Secretario de la Contraloria del Estado de Puebla
Expediente 539/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 11 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 539/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 11/09/2015
Partes del expediente
- Secretario de la Contraloria del Estado de Puebla
Actuaciones
- Principal
VISTOS, los autos del juicio de amparo indirecto 1732/2014, promovido por Guillermo Gasca Silva, María Concepción Vergara Miranda, Patricia Sánchez Sánchez, José de Jesús Díaz Flores, Paz Guadalupe Castillo Hernández, Celso Méndez Ruíz, Jesús Flores González y José Arturo Arroyo Marcos, para resolver; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil catorce, ante la otrora Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, remitido el día hábil siguiente por razón de turno al entonces Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado Guillermo Gasca Silva, María Concepción Vergara Miranda, Patricia Sánchez Sánchez, José de Jesús Díaz Flores, Paz Guadalupe Castillo Hernández, Celso Méndez Ruíz, Jesús Flores González y José Arturo Arroyo Marcos, solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra las autoridades y actos siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES A).- Ordenadoras: 1. Secretario de la Contraloría del Estado de Puebla. Con domicilio oficial en Avenida 25 Oriente número 8 de esta Ciudad de Puebla. 2. El Coordinador General Jurídico de la Secretaría de la contraloría del Estado de Puebla. Con domicilio oficial en Avenida 25 Oriente número 8 de esta Ciudad de Puebla. 3. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SITUACION PATRIMONIAL DE LA SECRETARIA DE.LA CONTRALORIA. Con domicilio oficial en Avenida 25 Oriente número 8 de esta Ciudad de Puebla. 4. Lic. JUAN SALVADOR SOLIS REBOLLO, encargado de la Comisaria Pública de la Secretaría de la Contraloría en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla. Con domicilio oficial en Avenida 25 Oriente número 8 de esta Ciudad de Puebla. 5.- Centro Integral de Servicios del Estado de Puebla, "CIS". Con domicilio en Boulevard Atlixcayotl número 1101 reserva territorial Atlixcayotl, colonia concepción las lajas de esta Ciudad de Puebla. B). Ejecutoras: 6. Lic. Félix Federico Palma Valdez, Encargado del Despacho del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla. Con domicilio en oficial en Calle Venustiano Carranza Número Ochocientos Diez Colonia San Baltazar Campeche de esta Ciudad de Puebla. 7. Ing. Armando Martínez Ramírez, Subdirector General de Finanzas y Administración del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla. Con domicilio en oficial en Calle Venustiano Carranza Número Ochocientos Diez Colonia San Baltazar Campeche de esta Ciudad de Puebla. 8. Lic. Elida Vianey Garcia Padilla, Jefa del Departamento de Recursos Humanos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla. Con domicilio en oficial en Calle Venustiano Carranza Número Ochocientos Diez Colonia San Baltazar Campeche de esta Ciudad de Puebla". "IV. ACTOS RECLAMADOS: A).- DE LA AUTORIDADES ORDENADORAS indicadas con los números 1, 2, 3, 4, 5, reclamo la orden de dar declaración patrimonial sin estar en los supuestos de ley. También reclamamos de la ordenadora indicada con el número 5 la inconstitucional multa de $1,280.00 sin hacernos antes notificación o requerimiento alguno dicha ordenadora. También reclamamos de la ordenadora indicada con el número 3, y 7 la inconstitucional orden de considerarnos jefes de oficina. B).- DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS indicadas con los números 6,7, 8, reclamo la ejecución y requerimiento de las ordenadoras sin estar facultadas a realizar ejecución actos viciados de origen e inconstitucionales. C) Las autoridades indicadas en los incisos B) RECLAMO LA ILEGAL E INFUNDADA NOTIFICACION DE FECHA 28 DE OCTUBHE DE 2014 De la multa reclamada y de la orden con contenido falso de que los quejosos somos supuestamente jefes de oficina y personal de confianza, nos hicimos sabedores a través del personal que atiende Centro Integral de servicios del Estado de Puebla, "CIS" el día 31 de octubre de 2014". SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO. Por auto de seis de noviembre de dos mil catorce, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, admitió a trámite la demanda de amparo y la registró en el libro de gobierno con el número de expediente 1732/2014; solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional; por auto de trece de noviembre de dos mil catorce, se dejó de tener como autoridad responsable en el presente juicio al Centro Integral de Servicios del Estado de Puebla "CIS" (foja 58). El siete de enero de dos mil quince (fojas 372 y 373), el entonces Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, celebró la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1732/2014 de su índice, y el veintisiete de enero de dos mil quince (fojas 374 a 390), dictó sentencia en la que se sobreseyó el juicio de amparo. Inconforme con la decisión anterior, la quejosa interpuso recurso de revisión a lo que recayó el acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil quince (foja 409). Así, en sesión de ocho de julio de dos mil quince (fojas 614 a 633), el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito -a quien correspondió conocer del asunto- revocó la sentencia recurrida, y ordenó reponer el procedimiento. En consecuencia, por auto de