Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán

Expediente 37/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
37/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
03/04/2023

Partes del expediente

  • Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán
  • Donaji Estrada Botello
  • Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos del presente cuaderno auxiliar, así como los del expediente electrónico vinculado al presente asunto relativo al juicio de amparo indirecto 2201/2022-VI, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, se advierte que el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, dicho órgano jurisdiccional recibió el oficio suscrito por este juzgado, mediante el cual se le informó que la sentencia dictada en su auxilio, se encontraba agregada al presente expediente electrónico; por lo tanto, conforme lo dispuesto en el oficio SECNO/STCCNO/1295/2022 de dos de diciembre de dos mil veintidós, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, no existe más que cumplimentar. En ese sentido, se declara procedente remitirlo al archivo como asunto concluido, sin que resulte procedente realizar la valoración correspondiente, toda vez que no encuadra dentro de las hipótesis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, por no haberse formado expediente físico ya que todas las actuaciones se generaron de manera electrónica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Cúmplase. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    SE RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ****, contra los actos reclamados a las autoridades responsables que quedaron precisados en el considerando segundo, por los motivos, causas y fundamentos expuestos en los considerandos cuarto y sexto, de esta sentencia. SEGUNDO. Se ordena publicar la presente sentencia en términos de lo establecido en los dos últimos considerandos. Notifíquese en términos de ley a las partes por conducto del juzgado auxiliado y a éste último por interconexión

