Sebastian Martínez Méndez

Expediente 747/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
747/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
03/11/2021

Partes del expediente

  • Sebastian Martínez Méndez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por el Actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por el cual remite los autos originales del juicio de amparo en que se actúa y un testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja penal *** del registro de dicho órgano jurisdiccional, dictada en sesión remota ordinaria celebrada el quince de octubre de la presente anualidad. Acúsese recibo a la superioridad, y glósense al expediente principal devuelto, únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes que se integró con motivo del envío de aquél a dicho tribunal; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, visto el contenido de la aludida determinación, se advierte que el órgano colegiado oficiante resolvió en los siguientes términos: "ÚNICO. Se declara infundado el presente recurso de queja". Se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. En cumplimiento al artículo 21, inciso d), del mencionado Acuerdo General, se establece que este expediente es susceptible de destrucción transcurrido el plazo de tres años. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por medio del cual transcribe el proveído de veinte de septiembre de la presente anualidad, del que se advierte que dicho tribunal admitió el recurso de queja interpuesto por *** en representación de su defendido ***, en contra del acuerdo de uno de septiembre del presente año, medio de impugnación al que le correspondió el número 122/2021; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Visto el escrito de cuenta, signado por *** en representación de su defendido ***, mediante el cual señala autorizada y usuario electrónico, asimismo, interpone recurso de queja en contra del auto de uno de septiembre de dos mil veintiuno, por el que fue desechada la demanda de garantías; atento a ello se provee: Téngase como autorizada en términos restringidos a *** por no contar con cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Asimismo, como lo solicita el quejoso, se autoriza la consulta del expediente electrónico al quejoso, quien cuenta con registro en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario ***; por tanto, se faculta al analista jurídico SISE adscrito a este juzgado para que realice la autorización correspondiente. Por otra parte, ríndase el informe respectivo sobre la materia de la queja, remítase el expediente en que se actúa, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios al Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, para la substanciación del recurso que se tramita. Intégrese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo, en que deberá constar copia certificada de la demanda que dio origen a este juicio, del auto de uno de septiembre de esta anualidad, y del recurso que se interpone, así como copia autógrafa de este proveído. Una vez que obre la constancia de notificación del presente acuerdo, sin necesidad de mayor trámite, remítase mediante oficio el expediente en que se actúa, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios y el informe correspondiente, al Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito con residencia en esta Ciudad, en turno, para la substanciación del recurso que se tramita. Ríndase al tribunal colegiado el informe sobre la materia del recurso de queja, en el sentido de que ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve *** en representación de su defendido ***, por propio derecho. Procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiestado se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a duda, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En la especie, la parte quejosa señala como acto reclamado en el presente sumario la resolución de tres de agosto de dos mil veintiuno dictada dentro del Toca Penal ***, notificada el diez siguiente, mediante la cual no admite el recurso de apelación interpuesto por el *** en representación de ***, en fecha diez de mayo de dos mil veintiuno, en contra el auto de siete de mayo del mismo año, dictado en audiencia por Juez séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer en la causa Judicial ***; en consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" En ese orden de ideas, del precepto legal transcrito, contiene el principio de definitividad que rige al juicio de amparo y sus excepciones. Dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de garantías por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquéllas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. En efecto, en el caso opera la hipótesis prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de constitucional tratándose de actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso, o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados o revocados. Ahora bien, en la especie, como ya se dijo, se actualiza la referida causal de improcedencia, toda vez que, respecto del acto reclamado consistente en resolución de tres de agosto de dos mil veintiuno dictada dentro del Toca Penal ***, notificada el diez siguiente, mediante la cual no admite el recurso de apelación interpuesto por ***en representación de ***, en contra el auto de siete de mayo del mismo año, dictado en audiencia por el Juez séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer en la causa Judicial ***, el quejoso, al ser parte en la causa judicial, se encuentra obligado agotar el medio de defensa ordinario tendiente a revocar el acto lesivo. Se estima así, porque el acto combatido, es impugnable mediante el recurso de revocación, previsto en los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dicen: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda". "Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta". De lo anterior, se concluye que, el recurso de revocación, satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular las actuaciones que agravian en los intereses del quejoso, que se encuentra establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y tiene determinado un procedimiento para su resolución, a fin de que el órgano jurisdiccional que resuelva se pronuncie, específicamente, sobre la admisión o no del recurso de apelación. Por otra parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 153/2019, determinó que el recurso de revocación es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin substanciación, asimismo, consideró que el auto que no admite el recurso de apelación es una determinación dentro del procedimiento penal y de mero trámite, toda vez que sólo califica los supuestos para la procedencia del recurso de apelación, pero no resuelve el fondo de la causa penal o pone termino al procedimiento, ya que, no da respuesta a los agravios formulados por el recurrente, pues su objeto, sólo es analizar los requisitos de procedencia y admisibilidad determinados en los artículos 467, 468 y 470 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ello en razón de que el Tribunal de Alzada resuelve con los registros del recurso, esto es, sin sustanciación alguna, lo que hace procedente el recurso de revocación, de conformidad con el artículo 475 de la legislación en comento, pues la actuación del tribunal de alzada no queda indeterminada, ya que debe pronunciarse de plano, en el momento que recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia y admisibilidad del recurso de apelación. En mérito de lo anterior, concluyó que antes de acudir al juicio de amparo indirecto es necesario agotar dicho medio de defensa. Sin que haya lugar a actualizarse la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo en razón de la obligatoriedad de la jurisprudencia antes referida. Esto es el artículo 61, fracción XVIII, en su último párrafo, de la Ley de Amparo prevé un caso de excepción al principio de definitividad, consistente en: ". Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Sin embargo, cuando existe jurisprudencia obligatoria, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, en la que se concluye cuál es el recurso procedente, según la legislación aplicable debe agotarse. Por lo que la procedencia del recurso o medio de defensa legal ya no se encuentra sujeta a interpretación adicional, por lo que el quejoso está en aptitud de interponer dicho recurso antes de acudir directamente al juicio de amparo, pues no hay motivo de interpretación alguna cuando el aspecto toral ha quedado dilucidado por jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo cuando se involucra un aspecto de procedencia del juicio de amparo, cuyo estudio es oficioso. Por tanto, al no haber interpuesto el recurso de revocación en contra de la resolución de tres de agosto de dos mil veintiuno dictada dentro del Toca Penal ***, es obvio que la parte quejosa no observó el principio de definitividad, pues con el medio de defensa mencionado se puede revocar el auto que reclama. Así las cosas, como se dijo, dicho acto que en esta vía se reclama, debió ser impugnado a través del recurso de revocación, mismo que de resultar fundado tendrían por efecto revocar el auto que se reclama. Máxime que de lo manifestado por el quejoso respecto al estado procesal del toca penal de origen ***, del índice de Tercera Ponencia de la Sala Penal y Especializada en administración de Justicia para Adolescentes, se encuentra en etapa inicial, esto es resolver sobre su procedencia y admisibilidad por dicha Sala, asimismo, al ser parte en el proceso de origen, está en aptitud interponer el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues este procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación Por tanto, el quejoso debió promover dicho medio ordinario de defensa antes de acudir a la presente instancia constitucional, a fin de respetar el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, más aún porque no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción que establece la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, ante la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia analizada, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones en que señala en su escrito de demanda. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye a la secretaria encargada del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 10,983 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano