Sebastian Delgado Mateo

Expediente 220/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
220/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
19/07/2023

Partes del expediente

  • Sebastian Delgado Mateo

Actuaciones

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA; EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, EL AUTO DE DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE: "... VISTO EL ESTADO PROCESAL, SE ADVIERTE QUE HA TRANSCURRIDO EL PLAZO DE CINCO DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO, PARA INTERPONER EL RECURSO DE QUEJA EN CONTRA DEL AUTO DE SIETE DE JULIO DE ESTA ANUALIDAD, EN EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, SIN QUE SE HAYA PROMOVIDO DICHO MEDIO DE IMPUGNACIÓN. DECLARACIÓN DE FIRMEZA. EN CONSECUENCIA, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 288, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, APLICADO SUPLETORIAMENTE A LA LEY DE LA MATERIA POR DISPOSICIÓN EXPRESA DE SU ORDINAL 2°, SE DECLARA FIRME EL REFERIDO AUTO. ARCHIVO. EN TAL VIRTUD, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO Y HÁGANSE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO, ASÍ COMO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). DESTINO DEL EXPEDIENTE. POR OTRO LADO, EN TÉRMINOS DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA, RESGUARDO Y DESTINO FINAL DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE HACE LA PRECISIÓN SIGUIENTE: 1. A CONSIDERACIÓN DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO EL PRESENTE SUMARIO CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, ADEMÁS, NO ENCUADRA EN SUPUESTO ALGUNO DE LOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 15 DEL ACUERDO GENERAL DE REFERENCIA 2. EL PRESENTE JUICIO ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN II, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA, RESGUARDO Y DESTINO FINAL DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES. EN OTRO CONTEXTO, SE COMUNICA A LAS PARTES QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO VIGÉSIMO DEL REFERIDO ACUERDO, EL PRESENTE EXPEDIENTE PERMANECERÁ EN EL ARCHIVO DE ESTE JUZGADO FEDERAL DURANTE EL PLAZO DE TRES AÑOS, POR LO QUE DESPUÉS DE ESE LAPSO, SE PROCEDERÁ A LA DESTRUCCIÓN DEL MISMO, PUES NO CONSTITUYE UN ASUNTO DE TRASCENDENCIA O RELEVANCIA DOCUMENTAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 8º, FRACCIÓN I Y 15 DEL ACUERDO GENERAL MENCIONADO, POR TANTO, DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS SIGUIENTES, SE REMITIRÁ EL ACTA DE BAJA DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN. EN OTRO SENTIDO, SE COMISIONA A LA SECRETARIA CON LA QUE SE ACTÚA QUE SUPERVISE Y ORDENE AL OFICIAL JUDICIAL "C" PONGA EN LA CARÁTULA DE ESTE ASUNTO EL SELLO EN EL QUE CONSTE LA VALORACIÓN DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE, Y ANOTE LA FECHA DEL ARCHIVO FÍSICO. ASIMISMO, DICHA SECRETARIA DEBERÁ CERTIFICAR QUE TANTO EL EXPEDIENTE FÍSICO COMO EL ELECTRÓNICO COINCIDEN EN LA TOTALIDAD DE LAS CONSTANCIAS, CON EXCEPCIÓN DE LAS NOTIFICACIONES; POR SU PARTE, SE ORDENA A LOS ACTUARIOS QUE, CUALQUIERA DE ELLOS O AMBOS, CERTIFIQUEN QUE COINCIDEN LA TOTALIDAD DE CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN ENTRE EL EXPEDIENTE FÍSICO Y EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. LO ANTERIOR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 35 DEL ACUERDO GENERAL CITADO. FINALMENTE, SE ORDENA A CUALQUIERA DE LOS ACTUARIOS JUDICIALES ADSCRITOS QUE, CONFORME A LAS OBLIGACIONES INHERENTES A SU CARGO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFIQUE LA PRESENTE DETERMINACIÓN A LAS PARTES; EN TÉRMINOS DEL DISPOSITIVO OCTAVO, FRACCIÓN II, DEL ACUERDO GENERAL 12/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, VINCULEN AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DICHAS NOTIFICACIONES A CADA UNA DE LAS PARTES, SEGÚN SEA EL CASO, Y HECHO LO ANTERIOR, ENTREGUEN AL OFICIAL ADMINISTRATIVO RESPONSABLE DEL EXPEDIENTE EL ACUSE ELECTRÓNICO QUE ACREDITE DICHAS CIRCUNSTANCIAS, A FIN DE QUE SEAN INCORPORADAS Y EL EXPEDIENTE IMPRESO COINCIDA EN SU TOTALIDAD CON EL ELECTRÓNICO, COMO LO PREVÉ EL NUMERAL 3, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY QUE RIGE EL PROCEDIMIENTO DE AMPARO. NOTIFÍQUESE ÚNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA...."