quince de julio de dos mil quince (fojas 634 a 635), se requirió a la parte quejosa para que proporcionara el nombre correcto el "Centro Integral de Servicios del Gobierno de Puebla 'CIS'", que señalaron como autoridad responsable, asimismo derivado del Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintinueve de mayo de dos mil quince, el juicio de amparo causó baja como 1732/2014 y alta en el nuevo índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, como amparo indirecto 539/2015, con efectos a partir del uno de junio de dos mil quince, razón por la que se resuelve bajo el nuevo número de expediente. Al requerimiento anterior, recayó escrito presentado el veintiocho de julio de dos mil quince (foja 651), en el que la parte quejosa designó como autoridad responsable al Departamento Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla. Por auto de treinta de julio de dos mil quince (fojas 653 y 654), se solicitó a tal autoridad su informe justificado, y por auto de catorce de agosto de dos mil quince, la Jefa de Departamento Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, rindió su informe correspondiente (foja 661). Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; n concordancia con los Acuerdos General 8/2013 y 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el primero relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito y el segundo relativo al cambio de denominación, domicilio y competencia de los once Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla; a la conclusión de funciones del Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, y su transformación en Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Puebla; al inicio de funciones, denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial y domicilio del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los órganos jurisdiccionales de la entidad en mención, y a la creación y cambio de denominación de las respectivas oficinas de correspondencia común, pues se reclama un acto emitido por autoridad administrativa que radica dentro de la circunscripción territorial en que este Tribunal Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende a plenitud del estudio íntegro de la demanda de amparo y de las constancias existentes en el expediente, pues constituyen un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como con la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Así, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: Del Secretario de la Contraloría del Estado de Puebla, Coordinador General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, Jefa del Departamento de Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, Encargado de la Comisaría Pública de la Secretaría de la Contraloría en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Jefa del Departamento de Recursos Humanos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, se reclama: ° La resolución de veinticuatro de octubre de dos mil catorce, contenida en los oficios 2.4.405/14, 2.4.413/14, 2.4.418/14, 2.4.415/14, 2.4.414/14, 2.4.425/14 y 2.4.411/14, mediante la cual se informa a los quejosos que deben regularizar su situación patrimonial ante la Secretaría de Contraloría del Estado de Puebla, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 fracciones I y III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, están obligados a presentar su declaración patrimonial inicial en un mínimo de sesenta días naturales a partir de la toma de posesión del cargo y que asimismo la declaración patrimonial anual deberá ser presentada en el mes de febrero de cada año, con el apercibimiento que de ser omisos se harían acreedores a una sanción de las señaladas en el artículo 85 de la referida ley; además que de no cumplir con dicha determinación, la Secretaría de la Contraloría impondría las medidas de apremio correspondientes. De la Jefa del Departamento de Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría, y del Subdirector General de Finanzas y Administración del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, de Puebla. La orden de considerar a los quejosos jefes de oficina para los efectos de rendir su declaración patrimonial, en los términos previstos en la determinación de veinticuatro de octubre de dos mil catorce. De la Jefa del Departamento de Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría. La multa de mil doscientos ochenta pesos, cero centavos moneda nacional. Del Encargado del Despacho del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, Subdirector General de Finanzas y Administración del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, de Puebla y Jefa del Departamento de Recursos Humanos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, de Puebla, en su calidad de autoridades ejecutoras La notificación, ejecución y requerimiento de la resolución de veintiocho de octubre de dos mil trece. