Secretario de Hacienda Y Crédito Público

Expediente 1895/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1895/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
15/01/2019

Partes del expediente

  • Secretario de Hacienda Y Crédito Público
  • Roberto Contreras Colín

Actuaciones

  1. Principal

    VI) Toluca, Estado de México a quince de enero de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Nayarit, por medio del cual comunica que acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********************. Háganse las respectivas anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese orden, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción; ello con fundamento en el Punto Vigésimo, inciso I), en relación con el Segundo, inciso XX), pues los mismos establecen: "SEGUNDO. Para los efectos de este Acuerdo, se entenderá por: (.) XX. Expedientes auxiliares: Todos aquellos que contienen actuaciones procesales vinculadas a los procedimientos de que conocen los órganos jurisdiccionales; tales como exhortos, despachos, requisitorias, cuadernos de antecedentes, expedientillos varios, entre otros; (.)". "VIGESIMO. Los Jueces de Distrito deberán desincorporar y destruir aquellos expedientes que cuenten con más de seis meses de haberse dictado la sentencia o la resolución interlocutoria correspondiente y que teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes conforme al procedimiento indicado en el párrafo último de este punto, que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos: I. Todos aquellos expedientes auxiliares (.)" En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo, inciso XVIII) del Acuerdo General Conjunto referido, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Notifíquese.

