Secretario de Educación Guerrero
Expediente 529/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 529/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Secretario de Educación Guerrero
- Roque Arroyo Rivero
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de seis de mayo de dos mil dieciséis; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por Roque Arroyo Rivero, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental y sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo Primero, fracción I, del citado Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de ser destruido.
- Principal
Se tiene recibida la demanda de amparo promovida por Roque Arroyo Rivero, por propio derecho, contra actos del Secretario de Educación Guerrero, residente en esta ciudad y otras autoridades. Regístrese la demanda en el Libro de Gobierno bajo el número 529/2016-II-G, y fórmese expediente físico y electrónico. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la demanda en cuestión, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca el artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Respecto a la procedencia del juicio de garantías, los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal, en relación con los numerales 1º, 5, fracción II y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en su orden disponen: "Artículo 103.- Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por Leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales." "Artículo 1°- El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales." "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: (. . .) II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (. . .) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Del análisis de la demanda de garantías se aprecia que el acto reclamado por el impetrante a las autoridades responsables, lo hace consistir en lo siguiente: "a).- Reclamo la resolución administrativa de fecha dieciséis de marzo del dos mil dieciséis, dictada por el Secretario de Educación Guerrero, Lic. José Luis González de la Vega Otero, en el expediente UAJ.G.-12/2015, por el que presuntamente dejé de observar buena conducta durante el servicio, falta de cumplimiento a las condiciones de trabajo, ejecutar actos contrarios al desempeño de las funciones encomendadas por la Secretaría de Educación Guerrero, actos inmorales, falta de probidad y honradez, y que me fue notificada el catorce de abril del dos mil dieciséis, resolución que resulta ilegal por no estar fundada ni motivada. b).- Reclamo la aplicación de la sanción consistente en la terminación de los efectos de mi nombramiento consistentes en la rescisión de la relación laboral que tengo con la autoridad responsable sin responsabilidad para esta". Lo expresado en los párrafos que anteceden evidencia una relación laboral de superior a inferior jerárquico, es decir, de patrón y trabajador, respectivamente, por lo que tal acto se equipara a los de un particular, no susceptibles de impugnación a través del juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal y 1º fracción I, de la Ley de Amparo. En este sentido, a las autoridades responsables Secretario de Educación Guerrero; Director General de Educación Secundaria; Director General de Administración de Personal; Delegado de los Servicios Educativos de la Región Costa Chica; Supervisión de la Zona Escolar número 25, de Escuelas Secundarias Técnicas, no les resulta el carácter de autoridades responsables para la procedencia del presente juicio constitucional; en principio, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dilucidado que para los efectos del juicio de amparo, debe emitir actos unilaterales a través de los cuales, crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas del gobernado, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad de los afectados. Esto es, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, abandonando el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo. Y, en un segundo término, porque se trata de un acto derivado de relaciones, entre particulares, ello, atendiendo a la teoría general del derecho que hace de las relaciones jurídicas de Coordinación, supra a subordinación y supraordinación, siendo que las primeras corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, entre éstas se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil y laboral. Lo distintivo de esas cuestiones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Y, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre los gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del estado; este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por tanto, la Ley Fundamental del País establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, al que dicho órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. De modo que, se excluyen los actos de particulares para la procedencia del juicio de amparo, lo que evidentemente acontece en la especie, en razón de que se trata de actos derivados de una relación laboral que los une, y que el propio quejoso reconoce; es decir, están en carácter de trabajador y la autoridades que señala como responsables con el carácter de patrón. En tales condiciones, es claro que la emisión de los actos reclamados no reúnen las notas distintivas que ha establecido