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No son ciertos los actora reclamados a las autoridades Secretario de la Contraloría del Estado de Puebla, Coordinador General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, Jefa del Departamento de Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla, Encargado de la Comisaría Pública de la Secretaría de la Contraloría en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, consistentes en: La resolución de veinticuatro de octubre de dos mil catorce, contenida en los oficios 2.4.405/14, 2.4.413/14, 2.4.418/14, 2.4.415/14, 2.4.414/14, 2.4.425/14 y 2.4.411/14, mediante la cual se informa a los quejosos que deben regularizar su situación patrimonial ante la Secretaría de Contraloría del Estado de Puebla, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 fracciones I y III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, están obligados a presentar su declaración patrimonial inicial en un mínimo de sesenta días naturales a partir de la toma de posesión del cargo y que asimismo la declaración patrimonial anual deberá ser presentada en el mes de febrero de cada año, con el apercibimiento que de ser omisos se harían acreedores a una sanción de las señaladas en el artículo 85 de la referida ley; además que de no cumplir con dicha determinación, la Secretaría de la Contraloría impondría las medidas de apremio correspondientes De igual forma no son ciertos los actora reclamados a las autoridades responsables Jefa del Departamento de Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría, y del Subdirector General de Finanzas y Administración del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, de Puebla, consistentes en: La orden de considerar a los quejosos jefes de oficina para los efectos de que rindan su declaración patrimonial, en los términos indicados en la referida resolución de veinticuatro de octubre de dos mil catorce. Tampoco es cierto el acto que se reclama a la responsables Jefa del Departamento de Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría, consistente en: La multa de mil doscientos ochenta pesos, cero centavos moneda nacional. Lo anterior, por así haberlo manifestado expresamente al rendir sus respectivos informes justificados sin que la parte quejosa hubiera aportado medio de prueba alguno que lograra desvirtuar tal negativa; razón por la cual, los actos reclamados resultan inexistentes. En consecuencia tomando en consideración que los aquí quejosos omitieron exhibir medios probatorios tendentes a desvirtuar esa negativa; además de que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, le correspondía la carga de la prueba para acreditar la actualización del acto reclamado. Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que al rubro y texto dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En razón de lo anterior, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO respecto de las autoridades responsables y los actos recamados indicados, ello con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Encargado de Despacho de la Unidad de Asuntos Jurídicos, en representación de la Jefa del Departamento de Recursos Humanos, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, al rendir su informe justificado (foja 54), aceptó la existencia del acto que se le atribuye a dicha autoridad, lo que además se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe de ley, documentales que adquiere valor pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, pues de las mismas se advierte que el veinticuatro de octubre de dos mil catorce, la Jefa del Departamento de Recursos Humanos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, de Puebla, emitió los oficios en los que requirió a los quejosos para que regularizaran su situación ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, especificando los términos para hacerlo y los apercibimientos en caso de ser omisos; de ahí que se tenga por cierto el acto que de dicha autoridad se reclama. Sirve de apoyo a lo precedente, la jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Cimienta al particular la jurisprudencia 158, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el caso, de oficio, se considera que respecto del acto reclamado consistente en la determinación emitida por la Jefa del Departamento de Recursos Humanos, el veinticuatro de octubre de dos mil catorce, contenida en los oficios 2.4.405/14, 2.4.413/14, 2.4.418/14, 2.4.415/14, 2.4.414/14, 2.4.425/14 y 2.4.411/14, mediante los cuales se hace del conocimiento de los quejosos Guillermo Gasca Silva, María Concepción Vergara Miranda, Patricia Sánchez Sánchez, José de Jesús Díaz Flores, Paz Guadalupe Castillo Hernández, Celso Méndez Ruíz, Jesús Flores González y José Arturo Arroyo Marcos, que deben regularizar su situación patrimonial ante la Secretaria de la Contraloría del Estado de Puebla, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 fracciones I y III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, están obligados a presentar su declaración patrimonial inicial en un mínimo de sesenta días naturales a partir de la toma de posesión del cargo, y que asimismo, la declaración patrimonial anual deberá ser presentada en el mes de febrero de cada año, con el apercibimiento que de ser omisos se harían acreedores a una sanción de las señaladas en el artículo 85 de la referida ley; además que de no cumplir con dicha determinación, la Secretaría de la Contraloría impondría las medidas de apremio correspondientes; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 77 de la Ley de Amparo que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho." La fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo transcrita, a diferencia de las veintidós que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, lo cual se debe a que el legislador no podía establecer en forma casuística todas las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional, de modo que