  2. Principal

    vi)Toluca, Estado de México; diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho. Recepción de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por el servidor público Roberto Contreras Colín, adscrito al Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, quién acredita su personalidad y de manera particular con los documentos que se detallaron en la cuenta - por propio derecho, contra las autoridades responsables que enseguida se precisan: Autoridades responsables "III.1 AUTORIDADES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO LEGISLATIVO. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Cámara de Diputados del mismo Poder Legislativo de la Federación. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretario de Gobernación. Conforme al artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, no se señala como autoridad responsable al Director del Diario Oficial de la Federación, por cuanto a la publicación del Decreto respectivo, dado que no se controvierte por vicios propios. Asimismo, se precisa que en la especie no operó el acto de refrendo en el proceso legislativo. III.2. CON EL DOBLE CARÁCTER DE ORDENADORA Y EJECUTORA. Secretario de Hacienda y Crédito Público. Tesorero de la Federación. Procurador General de la República. III.3. COMO EJECUTORAS. Consejo de la Judicatura Federal. Director General de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal. Director de Nómina del Consejo de la Judicatura Federal. Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales del Consejo de la Judicatura Federal. Jefe del Servicio de Administración Tributaria. Todas las anteriores con domicilio conocido en la Ciudad de México. 13. Administrador Regional del Consejo de la Judicatura Federal en el Estado de Nayarit, con domicilio en calle Boulevard Tepic-Jalisco No. 521 Sur Colonia Caja de Agua Tepic, Nayarit. " Radicación. Fórmese expediente y regístrese con el número 1895/2018-VI, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consideraciones previas. Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese orden, del contenido de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama, esencialmente, lo siguiente: Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el cinco de noviembre de dos mil dieciocho en el Diario Oficial de la Federación; Artículos Primero y Segundo Transitorio de ese Decreto. Artículo Primero por el que se expide dicha Ley. Las reformas y adiciones al Código Penal Federal, específicamente a los artículos 217 Bis y 217 Ter, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho; Omisiones legislativas del Congreso de la Unión respecto a la creación de dichas normas. Los efectos y consecuencias que implican esas disposiciones. En ese contexto, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación literal de dicho precepto se advierte que el Juez de Distrito es competente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo, en los siguientes casos: Es Juez competente para conocer del asunto aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Es competente el juez de distrito que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en sus jurisdicciones. Es Juez competente aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo, siempre y cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material. Entonces, de conformidad con las premisas que estatuye el artículo 37 de la Ley de Amparo, por regla general, para conocer de un juicio de amparo será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías. Es aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 107, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época, con número de registro 200781, que establece: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCION ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Sobre la base expuesta, como se advierte, en el caso se reclama la inconstitucionalidad una norma general en su carácter autoaplicativo, lo que si bien tiene como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer, desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de ninguna manera puede servir de base para que se le identifique con aquellos actos que, por no requerir ejecución material, deben ser conocidas por el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que los dictó, pues es evidente que una ley autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones, por lo que, la circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, queden automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder, por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos. Bajo esa premisa, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tengan ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen, traten de realizarse o vayan a tener lugar, dicho en otras palabras, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, es el que determina la competencia territorial de los Jueces de Distrito. Establecido lo anterior, el suscrito estima que carece de competencia legal por razón territorial para conocer del presente asunto, pues el acto reclamado se relaciona principalmente con el desempeño de las funciones del quejoso, así como con las percepciones que éstos reciben, en atención a su calidad de servidor público adscrito al Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, situación que al conllevar un principio de ejecución, se patentiza que dicha ejecución se produce en relación con el domicilio laboral de los quejosos. En ese sentido, si el centro laboral del quejoso no se ubica dentro de la circunscripción territorial que corresponde a este Juzgado de Distrito, y la ley que se reclama tendrá ejecución en aquél lugar donde habrá de aplicarse a la parte impetrante, esto es, en el domicilio de su fuente laboral, pues es ahí donde se concretarán los efectos de los supuestos normativos que contienen las disposiciones en controversia, dicha circunstancia hace evidente que este juzgado de distrito no tiene competencia para conocer del presente asunto. Lo anterior se afirma, pues el órgano jurisdiccional al cual se encuentra adscrito el quejoso, a saber, el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit. Dicha circunstancia se corrobora con las constancias que adjuntó el quejoso a la demanda de amparo, relativas a la copia certificada de su nombramiento, credencial de trabajo, recibos de pago, así como con el original de la constancia de antigüedad emitida, esta última, por la Dirección General de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal. Documentales que alcanzan valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 226, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, primera parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Materia Común, con número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." De ahí que, si la parte promovente tiene su centro de trabajo fuera de la jurisdicción territorial de este Juzgado, se deduce que este órgano no es competente por razón de territorio para conocer de la demanda de mérito, toda vez que el acto reclamado se ejecutará en la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en Tepic, Nayarit, en turno. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a. 11, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 193, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, Octava Época, con registro 206498, de rubro y texto siguientes: "LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS. El hecho de que una ley autoaplicativa tenga como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer, desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de ninguna manera puede servir de base para que se le identifique con las resoluciones a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, con aquellas que, por no requerir ejecución material, deben ser conocidas por el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que las dictó, pues es evidente que una ley federal autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. La circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, queden automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder, por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos." Igualmente, sirve de apoyo por su contenido jurídico la jurisprudencia PC.VII.L. J/1 L (10a.), publicada por el Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 995, Libro 20, Julio de 2015, Tomo II, Décima Época, con registro 2009606, que se transcribe: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA LEY 247 DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ, RECLAMADA COMO AUTOAPLICATIVA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA SU CENTRO DE TRABAJO. Del artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se advierte que, con independencia del lugar donde radique la autoridad ordenadora, si el acto reclamado tiene carácter ejecutivo, el conocimiento de la instancia constitucional recaerá en el juzgado federal que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; por ende, al constituir la Ley 247 de Educación del Estado de Veracruz una norma autoaplicativa que sí amerita ejecución material, precisamente, en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones, entendiendo por éstos, aquellos en los cuales se desempeñen como docentes o autoridades educativas y escolares, es que resulta evidente que la competencia para conocer de los juicios de amparo en los que se reclame la inconstitucionalidad de esa normatividad, se surte a favor del Juzgado de Distrito que ejerza jurisdicción en la localidad en la que se encuentre el centro de trabajo de los quejosos, así manifestado bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, al haber promovido el juicio constitucional en su carácter de trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz; sobre todo, porque la protesta de decir verdad de la demanda de amparo, que en relación con los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de sus conceptos de violación, es un requisito formal y no una mera fórmula sacramental o solemne; así que, el juzgador de amparo no puede desconocer a priori lo manifestado por el peticionario de amparo, desde el auto de admisión, pues no pondera respecto de la certeza de los actos reclamados o su vinculación con las autoridades responsables; de modo que, para estimar competente al Juez de Distrito ante quien se interpone juicio de amparo en contra de la Ley 247 de Educación del Estado de Veracruz, a partir de esa fase del procedimiento, basta que en la demanda se hubiera señalado el lugar donde los quejosos tienen su fuente de trabajo para corroborar la competencia del juez federal ante quien se presentó, si ello aconteció bajo protesta de decir verdad; sin perjuicio de que durante el juicio o en la audiencia constitucional se pueda concluir de manera diversa." Finalmente, es aplicable la tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, con número de registro 189167, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase la demanda y sus anexos, al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en Tepic, Nayarit, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, pues se insiste, es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde tuvo ejecución el acto reclamado. Por otra parte, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno y en términos del citado artículo 48 de la Ley de Amparo, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. Con motivo de lo anterior, con copia certificada de las constancias necesarias, y autógrafa de la presente determinación, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Domicilio. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. Habilitación de días y horas inhábiles. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Supresión de datos personales. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene por realizada su oposición a la publicación de los datos sensibles para los efectos del presente juicio de amparo, por lo que se comisiona al actuario judicial adscrito a verificar la supresión al momento de publicar las notificaciones. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano