Secretario de Infraestructura Y Transportes
Expediente 955/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 7 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 955/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 07/09/2015
Partes del expediente
- Secretario de Infraestructura Y Transportes
Actuaciones
- Principal
Número de expediente: 955/2015 Acuerdo: VISTOS para resolver el presente juicio de amparo indirecto 955/2015; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el ocho de junio de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo, Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales del Estado de Puebla, y remitida por razón de turno al día siguiente a este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo, Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales del Estado de Puebla, José Rutilio Jiménez González y/o Rutilio Jiménez González, José Roberto Guevara Merino, José Jorge Guarneros Lobato, José Carmelo Luciano Vázquez García, José Jesús Hernández García, José Pedro Hernández Juárez, Esteban Galicia Vázquez, Iván Jiménez Galicia y Diego Rutilio Jiménez García, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "Tienen el carácter de autoridades Ordenadoras, las siguientes: -De la Secretaría de Infraestructura y Transportes del Estado de Puebla. -Subsecretario de Infraestructura y Transportes; -Subsecretario de Transportes; -Director de Operación del Transporte; -Director de Ingeniería del Transporte; Tienen el carácter de Autoridades Ejecutoras, las siguientes: De la Secretaría de Infraestructura y Transportes del Estado de Puebla: -Jefe del Departamento de Control y Seguimiento de Estudios Técnicos (CYSET). ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades ordenadoras, reclamo: 1.- La resolución contenida en el Oficio O-CYSET.II.2.1/243/2015, de fecha catorce de mayo de dos mil quince, dictado por el Director de Operación del Transporte de la Secretaría de Infraestructura y Transportes del Estado de Puebla, por el que declaró improcedente la solicitud S-524/2011 de doce de octubre de dos mil doce. 2.- La negativa para dictar el acuerdo de procedencia de otorgamiento de concesiones respecto de la solicitud de reconocimiento de itinerario, ampliación de itinerarios a Jesús María, San Isidro Canoas Altas pertenecientes al Municipio de Ciudad Serdán, y a Xochiloma perteneciente al Municipio de Atzitzintla, Puebla, así como por calles y avenidas de la zona Urbana del Municipio de Ciudad Serdán, Puebla; y la ampliación de once concesiones nuevas en la modalidad de Van para la ruta 1 Ciudad Serdán- San Francisco Cuautlancingo -San Martín Ojo de agua, con número de clave de ruta DSER06308250034, solicitud radicada ante la Oficina de control y seguimiento de estudios técnicos (CYSET) bajo el número de solicitud S.- 524/2011. De las autoridades ordenadoras, reclamo: 1.- El cumplir con las instrucciones de la ordenadora, para emitir y notificar la resolución contenida en el oficio O-CYSET.II.2.1/243/2015 de fecha catorce de mayo de dos mil quince, dictado por el Director de Operación del Transporte de la Secretaría de Infraestructura y Transportes del Estado de Puebla, por el que declaró improcedente la solicitud S-524/2011 de doce de octubre de dos mil doce. 2.- Cumplir con las instrucciones de las ordenadoras, para negarse a notificar a los solicitantes, hoy quejosos el acuerdo de procedencia de otorgamiento de concesiones respecto de la solicitud de reconocimiento de itinerario, ampliación de itinerarios a Jesús María, San Isidro Canoas Altas pertenecientes al Municipio de Ciudad Serdán, y a Xochiloma perteneciente al Municipio de Atzitzintla, Puebla, así como por calles y avenidas de la zona Urbana del Municipio de Ciudad Serdán, Puebla; y la ampliación de once concesiones nuevas en la modalidad de Van para la ruta 1 Ciudad Serdán- San Francisco Cuautlancingo -San Martín Ojo de agua, con número de clave de ruta DSER06308250034, solicitud radicada ante la Oficina de control y seguimiento de estudios técnicos (CYSET) bajo el número de solicitud S.- 524/2011". SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de quince de junio de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda de amparo, registrándola con el número 955/2015; solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete, quien no formuló pedimento y señaló fecha para que tuviere verificativo la audiencia constitucional, la cual, seguidos los tramites de ley, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en concordancia con los Acuerdos Generales 8/2013 y 23/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el primero relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, y el segundo relativo al cambio de denominación, domicilio y competencia de los once Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, este último publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil quince; pues se reclaman actos y omisiones atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En principio, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende a plenitud del estudio íntegro de la demanda de amparo, ampliaciones de demanda y de las constancias existentes en el expediente, pues constituyen un todo, con la finalidad de fijar lo que la quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como con la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Así, del análisis integral de la demanda y de las constancias allegadas al presente juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: -La resolución contenida en el oficio O-CYSET.II.2.1/243/2015 de catorce de mayo de dos mil quince, por el que se declaró improcedente la solicitud S-524/2011 de doce de octubre de dos mil doce; y su notificación. -La falta de resolución al trámite de solicitud 524/2011 de diez de octubre de dos mil once, hecha por los impetrantes, para la expedición de reconocimiento de itinerario y ampliación del mismo a las poblaciones de Jesús María, San Isidro Canoas Altas del Municipio de Chalchicomula de Sesma y Xochiloma del Municipio de Atzizintla, e incremento del parque vehicular, para la Ruta Uno, Ciudad Serdán-San Francisco Cuautlancingo -San Martín Ojo de Agua, con clave de ruta DSER06308250034, dentro del expediente administrativo 299/2012; y su notificación. Realizada la precisión anterior, se procede a determinar sobre la existencia o no del acto reclamado a las autoridades responsables. TERCERO. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No es cierto el acto reclamado por los quejosos José Rutilio Jiménez González y/o Rutilio Jiménez González, José Roberto Guevara Merino, José Jorge Guarneros Lobato, José Carmelo Luciano Vázquez García, José Jesús Hernández García, José Pedro Hernández Juárez, Esteban Galicia Vázquez, Iván Jiménez Galicia, consistente en la resolución contenida en el oficio O-CYSET.II.2.1/243/2015, de catorce de mayo de dos mil quince, así como la falta de resolución al trámite de solicitud 524/2011 de diez de octubre de dos mil once, hecha por los impetrantes, para la expedición de reconocimiento de itinerario y ampliación del mismo a las poblaciones de Jesús María, San Isidro Canoas Altas del Municipio de Chalchicomula de Sesma y Xochiloma del Municipio de Atzizintla, e incremento del parque vehicular, para la Ruta Uno, Ciudad Serdán-San Francisco Cuautlancingo -San Martín Ojo de Agua, con clave de ruta DSER06308250034, dentro del expediente administrativo 299/2012; por así haberlo manifestado al rendir sus informes justificados la Secretaría de Infraestructura y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla (foja 109), Subsecretario de Transporte (foja 158), Director de Operación del Transporte (foja 167), Director de Ingeniería (foja 176) y Jefe del Departamento de Control y Seguimiento de Estudios Técnicos (foja 180), todos de la Secretaría de Infraestructura y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, sin que la parte quejosa hubiere ofrecido prueba alguna de su parte para desvirtuar dicha negativa. Por tanto, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Se cita en apoyo a lo antes considerado, la jurisprudencia número 310 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. En su informes justificado, las autoridades responsables Secretaría de Infraestructura y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla (foja 109), Subsecretario de Transporte (foja 158), Director de Operación del Transporte (foja 167), Director de Ingeniería (foja 176) y Jefe del Departamento de Control y Seguimiento de Estudios Técnicos (foja 180), todos de la Secretaría de Infraestructura y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, aceptaron la existencia del acto reclamado únicamente por cuanto hace al quejoso Diego Rutilio Jiménez García, consistente en la resolución contenida en el oficio O-CYSET.II.2.1/243/2015, de catorce de mayo de dos mil quince, ya que así lo reconocieron en su informe justificado. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia número 940, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza de los actos que se corrobora de las pruebas documentales aportadas por las responsables concretamente en copias certificadas del expediente administrativo 299/2012. Tales documentos cuentan con valor probatorio pleno por ser documentos públicos, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA INVOCADAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse de oficio la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público, pues así lo dispone el precepto 62 de la Ley de Amparo. En la especie, quien esto resuelve advierte, que en el caso, respecto al acto que se hace consistir en la resolución contenida en el oficio O-CYSET.II.2.1/243/2015 de catorce de mayo de dos mil quince, por el que se declaró improcedente la solicitud S-524/2011 de doce de octubre de dos mil doce; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo. El precepto legal invocado señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" Es decir, conforme al texto legal preinserto, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es ilustrativa la jurisprudencia número 2ª. /J.59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el citado precepto, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, se actualiza con los siguientes elementos: Puede existir o ser insubsistente el acto reclamado; Todos sus efectos deben haber desaparecido o destruido en forma inmediata, total e incondicional, y Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Establecida la premisa y los alcances de la misma, en el caso particular, es evidente que se actualizan uno a uno los elementos esenciales que integran la causa de improcedencia de mérito, dado que mediante oficio II.2.137/2015 de veintiuno de julio de dos mil quince, dictado dentro del expediente administrativo 299/2012, se dejó insubsistente el diverso oficio O-CYSET.II.2.1/243/2015 de catorce de mayo de dos mil quince, por el que se declaró improcedente la solicitud S-524/2011 de doce de octubre de dos mil doce; dentro del expediente administrativo 299/2012; y que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo, por lo que es evidente que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado. Así las cosas, partiendo de la base de que la autoridad responsable dejó insubsistente el oficio O-CYSET.II.2.1/243/2015 de catorce de mayo de dos mil quince, el veintiuno de julio de dos mil quince a través de la emisión del diverso oficio II.2.137/2015, se puede concluir válidamente que se actualiza la causal de improcedencia que nos ocupa, habida cuenta que, dicha determinación emitida por la responsable, destruyó todos los efectos en forma total e incondicional, pues las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si no hubiere invadido la esfera jurídica de la parte quejosa, o habiéndola irrumpido, la cesación originó que tal acto no dejara ninguna huella, por lo cual, resulta ocioso examinar la constitucionalidad del mismo, pues, como se vio, ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, además, porque no dejó huella alguna en la esfera jurídica del quejoso Diego Rutilio Jiménez García, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta esta decisión la tesis número P.CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Por las razones expuestas con antelación, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo lo que motiva sobreseer el presente juicio en términos de la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento legal. Tiene aplicación la jurisprudencia III.2o.C. J/22, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En virtud de ello, no se estudiarán los razonamientos tendentes a demostrar la violación de derechos fundamentales que se pudieron generar con el dictado del acto de autoridad reclamado, al surtirse la causa de improcedencia en comento. Sirve de apoyo la Jurisprudencia II.3o. J/58, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". SEXTO. PUBLICIDAD. Si bien, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que causen ejecutoria y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, en los diversos numerales 6 y 7, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la referida legislación, se obtienen los términos en que procederá la consulta de los expedientes que tienen en resguardo tanto los órganos jurisdiccionales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, de conformidad con el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares, considerada como confidencial la que, de acuerdo con los artículos 18 de la citada ley y 8 del referido reglamento, debe ser entendida como aquélla cuya difusión, comercialización o distribución requiere necesariamente consentimiento expreso de las personas titulares de la misma. En este contexto, al encontrarse obligado este órgano jurisdiccional a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no hayan hecho valer ese derecho, se ordena la publicación de esta resolución, con supresión de datos personales a que se refiere el artículo 3°, fracción I, de la citada legislación. Sustenta lo considerado el criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquélla cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En este sentido, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a las unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos". SÉPTIMO. SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo indirecto 955/2015, promovido por José Rutilio Jiménez González y/o Rutilio Jiménez González, José Roberto Guevara Merino, José Jorge Guarneros Lobato, José Carmelo Luciano Vázquez García, José Jesús Hernández García, José Pedro Hernández Juárez, Esteban Galicia Vázquez, Iván Jiménez Galicia y Diego Rutilio Jiménez García, contra actos de la Secretaría de Infraestructura y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, Subsecretario de Transporte, Director de Operación del Transporte, Director de Ingeniería y Jefe del Departamento de Control y Seguimiento de Estudios Técnicos, todos de la Secretaría de Infraestructura y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. La presente sentencia se emite con supresión de datos personales para su publicidad, en términos del considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Adriana Matzayani Sánchez Romo, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado, ante Marcela Moreno Prado, secretaria con quien actúa y da fe.
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