para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando se formulan los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que en la especie es ciertamente justificada puesto que existen causas de improcedencia establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia Ley de Amparo, que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, entre los cuales es el que se deriva de la interpretación, de lo ordenado en el numeral 77, así como en lo dispuesto en el artículo 217 de la citada legislación. Sirve de apoyo a la consideración anterior, por su sentido, la jurisprudencia 2ª./.J175/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo implica que las fracciones I a XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia, pero no son los únicos, pues existen otras causas de improcedencia claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no existe imprecisión en torno de las causas de improcedencia contenidas en esa fracción." Al respecto, debe decirse que el constituyente estructuró el juicio de amparo como un medio de control constitucional plenamente coercitivo sobre los actos de autoridad, dado que sus efectos no se limitan a identificar que un acto de autoridad sea contrario a la norma suprema, como un mero estudio sin resultados prácticos, sino que pretende lograr la restitución del orden que la Constitución Federal establece. Ese fin esencial de esta institución se refleja en el propio texto del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuya fracción II se indica que los efectos de una sentencia concesoria emitida en el juicio de garantías, serán los de amparar y proteger a quien promovió la instancia; lo que se robustece con lo dispuesto en la fracción XVI de dicho numeral, en el que se indican una serie de medidas tendentes a obtener de las responsables el cumplimiento de una ejecutoria de amparo. Por su parte, el legislador ordinario estableció en la Ley de Amparo la forma en que deben materializarse los efectos de una sentencia que conceda la protección de la Justicia de la Unión, determinando que el objeto de la concesión del amparo es restituir al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Entonces, aunque los órganos jurisdiccionales que concedan la protección constitucional, de conformidad con la disposición en estudio, están facultados para obligar a que la autoridad responsable obre en el sentido que sea necesario o a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación a los derechos fundamentales del quejoso, esta atribución tiene como fin específico precisamente lograr restituirlo al estado de normalidad en el pleno disfrute de sus derechos humanos, siendo ésta y no otra la única justificación de tan importante medio de control de los actos de gobierno y, por ende, a ello debe privilegiarse cuando los órganos encargados de ventilar los juicios de amparo intervienen para hacer cumplir las sentencias concesorias de la protección constitucional, lo que puede corroborarse con la consulta de los numerales 192 a 198 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia P./J. 90/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita a continuación: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Las precisiones anteriores ponen de relieve la verdadera finalidad del juicio de amparo como institución garante del orden constitucional, lo que en definitiva revela que cuando es legalmente imposible restituir al gobernado en el goce del derecho humano violado o cuando la concesión del amparo no tiene esa consecuencia connatural, entonces, en términos de los artículos 77 y 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, la instancia respectiva debe declararse improcedente, pues ninguna utilidad se obtiene al reconocerse que un acto de autoridad es contrario a los derechos humanos, si no se logra con ello una finalidad práctica. Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable Jefa de Departamento de Recursos Humanos, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, y el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Puebla, consistentes en copia certificada de las constancias que obran en el juicio de amparo 1129/2013, de su índice, promovido por Verónica Pérez Gómez y otros contra actos del Secretario de la Contraloría del Estado de Puebla, y otras autoridades, documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno conforme a lo que disponen los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo, se destacan las constancias siguientes: Memorándum CGJ-340/2013, emitido el dos de mayo de dos mil trece, por el Coordinador General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría, dirigido a la Comisaria Publica de la Secretaría en mención, por el que se definen los criterios para determinar el personal sujeto a rendir declaración patrimonial, entre los cuales se establece que el personal que labora en el Almacén de Medicamentos y Farmacias del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, tienen esa obligación (foja 261). Oficio CPISSTEP.DJQD-360/2013, de uno de julio de dos mil trece, suscrito por la Comisaria Pública de la Secretaría de la Contraloría en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, por el que solicitó al Subdirector de Finanzas y Administración de la misma institución que diera la instrucción correspondiente a fin de que el personal que labora en el Almacén de Medicamentos y Farmacia, acudiera dentro de los treinta días