Sebastián Galindo Bonilla
Expediente 322/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 322/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Sebastián Galindo Bonilla
Actuaciones
- Principal
Visto el escrito presentado....., atento a su contenido, como lo solicita, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase la devolución de los documentos que refiere, y como sus autorizados para recibir las mismas a las personas que cita, dejando en su lugar copia de los mismos y razón de recibo que obre en autos.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por Sebastián Galindo Bonilla, por propio derecho, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental y sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo Primero, fracción I, del citado Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de ser destruido.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Sebastián Galindo Bonilla, por propio derecho, contra actos del Director de Transportes dependiente de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y fórmese el juicio de amparo con el número 322/2016-II. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Así, del análisis íntegro de la demanda de garantías, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese orden lógico, se tiene que el quejoso reclama del Director de Transportes dependiente de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, con sede en esta ciudad, y al Coordinador de la mencionada Comisión, lo siguiente: "a).- la emisión en mi perjuicio, de la infracción número 14311, ya que ésta atenta directamente contra la Constitución Política de los Estados Unidos, al carecer de fundamentación legal." Asimismo, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narra el peticionario de amparo, expresa que: "1.- El día 03 de marzo de 2016, me fue levantada la infracción número 14311, pero dicho acto de autoridad carece de su totalidad de fundamentación legal que la legitime. 2.- Así las cosas, siendo las 10:20, horas, del día 03 de marzo de 2016, al ir circulando con mi camioneta con motor número de serie 3NGCD1253YK028091, por la carretera Tlapa-Chilapa, fui infraccionado por un inspector de la Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, y me extendió a mi cargo, la Boleta de Infracción número 14311, de fecha 03 de marzo de 2016. ." Precisado lo anterior, se tiene que el juicio de garantías que ahora se intenta es improcedente, al actualizarse la hipótesis normativa prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)." Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo resulta improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga la parte quejosa la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad. Apoya lo expuesto la Jurisprudencia 2a./J. 115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." En el caso concreto, el acto reclamado carece de definitividad para los efectos del amparo, ya que pueden ser impugnado a través del procedimiento administrativo que debe ser planteado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en términos del artículo 1º del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Numero 215, mismo que la parte quejosa está obligada a agotar previamente al juicio constitucional, habida cuenta que con tal medio de defensa los actos reclamados pueden ser modificados, revocados o nulificados. El numeral 29 de la Ley Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado, estatuye: "ARTICULO 29.- Las Salas Regionales del Tribunal tienen competencia para conocer y resolver: I.- De los procedimientos Contenciosos promovidos contra actos administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios, de los organismos públicos descentralizados con funciones administrativas de autoridad de carácter estatal o municipal; II.- De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones negativas fictas en materia administrativa y fiscal, que se configuren por el silencio de las autoridades estatales o municipales, de los organismos públicos descentralizados con funciones administrativas de autoridad, estatales o municipales, para dar respuesta a la instancia de un particular en el plazo que la Ley fija y a falta de término, en cuarenta y cinco días; III.- De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones positivas fictas, las que se configuran una vez transcurridos los plazos y términos de las leyes conducentes; IV.- De los juicios que se promuevan por omisiones para dar respuesta a peticiones de los particulares, las que se configuran mientras no se notifique la respuesta de la autoridad; V.- De los juicios de lesividad en el que se pida la nulidad o modificación de un acto favorable a un particular; VI.- De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones en las que se impongan sanciones por responsabilidad administrativa a servidores públicos estatales, municipales y organismos públicos descentralizados; VII.- Del recurso de queja por incumplimiento de la suspensión otorgada o de las sentencias que dicten; VIII.- Del recurso de reclamación en contra de las resoluciones de trámite de la misma Sala; IX.- De las demás que las disposiciones legales dicten. Los artículos 1º, 53, 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 71 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, establecen: "ARTÍCULO 1º.