la jurisprudencia 2ª./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 253/2011; consultable en la página 1089, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (Registro: 161133); que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Tiene aplicación a las consideraciones expuestas en párrafos que anteceden, la tesis número I.6o.T.26 L, sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." En suma, conforme lo expuesto, se advierte que el acto reclamado deriva de una relación laboral entre las autoridades señaladas como responsables Secretario de Educación Guerrero; Director General de Educación Secundaria; Director General de Administración de Personal; Delegado de los Servicios Educativos de la Región Costa Chica; Supervisión de la Zona Escolar número 25, de Escuelas Secundarias Técnicas, (patrón), y el quejoso Roque Arroyo Rivero (trabajador), es decir, en un plano de coordinación; de ahí que no son actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, tal y como se demuestra con el recibo de pago y demás documentales que al efecto exhibe, en relación con los hechos que expuso bajo protesta de decir verdad la quejosa. Es aplicable, por igualdad de razón, la tesis 11 Sexta Parte, consultable en la página 31, Tomo 11 Sexta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO CONTRA ACTOS DERIVADOS DE LA RELACIÓN LABORAL.- Si el quejoso señala que las autoridades de la Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública le impiden el acceso al lugar en donde presta sus servicios y con esas autoridades lo liga una relación de trabajo de superior a inferior jerárquicos, tales actos se equiparan a los de un particular, no susceptibles de impugnación a través del juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal y 1o., de la Ley de Amparo; por tanto es correcto el auto en el que el Juez de Distrito desechó por notoriamente improcedente la demanda que se enderezó en contra de esos actos, con apoyo en el artículo 145 del ordenamiento legal citado en último término". Es pertinente dejar patente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido jurisprudencia en el sentido de que en el auto inicial de trámite de la demanda de garantías no pueden realizarse análisis exhaustivos respecto a si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que únicamente se cuenta con dicho escrito y las constancias anexas a ella; no obstante ello, no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla, es decir, que aquellos en las que ya esté expresamente precisado por jurisprudencia de la misma Corte, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos del juicio de garantías, sin que se requiera mayor pronunciamiento para desecharse la demanda al advertirse claramente la causa notoria e indudable de improcedencia relativa, pues en el caso, se constata que la referida causal de improcedencia no podría modificarse con las pruebas que las partes llegasen a aportar al procedimiento, es decir, de dictarse la sentencia respectiva en el presente juicio sería siempre en el mismo sentido. Son aplicables las siguientes tesis: "Época: Décima Época Registro: 2007580 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 03 de octubre de 2014 09:30 h Materia(s): (Común) Tesis: PC.III.L. J/5 L (10a). AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." "Época: Décima Época Registro: 2002713 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: VI.1o.A.17 K (10a.) Página: 1323 AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. CUANDO YA SE ENCUENTRA DEFINIDO EXPRESAMENTE POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE UNA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE NO TIENE TAL CARÁCTER PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO EN ALGÚN ACTO DETERMINADO, SÍ ES PROCEDENTE EL ESTUDIO DE ESTE ASPECTO EN LA CITADA ACTUACIÓN, SIN QUE SEA DABLE LA APLICACIÓN DE LA ANALOGÍA EN ESE MOMENTO [INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. Del análisis de lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", se desprende que establece la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no se pueden realizar análisis exhaustivos, ya que sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; sin embargo, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos del juicio de amparo, en virtud de que sólo sería suficiente la aplicación del criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo. Empero, no debe considerarse como excepción la aplicación analógica de la hipótesis prevista en una jurisprudencia, pues ello implica que no sea manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo, puesto que para ello necesariamente se tendría que hacer un análisis exhaustivo para encuadrar el caso concreto al previsto en el criterio jurisprudencial que no lo contempla expresamente, lo que jurídicamente no debe llevarse a cabo en el auto inicial del juicio de amparo, como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la citada jurisprudencia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO." Por otra parte, este juzgador también advierte de oficio que el acto reclamado a las autoridades responsables, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, al no impugnar los actos reclamados a través de un medio de defensa legal que tenía a su alcance, por medio del cual, pudo ser modificado, nulificado o revocado. La fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.). XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. (.)." El texto de la fracción del precepto trascrito consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un juicio, recurso o medio ordinario de defensa susceptible de modificar, revocar o nulificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Esto es, en el numeral en comento se contiene la obligación procesal de agotar previo a la instauración del juicio de garantías, el medio legal o recurso que establezca la ley de la materia a efecto de hacer procedente la acción de amparo. En esa tesitura, se obtiene que el principio de definitividad que rige al juicio de garantías en materia administrativa, como se ha señalado, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la ley y la jurisprudencia que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bajo esa óptica, siguiendo los lineamientos establecidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 106/2006-SS, publicada en la página seiscientos setenta y seis, del tomo XXIV, noviembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, conviene señalar que del análisis de la hipótesis de improcedencia que se analiza, se obtiene: 1.- Que el juicio de garantías resulta improcedente en contra de los actos que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rigen o procede en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal en virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; 2.- Que el juicio, recurso o medio de defensa legal deberá interponerse siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos del acto reclamado con la presentación del juicio, recurso o medio de defensa legal; y, 3.- Que no exijan mayores requisitos que los señalados por la Ley de Amparo, para que proceda la suspensión del acto reclamado, independientemente de que el acto sea o no suspendible. De esta manera, el principio de definitividad del juicio de amparo, impone a la parte quejosa la carga procesal de agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo; pues el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como son, entre otros, aquellos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. Por lo tanto, si existiese la posibilidad jurídica de entablar simultánea o potestativamente un recurso o medio de defensa legal y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, es inconcuso que se desnaturalizaría el segundo, al considerarlo como un medio común de defensa; esto es así, ya que si el juicio de amparo es el instrumento jurídico supremo de que dispone el particular para proteger sus derechos fundamentales contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades y, su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales, es lógico que, antes de intentarlo, la parte quejosa esté obligada a agotar los recursos, juicios y medios de defensa legales que al efecto establezca la ley que rija el acto. De lo anterior, se concluye que el agotar los medios de defensa que establezcan las leyes que regulan el acto, constituye una obligación y no algo optativo para el solicitante de amparo. Así en el caso que nos ocupa, la parte quejosa debe promover juicio laboral, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto que ahora pretende, dado que el acto reclamado consiste en una rescisión de su nombramiento como trabajador de la Secretaría de Educación Guerrero, en términos de lo establecido en el artículo 113 de la Ley 248 del Estado de Guerrero, que a la letra establece: "ARTICULO 113.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje, será competente para: I.- Conocer y resolver de los conflictos individuales que se susciten entre los titulares de una dependencia, los municipios, entidades paraestatales y sus trabajadores; II.- Conocer y resolver de los conflictos colectivos que surjan entre las dependencias del Gobierno y la organización de trabajadores a su servicio; (.) Atento a lo expuesto, se concluye que en la especie se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II; y, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, lo que obliga en términos de lo dispuesto en el diverso numeral 113 de la misma Ley, a desechar de plano la demanda planteada por su notoria improcedencia, respecto a las autoridades citadas, y los actos reclamados a las autoridades responsables que señala, así como su cumplimiento. Téngase como domicilio del solicitante de amparo para recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo a Miguel Ángel Ramírez Casiano y Realino García Santos, por estar acreditados para ejercer la profesión de licenciado en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho de los Juzgados y Tribunales Federales Notifíquese personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · 11,136 expedientes
- Sebastián Galindo Bonilla322/2016
- Sebastian Gómez González y Otros.236/2023
- Sebastián Hernández Ocampo369/2016
- Sebastián Medardo Lucero y Otros.607/2020
- Sebastián Ocampo Montiel739/2019
- Sebastián Vázquez Solano549/2019
- Seferino Huaxco Cortez1264/2015
- Seferino Morán de Jesús601/2020
- Selma García Roque747/2023
- Senon Baños Ramírez y Otros.854/2015
- Senon Baños Ramírez y Otros.1179/2018
- Senovia Salazar Guevara y Otros.642/2017