naturales siguientes al dos de julio de dos mil trece, con copia de su nombramiento, movimiento de personal, o constancia laboral a las oficinas del departamento de situación patrimonial, con el objeto de que presenten su declaración patrimonial inicial y posteriormente remitieran el acuse respectivo (foja 265). Memorándum 2.0.324/2013, de cuatro de julio de dos mil trece, suscrito por el Subdirector General de Finanzas y Administración, dirigido a la Jefa de Departamento de Recursos Humanos, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, mediante el cual solicitó hiciera del conocimiento por escrito y de forma personal a cada uno de los trabajadores obligados entre ellos los que laboran en el Almacén de Medicamentos y Farmacia, para que acudieran a rendir su declaración patrimonial dentro de los treinta días naturales siguientes al dos de julio de dos mil trece (foja 267) Así, la Jefa de Departamento de Recursos Humanos, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, en atención al mencionado oficio CPISSTEP.DJQD-360/2013, de uno de julio de dos mil trece, suscribió diversos oficios con fecha de notificación el diez de julio de dos mil trece, en los que comunicó al personal obligado que acorde a lo establecido en el artículo 83 fracciones I y III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos debían rendir su declaración patrimonial inicial dentro de los treinta días naturales siguientes al dos de julio de dos mil trece, así como que en el mes de febrero de cada año deberían declarar las modificaciones sufridas a su patrimonio durante el año inmediato anterior, con el apercibimiento que de no presentar su declaración de situación patrimonial en los términos establecidos por la referida ley, se les impondría una multa hasta de cien días de salario mínimo vigente en el Estado de Puebla (fojas 271 a 361) Inconformes con dicha determinación de diez de julio de dos mil trece, los aquí quejosos, a más de otros, promovieron juicio de amparo en su contra, del cual le correspondió conocer al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Puebla, mismo que se radicó bajo el número 1129/2013, y substanciada la litis constitucional, por sentencia de veintiuno de mayo de dos mil catorce, se sobreseyó en el referido juicio de amparo, al considerar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo en relación con el diverso numeral 217 de la ley de la materia, al considerar que los actos reclamados derivaban de diversos previamente consentidos por los quejosos, resolución que fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el toca de revisión R.A.221/2014, de su índice (fojas 187 a235). En este contexto, la Jefa de Departamento de Recursos Humanos, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, el veinticuatro de octubre de dos mil catorce, emitió los oficios .4.405/14, 2.4.413/14, 2.4.418/14, 2.4.415/14, 2.4.414/14, 2.4.425/14 y 2.4.411/14,mediante los cuales requirió a los quejosos para que regularizar su situación ante la Secretaria de la Contraloría del Estado de Puebla, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 fracciones I y III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, están obligados a presentar su declaración patrimonial inicial en un mínimo de sesenta días naturales a partir de la toma de posesión del cargo, y asimismo que la declaración patrimonial anual deberá ser presentada en el mes de febrero de cada año, con el apercibimiento que de ser omisos se harían acreedores a una sanción de las señaladas en el artículo 85 de la referida ley; además que de no cumplir con dicha determinación, la Secretaría de la Contraloría impondría las medidas de apremio correspondientes. De lo anterior, se concluye que la referida determinación reclamada de veinticuatro de octubre de dos mil catorce, por la que la autoridad responsable Jefa de Recursos Humanos de del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, hizo saber a los quejosos que debía regularizar su situación ante Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, por estar obligados conforme a lo dispuesto en el artículo 83 fracciones I y III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, con el apercibimiento que de ser omisos se harían acreedores a una sanción de las señaladas en la propia ley, deriva directamente de los referidos memorándum y oficios, pues en el memorándum identificado como CGJ-340/2013, dos de mayo de dos mil trece, se determinó el cual eran el personal obligado a rendir su declaración patrimonial, entre ellos, las personas que laboran en el Almacén de Medicamentos y Farmacia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, como lo son los quejosos, pues de las constancias que anexaron a la demanda se advierte que laboran como ayudantes de farmacia de dicho almacén (fojas 13 a 47). Posteriormente en el diverso oficio CPISSTEP.DJQD-360/2013, de uno de julio de dos mil trece se solicitó instruir al personal correspondiente para que requerir al personal de Almacén y Medicamentos para el efecto de rendir su declaración patrimonial y en diversa comunicación 2.0.324/2013, emitida el cuatro de julio de dos mil trece, el Subsecretario General de Finanzas y Administración, solicitó a la autoridad responsable Jefa del Departamento de Recursos Humanos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, que hiciera del conocimiento por escrito y de manera personal a cada uno de los trabajadores obligados los