  2. Principal

    Por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Banco Azteca, sociedad anónima de capital variable. Registro Fórmese expediente impreso y electrónico; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 220/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Estudio de la demanda En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: 1. Los actos de molestia derivados del mensaje de texto en el carácter de "AVISO JURÍDICO OFICIO-GRO 20277-1A", cuyo contenido es el siguiente: "AVISO JURÍDICO OFICIO GRO 720277-1A C. ***, SEGÚN LO ESTIPULADO N EL ACUERDO GENERAL No.9/2020 SE LE NOTIFICA SU PROCESO DE DEMANDA POR EL DELITO DE FRAUDE EN AGRAVIO DE BANCO AZTECA POR EL ADEUDO QUE SE NEGÓ A LIQUIDAR EN BUENOS TERMINOS. TENIENDO ASÍ QUE COMPARECER EL DIA 08 DE MAYO DEL 2023, EN EL CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DELA CDMX A LAS 9.40 EN CONJUNCIÓN DE SUS AVALES **** Y ******, USTED TIENE UNICAMENTE HASTA EL DIA DE HOY PARA LIQUIDAR SU CUENTA, COMUNÍQUESE AL 5551035738 CON EL APODERADO LEGAL DE BANCO AZTECA PARA EVITAR EL PROCESO JUDICIAL DE EMBARGO EN EL DOMICILIO GARANIA LOMITA TANGANHUATO, 40661, PUNGARABATO, GUERRERO." Hecha tal precisión, este órgano jurisdiccional considera que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los artículos transcritos, se obtiene que el juicio de amparo procede contra actos de autoridad que violen los derechos fundamentales reconocidos y otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto debe decirse, que para considerar a una autoridad como responsable en el juicio de amparo debe atenderse a lo siguiente: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, esto es, la que se lleva a cabo entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y el interés social. 2. Que esa relación tenga su origen en la ley, la cual dote al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de su potestad. 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Como puede observarse, estas características no restringen el concepto de autoridad a aquellos organismos que forman parte de la administración pública en sus distintos órdenes (federal, estatal o municipal); se trata de cualquier ente público, en donde se incluyen organismos centralizados, paraestatales y autónomos, cualquiera que sea su denominación. Luego, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse a si la relación que se somete a la decisión de los órganos de control de constitucionalidad, en vía de amparo, se ubica dentro de tales relaciones, es decir, de supra a subordinación, la cual tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Es oportuno precisar que el concepto de autoridad para efectos del amparo excluye a los actos de particulares, siempre y cuando éstos no realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en términos de la fracción II del artículo 5º de la Ley de Amparo. También la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró necesario establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual atendió a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, a saber: Que las relaciones de coordinación, son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Que la nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en igual nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Que, en cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional se resalta en el juicio de amparo. Que este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. También puede observarse que no siempre los entes que conforman directamente la administración pública serán autoridad para los efectos del amparo, ya que para determinar esa calidad, es indispensable analizar las características particulares de aquél a quien se le imputa el acto reclamado y la naturaleza de éste, por lo que no todo acto, aun emitido por una autoridad, puede ser considerado como tal para los efectos del juicio de amparo. Esas consideraciones se apoyan en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, registro 161133, cuyos rubro y texto son: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Así como, la tesis VI.3o.A.6 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Libro 20, Julio de 2015, Tomo II, página 1624 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro digital 2009613, del rubro y texto siguiente: "ACTOS DE PARTICULARES EQUIPARABLES A LOS DE AUTORIDAD. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA. De conformidad con el artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013 y el proceso legislativo que le dio origen, en específico, los dictámenes de las Cámaras de Senadores y Diputados, para determinar si un particular realiza actos equiparables a los de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo en su contra, debe verificarse si: 1. El acto que se le atribuye lo realizó unilateral obligatoriamente, esto es, si su dictado, orden o ejecución se llevó a cabo sin la intervención del quejoso y lo constriñó a su observancia o, en su caso, omitió realizar un acto que estaba obligado a efectuar, y si con dicho acto u omisión se crearon, modificaron o extinguieron situaciones jurídicas, en un plano de supra a subordinación; 2. Ese acto se realizó (u omitió realizarse) con base en funciones determinadas por una norma general; y 3. En su contra no existe un medio de defensa ordinario que permita al gobernado defender el derecho afectado." Igualmente, la tesis XVI.1o.A.22 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, página 1943, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro digital 2009420, del rubro y texto siguiente: "ACTOS DE PARTICULARES. PARA CONSIDERARLOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD CONFORME AL AR´TIUCLO 5º., SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE AMPARO, DEBEN REUNIR LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y COERCITIVIDAD, ADEMÁS DE DERIVAR DE UNA RELACIÓN DE SUPRA A SUBORINACIÓN. El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, los que se conceptualizan por la propia porción normativa, como aquellos mediante los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, siempre que las funciones del particular equiparado a autoridad responsable estén determinadas por una norma general. De ahí que para considerar que el acto realizado por un particular equivale al de una autoridad y, por ende, es reclamable mediante el juicio constitucional, es necesario que sea unilateral y esté revestido de imperio y coercitividad, lo que implica que sea ajeno al ámbito privado o particular contractual. Además, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", el concepto jurídico de "autoridad responsable" lleva implícita la existencia de una relación de supra a subordinación que da origen a la emisión de actos unilaterales a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. En consecuencia, para que los actos de particulares puedan ser considerados equivalentes a los de autoridad, deben reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación; por exclusión, la realización de actos entre particulares en un plano de igualdad, que no impliquen una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el carácter de autoridad responsable." En ese tenor, como se aprecia, la Ley de Amparo en su artículo 5º, acepta que un "particular", puede ser autoridad responsable, siempre y cuando realice actos equivalentes a los de una autoridad y que ello sea producto de las funciones que desempeña por estar determinadas en una norma general; asimismo, es necesario que dicho acto sea unilateral y esté revestido de imperio y coercitividad, lo que implica que sea ajeno al ámbito privado o particular contractual, además de derivar de una relación de supra a subordinación que da origen a la emisión de actos unilaterales a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Es ilustrativa al respecto, la tesis 1a. XXI/2020 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Libro 77, Agosto de 2020, Tomo IV, página 3041 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro digital 2021955, del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE PARTICULARES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: El juicio fue promovido en contra de una escuela privada de nivel básico. La materia de la revisión consistió en determinar el estándar aplicable para determinar cuándo un acto de particular puede ser impugnado en amparo. Criterio jurídico: El precepto legal citado establece que los particulares tendrán dicha calidad si se reúnen dos condiciones: 1) Que realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos; y, 2) Que sus funciones estén determinadas por una norma general. La textura abierta de los términos utilizados por el legislador genera la necesidad interpretativa, la que debe abordarse mediante la exclusión de los extremos y optarse por una modalidad interpretativa intermedia. Justificación: Así, con base en una interpretación teleológica y sistemática del referido precepto, para caracterizar a un acto de particular como acto de autoridad debe cumplirse un estándar de dos pasos. El primero exige relacionar el reclamo de la violación constitucional al ejercicio de una prerrogativa o poder normativo cuya fuente sea de una autoridad estatal en términos generales, en otras palabras, debe comprobarse que la autoridad pública -a través de alguna norma jurídica- haya otorgado los medios (un respaldo normativo) para posicionar a ese particular en una situación diferenciada para generar un acto con el potencial de actualizar una violación a un derecho humano. Este primer paso puede denominarse del "nexo", el cual es formal y busca excluir dentro del ámbito de actos justiciables en amparo, aquellos de los particulares cuyo único fundamento es una relación de coordinación solamente. El segundo paso es material y exige evaluar la materialidad de dicha prerrogativa, es decir, si el acto reviste un interés público diferenciado, ya sea porque su ejercicio cuenta con privilegios o beneficios asociados al ejercicio de una autoridad estatal -por ejemplo, gozar de un reconocimiento jurídico especial o acceder a una ejecución equivalente al de una orden de autoridad-, o bien porque la función es una que corresponda tradicionalmente a la autoridad y se ejerza de manera delegada por un