- El presente Código es de orden público e interés social y tiene como finalidad substanciar y resolver las controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos". "ARTÍCULO 53.- Se dictará auto sobre la admisión de la demanda a más tardar al día siguiente de su presentación. En el mismo se tendrán por ofrecidas las pruebas, dictando las providencias necesarias para su desahogo". "ARTÍCULO 65.- La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procederá la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por orden de autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el Magistrado de la Sala Regional, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda". "ARTICULO 66.- El actor podrá solicitar la suspensión en el escrito de demanda ante la Sala Regional que conozca del asunto, o en cualquier momento mientras se encuentre en trámite el procedimiento contencioso administrativo y hasta antes de dictar sentencia definitiva. Cuando proceda la suspensión, deberá concederse en el mismo acuerdo que admita la demanda o cuando ésta sea solicitada, haciéndolo saber sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento". "ARTICULO 67.- La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, y estará vigente hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio. No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a un evidente interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio". "ARTICULO 68.- Cuando los actos materia de impugnación hubieren sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos recursos económicos o impidan el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia, la Sala Regional podrá conceder la suspensión con efectos restitutorios y dictar las medidas que estimen pertinentes para preservar el medio de subsistencia del quejoso, siempre que no se lesionen derechos de terceros, pudiendo incluso ordenar el levantamiento del estado de clausura, hasta en tanto se pronuncie la resolución que corresponda. También procede la suspensión con efectos restitutorios, cuando se trate de actos privativos de libertad decretados al particular por autoridad administrativa, o bien cuando a criterio del magistrado sea necesario otorgarle estos efectos, dictando las medidas pertinentes para preservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular". "ARTICULO 69.- La suspensión podrá ser revocada por la sala en cualquier momento del mismo si varían las condiciones en las cuales se otorgó, previa vista que se dé a los interesados por el término de tres días hábiles. Cuando se interponga el recurso respectivo en contra de la suspensión, no se interrumpen sus efectos ni se suspende el procedimiento contencioso administrativo. Contra el auto que conceda o niegue la suspensión, procede el recurso de revisión ante la Sala Superior, debiendo presentarse ante la Sala Regional que dictó el auto que se impugna". "ARTICULO 70.- Al iniciar el procedimiento, el actor deberá garantizar el interés fiscal conforme a las disposiciones aplicables. En tratándose de multas, impuestos, derechos o cualquier otro crédito fiscal, el magistrado podrá discrecionalmente conceder la suspensión, sin necesidad de que se garantice su importe. Cuando a juicio del magistrado fuere necesario garantizar los intereses del fisco, la suspensión del acto reclamado se concederá previo aseguramiento de dichos intereses, recurriendo a cualesquiera de las formas establecidas por la ley, a menos que dicha garantía se hubiese constituido de antemano ante la autoridad demandada". "ARTICULO 71.- En los casos en que proceda la suspensión, pero ésta pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, sólo se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella pudieran causarse en caso de no obtener sentencia favorable; en el supuesto de que con la suspensión puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, el magistrado fijará discrecionalmente el importe de la garantía." De los preceptos legales transcritos, se advierte en primer término que el numeral 29, de la Ley Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado, establece la competencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, para conocer de los procedimientos contenciosos administrativos, y en segundo, que el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado de Guerrero número 215, en su artículo 1º, tiene como finalidad substanciar y resolver las controversias, que se planteen entre los particulares y las autoridades del Estado, pues la parte quejosa reclama del Director de Transportes dependiente de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, la infracción 14311, de tres de marzo de dos mil dieciséis, con motivo de traer vidrios polarizados, parabrisas roto (estrellado), dos llantas lisas y la unidad en mal estado; por ello, el peticionario de amparo está obligado a agotar previamente al juicio de amparo, el procedimiento administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, contra los actos reclamados a las autoridades mencionadas. Ahora bien, el artículo 53 del Código de Procedimientos Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, refiere que el término para dictar el auto sobre la admisión de la demanda es a más tardar al día siguiente de su presentación, lo que existe la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, lo que para interponer el juicio de amparo en términos del artículo 112 de la ley de amparo, prevé un plazo de veinticuatro