plazos y condiciones para cumplir con la obligación de rendir su declaración patrimonial. En ese orden, en el mes de julio de dos mil trece, la autoridad responsable Jefa del Departamento de Recursos Humanos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, suscribió diversos oficios en los que comunicó de forma personal y por escrito a los trabajadores obligados, entre los cuales se encuentran los trabajadores que laboran en el Almacén de Medicamentos y Farmacia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, que debían presentar su declaración de situación patrimonial inicial, dentro de los treinta días naturales siguientes al dos de julio de dos mil trece, con el apercibimiento que de no hacerlo se harían acreedores a una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Estado de Puebla. Determinación esta última que fue impugnada por los quejosos en el juicio de amparo 1129/2013, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Puebla, sin embargo, dicho juicio fue sobreseído mediante sentencia de veintiuno de mayo de dos mil catorce, al considerar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 217 de la ley de la materia, resolución que fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. Por lo que el veinticuatro de octubre de dos mil catorce, la autoridad responsable Jefa del Departamento de Recursos Humanos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, emitió entre otros los oficios 2.4.405/14, 2.4.413/14, 2.4.418/14, 2.4.415/14, 2.4.414/14, 2.4.425/14 y 2.4.411/14, mediante los cuales hace del conocimiento de los quejosos Guillermo Gasca Silva, María Concepción Vergara Miranda, Patricia Sánchez Sánchez, José de Jesús Díaz Flores, Paz Guadalupe Castillo Hernández, Celso Méndez Ruíz, Jesús Flores González y José Arturo Arroyo Marcos, que deben regularizar su situación ante la Secretaria de la Contraloría del Estado de Puebla, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 fracciones I y III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, están obligados a presentar su declaración patrimonial inicial ante la Secretaría de la Contraloría, en un mínimo de sesenta días naturales a partir de la toma de posesión del cargo y asimismo, que la declaración patrimonial anual debería ser presentada en el mes de febrero de cada año, con el apercibimiento que de ser omisos se harían acreedores a una sanción de las señaladas en el artículo 85 de la referida ley; además que de no cumplir con dicha determinación, la Secretaría de la Contraloría impondría las medidas de apremio correspondientes. En las relatadas condiciones, este órgano jurisdiccional considera que el presente juicio de amparo es improcedente, pues ante una eventual concesión no podrían concretarse los efectos del amparo, habida cuenta que como se ha visto, existen determinaciones anteriores que dieron origen al acto reclamado, esto es, los memorándums y oficios CGJ-340/2013, CPISSTEP.DJQD-360/2013 y 3.0.324/2013, en los que se determinó los trabajadores sujetos a rendir su declaración patrimonial, entre ellos, el personal que labora en el Almacén de Medicamentos y Farmacia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y se instruyó realizar el requerimiento correspondiente. En ese contexto, aún en el supuesto de que se llegara a conceder el amparo solicitado y se conminar a la autoridad responsable Jefa del Departamento de Recursos Humanos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, para que dejara sin efectos la determinación de veinticuatro de octubre de dos mil catorce, contenida en los oficio 2.4.405/14, 2.4.413/14, 2.4.418/14, 2.4.415/14, 2.4.414/14, 2.4.425/14 y 2.4.411/14, pues lo cierto es que no se podrían concretar los efectos del amparo, ya que la determinación que cataloga a los trabajadores del Almacén de Medicamentos y Farmacia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, como sujetos a rendir su declaración de inicio así como la correspondiente a cada año, los requerimientos para cumplir con tal obligación y el apercibimiento con el que se previno de hacerse acreedores a las medidas que establece la ley relativa, subsisten, derivado de la existencia de los memorándums y oficios CGJ-340/2013, CPISSTEP.DJQD-360/2013 y 3.0.324/2013, que si bien, son comunicaciones entre autoridades, no menos lo es que dichas comunicaciones oficiales permanecen incólumes, por tanto, siguen rigiendo la situación de los quejosos, dado que en el juicio de amparo radicado en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Puebla, bajo el número 1129/2013, que promovieron respecto de la determinación en la que inicialmente se les requirió para que rindieran su declaración de situación patrimonial se sobreseyó al actualizarse al causal de improcedencia que resulta de relacionar la fracción XXIII, del artículo 61 con el diverso artículo 217 ambos de la Ley de Amparo, es decir, al tratarse de actos derivados de un acto consentido, resolución que fue confirmado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, el siete de octubre de dos mil catorce. Por tanto, ningún fin práctico tendría conceder el amparo en esas condiciones, pues de cualquier modo, se les volvería a requerir para que presentaran su declaración patrimonial con los apercibimientos de ley, razón por la cual no se podrían concretar los efectos del amparo, por ende se actualiza la causal de mérito. Bajo este marco referencial, también se destaca que respecto de los