Segunda Sala en Materia Civil de Toluca y Otros.

Expediente 1135/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1135/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
27/07/2022

Partes del expediente

  • Segunda Sala en Materia Civil de Toluca y Otros.
  • Jorge Castillo Toriz

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Estado procesal de autos Visto el estado procesal de los autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal contra la determinación de catorce de julio del año en curso, por la que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado estado. Archivo Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Destino del expediente En acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, el diverso arábigo 8.1.2 numeral 4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ambos ordenamientos establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, catorce de julio de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Jorge y Raúl, ambos de apellidos Castillo Toriz; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1135/2022 I-A. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis de la demanda se precisa que el acto reclamado consiste en: La resolución de uno **** 431/2022 del índice de la Segunda Sala en Materia Civil de Toluca, Estado de México que confirmó el auto de veintitrés de mayo de la presente anualidad, emitido dentro del juicio **** del índice del Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, mediante la cual se negó declarar por confesos a los actores con motivo de su incomparecencia en la audiencia de desahogo de pruebas de doce mayo del mismo año. DESECHAMIENTO. Al respecto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Dichos numerales, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.]". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De la transcripción que antecede, se infiere que, cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación. Ahora bien, el concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableciendo dos criterios para determinar la procedencia del juicio de garantías contra los actos emitidos dentro de un juicio, los cuales son los siguientes: Los actos procesales que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Los actos procesales o formales son de ejecución irreparable cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. Encuentra sustento lo anterior en la tesis: P. LVII/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Octubre de 2004, Pagina 9 de la Novena Época, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo.". De esta forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en primer término, como regla general, que un acto dentro del juicio es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecta derechos adjetivos o procesales, de tal forma que cualquier violación procesal, debe ser impugnada únicamente en el momento en que se promueva el amparo directo en contra de la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Este criterio se plasmó en varias tesis, destacando entre ellas la jurisprudencia 24/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son los siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.". Así, los derechos sustantivos protegidos por la Constitución que no pueden ser reparados mediante el dictado de la sentencia definitiva son aquellos que se refieren a los derechos personales o reales de los gobernados, mismos que surten efectos independientemente de cualquier juicio o procedimiento. De esta manera, el arresto, el arraigo, el embargo, o la imposición de multas son figuras jurídicas que pueden causar un agravio irreparable a los gobernados, pues limitarían las garantías de libertad personal y de tránsito, de propiedad, de posesión, etcétera, mismas cuyo goce tenían los gobernados independientemente de cualquier juicio o procedimiento y que no serían susceptibles de restituirse, aunque se dictara una sentencia favorable a los gobernados afectados, pues no obstante que se les dejara en libertad, se cancelara el embargo o se les devolvieran los bienes, sería imposible restituirles esos derechos por el tiempo que de ellos se privó a los gobernados. Por el contrario, los derechos de naturaleza adjetiva o procesal tienen como característica que surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de éste los gobernados no los tenían y si dichos derechos fueran violados, la sentencia definitiva que se dictara a favor de los gobernados agraviados podrían tener como efecto la restitución de los mismos, pues se repondría el procedimiento y se restablecería el derecho violado; en caso contrario, si la sentencia fuera en contra de los afectados y esas violaciones procesales trascendieran el resultado del fallo, los gobernados podrían reclamar éstas a través del juicio de amparo directo en términos de los artículos 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 172, fracción III de la Ley de Amparo. Una vez definido lo anterior, tomando en consideración que la parte quejosa reclama un acto procesal dentro del juicio, como es la resolución de uno de julio de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación ***del índice de la Segunda Sala en Materia Civil de Toluca, Estado de México que confirmó el auto de veintitrés de mayo de la presente anualidad, emitido dentro del juicio 900/2019 del índice del Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, mediante la cual se negó declarar por confesos a los actores debido a su incomparecencia en la audiencia de desahogo de pruebas de doce mayo del mismo año; se pone de manifiesto que dicho acto no afecta de modo directo e inmediato ningún derecho sustantivo, pues no lesiona de una manera real y efectiva los derechos y la persona de los promoventes, ni mucho menos los deja sin defensa, toda vez que los efectos del acto reclamado en su caso pueden considerarse que producen una afectación a los derechos de naturaleza adjetiva o procesal, siendo meramente formales y desaparecen si los afectados obtienen sentencia favorable; por ello, el acto que se combate en esta instancia constitucional no les depara perjuicio alguno que pueda tener una ejecución irreparable, ya que sólo afecta derechos adjetivos y no irrumpe en la esfera de sus derechos sustantivos como la vida, libertad, trabajo, propiedad, etcétera, y si por el contrario, el acto que reclama trascendiera al fallo que resuelva en definitiva el juicio de origen, las violaciones que alegan pueden hacerse valer en el amparo directo que en contra de la resolución definitiva se promueva, como lo señala el artículo 172 fracción III, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior por identidad de razón, la tesis V.3º.3 C emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 1157, octubre de 1998, Tomo VIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE REVOCACIÓN QUE CONFIRMA LA NEGATIVA DE TENER POR ACUSADA LA REBELDÍA A LA DEMANDADA. El auto mediante el cual se resuelve el recurso de revocación que confirma el acuerdo que niega la petición de la actora de que se declarara la rebeldía a la parte demandada, por considerar que había contestado la demanda fuera de tiempo, no es de imposible reparación ya que sólo afecta los derechos adjetivos o procesales de la quejosa, que constituyen una violación que podría no trascender al sentido de la sentencia, pues por su naturaleza jurídica sólo produce efectos intraprocesales los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable, y en el supuesto de que no lo fuera, estaría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente e incluso acudir al juicio de amparo directo donde podría delatar las violaciones procesales; por lo que no hay duda de que no se está en presencia de actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b) constitucional, en relación con el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, por tanto, en su contra no procede el amparo biinstancial." Por ende, si el acto reclamado, no produce afectación material de derechos sustantivos, no se surte el supuesto de procedencia de amparo indirecto al no estarse en el caso de un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del diverso 107, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda promovida por Jorge y Raúl, ambos de apellidos Castillo Toriz. DOMICILIO Luego, en cuanto a su petición de tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico que señala, no ha lugar de proveer favorable, ya que no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 30 y 31 de la Ley de Amparo. No obstante, conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en los estrados de este juzgado de Distrito. AUTORIZADOS Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. REPRESENTANTE COMÚN Ahora bien, toda vez que los quejosos fueron omisos en designar un representante común, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de éstos a Jorge Castillo Toriz. MEDIOS ALTERNOS DE COMUNICACIÓN NO PROCESALES Luego, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como "medio de comunicación alterno" (no procesal), el correo electrónico que para tal efecto proporciona. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES. En términos del Acuerdo General 20/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el siete de agosto de dos mil veintidós o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 9/2022. EXPEDICIÓN DE COPIAS Desde este momento se autoriza a las partes la reproducción de copias fotostáticas a su costa, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional; en el entendido que previa entrega, deberá quedar debidamente asentado en autos su recepción, ello para su constancia legal. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias o revisión de expedientes etc.); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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