horas constados desde la presentación de la demanda, de lo que se deduce que el Código Contencioso en cita, prevé la misma celeridad que la Ley de Amparo para proveer, respecto de la suspensión del acto. Con sustento en la Jurisprudencia, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado". Además dicho ordenamiento legal establece en sus artículos 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 71, la posibilidad de obtener la suspensión de los actos impugnados, sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo, esto es, que la suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte, de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por orden de autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos y se decretará de plano por el Magistrado de la Sala Regional en el mismo acuerdo en que se admita la demanda, así también el actor podrá solicitar la suspensión en el escrito de demanda o en cualquier momento mientras se encuentra en trámite el procedimiento administrativo y antes de dictar sentencia definitiva, la que se concederá en el mismo acuerdo que admita la demanda, haciéndose saber sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento; asimismo, la suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren y estará vigente hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio, y cuando los actos hubieren sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos recursos económicos o impidan el ejercicio de su única actividad de subsistencia, la suspensión podrá concederse con efectos restitutorios y dictarse las medidas pertinentes para preservar el medio de subsistencia de la parte quejosa, siempre que no se lesionen derechos de terceros pudiendo incluso ordenar la cancelación de la multa, hasta en tanto se pronuncie la resolución que corresponda; así también cuando se interponga el recurso respectivo en contra de la suspensión no se interrumpen sus efectos ni se suspende el procedimiento contencioso administrativo, así también, cuando se trate de multas, impuestos, derechos o cualquier otro crédito fiscal se concederá la suspensión sin otorgarse garantía; y cuando con la suspensión pueda causar daños o perjuicios a terceros se fijará garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se causarían en caso de no obtener sentencia favorable, de afectarse derechos de terceros no estimables en dinero la garantía se fijará discrecionalmente. Mientras que los artículos 128 a 132 de la Ley de Amparo, disponen que se decretará la suspensión de los actos reclamados, cuando la solicite el quejoso y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto; debiendo el Juez de Distrito para conceder la suspensión fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio. En consecuencia, al no haber agotado el peticionario el juicio de nulidad, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia en estudio. Sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que el quejoso manifieste que la infracción 14311 reclamada, carece de fundamentación, pues contrario a ello y sin prejuzgar al respecto, de la infracción que exhibió adjunta a la demanda, se aprecian claramente los normativos y motivos por los cuales se llevó a cabo la misma, esto es, el inspector de la Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, refirió el por qué realizó la infracción, siendo como sigue en lo que interesa: "INFRACCIÓN A LOS ARTÍCULOS DE LA LEY Y SU REGLAMENTO al artículo 44 del reglamento, 46 del reglamento y 36 de la Ley, MOTIVO DE LA INFRACCIÓN por traer vidrios polarizados, parabrisas roto (estrellado), dos llantas lisas, unidad en mal estado, se recomienda cambiar la unidad"; con lo que se advierte que sí existe fundamentación y motivación en la referida infracción, por lo que no se encuentra dentro de la excepción que establece el artículo 61 fracción XX, segundo párrafo, ni mucho menos lo relativo a violaciones directas a la Constitución. Es aplicable en lo conducente la tesis siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2008009 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV Materia(s): Administrativa Tesis: IV.1o.A.30 A (10a.) Página: 2911 BOLETA DE INFRACCIÓN DE LA SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. SE ENCUENTRA FUNDADA Y MOTIVADA, SI LA AUTORIDAD CITA LOS HECHOS QUE CONSIDERÓ MOTIVO DE INFRACCIÓN, ASÍ COMO LA HIPÓTESIS EN QUE ENCUADRÓ LA CONDUCTA CON EL SUPUESTO DE LA NORMA. El artículo 16 constitucional establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos y dicha obligación se satisface, desde el punto de vista formal, cuando se expresen las normas legales aplicables y los hechos que hacen que el caso encaje en las hipótesis normativas. Ahora bien, de los artículos 1, 2, fracción IV y 9 del Reglamento de Vialidad y Tránsito del Municipio de Monterrey, Nuevo León, se advierte que el territorio de ese Municipio deberá ceñirse a lo establecido por el citado reglamento para la regulación de las cuestiones de vialidad y tránsito que se susciten; asimismo, que los oficiales de tránsito son los servidores públicos facultados para la aplicación de dicho reglamento y los supuestos en los cuales los servidores públicos pueden imponer las multas cuando se cometan infracciones. De lo anterior se obtiene que para que una boleta de infracción se encuentre fundada y motivada, es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que así se considere, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo, pero idóneo, para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado. En ese tenor, si la responsable cumple con lo anterior, no se debe exigir mayor extensión en los argumentos vertidos para sustentar el acto reclamado, además de que sus actos gozan de la presunción de legalidad, para cumplir con la garantía prevista en el numeral 16 de la Constitución Federal. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO." En consecuencia, al no haber agotado el juicio administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo; se impone DESECHAR DE PLANO, la demanda de garantías, términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. Sirve de apoyo la Jurisprudencia, emitida por Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO INDIRECTO, EN RAZÓN DE QUE EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 10 DE MARZO DE 2011). Con la redacción del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, los actos impugnables en el juicio contencioso administrativo eran susceptibles de atacarse vía juicio de amparo, sin necesidad de agotar previamente aquél. Sin embargo, a partir del 10 de marzo de 2011 en que entró en vigor esa modificación, dicho numeral ya no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de 2013, para suspender la ejecución de los actos impugnados, pues incluso los requerimientos básicamente son los mismos, ya que la suspensión puede solicitarse en cualquier tiempo; se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que puedan causarse con la ejecución; de ocasionarse daños o perjuicios a terceros se concederá siempre que el solicitante otorgue garantía para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se causen, dando la oportunidad a que el tercero exhiba contragarantía para evitar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en nulidad; si se trata de una afectación no estimable en dinero la garantía se fijará discrecionalmente; deberá fijarse la situación en que habrán de quedar las cosas hasta que se dicte sentencia firme, pudiendo revocarse o modificarse la concesión o negativa de la medida cautelar por hecho superveniente. Asimismo, en cuanto a la forma de garantizar un crédito fiscal, se permite que se haga ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, que conforme al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, comprenden no sólo el depósito en efectivo y el embargo, sino también la prenda, hipoteca, fianza y la obligación solidaria asumida por un tercero, entre otros; además, se establece que la garantía o depósito puede reducirse de acuerdo con la capacidad económica del solicitante, o si se trata de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito, lo que incluso otorga un mayor beneficio al contribuyente que la Ley de Amparo. Por tanto, los requisitos vigentes previstos para otorgar la medida cautelar en el juicio contencioso administrativo no rebasan los contemplados al respecto en la Ley de Amparo para conceder dicha medida cautelar, por lo que previo a la promoción del amparo indirecto, debe agotarse aquél, en acatamiento al principio de definitividad." Así también, la tesis siguiente: "Época: Novena Época Registro: 190137 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Marzo de 2001 Materia(s): Administrativa Tesis: I.8o.A.5 A Página: 1772 JUICIO DE NULIDAD. ES PROCEDENTE EN CONTRA DEL COBRO DE MULTAS POR INFRACCIÓN AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO EN CARRETERAS FEDERALES. De conformidad con el artículo segundo transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los recursos que prevén las diversas leyes en esta materia fueron derogados a la entrada en vigor de la mencionada ley con fecha primero de junio de mil novecientos noventa y cinco; por tanto, si la peticionaria de garantías, en términos del artículo 83 del citado ordenamiento legal interpuso juicio de nulidad en contra de multas impuestas por infracción al Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales, dicho juicio es procedente, en razón de que tal dispositivo establece que los afectados por los actos o resoluciones de autoridades administrativas, podrán intentar las vías judiciales correspondientes, y si en el caso, la quejosa intentó el juicio de nulidad en contra de las multas que se le impusieron, es evidente que dicho juicio resultaba procedente, en razón de que el Tribunal Fiscal de la Federación tiene como ámbito competencial el conocimiento de las controversias que surjan entre los gobernados y las autoridades administrativas, teniendo la opción los primeros, de impugnarlos mediante el juicio contencioso administrativo, sin condicionar su procedencia a la necesidad de agotar el recurso establecido en el numeral 197 del Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO." Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica el promovente en su escrito de demanda, y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Arquímides Neri Pacheco, toda vez que cuentan con registro de cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones, así como para imponerse de autos a las personas que menciona en términos del segundo párrafo del numeral 12 de la Ley de la Materia, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho en virtud de que no se encontraron en el sistema mencionado.
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