particular, o bien, porque la materialidad de la acción se vincule con el tipo de obligaciones cuyo correlativo sea una de las prestaciones nucleares de un derecho social cuya responsabilidad sea del Estado Mexicano. Este segundo paso busca verificar que el Estado no es neutral respecto del contenido del acto, sino que lo apuntala afirmativamente como relevante, desde una perspectiva pública, que es la propia de las autoridades. Este segundo paso puede denominarse de la constatación de la función pública." Dichas consideraciones también se encuentran plasmadas en la tesis XI.1o.A.T.25 K (10a.) que cita la parte quejosa, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, publicada en el Libro 23, Octubre de 2015, Tomo IV, página 3823, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro digital 2010168, del siguiente contenido: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO. PARA DETERMINAR SI UN PARTICULAR ENCUADRA EN ESA CATEGORÍA, NO SÓLO DEBE ANALIZARSE SU ACTO U OMISIÓN EN SÍ, SINO ADEMÁS SI AFECTA DERECHOS Y DERIVA DE LAS FACULTADES U OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN UNA NORMA. De los artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de la naturaleza formal del órgano público y atiende, ahora, a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir, en forma obligatoria, situaciones jurídicas, o de la omisión para desplegar un acto que -de realizarse- crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, máxime que la interpretación teleológica de la norma reglamentaria así lo confirma, al señalarse en el proceso legislativo -que le dio origen- la necesidad de ampliar la procedencia del juicio contra actos provenientes no sólo de autoridades, sino también de particulares, a través de los cuales se afectara la esfera jurídica de derechos de los gobernados, sin que ello significara el abandono de los medios de defensa ordinarios; y aunque se propuso que en la propia ley se especificaran los casos en que esos actos serían susceptibles de impugnación, se optó por dejar al Poder Judicial de la Federación la determinación de esas hipótesis, atento a las particularidades de cada caso y a las notas del acto cuestionado. En estas condiciones, autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo es: a) la que -con independencia de su naturaleza formal- dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y b) el particular que realice u omita actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y que las funciones deben estar determinadas por una norma general. Por tanto, para determinar si un particular encuadra en la categoría de autoridad responsable, no sólo debe analizarse su acto u omisión en sí, sino además, si afecta derechos y deriva de las facultades u obligaciones establecidas en una norma." Lo que permite concluir que el juicio de amparo no procede respecto de cualquier acto de particular, ya que si se realiza en un plano de igualdad y de manera horizontal con otro u otros particulares, no tendrá ese carácter, debido a que no crea, modifica ni extingue situaciones jurídicas o de hecho en forma unilateral, de modo que la defensa de algún derecho controvertido, en su caso, se encuentra sujeta a la potestad ordinaria en que el gobernado debe hacer valer sus prerrogativas y sujetarse a los principios constitucionales de audiencia, legalidad, debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva. Expuesto lo anterior, el acto reclamado a la institución bancaria Banco Azteca, sociedad anónima de capital variable, no deriva de una relación de supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular. Lo anterior, toda vez que, la institución de crédito indicada, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, ya que al desarrollar sus actividades bancarias no emite actos de manera imperativa ni unilateral respecto de los particulares que solicitan sus servicios, y tampoco equivale a un acto de autoridad unilateral e imperativo que cree, modifique o extinga derechos y obligaciones de la parte quejosa, que ubique a ésta en un plano de supra subordinación en relación con la citada institución. Ahora, el quejoso señala como acto reclamado los actos de molestia derivados del mensaje de texto en el carácter de "AVISO JURÍDICO OFICIO-GRO 20277-1A", cuyo contenido es el siguiente: "AVISO JURÍDICO OFICIO GRO 720277-1A C. SEBASTIAN DELGADO MATEO, SEGÚN LO ESTIPULADO N EL ACUERDO GENERAL No.9/2020 SE LE NOTIFICA SU PROCESO DE DEMANDAPOR EL DELITO DE FRAUDE EN AGRAVIO DE BANCO AZTECA POR EL ADEUDOQUE SE NEGO A LOQUIDAR EN BUENOS TERMINOS. TENIENDO ASÍ QUE COMPARECER EL DIA 08 DEMAYO DEL 2023, EN EL CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DE LA CDMX A LAS 9.40 EN CONJUNCION DE SUS AVALES JUANA BARELA Y MARICELA MIGUEL LOPEZ, USTED TIENE ÚNICAMENTE HASTA EL DIA DE HOY PARA LIQUIDAR SU CUENTA, COMUNIQUESE AL 5551035738 CON EL APODERADO LEGAL DE BANCO AZTECA PARA EVITAR EL PROCESO JUDICIAL DE EMBARGO EN EL DOMICILIO GARANIA LOMITA TANGANHUATO, 40661, PUNGARABATO, GUERRERO." Sin embargo, si bien las instituciones bancarias se rigen por la Ley de Instituciones de Crédito y su actividad se encuentra regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo cierto es, que el servicio de banca y crédito de ninguna manera pudiera constituir un servicio público, toda vez que para ejercer tal actividad las instituciones relativas, requieren autorización del gobierno federal, quien además regula el sistema bancario nacional; por tanto, las instituciones bancarias al desarrollar sus actividades no ejercen actos de manera unilateral e imperativa respecto de los particulares que solicitan sus servicios. Se dice lo anterior, pues para que exista una relación entre la institución bancaria y el particular, es necesario que exista un contrato consensuado entre ambos, esto es, que el particular haya otorgado su consentimiento de manera escrita para llevar a cabo una actividad crediticia con la institución de bancaria. Así, la institución bancaria señalada como responsable, en el caso, es un particular que no actúa unilateralmente, sino que su interactuación con el quejoso lo es al amparo de la libre autodeterminación de su voluntad, basada en la relación contractual que tiene con la parte quejosa, como particulares y no en cumplimiento de una disposición legal, lo que aun de resultar contrario a lo que contrataron, sería objeto de análisis ante la potestad común y no la de amparo. Es aplicable la tesis I.9o.C.18 K (10a.) del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2863, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro digital 2017684, del siguiente rubro y texto: "INSTITUCIONES BANCARIAS. LA DETERMINACIÓN DE DAR POR TERMINADO UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE DEPÓSITO DE CUENTA DE CHEQUES, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO LO QUE ACTUALIZA UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. La determinación de una institución bancaria de dar por terminado unilateralmente el contrato de depósito de cuenta de cheques, no es un acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, porque de conformidad con los artículos 1o., último párrafo y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; asimismo, los particulares tienen el carácter de autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general; empero, la decisión de dar por terminada la relación derivada del contrato de apertura de una cuenta de cheques que no obstante fue unilateral, ello no constituye ni es equiparable a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la cancelación y la determinación de poner a su disposición el dinero que hubiese en ésta, de acuerdo con su naturaleza, son acciones derivadas del contrato de depósito de dinero, celebrado de manera voluntaria por ambas partes y en un mismo plano, por lo que la institución bancaria está facultada para analizar cada caso concreto y determinar si presta o no los servicios financieros, y aun de resultar contrario a lo que contrataron, ello sería objeto de análisis ante la potestad común y no la de amparo; de ahí que si al momento de dictarse el acuerdo de desechamiento de la demanda, existen constancias o elementos que evidencien las circunstancias apuntadas, ello es suficiente para actualizar la citada causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable, sin necesidad de esperar hasta el dictado de la sentencia." En se orden de ideas, resulta claro que la institución financiera y los particulares, se encuentran en un plano de igualdad ante la ley y, por ende, su relación es de coordinación. Al respecto es aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 55, Volumen 121-126, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "BANCOS. NO TIENEN EL CARACTER DE AUTORIDAD, PARA EL JUICIO DE AMPARO. El ir a comprar moneda extranjera a un banco y que niegue esta institución bancaria la venta de la mencionada moneda al precio que el comprador fija, en manera alguna puede considerarse que la citada transacción comercial deba considerarse como primer acto de aplicación de la Ley Monetaria, puesto que la compraventa se realiza entre dos particulares; y el que el banco, a través de sus funcionarios, haya dicho al ahora quejoso que el valor de la moneda para su compra y venta era diverso del que pretendía dicho quejoso, por existir nuevos precios basados en circulares que a los diversos bancos giró el Banco de México, S.A., en manera alguna pueda considerarse, como se dijo, como primer acto de aplicación de las leyes, puesto que el banco, aunque es una institución de crédito, con concesión federal para operar en materia bancaria, en sus operaciones de compraventa de moneda extranjera no tiene el carácter de autoridad, ni siquiera el de auxiliar de alguna autoridad, ni aun en el supuesto de que en dichas operaciones la mencionada institución se funde en las leyes impugnadas de inconstitucionales por el quejoso en el amparo." De lo expuesto, se hace patente que el acto que se reclama de la autoridad responsable institución bancaria Banco Azteca, sociedad anónima de capital variable, no tiene las características de los actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. No es óbice la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 829, libro 31, junio de 2016, tomo II, Décima