actos reclamados por los quejosos que se han reseñados consistentes en la resolución emitida el veinticuatro de octubre de dos mil catorce por la autoridad responsable Jefa del Departamento de Recursos Humanos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, contenida en los oficios 2.4.405/14, 2.4.413/14, 2.4.418/14, 2.4.415/14, 2.4.414/14, 2.4.425/14 y 2.4.411/14, mediante los cuales se hace del conocimiento de los quejosos Guillermo Gasca Silva, María Concepción Vergara Miranda, Patricia Sánchez Sánchez, José de Jesús Díaz Flores, Paz Guadalupe Castillo Hernández, Celso Méndez Ruíz, Jesús Flores González y José Arturo Arroyo Marcos, que deben regularizar su situación ante la Secretaria de la Contraloría del Estado de Puebla, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 fracciones I y III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, estaban obligados a presentar su declaración patrimonial inicial ante la Secretaría de la Contraloría, en un mínimo de sesenta días naturales a partir de la toma de posesión del cargo y, que asimismo la declaración patrimonial anual debería ser presentada en el mes de febrero de cada año, con el apercibimiento que de ser omisos se harían acreedores a una sanción de las señaladas en el artículo 85 de la referida ley; además que de no cumplir con dicha determinación, la Secretaría de la Contraloría impondría las medidas de apremio correspondientes. De igual forma se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con el diverso numeral 217 de la ley de la materia, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Del texto legal reproducido, se aprecia que el juicio de amparo es improcedente cuando el motivo derive de alguna disposición constitucional y de la propia Ley de Amparo, así como de la obligatoriedad de observar lo que se establezca en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esa tesitura, resulta que el juicio de amparo es improcedente cuando se enderece contra actos que no son sino una consecuencia de otros, lo cual acontece cuando, entre el acto reclamado y uno anterior el anterior, exista una relación de causa efecto, esto es, que el primero sea una consecuencia directa, legal y forzosa del segundo y que además el controvertido no se impugne por vicios propios. Luego, si en el caso particular, el acto reclamado se hace consistir en la resolución emitida el veinticuatro de octubre de dos mil catorce por la autoridad responsable Jefa del Departamento de Recursos Humanos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, contenida en los oficios 2.4.405/14, 2.4.413/14, 2.4.418/14, 2.4.415/14, 2.4.414/14, 2.4.425/14 y 2.4.411/14, mediante los cuales hace del conocimiento de los quejosos que deben regularizar su situación ante la Secretaria de la Contraloría del Estado de Puebla, para rendir su declaración patrimonial con el apercibimiento que de no hacerlo se les impondría las medidas de apremio correspondientes; dichos actos, como se dijo deriva de los memorándums y oficios CGJ-340/2013, CPISSTEP.DJQD-360/2013 y 3.0.324/2013, en los que se determinó los trabajadores sujetos a rendir su declaración patrimonial como lo son, el personal que labora en el Almacén de Medicamentos y Farmacia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, se instruyó el requerimiento correspondiente, mismo que se efectúo con los apercibimientos señalados en la ley relativa. De lo que se sigue que lo quejosos tuvieron la oportunidad de combatir los referidos oficios y memorándums CGJ-340/2013, CPISSTEP.DJQD-360/2013 y 3.0.324/2013, a través del juicio de amparo y al no haberlo hecho, el acto ahora reclamado se traduce en una consecuencia necesaria de aquéllos, pues justamente derivan de la determinación adoptada con anterioridad al acto ahora combatido. Conforme a lo anterior, se concluye que efectivamente el acto reclamado en el presente juicio de amparo, se trata de un acto derivado de otros consentidos, mismos que no fueron atacados oportunamente vía amparo y por ende se actualiza la referida causal de sobreseimiento. Sustenta lo anterior la tesis II.2o.C.43 K, de rubro y texto siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE POR ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS (EJECUCIÓN DE SENTENCIAS). Conforme al artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente cuando se enderece contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos; sin embargo, para que esta causal de improcedencia se actualice es necesario: a) Que entre el acto reclamado y el anterior que se está consintiendo exista una relación de causa a efecto; es decir, que sea una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera resolución, y b) Que el acto reclamado no se impugne por vicios propios. En tal virtud, si el acto reclamado se hace consistir en un proveído que ordena se proceda a la ejecución de una sentencia dictada en un juicio ordinario civil, la cual ha causado ejecutoria por no haberse interpuesto en su contra recurso alguno, aquél sólo es una consecuencia necesaria de la resolución que implícitamente se aceptó al no impugnarse, por lo cual ciertamente constituye un acto derivado de otro consentido, y ello hace improcedente el juicio de amparo en su contra, por surtirse la causal invocada, lo que amerita sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia". Por lo expuesto, dado que se actualiza las causales de improcedencia que resultan de relacionar