan a la expedición previa de una norma formal y materialmente emitida por el Poder Legislativo, sino que subsisten por sí mismos en sus ámbitos territoriales y materiales de validez, sin que deban sujetarse a los anteriores principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica, es inconcuso que en el caso de este tipo de reglamentos sí deben agotarse los recursos ordinarios previstos en ellos en forma previa a la promoción del juicio de garantías, lo que resulta congruente con la especial naturaleza de la acción de amparo como un medio extraordinario de defensa y de control de la constitucionalidad, y puesto que de no considerar que deban agotarse los recursos ordinarios previstos en los reglamentos autónomos en forma previa a la promoción del juicio de amparo, ello tendría como consecuencia que las actuaciones reglamentadas por los entes municipales en los ámbitos de su competencia constitucional -seguridad pública, tránsito, mercados, rastros, panteones, etcétera- no estarían sujetos al principio de definitividad, sino que podrían combatirse en forma inmediata mediante el juicio de garantías, lo que atentaría contra la especial jurisdicción que caracteriza a dicho medio de control de la constitucionalidad". Ahora, el acto reclamado no carece de fundamentación y motivación, dado que de la lectura que se haga de los antecedentes del acto reclamado que bajo protesta de decir verdad vierte el impetrante, se advierten diversas disposiciones que fundó la autoridad para no acordar favorable su petición, como son los artículos 25, fracción 1, 26, 27 y 28 del Código de Procedimientos del Estado de México. Tampoco se alegan únicamente violaciones directas a la constitución, pues de los conceptos de impugnación se advierte que aunque el quejoso reclame trasgresión al derecho fundamental de seguridad jurídica, en las fojas diez, once y trece de autos se corrobora que controvierte la violación en que incurre la autoridad responsable respecto de los artículos 30 y 40 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México, así como el numeral 35 de la Ley Federal del Trabajo. Apoya lo anterior la jurisprudencia número VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, Tomo XXIII, Marzo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas". Por tanto, al quedar actualizada la causal de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional procede desechar de plano la demanda de amparo formulada por Abel Martínez Flores, persona física con actividad empresarial con nombre comercial Seguridad Privada Diaval, contra actos del Subdirector de Regulación de Empresas de Seguridad Privada adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia. Autorizados.- Atento a la certificación de cuenta, se tiene por autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rosalba Martínez Flores, puesto que no cuenta con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, hasta en tanto registre su cédula profesional en el sistema adoptado. Domicilio.- Asimismo, con apoyo en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria y 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio el señalado por la parte quejosa en su escrito de demanda. Habilitación de días y horas inhábiles.- De conformidad con el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Autorización de medios electrónicos. Como lo solicita la autoridad promovente, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de medios electrónicos, así como la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas; en el entendido que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese, personalmente
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