Época del Semanario Judicial de Federación y su Gaceta, que dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos." Sin embargo, si bien en el citado criterio se establece que el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo; no se debe soslayar que en la ejecutoria que dio origen a la referida jurisprudencia, el máximo tribunal del país también destacó que de la interpretación del artículo 145 de la Ley de Amparo se desprendía la posibilidad de advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso específico, atendiendo al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen, y así considerarla probada, sin lugar a dudas, cuando los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o porque estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal, que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Hipótesis que se actualiza en la especie, pues el hecho de que la señalada como responsable no sea considerada como autoridad para efectos del juicio de amparo, se desprende del solo análisis de la demanda, por las razones que se expusieron a lo largo del presente estudio; por tanto, de admitirse ésta respecto de la misma, este juzgado no llegaría a un convencimiento distinto a partir de su informe justificado ni de las pruebas aportadas. De tal suerte que, en la especie, no resulta aplicable la jurisprudencia de mérito, por no actualizarse el requerimiento esencial para su aplicación, esto es, que de la demanda no se desprenda la naturaleza de la actuación de la responsable, máxime que dicho criterio se refiere a aquellos supuestos en los cuales se haya señalado como autoridad responsable a la Comisión Federal de Electricidad, lo que no acontece en el caso concreto. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia invocadas, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda, promovida por Sebastián Delgado Mateo, de conformidad con el 61, fracción XXII, en relación con el 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Domicilio. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Guadalupe Victoria número catorce (14), colonia Centro de esta ciudad. Autorizados De igual manera, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, a Agustín Aparicio Pérez (1373582) toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que los autoriza para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. No así por lo que respecta a Óscar Vega Zavaleta, Beyruth Aparicio Damián y Jorge Hernández Aparicio, quienes no cuentan con el registro respectivo en el sistema referido; motivo por el cual, únicamente se tiene como autorizado para recibir notificaciones. Aviso de transparencia Asimismo, de conformidad con los artículos 3°, 8°, 9°, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, fracciones X y XI, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; hágase del conocimiento de las partes que cuando se presente una solicitud de acceso a la información a las constancias que integran este expediente, se determinará sobre su procedencia y de ser así, se elaborará la versión pública respectiva en la que se testarán las partes o secciones clasificadas; asimismo, infórmeseles que están en aptitud de consentir la publicación de sus datos personales, con independencia de la obligación de este juzgado federal de proteger dichos datos. Tramitación e integración de expediente electrónico y físico En términos de los puntos Tercero, artículos 251, 263; CUARTO, artículos 3 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se establece que la digitalización legible de las promociones físicas o impresas recibidas en la oficialía de partes será a cargo del oficial judicial C encargado de la oficialía de partes; además, éstas serán firmadas electrónicamente e incorporadas al SISE por la persona secretaria encargada del asunto o de quien, en su momento, la cubra por goce de periodo vacacional, licencia o permiso. En el entendido que no deberán integrarse al expediente electrónico las copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan, ni las copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Mientras que la documentación recibida vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Asimismo, que las constancias de notificación, incluso las de correos o paquetería derivadas de este asunto, que se generen físicamente deberán agregarse digitalizadas y de manera legible al expediente electrónico y firmadas electrónicamente por parte de los actuarios a más tardar al día hábil siguiente de su práctica o recepción, para garantizar que ello se haga de manera oportuna; con la finalidad de que conserven el valor probatorio que les corresponda conforme a la legislación aplicable, ya que se presumirá que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico. De igual forma, se establece que los funcionarios de firmar o incorporar al SISE los documentos digitalizados deberán cerciorarse que las constancias recibidas físicamente coinciden con las incorporadas al expediente electrónico, con la finalidad de garantizar la integridad del mismo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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