la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 77 y 217 de la ley de la materia, procede sobreseer en el presente juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados precisados con antelación. Pronunciamiento que también debe hacerse extensivo a los actos de ejecución atribuidos a las autoridades ejecutoras, porque habiéndose determinado el sobreseimiento del acto dictado por la responsable ordenadora, debe también decretarse respecto los de la autoridad que sea o tenga el carácter de ejecutoras, dado que es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Por su exacta aplicación se cita la jurisprudencia número 516, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el veintiocho de noviembre de dos mil catorce, el Encargado del Despacho de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, en representación de la Jefa del Departamento de Recursos Humanos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicios de los Poderes del Estado de Puebla, al rendir el informe justificado que le corresponde, haya realizado un complemento de la fundamentación y motivación del acto que se le combate, por lo que correspondía dar vista a la parte quejosa, con los motivos y argumentos vertidos por la autoridad responsable, a fin de ampliará su demanda de creerlo conveniente, esto en términos de lo previsto en artículo 117, último párrafo de la Ley de Amparo. Al respecto, debe puntualizarse que tal circunstancia no pasó inadvertida para este órgano jurisdiccional, sin embargo, para el caso en concreto, a ningún fin práctico conduciría requerir a la parte quejosa para que ampliara su demanda por un acto respecto del cual de igual forma se actualizarían las causales de improcedencia analizadas en párrafos precedentes, por el contrario, se estaría retrasando innecesariamente el procedimiento. De ahí que esta autoridad haya ponderado atender a una impartición de justicia pronta y expedita estatuida en el artículo 17 constitucional, y resolver el presente asunto con las constancias que obra en el mismo, pues, no cambiaría en nada el sentido de la presente sentencia de haberse ordenado la vista de mérito. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la jurisprudencia con registro 238863, que versa: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercero perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada. SEXTO. PUBLICIDAD. Si bien, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que causen ejecutoria y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, en los diversos numerales 6 y 7, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la referida legislación, se obtienen los términos en que procederá la consulta de los expedientes que tienen en resguardo tanto los órganos jurisdiccionales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, de conformidad con el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares, considerada como confidencial la que, de acuerdo con los artículos 18 de la citada ley y 8 del referido reglamento, debe ser entendida como aquélla cuya difusión, comercialización o distribución requiere necesariamente consentimiento expreso de las personas titulares de la misma. En este contexto, al encontrarse obligado este órgano jurisdiccional a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no hayan hecho valer ese derecho, se ordena la publicación de esta resolución, con supresión de datos personales a que se refiere el artículo 3°, fracción I, de la citada legislación. Sustenta lo considerado el criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquélla cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En este sentido, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a las unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos". SÉPTIMO. SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, y 75, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Guillermo Gasca Silva, María Concepción Vergara Miranda, Patricia Sánchez Sánchez, José de Jesús Díaz Flores, Paz Guadalupe Castillo Hernández, Celso Méndez Ruíz, Jesús Flores González y José Arturo Arroyo Marcos, respecto de las autoridades y los actos reclamados que quedaron precisados en el considerando segundo de esta resolución en términos de lo expuesto en los puntos tercero y quinto de la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO. En términos de la parte final del considerando sexto, se realiza la publicación respectiva con supresión de datos. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el séptimo considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Adriana Matzayani Sánchez Romo, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Aarón Noel Reyes Chaires, Secretario con quien actúa. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 10,245 expedientes
- Sebastián Rosado Navarro1533/2023
- Secretario de Comunicaciones Y Transportes1493/2016
- Secretario de Desarrollo Agrario Territorial Y Urbano821/2016
- Secretario de Educación Pública del Estado de Puebla1192/2015
- Secretario de Hacienda Y Crédito Público215/2017
- Secretario de Infraestructura Y Transportes955/2015
- Secretario de Salud del Estado de Puebla1935/2015
- Secretario de Salud del Estado de Puebla2007/2021
- Secretario de Seguridad Pública del Estado225/2016
- Secretario de Seguridad Pública del Estado324/2015
- Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla674/2017
- Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla1118/2016