  3. Principal

    VISTA LA CERTIFICACIÓN SECRETARIAL QUE ANTECEDE, ASÍ COMO EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, SE ADVIERTE QUE FENECIÓ EL PLAZO DE CINCO DÍAS QUE EL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO, CONCEDE PARA INTERPONER RECURSO DE QUEJA CONTRA EL PROVEÍDO DE DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, SIN QUE LA PARTE QUEJOSA HAYA INTERPUESTO DICHO MEDIO DE IMPUGNACIÓN; EN CONSECUENCIA, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 288, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, APLICADO SUPLETORIAMENTE A LA LEY DE LA MATERIA POR DISPOSICIÓN EXPRESA DE SU ORDINAL 2, SE DECLARA QUE HA QUEDADO FIRME DICHO PROVEÍDO. EN CONSECUENCIA, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO Y HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO, ASÍ COMO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (S.I.S.E.). NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    Por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. Registro Fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 37/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Estudio de la demanda Precisado lo anterior, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario realizar el análisis que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, a fin de dilucidar si en aquélla existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien, para efectos de la disposición normativa invocada, se considera insoslayable precisar lo que se debe entender por causa manifiesta e indudable de improcedencia. Para dilucidar el alcance de los conceptos anteriores, resulta imprescindible invocar la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, novena época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. ... Del criterio jurisprudencial anterior, se puede advertir que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, es pertinente precisar que, del análisis integral del escrito de demanda, el acto que se reclama consiste en la omisión del juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en Chilpancingo, Guerrero, para dar debido cumplimiento al oficio 3683, recibido el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, por medio del cual el juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, en esta ciudad, le solicitó informara el estado procesal que guarda el juicio 354/2020-III, de su índice. Hecha tal precisión, este juzgado federal estima que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V de la Ley de Amparo. Bajo ese tenor, se precisa lo dispuesto por los mencionados artículos: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 107 fracción V de la Ley de Amparo, como actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, el Pleno del Máximo Tribunal del país interpretó que debe entenderse por "actos de imposible reparación"; al respecto, adujo que esos actos puedan ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían de ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo; además, que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas. Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desglose del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo ese tenor, el artículo 17 constitucional garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los Tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí mismos, cuyo texto dice: "Articulo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." Ahora bien, es pertinente precisar a qué se refieren los principios que integran el derecho fundamental de acceso a la justicia, los cuales se traducen en lo siguiente: - Justicia pronta, se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias planteadas ante ellas dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; - Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; - Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y - Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no recaudarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Luego, si el citado derecho fundamental está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Lo cual implica que las autoridades judiciales, administrativas o del trabajo no deben retardar o entorpecer indefinidamente la función de administrar justicia, ya que su obligación de sustanciar y resolver los juicios ante ellas ventilados dentro de los términos establecidos por las leyes procesales respectivas, deriva del hecho de que están obligadas a despachar los negocios en que intervengan, en forma expedita, de conformidad con los plazos procesales, y tomar las medidas necesarias para vigilar el cumplimiento de sus determinaciones, incluso a través del uso de mecanismos legalmente aplicables, de no hacerlo, se viola dicho derecho fundamental. No obstante, se destaca que de conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; por lo que es necesario que se produzca una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro o fuera de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, por lo que en este caso el juicio de amparo es improcedente. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente. Dicho de otro modo, el amparo indirecto es notoriamente improcedente cuando se promueve por una de las partes en el juicio natural, contra la omisión de la autoridad jurisdiccional de proseguir en tiempo con el juicio (notificar a la parte contraria), al tratarse de una violación intraprocesal que no afecta derechos sustantivos. Lo anterior, se basa en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. ... Cabe decir que en el caso no se surte la excepción prevista en la parte final de la jurisprudencia antes transcrita, esto es, no se está en presencia de una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. En efecto, si la parte quejosa manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que hasta la presentación de la demanda, quince de febrero de dos mil veintidós, la responsable ejecutora, juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ha sido omisa en informar al juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, en esta ciudad, el estado procesal que guarda el expediente 354/2020-III; no obstante que desde el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, recibió el oficio 3683 de veinticinco de noviembre del año que antecede, por medio del cual se le requirió dicha información; mientras que en el artículo 1221 párrafo primero, del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero, dispone que el secretario deberá dar cuenta del escrito, a más tardar dentro de las veinticuatro horas siguientes, al en que recibió el oficio; por lo tanto, en el caso, ese término transcurrió el cinco de enero de dos mil veintidós; y entre esa data y el quince de febrero de dos mil veintidós, en que se presentó la demanda de amparo, mediaron veintiocho días, sin contar sábados, domingos e inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la ley que rige el procedimiento de amparo); de ahí que es inconcuso que el transcurso de esos días no genera una paralización o abierta dilación al procedimiento. Esto se basa en que en la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, el juicio de amparo solo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Dicha jurisprudencia es del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. ... En consecuencia, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 107, fracción V de la Ley de Amparo. Notificaciones vía electrónica Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 3 y 26, fracción IV de la Ley de amparo, en relación con el numeral 55, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, háganse las notificaciones a dicha parte procesal vía electrónica bajo el usuario "mojica24", para tal efecto, se ordena realizar tal autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Autorizados De igual manera, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a Pedro Jesús Sánchez Mojica (9717909) y Carlos Alexis Melchor García (7426685), toda vez que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Eduardo Guadalupe Mendoza Montiel, Alberto Flores Celis y Katya Berenice Bahena Gama, por no satisfacer dicho requisito. Correo electrónico y número de teléfono de contacto Con fundamento en el artículo 2, fracción XIX1, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se tienen como correo electrónico y número telefónico de contacto los proporcionados por la parte quejosa, a efecto de establecer contacto con dicha parte procesal en los casos en que se estime necesario; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Recomendación a las partes En atención a la contingencia sanitaria, provocada por la epidemia denominada virus SARS-COV2 (COVID- 19) y de conformidad con el artículo 2 del Acuerdo General 13/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes que de ser posible y al tomar en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del "juicio en línea", en uso de la firma electrónica conocida como "FIREL", (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial) o "e.firma" (antes Firma Electrónica Avanzada FIEL). Medidas de seguridad al momento de realizar la notificación del presente proveído Se exhorta al actuario judicial adscrito que al momento de realizar la notificación, deberá proceder en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, a fin de resguardar su integridad y salud, y de las personas justiciables. De igual forma, se le solicita acate el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención de Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), en términos de lo indicado en el artículo 2, fracción XIV2, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Asimismo, se destaca que conforme al punto 12, de la Circular SECNO/7/2020, de siete de mayo de dos mil veinte, signada por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el Portal de Servicios en Línea existe un apartado que contiene el listado de autoridades con las que se tienen celebrados convenios de interconexión para las notificaciones que deban efectuarse por medio de oficio. Por otra parte, dispone del concentrado de correos electrónicos institucionales de las dependencias federales, para efectos de que sean confirmados para la práctica de notificaciones que pueden realizarse en términos de lo dispuesto de los artículos 28 y 30 de la Ley de Amparo. Servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias mediante Se hace del conocimiento de las partes que desde el tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. Así, pues el Código QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, y dará derecho a que un máximo de dos personas accedan al órgano jurisdiccional ante el cual se programó la cita, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos distintos. Se precisa a las partes que deberán agendar la cita correspondiente en términos de lo previsto en el artículo 6, fracción II del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, apercibidas que de no hacerlo, su acceso al inmueble que ocupa este Juzgado no estará permitido. Medidas sanitarias y consecuencias de su incumplimiento En los inmuebles del Poder Judicial Federal se establecerán controles sanitarios para regular y, de ser necesario, restringir el acceso de quienes no cumplan con los lineamientos establecidos para tal efecto. En adición al control sanitario de ingreso, las personas que acudan a los inmuebles del Poder Judicial Federal deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada de conformidad con los mecanismos previstos en los artículos 33 o 64, las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. Uso de medios electrónicos Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Aviso de transparencia En otro contexto, de conformidad con los artículos 3°, 8°, 9°, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, fracciones X y XI, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; hágase del conocimiento de las partes que cuando se presente una solicitud de acceso a la información a las constancias que integran este expediente, se determinará sobre su procedencia y de ser así, se elaborará la versión pública respectiva en la que se testarán las partes o secciones clasificadas; asimismo, infórmeseles que están en aptitud de consentir la publicación de sus datos personales, con independencia de la obligación de este juzgado federal de proteger dichos datos. Integración de expediente electrónico Se encomienda al oficial encargado al que le corresponde el expediente que queda a su cargo la digitalización diaria de los acuerdos y cualquier otro documento en el que auxilie en su elaboración y que se incorpore al expediente físico; al funcionario encargado de la oficialía de partes, que digitalice los documentos que reciba; los actuarios deberán digitalizar diariamente, todas las actas, razones, constancias de notificación o diligencias en las que haya intervenido; dichos funcionarios deberán ingresar esos documentos digitalizados al (S.I.S.E.) en su apartado respectivo; en tanto que al secretario le corresponderá el cerciorarse de que el expediente electrónico coincida con el impreso en términos del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competentes de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

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