Sebastián Guadarrama Treviño

Expediente 602/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
602/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
21/02/2022

Partes del expediente

  • Sebastián Guadarrama Treviño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por medio del cual, en alcance a la misiva que envió de manera electrónica en la que hizo del conocimiento el testimonio de la resolución emitida el veinte de enero de dos mil veintidós, en el recurso queja 219/2021, de su índice, remite un legajo de copias certificadas del presente asunto y solicita el acuse de recibo correspondiente; atento a ello, acúsese recibo de las constancias recibidas. Por otro lado, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento respecto al testimonio que refiere, así como al archivo del juicio en que se actúa, ya que mediante acuerdo de once de febrero anterior, se proveyó lo conducente.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Intégrese el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por medio del cual acusa recibo del recurso de queja interpuesto por el quejoso, en contra del proveído de nueve de julio de dos mil veintiuno, e informa que lo admitió bajo el número 219/2021.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Intégrese el escrito signado por el quejoso ********* a través del cual, interpone recurso de queja contra el proveído de nueve de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto ese recurso. Como hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse la presentación de ese medio de defensa, ríndase el informe respectivo, al que se anexará el original y copia del escrito de agravios; asimismo, copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio. Se requiere al Secretario y oficial administrativo encargado del expediente para que previo a la remisión del oficio respectivo, verifiquen que las constancias remitidas van completas y debidamente certificadas.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, nueve de julio de dos mil veintiuno. DESAHOGO PREVENCIÓN. Agréguese el escrito que suscribe el quejoso S*********, por el cual desahoga la prevención realizada el seis de julio de dos mil veintiuno; en consecuencia, se provee: ANÁLISIS DE PROCEDENCIA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En el caso, conviene establecer que el quejoso, en su escrito de desahogo de prevención, refiere dolerse de la omisión en que han incurrido las autoridades que señaló como responsables, en su carácter tanto de ordenadoras como ejecutoras, y que hizo consistir esencialmente en: "La falta de dar total cumplimiento a la ´Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2 para la prevención de la Covid 19 en México´, en específico a la "Etapa 5: resto de la población" . toda vez que dichas autoridades, por medio de su estrategia de vacunación publica, se comprometieron a iniciar la dosificación de la inmunización al resto de la población -39 a 16 años- a partir del mes de julio del año en curso ." DESECHAMIENTO Puntualizado lo anterior, se estima que por lo que atañe a las omisiones de las que se duele el amparista se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que los actos reclamados no afectan su esfera jurídica. La porción normativa en que este órgano de control constitucional se apoya para arribar a la conclusión que con las omisiones de las que se duele el quejoso en la instancia de amparo, no se afecta su interés jurídico o legítimo, es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" De dicho numeral, se colige que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando no se afecta el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa. Por interés jurídico debe entenderse la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se trasgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano de control constitucional demandando el cese de esa violación siendo, por tanto, ese derecho protegido por el ordenamiento legal sustantivo, lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, enero 2008, página 225, del rubro y contenido siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." En consecuencia, para acreditar el interés jurídico en la instancia constitucional es necesario que la parte quejosa demuestre: Ser titular de un derecho subjetivo legítimamente tutelado; y, Que el acto de autoridad afecte ese derecho. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, II, marzo 2019, libro 64, del rubro y texto siguientes: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Sentado lo anterior, conviene reiterar que del contenido de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso esencialmente reclama la omisión en que han incurrido las responsables en cumplir a cabalidad con la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México, y su ejecución. Ahora bien, del análisis la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-COV-2 para la Prevención del COVID-19 en México, versión 5.0, publicada en la página oficial de internet www.coronavirus.gob.mx, el seis de abril de dos mil veintiuno, se advierte que las etapas de la estrategia de vacunación por grupos poblacionales priorizados, son de la siguiente manera: - Etapa 1: Diciembre 2020 - Febrero 2021c Personal de Salud de Primera Línea de Control de la COVID-19 - Etapa 2: Febrero - Mayo 2021 Personal de Salud Restante y Personas de 60 y más años. - Etapa 3: Mayo - Junio 2021 Personas de 50 a 59 años. - Etapa 4: Junio - Julio 2021 Personas de 40 a 49 años. - Etapa 5: Julio 2021- Marzo 2022 Resto de población. En ese tenor, es dable sostener que la etapa de vacunación a la que se encuentra sujeto el quejoso Sebastián Guadarrama Treviño, es a la identificada con el número cinco, por contar con la edad de veintitrés años, en términos del acta de nacimiento que adjuntó a su libelo inicial. Luego, de acuerdo con los periodos de vacunación vigentes establecidos por la autoridad de salud Federal, al quejoso deberán proporcionar o suministrar la vacuna que corresponda, en el periodo comprendido del mes de julio de dos mil veintiuno a marzo de dos mil veintidós, acorde a dichos instrumentos normativos y los lotes de vacunas que tengan disponibles para tal efecto; por tanto, resulta evidente que hasta este momento no existe una afectación directa en los derechos del amparista. Lo anterior se sostiene en la medida que, como se vio, los periodos para el suministro de la vacuna, para el grupo poblacional al que pertenece el quejoso, se encuentra en curso, es decir, hasta esta fecha no existe un desfase o una omisión por parte de las autoridaes responsables en el registro y posterior suministro de la vacuna contra el Virus SARS-COV-2, en la persona del quejoso, que pudiera ocasionar una lesión en su esfera de derechos. Máxime que, corresponde a este último estar atento a la información que difundan las autoridades sanitarias nacionales y locales respecto a los espacios, registros u otras determinaciones que dicten para efecto de cumplimentar el Plan Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-COV-2 para la Prevención del COVID- 19 en México y les sea efectivamente aplicada la vacuna dentro de los periodos previstos para tal efecto. Aunado a lo anterior, constituye un hecho notorio para este juzgador que el seis de julio del año que transcurre, la secretaría de salud federal, a través del portal "https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php", aperturó el registro para que el resto de la población Mexicana, es decir, personas mayores de dieciocho años en adelante, puedan obtener la vacuna contra el Virus Sars Cov 2 (Covid-19); hipótesis en la que se ubica el amparista, por tener veintitrés años de edad; de ahí que no existe una afectación real y directa a su interés jurídico o legítimo, en virtud de que las autoridades de salud -como se vio- ya abrieron el registro para el resto de la población , en cumplimiento a la estrategia de vacunación vigente. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XII de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por S******.

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